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Por Coralia Souza
@CoraliaSP

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 27 de abril de 2017.

El grito de auxilio de comunidades indígenas para no perder lo que les está siendo arrebatado ha convertido al país en un campo de batalla que golpea tradiciones y destroza espacios sagrados.

La esperanza reside en que estos despojos generen un incendio en la conciencia social y triunfe la justicia; sin embargo, muchas veces, la lucha dura décadas, mientras lenta y silenciosamente la depredación se llevan a cabo bajo la bandera del “progreso”.

Para la comunidad Otomí de San Francisco Xochicuautla, localizada en el municipio de Lerma, en el Estado de México, la resistencia lleva al menos diez años de lucha: la defensa de su territorio, derechos humanos y tradiciones se mantiene en contra de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.

La herida fue provocada por el decreto de expropiación de 38 hectáreas de bosque, para ellos sagrado, pues es la fuente de los recursos que les permiten cultivar y vivir. Al inicio, como suele suceder, los intentos de negociación y compra de terrenos y conciencias por parte de las constructoras son uno de los pasos comunes; y luego, no es de sorprender que ante la resistencia, el siguiente movimiento sea el despliegue de cuerpos policíacos al servicio y defensa de los intereses del gobierno y las constructoras.

La intimidación legal y física logra en algunos casos su propósito: la retirada; pero, en el caso de Xochicuautla, la organización comunitaria obtuvo dos amparos en 2015 para frenar el agresivo proyecto. La respuesta del poder llegó en 2016: cuerpos policiacos estatales sitiaron la comunidad, el campamento de resistencia fue desalojado, muchos habitantes resultaron golpeados y las viviendas ubicadas sobre el trazo de la autopista, y que contaban con amparos por parte de los propietarios, fueron demolidas.

La presión social que había funcionado como apoyo frenó temporalmente el proyecto, pero el pasado 24 de abril cuerpos policíacos del gobierno estatal y personal de Grupo Higa acudieron a Xochicuautla e irrumpieron en la asamblea comunal para incidir en la elección del nuevo Comisariado de Bienes Comunales. La advertencia sobre vínculos de la nueva directiva con el gobierno actual no tardó en conocerse, y ahora se teme que se retome el proyecto que se encontraba a 65% de su avance, pese a los recursos legales de la población.

Ante este ecocidio, la división generada no solamente es física —con una autopista que separa familias—, también se ha desgarrado la comunidad y se han fragmentado sus raíces. La historia de abusos a los derechos de los pueblos indígenas ocurre cada vez con mayor frecuencia; y crecen los peligros que enfrentan las comunidades que permanecen en resistencia ante a la devastación de sus recursos naturales.

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