Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) suspendió la celebración de cuatro procesos de licitación pública internacional, en tanto se tengan los resultados de las reuniones deliberativas sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), a fin de lograr la máxima transparencia en el proceso de transición.
Lo anterior derivado de la reunión sostenida el pasado 17 de julio entre funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), GACM y el equipo de transición integrado con posterioridad a las elecciones federales del 1 de julio pasado.
En dicho encuentro se compartió información del estado que guarda la construcción y se determinó establecer diversos grupos de trabajo para analizar cuestiones técnicas, sociales, financieras, geológicas y medio ambientales del proyecto, apuntó en un comunicado.
Tal decisión, indicó, afecta los concursos internacionales para la Construcción de Redes Exteriores de Distribución; la Construcción de la Red de Distribución de Combustibles; la Supervisión de la Construcción de la Red de Distribución de Combustibles y el Suministro, Instalación y Comisionamiento de los Sistemas de Iluminación de Pistas (AGL).
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco se pronuncia en defensa de su territorio ante a la elección presidencial de 2018. Hace énfasis en que los distintos partidos políticos se han visto obligados a hablar del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), se posicionan, pero ninguno menciona ni reconoce que existen los pueblos organizados y que desde hace 17 años siguen defendiendo su territorio.
Informarán del plan de acción que desarrollarán en las siguientes semanas como parte de la Jornada en defensa de la Tierra y en contra del aeropuerto.
Participan:
Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco (FPDT)
Convoca:
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco (FPDT)
La cita: Jueves 5 de Abril de 2018 a las 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
Ciudad de México | Desinformémonos. “Delante de esta historia que se sigue abriendo paso, van todas las mujeres que lucharon conscientes de que les tocaba abrir surcos en la lucha de clases y su patriarcado de mil máscaras”, aseguró el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra – Atenco (FPDT), en el marco del Día Internacional de la Mujer.
“En Atenco las mujeres nos sumamos a la lucha por la recuperación y transformación del tejido social de México que pasa por la organización, la unidad y lucha permanente de todas y todos”, señaló el Frente.
En un mensaje dirigido a todas las mujeres mexicanas y del mundo, los pobladores de Atenco reafirmaron su compromiso con la lucha contra la violencia machista. “Hoy marchamos otra vez por la vida, por el amor, la memoria y la esperanza. Delante nuestro van nuestras abuelas, nuestras hijas y hermanas”, expresaron.
Indicaron que la población en general no puede quedarse “inerte” cuando el país “se torna en una fosa de impunidad, y los días y la vida, en una pesadilla de la que nadie está a salvo y nadie merece padecer”, por lo que llamaron a unirse a los actos por la defensa del territorio y de los derechos.
Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- El caso Atenco ejemplifica los problemas estructurales de México: la tortura, el uso excesivo de la fuerza pública, la discriminación de género y la impunidad, sostuvieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) las representantes de las 11 mujeres que acusaron tortura sexual durante el operativo policiaco de mayo de 2006.
Once años después, no hay ninguna persona condenada por las acusaciones declaradas por las víctimas, dijeron. La representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también refirió en su turno que aunque las autoridades mexicanas han tenido más de una década para actuar, en el caso Atenco la impunidad “es total” ante la falta de sentencias debido a los “mínimos esfuerzos” para que las investigaciones avancen.
Los representantes del Estado mexicano, aunque reconocieron la ineficiencia al inicio de sus investigaciones, afirmaron que las diligencias posteriores permitieron la consignación de 52 funcionarios públicos imputados por el delito de tortura e incubrimiento de tortura. Pero ninguno ha sido condenado, lo cual fue calificado como grave por parte del Juez de la Corte, Humberto Antonio Sierra Porto.
Al término de la audiencia que duró dos días, la CoIDH pidió información adicional a los representantes del Estado mexicano para posteriormente emitir una sentencia.
Ayer las víctimas exigieron investigar la cadena de mando del operativo. El Estado aseguró que ya lo hizo al presentar acusaciones contra un subdirector regional de la entonces Agencia de Seguridad Estatal, pero descartó identificar a los mandos individualmente ya que se violarían los derechos humanos de los policías.
El Estado argumentó que dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no identificó a los más altos responsables políticos y policías de la cadena de mando, la Corte Interamericana no puede hacerlo en su sentencia.
El Centro Prodh alegó que aunque la Corte no tiene las facultades para determinar responsabilidades penales individuales, puede identificar las omisiones de la cadena de mando policial y política para pedir que se investigue.
Aracely Olivos, del Centro Prodh, dijo que “las mujeres le han dicho a la Corte que su sentencia será un gran paso hacia la justicia y la verdad”.
“Ellas se reconstruyeron solas, pero no olvidan que la responsabilidad es del Estado. No piden nada extraordinario: sólo justicia y verdad”, reiteró.
Durante los alegatos finales ante la Corte en Costa Rica, las once mujeres portaron una playera morada con la leyenda “Rompiendo el silencio”.
Marcela Martino, de CEJIL, destacó que la tortura sexual de la que fueron blanco reflejan realidades persistentes en la policía mexicana y representan a miles de víctimas más.
“Contar su historia una y otra vez tiene consecuencias para ellas y sus familias, pero el Estado no les ha dejado otra opción”, declaró.
Aracely Olivos, del Centro Prodh, subrayó que el Estado mexicano ha rechazado todas las medidas de reparación demandadas por las sobrevivientes de tortura sexual: verdad, justicia y no repetición, lo cual permite más impunidad.
“Este caso ejemplifica que el Estado mexicano frecuentemente reconoce violaciones a derechos humanos en sedes internacionales, pero ante el país muestra otra cara al minimizarlas”, expuso.
El Estado mexicano pidió a través de sus representantes en la Corte que no se ordenen nuevas reparaciones, incluyendo las garantías de no repetición, porque afirma ya haber realizado medidas al respecto.
Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- Exigen verdad y justicia. En compañía de representantes de la organización Centro Prodh y del Estado mexicano, este jueves cuatro mujeres víctimas de Atenco declararon ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en San José, Costa Rica, haber sido víctimas de tortura sexual en un operativo policiaco ocurrido en mayo de 2006, durante la administración de Enrique Peña Nieto en el Estado de México.
Destacaron la importancia de la perspectiva de género en la investigación ya que la tortura sexual es una práctica particular de control social contra las mujeres.
Ante la ineficacia de las investigaciones y ausencia de sanciones en México, en 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomó el caso y en octubre de 2015 resolvió a favor y declaró que 11 mujeres en Atenco habían sido víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, psicológica y sexual, falta de acceso a la justicia y otras violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades. Lo turnó a la Corte.
Aunque en marzo de 2013 el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiacas, las declarantes exigieron este día que se esclarezca el caso detectando la cadena de mando, ya que las autoridades mexicanas las llamaron “mentirosas” y hasta el momento, a pesar de haber sido un operativo grande, no han sido consignados los responsables a nivel estatal y federal.
En contraste, las víctimas estuvieron presas durante años acusadas del presunto delito de ataques a las vías de comunicación. Fueron liberadas por falta de pruebas.
Por ello, en su condición de sobrevivientes, pidieron un Centro de documentación y reparamiento para mujeres víctimas que atienda sus necesidades médicas, psicológicas y jurídicas para generar un espacio de confianza, así como un mapeo de tortura sexual en el país.
“LA TORTURA SEXUAL DESTRUYE VIDAS”: NORMA
Norma Aidé Jiménez Osorio fue el 4 de mayo de 2006 a San Salvador Atenco. Tenía 23 años, era estudiante de artes plásticas en el INBA y colaboraba para una revista independiente, por lo que trató de documentar lo que había ocurrido un día antes como “un profundo acto de solidaridad”. Un policía había disparado a un niño en Texcoco luego de un enfrentamiento con comerciantes floristas.
Después de ser golpeada y víctima de acoso sexual, no pudo terminar la carrera porque los dedos de sus manos quedaron afectados. Ahora es profesora de arte en una escuela y dedica todo su tiempo para acompañar a las víctimas de tortura sexual.
“Mi papá no nos habla y cree que estoy equivocada por estar denunciando aquí”, ha declarado llorando.
Cinco mujeres darán un testimonio oral sobre las agresiones sexuales que sufrieron a manos de fuerzas de seguridad durante el operativo de San Salvador Atenco en mayo de 2006, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los próximos 16 y 17 de noviembre, en San José, Costa Rica.
Comparecerá el grupo de 11 mujeres peticionarias del caso, aunque sólo cinco de ellas darán testimonio: Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
“Ésta será la primera vez que comparecerán juntas ante un Tribunal las 11 mujeres peticionarias del caso desde mayo del 2006, cuando fueron ilegal y arbitrariamente detenidas durante la manifestación e iniciaron su lucha por que se conozca la verdad de lo ocurrido y se haga justicia”, apuntó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
El Centro recordó que, tras los operativos policiales en mayo de 2006 -cuando era gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto-, “al menos 31 de las mujeres detenidas denunciaron agresiones sexuales tanto al momento de la detención como en su traslado al penal y a su llegada a éste”.
Las mujeres, agregó, “tuvieron que lidiar por años con procesos penales arbitrarios por ultrajes a la autoridad, portación de arma, ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado”, mientras “las graves violaciones a derechos humanos cometidas en su contra se mantuvieron impunes”.
Las declaraciones emitidas por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y de miembros de su gabinete para descalificar a las víctimas de graves abusos cometidos contra la población durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco fueron determinantes para evitar que prosperara el litigio seguido por 11 mujeres que denunciaron tortura sexual.
Sin embargo, esa situación –los agravios contra los atenquenses, sobre todo contra las mujeres cuyas garantías individuales fueron conculcadas– es merecedora de “medidas administrativas, disciplinarias o penales”, insiste la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que remitió el caso a la Corte Interamericana luego de que el Estado mexicano se negara a atender las recomendaciones formuladas en octubre de 2015.
En el último trimestre de este año, el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) analizará el discurso político de altos funcionarios como factor de “denegación de justicia” en los casos de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, quienes durante 11 años no han cejado en exigir sanción a los responsables materiales e intelectuales de los tres niveles de gobierno, incluida la cadena de mando.
Desplegadas en su página de internet recientemente, las conclusiones de la CIDH sobre el caso Atenco hacen señalamientos concretos a Peña Nieto como uno de los diseñadores de la estrategia policiaca contra pobladores y activistas de Atenco cuando fue gobernador del Estado de México, responsabilidad que será analizada en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo a la CIDH, las 11 demandantes fueron víctimas de abusos y de tortura sexual, entre otros ilícitos, por lo que el Estado mexicano es responsable de violar los derechos a la libertad personal y garantías judiciales; a la integridad personal de ellas y de sus familiares, a la vida privada, la autonomía y dignidad, la igualdad y no discriminación, así como a las garantías judiciales y protección judicial.
