La ASF perdonó a Manuel Velasco desvío de 685 mdp; recursos de mujeres pobres fueron a empresas fantasma

Manu Ureste/Animal Político

Imagen: Animal Político

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) perdonó al gobierno chiapaneco de Manuel Velasco desvíos por 685 millones de pesos que acabaron en una red de empresas fantasma.

En tan solo dos días, la Auditoría —que hoy dirige David Colmenares— le dio carpetazo a una investigación que llevaba meses en proceso, en la que se habían encontrado diversas irregularidades y que, incluso, realizó la misma dependencia, pero durante la pasada administración, la de Juan Manuel Portal.

En la investigación que dirigió Portal, la ASF había documentado irregularidades en el gasto de cientos de millones de pesos en un programa social que prometía impulsar el desarrollo de las madres solteras de escasos recursos de Chiapas, uno de los estados más pobres de México.

Pero el perdón de la Auditoría —ya con Colmenares al frente— se aceleró cuando se supo que en el Senado de la República se iba presentar un punto de acuerdo para que Manuel Velasco respondiera ante la ciudadanía por esos desvíos millonarios.

Animal Político documentó que detrás de ese perdón exprés que benefició a Manuel Velasco hay un entramado de corrupción y de simulación que permitió que 685 millones de pesos que debieron invertirse en empoderar a miles de mujeres pobres, acabaran en las cuentas de empresas fantasma.

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La Federación dio a 5 estados 157 millones para ayudar a indígenas. Fue en 2017 y la ASF no los halla

Redacción/Sin Embargo

En México, al menos 8.3 millones de indígenas viven en pobreza, por lo que el Coneval ha urgido a implementar políticas públicas. El programa de infraestructura básica, gestionado por la Comisión Nacional para el Derecho de los Pueblos Indígenas, busca abatir ese rezago.

No obstante, en una revisión, la Auditoría Superior de la Federación encontró fallas por más de 157 millones de pesos por parte de sus delegaciones en cinco estados, así como de los gobiernos locales, sobre todo en Chiapas, uno de los que más concentra niveles de pobreza.

Imagen: SinEmbargo

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- Las delegaciones estatales en Chiapas, Hidalgo, México, Sonora y Yucatán de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y sus gobiernos locales cometieron irregularidades por 157 millones 889 mil 600 pesos al implementar el programa de infraestructura básica para la atención de esa población, determinó la Auditoría Superior de la Federación.

El programa busca abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos indígenas e integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades.

Se compone de 269 contratos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras en Chiapas, Hidalgo, México, Sonora y Yucatán por un total ejercido de 849 millones 470 mil 200 pesos durante 2017.

Sin embargo, luego de revisar 39 contratos de obras públicas y seis de servicios, el órgano fiscalizador halló recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2017 en Chiapas por 9 millones 955 mil pesos, y en Hidalgo por 78 mil 608 millones de pesos.

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5 mil mdp después, no se sabe si el 97 % de policías municipales tiene habilidades básicas

Redacción/Animal Político

Pese a dinero invertido se incumplen metas mínimas de evaluación de desempeño, capacidades básicas y control de confianza. Se gasta dinero pero se desconoce beneficio, reveló la Auditoría Superior de la Federación.

Foto: Facebook @SESESPZac

En 2017, el gobierno federal entregó casi 5 mil millones de pesos a los municipios del país para subsidiar la capacitación y evaluación de sus policías. Sin embargo, tras concluir el año, apenas 10 mil de los más de 300 mil agentes municipales acreditaron tener las habilidades básicas mínimas para desempeñar el trabajo. Entre esas habilidades se encuentra, por ejemplo, saber disparar un arma de fuego, o hacer una detención de manera legal.

¿La razón? Pese al dinero invertido y los subsidios entregados, los municipios solamente consiguieron evaluar en habilidades básicas a 13 mil agentes municipales, de los cuales,  aproximadamente 1 de cada 4 no pasaron la prueba.

“Por lo anterior en 2017 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) desconoció si el 97 % (328 mil 112) de los 338 mil 343 elementos policiales en activo contaron con las competencias básicas para desempeñar sus funciones, debido a que únicamente 10 mil 231 elementos obtuvieron la acreditación en dichas prueba”, señala la Auditoría Superior de la Federación.

Esto forma parte de los resultados de una auditoría de desempeño al Sistema Nacional de Seguridad Pública para evaluar el uso, aplicación e impacto que en 2017 tuvieron los subsidios por 4,971 millones 700 mil pesos que la Secretaría de Hacienda transfirió a 300 municipios de los 32 estados del país, como parte del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).

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Pemex se niega a limpiar 4,500 lugares contaminados por fugas de sus ductos; dice que no le toca

Redacción/Animal Político

Sin dar pruebas, Pemex atribuye la contaminación a derrames por tomas clandestinas que no son su responsabilidad. Hay riesgo de salud pública y daño al medio ambiente, advierte la ASF.

En México hay más de 4 mil 500 sitios contaminados por fugas de gasolina o hidrocarburos en ductos de Petróleos Mexicanos. Son lugares que representan un daño al medio ambiente y un riesgo a la salud pública, por lo que deben ser limpiados, sin embargo Pemex se niega a hacerlo. ¿La razón? Dice que no es su responsabilidad. Argumenta, sin probarlo, que las fugas son producto de robos y actos vandálicos.

Así lo revela una investigación realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al manejo que hace Pemex de los recursos que destina a los rubros de protección ambiental y remediación ecológica, y en donde la atención de sitios contaminados es una de las tareas fundamentales.

La realidad es que más del 80 por ciento de los puntos identificados siguen contaminados, y algunos de ellos tienen hasta 40 años de estarlo.

Incluso, desde 2016, Petróleos Mexicanos suspendió cualquier trabajo relacionado con limpieza de puntos contaminados por hidrocarburo. A ello se suma, además, el retraso o la falta de retiro de residuos peligrosos en casi 50 centros destinados para su almacenamiento. Las repercusiones sociales de esto, advierte la ASF, pueden ser graves.

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Cruzada contra el Hambre atendió en 2017 carencias de solo 0.1% de la población en pobreza alimentaria: ASF

Redacción/Animal Político

Foto: @Sedesol_mx

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó en su análisis de desempeño de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH) que los programas federales que participaron en ésta durante 2017 solo atendieron las carencias de 8 mil 696 personas, el 0.1% de las 7 millones 466 mil 800 reportadas por la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en pobreza extrema alimentaria en México.

La ASF identificó que la CNcH pretendía incidir en la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria, que tiene sus causas en la insuficiencia de ingresos económicos y en la carencia de educación, salud, seguridad social, vivienda y servicios básicos, y la propia alimentación.

De las 5 millones 383 mil personas que presentaron tres o cuatro de esas carencias, sólo 8 mil 696 (0.1%) recibieron atención para la totalidad de éstas. En tanto que de las 2 millones 083 mil personas que presentaron cinco o seis carencias, y por lo tanto las más desfavorecidas, sólo 2 personas recibieron atención total.

En cuanto a recursos y rendición de cuentas, en la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, la Sedesol no estableció una referencia programática, ni indicó los recursos previstos para abatir la pobreza extrema alimentaria, mediante la operación de la CNcH. Además, en el PEF y la Cuenta Pública de 2017, la Sedesol no reportó información relacionada con el presupuesto asignado y ejercido en el marco de la Cruzada.

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SFP abre procedimientos por dos costosas operaciones para Pemex, en la administración de Emilio Lozoya

Redacción/Aristegui Noticias

La compra de la planta de Agronitrogenados y la de Grupo Fertinal, en la mira de la Secretaría de la Función Pública.

Imagen tomada de aristeguinoticias.com

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició procedimientos de responsabilidades a servidores públicos de Petróleos Mexicanos, por presuntas irregularidades en operaciones de compra y venta, ocurridas durante la administración de Emilio Lozoya, responsable de uno de los fracasos más costosos que ha enfrentado la paraestatal en el sexenio de Enrique Peña Nieto, tras adquirir Agro Nitrogenados.

En 2017, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la compra de la planta de Agronitrogenados, en diciembre del 2013, elevó sus costos exponencialmente, llevándola de un gasto inicial de 275 millones de dólares a más de 700 millones de dólares debido a que la mayor parte de la planta no servía.

Aún en la administración de Lozoya, se concretó la compra de Grupo Fertinal, por 255 millones de dólares.

Por este último caso, la SFP “inició el procedimiento de responsabilidades a un ex servidor público de la empresa productiva del Estado, que participó en la adquisición presuntamente irregular de una planta de Grupo Fertinal, S.A. de C.V., en el año 2015.

“La Unidad de Responsabilidades en Pemex abrió una investigación a raíz de una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como de información de otras fuentes.

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La SEP invierte en el bachillerato pero no mejora la infraestructura ni aumenta cobertura, revela Auditoría

Redacción/Animal Político

De acuerdo con la ASF, la inversión no se ha traducido en mejor infraestructura, ni en asegurar condiciones de higiene en los planteles, o incluso en tener a los maestros suficientes.

Foto: María José Martínez/Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) destinó 2 mil 346 millones de pesos para el bachillerato pero no se tradujo en atender las necesidades de infraestructura, ni en asegurar condiciones de higiene como papel de baño o jabón y tampoco para tener a los maestros suficientes que los planteles demandaban, ni actualización docente.

Estos son algunos de los señalamientos de la auditoría “Servicios de Educación Media Superior: Reforma Integral en el Bachillerato General”, publicada en la Informe de Cuenta Pública 2017 realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Además, la administración del actual sexenio no consiguió aumentar la matrícula en el bachillerato que administra la SEP; de hecho, disminuyó en 1.4 puntos porcentuales al pasar de 81.6 % de atención a la demanda en 2012 a 80.2 en 2017. Esto significa que en cada ciclo escolar hubo más jóvenes que no recibieron educación de este nivel.

Entre 2006 y 2012, el gobierno de Felipe Calderón aumentó la oferta educativa al pasar de 6 mil 222 escuelas a 13 mil 194; el siguiente sexenio, de Enrique Peña Nieto propuso dar continuidad a esta oferta con mantenimiento y equipamiento de los planteles. Incluso se realizó un diagnóstico sobre las carencias de las escuelas.

También se estableció qué perfil de docentes y los programas de estudio se necesitaba como parte de la Reforma Integral de la Educación Media Superior en 2008.

Sin embargo, los diagnósticos no se usaron. Ni siquiera se tiene la certeza que los recursos se apliquen de acuerdo a las necesidades ni se ha comprobado que los programas de capacitación efectivamente impacten en la mejora educativa.

Hasta 2017 existían 408 mil docentes para impartir educación media superior; sin embargo, la SEP careció de información sobre el número de profesores que se necesitan para cumplir con la demanda, advierte la Auditoría.

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PGR acumula 486 casos por desvío de recursos, sin detenidos o procesados; ASF no presenta denuncias desde marzo

Redacción/Animal Político

Foto: facebook.com/pg/PGR

Solo ha podido enviar a un juez el 2% de los casos, pero sin probables responsables aprehendidos. La Auditoría Superior dejó de presentar denuncias desde el cambio en su dirección, aunque asegura que tiene varios asuntos en estudio, que podrían llevarse a la PGR.

La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que ha iniciado casi medio millar de averiguaciones previas y carpetas de investigación por denuncias de posibles desvíos, presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sin embargo hasta ahora no ha detenido ni procesado a una sola persona por estos casos.

Un balance de la Procuraduría sobre las denuncias presentadas por los auditores, que Animal Político obtuvo vía transparencia, deja en evidencia que la dependencia no ha podido resolver con éxito algún caso, pese a que hay denuncias que ya tienen hasta diez años de haberse presentado. Incluso hay casos que fueron archivados.

Los datos de PGR arrojan que se han iniciado un total de 486 investigaciones por denuncias penales presentadas por la ASF. En todos esos casos los auditores advierten al Ministerio Público de un posible quebranto al erario público, por lo que piden actuar en contra de todo los funcionarios que resulten responsables.

De los casos abiertos, 330 son averiguaciones previas abiertas antes de la reforma penal que entró en vigor en 2016, y 156 son carpetas de investigación iniciadas por denuncias posteriores a esa fecha.

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Auditoría inicia sanción contra 63 exfuncionarios de Sedesol y dos universidades por La Estafa Maestra

Por Redacción/Animal Político

La Auditoria Superior de la Federación inició procedimientos de sanción contra funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), así como contra dos universidades públicas, por su responsabilidad en La Estafa Maestra.

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) inició procedimientos de sanción en contra de 72 personas y empresas, entre ellos 63 funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), así como contra dos universidades públicas, por su responsabilidad en la firma de convenios irregulares en el año 2013 bajo el esquema de La Estafa Maestra.

Los implicados deben regresar al erario un monto que 1,088 millones de pesos, acorde al daño patrimonial causado por los servicios que no realizaron las universidades que firmaron los convenios.

En conferencia de prensa, el director jurídico de la ASF, Víctor Andrade, explicó que las personas implicadas en los procedimientos de sanción no pudieron, en definitiva, solventar las observaciones que en el momento legal oportuno hizo la auditoría.

“Al día de hoy tenemos iniciados 11 procesos resarcitorios de la Cuenta Pública 2013. Son contrataciones de Sedesol con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de México y esto involucra a 72 presuntos responsables, tanto personas físicas como morales. El estatus actual que tienen estos procesos es en desahogo” señaló.

Andrade explicó que las personas  implicadas tienen derecho a presentarse en audiencia para tratar de desvirtuar el pago que deben realizar pero si no lo hacen el mismo quedará firme. Y si no pagan se daría vista al SAT para que proceda con las medidas que considere convenientes para el cobro, entre ellas el embargo de bienes.

El director jurídico de la auditoría dijo que solo se contempla a los funcionarios que de acuerdo con sus atribuciones legales tenían alguna injerencia o responsabilidad sobre los convenios firmados. Agregó que no se pueden dar a conocer los nombres porque son procesos legales en curso.

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Función Pública y Sedesol dan carpetazo a irregularidades durante la gestión de Robles

Rosario Robles es la actual titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) | Foto: Facebook Sedatuce

Por Redacción/Animal Político

Ambas dependencias desestimaron las quejas presentadas por desvíos de recursos de Sedesol a empresas fantasma ocurridos entre 2013 y 2014.

La Secretaría de la Función Pública cerró la investigación de 69 quejas interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra la Secretaría de Desarrollo Social por desvíos a irregularidades cometidas entre 2013 y 2014, periodo en el que Rosario Robles era la titular de la dependencia.

De acuerdo con el diario Reforma, el Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedesol desechó las carpetas, entre las que se encuentran las relacionadas con el caso de la Estafa Maestra, sin ser turnadas ni siquiera al Área de Responsabilidades, la cual se encarga de tratar los expedientes de responsabilidad administrativa.  

Dichos expedientes habían derivado tras 15 auditorías practicadas por la ASF, mediante las cuales se descubrió el desvío de al menos 2 mil 224 millones de pesos. Dinero que habría sido entregado por parte de la Sedesol a empresas fantasma.

Solo una de las 69 quejas llegó al Área de Responsabilidades pero también fue desechada.

Reforma indica que a pesar de que la SFP ha desestimado alguna sanción contra Robles o la Sedesol, en la Procuraduría General de la República existen aún 24 denuncias en su contra durante su gestión como titular de la Sedesol.

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