Reforma Educativa no ha mejorado la educación, dice Auditoría; SEP acepta fallas pero resalta mejoras

Por Redacción/Animal Político

El informe de la ASF señala que pese a las promesas del gobierno no hay mejoras, al contrario, los menores se encuentran en los niveles más bajos de logro educativo.

A cuatro años de entrar en vigor, la Reforma Educativa no ha cumplido con los preceptos prometidos. La calidad de la educación no ha mejorado, según demuestran las evaluaciones a los alumnos; ni siquiera existe un diagnóstico de la infraestructura de las escuelas que sirva para subsanar las necesidades y los profesores no han sido profesionalizados con nuevos estándares. 

Así lo concluye la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las revisiones de desempeño incluidas en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 presentada este lunes 20 de febrero. 

Ante esto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió este jueves un comunicado donde recibe los señalamientos, recomendaciones y observaciones de la ASF y plantea su compromiso para mejorar “aquellas gestiones, procesos o definiciones destacados por el órgano superior de fiscalización”.

Cinco años de trabajo y pocos resultados

El exsecretario de Educación, Aurelio Nuño, fue el encargado de operar la Reforma Educativa, luego de su aprobación en 2013, pero abandonó el cargo en 2017 sin haber concretado las promesas de elevar la calidad de la educación en el país. 

En diversos discursos reiteraba que la reforma permitiría que los estudiantes mexicanos recibieran una educación de calidad, que tendrían infraestructura digna y que los maestros serían profesionalizados. Incluso, como coordinador de campaña del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, ha descalificado la intención del candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador, de echar atrás la reforma. 

Sin embargo, la Auditoría concluye que la Reforma Educativa no ha tenido resultados que mejoren la calidad educativa, ya que la mayoría de los estudiantes de nivel básico se encuentra en el nivel más bajo de logro educativo (56.7% en el área de matemáticas y el 48.1% en lectura), según las evaluaciones más recientes. 

Otra promesa fue mejorar la infraestructura de las escuelas de educación básica, pero ni siquiera se realizó un diagnóstico nacional sobre su estado físico y funcional y tampoco hubo planeación financiera estratégica de corto y mediano plazos, que permitiera garantizar la suficiencia y oportunidad de los recursos. 

Por ello, la Auditoría recomienda que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) se consolide como la figura rectora de la política, para “articular y coordinar, interinstitucional e intergubernamentalmente, las estrategias de regulación, planeación, supervisión y evaluación”. 

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Comedores comunitarios de Sedesol, programa asistencialista que no combatió la pobreza alimentaria: Auditoría

Comedores comunitarios | Foto: Facebook Sedesol

Por Redacción/Animal Político

No es la primera vez que la auditoría señala las deficiencias del programa, también lo hizo en 2014 y 2015, pero ni Rosario Robles ni José Antonio Meade hicieron algo por solventar las ineficiencias.

El programa Comedores Comunitarios en 2016 fue ineficiente: 90% de los lugares donde se brindan alimentos no fueron abastecidos para su correcta operación, no se sabe si los beneficiarios fueron personas en pobreza extrema y no hubo verificación de los alimentos que se ofrecían.

Este programa fue operado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), encabezada en ese periodo por José Antonio Meade, y posteriormente por Luis Enrique Miranda.

Los señalamientos son parte de la evaluación de desempeño al programa Comedores Comunitarios reportado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe de Cuenta Pública 2016.

Durante  2016 más de 24 mil mexicanos no tuvieron acceso a la alimentación; el programa de Comedores Comunitarios “no constituyó una solución estructural a las causas de la prevalencia de población con acceso insuficiente a alimentos variados y de calidad, y su diseño no trascendió un enfoque asistencialista”, advirtió la ASF, por lo que pidió a la Sedesol revisar las causas de estos resultados.

Esta no es la primera vez que la auditoría señala las deficiencias del programa, también lo hizo en la Cuenta Pública de 2014 y 2015, pero ni Rosario Robles (secretaria de Desarrollo Social entre 2012 y agosto de 2015) ni José Antonio Meade (titular de la dependencia entre agosto de 2015 y septiembre de 2016) hicieron algo por solventar las ineficiencias y conseguir que el programa cumpliera con su objetivo: combatir la pobreza alimentaria.

Pese a la persistencia de fallas, el programa tuvo aumentos presupuestales. En 2014 le asignaron mil 628 millones de pesos, y en 2016 pasó a 23 mil 150 millones de pesos, un crecimiento de 93 %.

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#LaEstafaMaestra: Auditoría presenta nueva denuncia penal por desvío de más de 600 mdp en Sedesol

Imagen: www.animalpolitico.com/estafa-maestra

Por Redacción/Animal Político

Se trata de la cuarta denuncia que interpone la ASF ante la PGR por posibles desvíos en Sedesol en 2015, con universidades involucradas.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso una nueva denuncia penal ante la PGR contra los funcionarios que resulten responsables, por un presunto esquema de simulación de servicios que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y tres universidades públicas del Estado de México ejecutaron, a lo largo de 2015, y que derivó en el desvío de más de 600 millones de pesos.

La denuncia penal involucra tres contratos entre la Sedesol y universidades mexiquenses, así como 20 empresas supuestamente fantasma, contratadas para brindar servicios que se presume no se realizaron, y que a su vez se encuentran vinculadas con la red de compañías de “La Estafa Maestra”.

Los contratos y pagos por estos servicios se efectuaron en las gestiones de Rosario Robles (titular de la Sedatu actualmente), y José Antonio Meade (hoy precandidato del PRI a la presidencia), al frente de Sedesol.

Ante la denuncia penal, Animal Político buscó una postura oficial de Robles, pero no dio una respuesta sobre el tema.

En cuanto a Meade, respondió que los contratos que dan origen a las denuncias presentadas por la Auditoría no fueron suscritos por él, “ni sus vigencias corresponden a su gestión” como secretario Desarrollo Social.

“Los servicios fueron, además, devengados en su mayoría previo a la gestión del Dr. Meade Kuribreña”, indicó el equipo del ahora precandidato, en una tarjeta informativa.

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Empresa contratada por Sedesol desvió recursos para los más pobres a través de empresas fantasma

Por Redacción/Animal Político

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) licitó en julio de 2015 un contrato de 749 millones; el objetivo era adquirir sistemas de recolección de agua pluvial, baños ecológicos y laminas para techo. 27 meses después, en octubre pasado, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda determinaron que en ese contrato estuvieron involucradas empresas fantasma.

Fue la Auditoría Superior de la Federación (ASF) quien detectó la irregularidad en la licitación y la subcontratación de empresas fantasmas en al menos tres niveles al revisar la cuenta pública 2015.

Grupo Daxme, la empresa que ganó la adjudicación del contrato de Sedesol, −en ese entonces a cargo de Rosario Robles Berlanga− para realizar el trabajo subcontrató a una persona física y a tres empresas más: Karina Rosalba Chacón López, Comercializadora Rojmoc , Musc Construcciones y Construproyecto Vivienda.

Las dos últimas desviaron recursos a otras tres empresas que, según la investigación de la ASF, cuentan con la misma dirección fiscal que Musc Construcciones, pero en ese sitio no fue localizada ninguna de las firmas que recibieron recursos de la Sedesol a través de Grupo Daxme.

Tras la alerta de la ASF, el SAT comenzó un proceso de verificación que se terminó en el 26 octubre de este año, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación un listado de de 242 empresas “definitivamente” fantasma o fachada.

Cajas rusas, la historia

Casi al estilo de La Estafa Maestra, sin universidades de por medio pero subcontratando empresas, la ASF detectó un fraude con recursos de la Sedesol destinados al Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, es decir, para atender necesidades de población marginada.

La ASF indicó que el fraude empezó desde la licitación, cuando la Sedesol aceptó un estudio de mercado para definir el precio base de los sistemas de recolección y almacenamiento de agua pluvial.

“Del análisis realizado al estudio de mercado, se determinó que se invitó a personas físicas y morales que no tenían capacidad, experiencia y especialidad en la materia”.

Además dice la ASF “los costos reportados por cada uno de los participantes no son congruentes respecto de las condiciones del mercado (…) lo que permite suponer que los precios establecidos en esta etapa fueron manipulados para incrementarse”.

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La Auditoría mexicana constata pagos “en exceso” de Pemex a Odebrecht por 40 millones de dólares

Foto: Facebook Pemex

Por Redacción/El País

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mexicana considera probado que Pemex realizó pagos “en exceso” al consorcio brasileño Odebrecht por valor de casi 787 millones de pesos (41,6 millones de dólares al tipo de cambio actual) en el marco de dos contratos de “acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el aprovechamiento de residuales” y de “suministro de agua para rellenos” en su refinería de Miguel Hidalgo (Tula de Allende, Estado de Hidalgo, centro del país). Los sobrecostes superan el 60%. Durante años, la constructora Odebrecht tejió una enorme trama de corrupción con ramificaciones en varios países de América Latina, entre ellos México.

En total –sumando otros contratos en los que Odebrecht no figura como prestador del servicio– la pretrolera estatal mexicana realizó pagos “improcedentes” por valor de casi 1.250 millones de pesos (casi 66 millones de dólares) en dos proyectos: el citado de Tula de Allende y otro de características similares en Salamanca (Guanajuato, centro de México). La ASF considera ese monto “recuperable” para el erario mexicano. El grueso de esa cantidad (937 millones de pesos) tiene que ver con la no revisión por parte de Pemex de que los precios contratados fueran “razonables y convenientes en relación con las obras o trabajos similares”.

En el caso del primer contrato con Odebrecht, en el que se documentan irregularidades por más de 707 millones de pesos, el órgano federal que se encarga de fiscalizar las cuentas públicas en el país norteamericano constata que los precios unitarios acordados fueron “altos, debido a que (…) se consideraron costos fuera de mercado y rendimientos bajos de los insumos”. Para probarlo, la ASF compara estos precios con los que figuran en otro contrato para un proyecto similar en su refinería Antonio M. Amor de Salamanca. La fecha de ejecución del proyecto iba del 17 de febrero de 2014 al 17 agosto de 2015, cuando Emilio Lozoya todavía era director de Pemex.

En el segundo contrato entre Pemex y el gigante brasileño de construcción involucrado en varios casos de soborno, la ASF presume un “probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” por un monto superior a 79 millones de pesos.

En su dictamen, hecho público este miércoles pero fechado hace casi tres semanas, la ASF subraya que ha “analizado” la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada (Pemex) para aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas “con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares”. Los contratos en cuestión fueron publicados por Pemex en abril de este año, en un intento por arrojar transparencia sobre unos hechos que han dañado la reputación de la empresa.

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Millonarios sobrecostos y probable corrupción, halla ASF en contratos de universidades y gobierno

Foto: Facebook Universidad Autónoma de Zacatecas

Por Redacción/Aristegui Noticias

Sobrecostos millonarios, probables hechos de corrupción y pagos injustificados son algunas irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contratos firmados entre universidades públicas y dependencias federales.

En su segunda etapa del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2016, la ASF reveló anomalías por montos que van de los 106 mil 900 pesos que pagó la UNAM por computadoras que no usa, hasta los 300 mil pesos que terminaron en la bolsa de un funcionario de la Sagarpa tras una triangulación con empresas y una casa de estudios.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) firmó un contrato con una universidad -cuyo nombre no menciona la ASF- para dar cumplimiento al Programa de Productividad Rural.

Sin embargo la universidad subcontrató el 76.4 por ciento de los servicios y efectuó retiros de su cuenta bancaria a favor de dos personas físicas por 3 millones 800 mil pesos para el pago de materiales de oficina, alimentos, combustibles, pasajes terrestres y honorarios, entre otros, sin acreditar que estos gastos estuvieran vinculados con lo pactado en el contrato con la Sagarpa.

“Además, se comprobó que una vez pagados los servicios subcontratados, las empresas realizaron transferencias por 9 millones 217 mil 900 pesos a un beneficiario que coincide con una de las dos personas físicas a las que también la universidad emitió cheques a su favor y éste a su vez transfirió 300 mil pesos y 2 millones 720 mil 800 pesos a un servidor público adscrito a la Sagarpa y a dos servidores públicos de la universidad, respectivamente”, afirmó la ASF.

Sobrecostos, mentiras y viajes al extranjero

La Sagarpa, junto con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) firmó también contratos con la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), pero ésta no contó con la capacidad técnica, material, humana ni financiera para cumplir con ellos por lo que subcontrató el 100 por ciento de los servicios pactados. Los servicios subcontratados por la UPSZ ascendieron a 154 millones 796 mil 500 pesos.

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Casos de lavado de dinero se triplican, pero persisten fallas en prevenir e investigar: ASF

Foto: Pixabay

Por Redacción/Animal Político

El lavado de dinero en México es una actividad criminal en ebullición. En tres años el número de personas sospechosas de hacer operaciones ilícitas detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda se ha triplicado. Tan solo en 2016 se interpusieron más de 100 denuncias ante la PGR por estos casos, aunque menos del 5% de ellas fue resuelta al cierre de ese año.

Dos análisis de desempeño realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto al combate de delitos financieros en México, y específicamente las operaciones con recursos de procedencia ilícita, arrojan dos realidades: hay una mejora en los procesos de identificación de los sospechosos sin embargo, falta profundidad y alcance a las investigaciones de los policías.

“Esto representa un riesgo no sólo para el sistema financiero sino para la seguridad pública; ya que aun cuando no presenta una cifra exacta sobre el dinero ilícito que ingresa al sistema financiero mexicano, las autoridades federales consideran que significa una amenaza alta; lo que, aunado a la percepción de impunidad, representa un espacio en el que la delincuencia se fortalece” indicaron los auditores.

En el caso de la detección de casos, la auditoría se centró en el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) que, en los últimos años, ha reportado un incremento en la detección de operaciones sospechosas o de interés en el sistema financiero y de personas involucradas en ellos.

El informe de resultados arroja que, por ejemplo, en 2013 se detectaron 108 mil operaciones en el sistema financiera que se consideraron inusuales, para el 2014 la cifra aumentó a 148 mil 949 operaciones, en 2015 fueron 167 ml 295 y para 2016 el reporte ascendió a 213 mil 330 operaciones.

Si sumamos esto más el cúmulo de otras operaciones que se considera de interés ya sea por realizarse en dólares, por ser transferencias, o con cheques de caja, vemos que la UIF analizó en 2013 un total de 13 millones 226 mil reportes de operaciones potencialmente riesgosas mientras que para 2016 dicha cifra creció a 17 millones 624 mil reportes.

La verificación de los reportes anteriores y de otras operaciones revisadas por solicitud expresa del Ministerio Público Federal arroja un incremento en la identificación de personas de “alto riesgo” sospechosos de lavar dinero en el sistema financiero mexicano

Así la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda reportó que en 2013 se detectaron a 358 personas de alto riesgo; para 2014 la cifra se elevó a 846; en 2015 hubo un ligero descenso a 741 individuos; pero en 2016 subió a mil 120 personas de alto riesgo identificadas. Se trata de un incremento de casi el 213% de individuos sospechosas de lavar dinero en este periodo de tres años.

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¿Quién vigila a los que nos gobiernan?

Por Eduardo Espinosa
@espinosamx

Esta nota se publicó oringalmente en The Mexican Times, el 24 de noviembre de 2016.

En México el desvió de recursos públicos es una actividad usual y poco sancionada. O por lo menos lo era hasta hace unos meses, cuando decidieron investigar a los ex gobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Sonora por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público y ejercicio abusivo de funciones, mismos que están relacionados con el desfalco económico a sus respectivos estados.

He ahí de la importancia del Sistema Nacional Anticorrupción con el que en 2015 se implementaron y modificaron diversas leyes, que en parte, “buscan” acabar con este problema. Dentro de las más relevantes encontramos:

– Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
– Ley General de Responsabilidades Administrativas (3de3).
– Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Sin embargo, con modificaciones de último momento, -para no variar-, los puntos importantes en estas leyes fueron limitados y difícilmente se podrán implementar correctamente. Las pérdidas económicas por la corrupción equivalen al 10 por ciento del producto interno bruto nacional (1 billón 920 mil millones de pesos), de acuerdo a Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, lo que deja claro su costo a la economía nacional.

Lamentablemente, en estas discusiones se han dejado fuera a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual debería ser el pilar para enfrentar la corrupción, ya que su misión es fiscalizar la cuenta pública mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares.

Foto: eluniversal.com.mx

Como podemos ver, la capacidad de revisión es amplia, aun cuando esta fiscalización se realiza bajo los principios de anualidad y posterioridad, es decir una vez que ya se gastó el presupuesto. En casos específicos tales como el Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, desde el 2014 ASF advirtió a la Procuraduría General de la República sobre irregularidades en al gasto de los recursos, sin que esto significara una investigación seria.

Es importante conocer que aun cuando la ASF tenga información sobre irregularidades solo tiene las facultades de:

– Emitir un pliego de observaciones cuando se tienen elementos para suponer que ha habido un daño al erario federal. En caso de que la institución auditada no aporte elementos para solventar dicho pliego se inicia un procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias en contra del servidor público responsable.
– Promover ante los Órganos Internos de Control correspondientes, de ser necesario, la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios públicos en falta, o
– Presentar denuncias penales ante las autoridades competentes, de encontrarse evidencia de conductas dolosas o que permitan la presunción de un delito.

Como podemos ver sus facultades son acotadas y de escrutinio interno, lo que deja esta institución lejos de poder incidir en la erradicación de la corrupción, por lo que es necesario modificar esta falta de “dientes”, pues dentro de nuestro sistema enfermo una institución está trabajando.

Es un problema que se debe atacar por diversos frentes, pero la ASF deber ser un pilar fundamental para que el desvío de recursos pueda ser erradicado y se implementen los presupuestos de acuerdo con el plan nacional de desarrollo.

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Con obras inconclusas y sobrecostos: Así operan 3 hospitales de QRoo, Durango y Chiapas

Por Redacción/Animal Político

Un hospital que nunca se concluyó en Quintana Roo, otro cuyo costo aumentó 20% en Durango y contratos por adjudicación directa sin justificación en Chiapas. Eso fue lo que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) encontró al revisar obras en hospitales de esas entidades.

En octubre de 2014, el Seguro Popular le autorizó al gobierno de Quintana Roo, encabezado por el priista Roberto Borge, recursos para la construcción de la primera etapa del Hospital de Especialidades de Chetumal, para la atención de enfermedades oncológicas.

El contrato, adjudicado en marzo de 2015 a la empresa Promotora NC, estableció un plazo de 279 días para la edificación y el pago de 184.8 millones de pesos, por lo que el complejo hospitalario tendría que haberse concluido el 6 de diciembre de 2015.

Sin embargo, dos días después del inicio de la obra, el gobierno de Borge firmó un convenio con la empresa para ampliar el plazo en 156 días, estableciendo como fecha de entrega el 10 de mayo de 2016, lo que implicó el incremento en 104 millones de pesos de la obra, la cual quedó valuada en 226 millones de pesos.

En su justificación, el gobierno de Borge aseguró que se agregó la construcción de plantas de tratamiento de agua y sistemas de seguridad, pero la Auditoría concluyó que se trató de un contrato inflado.

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PGR presentará en dos días solicitud de extradición de Javier Duarte



Por Redacción/ Animal Político

La solicitud formal para la extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, será presentada en dos días al gobierno de Guatemala, informó el subprocurador Jurídico de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Díaz Beltrán.

Aunque el exgobernador fue arrestado desde el pasado 15 de abril, Alberto Díaz explicó que la solicitud de extradición está dentro del plazo. Detalló que confirmaron con la Fiscalía de Veracruz, que son dos órdenes de aprehensión las que el gobierno estatal mantiene contra Duarte, mismas que integraron en la solicitud que presentarán al gobierno guatemalteco.

“Nos dimos a la tarea de poder cumplir con todos los requisitos que establece el Tratado Bilateral de Extradición entre México y Guatemala, por lo que se recibieron diversos documentos, a dicha fiscalía. Ya estamos con la información, que yo espero que se presente el día siete, aproximadamente, en dos días, la solicitud formal”, dijo el funcionario, entrevistado en el programa Mesa para Todos de MVS, de Carlos Zúñiga.

Desde el pasado 2 de junio, una investigación de Animal Político detalló que la PGR tiene abiertas 56 averiguaciones previas por el presunto desvío y desaparición de recursos federales en la administración de Javier Duarte en Veracruz, gracias a las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero, hasta ahora, ni una de ellas ha sido consignada ante un juez.

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