La nueva investigación confirma al menos seis intentos de espionaje con el malware Pegasus en contra de los periodistas Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal, del semanario Río Doce.
Los ataques ocurrieron entre el 17 y el 26 de mayo, días después del asesinato del periodista Javier Valdez, también integrante de Río Doce.
Cuando se realizaron los ataques, la PGR –única operaria reconocida de Pegasus en México– se encontraba en Sinaloa indagando el homicidio de Valdez.
Suman ya 28 objetivos de Pegasus documentados, lo cual reafirma la necesidad de una investigación independiente y una reforma integral sobre la adquisición y uso de sistemas de vigilancia por parte del gobierno.
Imagen: Artículo 19
Ciudad de México, 27 de noviembre de 2018. Una nueva investigación, publicada el día de hoy por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, en conjunto con las organizaciones ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC, revela una serie de ataques con el malware Pegasus en contra de Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal, periodistas del semanario Río Doce, que iniciaron dos días después del asesinato de su colega Javier Valdez.
De acuerdo con el informe, también retomado por el diario The New York Times, los periodistas recibieron, entre los días 17 y 26 de mayo de 2017, al menos seis mensajes de texto con enlaces vinculados a la infraestructura de Pegasus: algunos, suplantando la identidad de sitios web de noticias como Animal Político. De haber hecho clic en los enlaces, este malware habría infectado sus teléfonos, garantizando al atacante acceso a sus archivos, documentos, así como a la cámara, micrófono y GPS del dispositivo, entre otros.
Los ataques se efectuaron en los días posteriores al asesinato del periodista Javier Valdez, fundador y colaborador de Río Doce, ocurrido el 15 de mayo. En las fechas en que Bojórquez y Villarreal recibieron los mensajes, la Procuraduría General de la República (PGR), único operador probado y reconocido de Pegasus en México, ya se encontraba en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, realizando indagatorias sobre el crimen.
Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2018.- Los Archivos de la Represión, presentados hoy por ARTICLE 19, son una ventana a las formas de represión estatal durante las décadas de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado. Nos permiten ver no sólo cómo el Estado vigiló ilegalmente a opositores/as políticos/as, cómo llevó a cabo detenciones ilegales, “interrogatorios” (tortura sistemática) y desapariciones forzadas, sino también cómo esta vigilancia se extendió a los familiares de las personas desaparecidas y a quienes luchaban por su presentación.
Imagen: Artículo 19
El archivo, en construcción, cuenta con 310,000 imágenes que están siendo catalogadas por personas, organizaciones y servidoras/es públicas/os mencionadas/os en los archivos, permitiendo así el cruce de diferentes datos para cada búsqueda. El sitio donde alojan, archivosdelarepresion.org, busca ser una herramienta para familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, estudiantes, periodistas, investigadores y para la sociedad en general.
Los archivos del poder, aquellos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), han pasado por diversas etapas de apertura y clausura/cierre. En 2012, con la aprobación de la Ley Federal de Archivos, se instauró la categoría de archivos histórico-confidenciales, lo que permitía el testado de datos personales, lo que contribuyó a la inaccesibilidad de estos documentos. A la fecha y desde 2015, sólo es posible acceder a los archivos a través de solicitudes de información. Así, el Estado mexicano incumple con sus obligaciones de transparencia y de garantizar el derecho de la sociedad a saber la verdad sobre graves violaciones a derechos humanos.
ARTICLE 19 tuvo acceso a una gran parte de esos archivos mediante una donación de personas que fueron comisionadas de la ex Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. En conjunto con la Northwestern University y El Colegio de México, se ha trabajado desde hace meses para hacer públicos dichos archivos. Éste es todavía un trabajo en construcción, mismo que busca que cualquier persona interesada en conocer estos archivos pueda acceder a ellos desde su computadora.
Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2018.-La reportera Gabriela Rasgado, del medio Oliva Noticias, fue víctima de actos de intimidación por parte del abogado Arturo Nicolás Baltazar, representante legal del ex fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo
Foto tomada de articulo19.org
Rasgado realizaba una entrevista afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE), en Xalapa, cuando el abogado comenzó a tomarle fotografías con su teléfono celular.
Al principio, la reportera pensó que se trataba de tomas de interés general, sin embargo, se dio cuenta que el abogado se encontraba fotografiándola a ella al desplazarse del lugar donde estaba.
”¿Así o más?”, lo increpó la reportera. El abogado dijo en tono de burla que “así estaba bien”.
Ante el reclamo, Baltazar respondió que él podía tomar las fotos que quisiera debido a que se encontraban en un espacio público, a pesar de que la reportera le exigió al funcionario que no volviera a tomarle fotos.
Esta no es la primera ocasión que el abogado realiza estos actos de intimidación, la semana previa a esta, la reportera relató a ARTICLE 19 la manera en que Nicolás Baltazar intentó intimidarla tomándoles fotos a ella y a un funcionario con quien fumaba un cigarro a la espera del inicio de una audiencia respecto al caso de Luis Ángel Bravo, en el juzgado de Pacho Viejo.
Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2018.- Las agresiones contra la prensa aumentan mientras las autoridades mantienen la impunidad en los casos. El 99.2% del total de las investigaciones de la FEADLE sobre crímenes contra periodistas permanece impune. Al mismo tiempo, ARTICLE 19 registró un 40.4% más agresiones de enero a julio de 2018, respecto al mismo periodo que el año anterior.
Foto: Artículo 19
La inefectividad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), es contundente. De acuerdo con información de la misma instancia, de las 1,120 investigaciones iniciadas, solamente en 8 se han dictado sentencias condenatorias.
Sin justicia, la impunidad es un mensaje para los perpetradores: en México se puede agredir a un o una periodista y no pasa nada.
Una muestra es el aumento continúo de las violencias que documenta ARTICLE 19. Tan sólo del 1 de enero al 31 de julio de este año se registraron 389 agresiones. En 2017, se habían registrado 277 durante el mismo periodo.
Además, este año se han documentado 8 asesinatos de periodistas, en posible relación con su labor. Así, la cifra de asesinatos en el sexenio de Enrique Peña Nieto se eleva a 47.
ARTICLE 19 publica el Informe de cumplimiento: Obligaciones de transparencia relacionadas con violaciones y violaciones graves de derechos humanos.
De acuerdo con el Inai, las autoridades “cumplen” sus obligaciones de transparencia. No obstante, la realidad es que lo hace de manera “formalista” abriendo la puerta a la opacidad.
La información difundida por autoridades en materia de violaciones y violaciones graves a derechos humanos es limitada y de baja calidad.
Ciudad de México, a 30 de octubre de 2018.- A pesar de violaciones a los derechos humanos en México, las autoridades no han brindado información de interés público a la sociedad sobre estos hechos. Por ello, ARTICLE 19 publica hoy una investigación que analiza el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia en este contexto.
ElInforme de cumplimiento: Obligaciones de transparencia relacionadas con violaciones y violaciones graves de derechos humanos[1] da luz sobre cómo se repiten los problemas relacionados con las obligaciones de transparencia a nivel federal y local en distintas dependencias, y que queda mucho trabajo por hacer por parte de los sujetos obligados en términos de accesibilidad de la información.
En 2017, el Inai evaluó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de todas las autoridades federales del país, algunos sujetos obligados fueron premiados por su nivel de cumplimiento y se anunció que habían hecho un “enorme esfuerzo” consiguiendo así calificaciones altas. Sin embargo, este informe plantea las contradicciones de la evaluación del instituto, ya que se trató de un proceso centrado en cómo se llenó el formato y no en si la información se transparentó.
ARTICLE 19 identificó, compiló, analizó y valoró información que publicaron nueve autoridades federales, dos veracruzanas y cinco comisiones de derechos humanos para analizar si la información publicada de manera oficiosa en relación a graves violaciones de derechos humanos cumplió o no con las obligaciones de transparencia, y evaluar su cumplimiento con base en tres dimensiones: la disponibilidad-existencia de la información, su calidad, y las políticas generales de transparencia activa implementadas.
GINEBRA (apro).- Rumbo al Examen Periódico Universal (EPU) de México por el Consejo de Derechos Humanos, representantes de organizaciones no gubernamentales mexicanas llevaron hasta la sede de la ONU la voz de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos y describieron ante la comunidad internacional una cruda y sombría fotografía de la situación en el país.
Foto: Twitter @Asilegal_df
El propósito de su paso por Ginebra es sensibilizar a los estados que evaluarán el récord de derechos humanos de México con la finalidad de que le extiendan recomendaciones acordes a la magnitud de la problemática que se vive a lo largo del territorio mexicano, ya que en el foro del Consejo de Derechos Humanos la eficacia de los diplomáticos nacionales ha logrado minimizar la grave situación por la que atraviesa el país.
Impunidad el eje central de la crisis
En la pre sesión del EPU cada uno de los representantes de miles de víctimas en México fue describiendo con datos, cifras, estadísticas, casos, las violaciones de derechos humanos a la que se enfrentan miles de víctimas, coincidiendo todos en que la impunidad es el eje central “que perpetúa la crisis en México’’.
De ahí que los representantes de REDTDT, Serapaz, CAMMI, Artículo 19, AsiLEGAL, MEXFAM, coincidieron en el llamado a la comunidad internacional para que recomienden a México en el próximo EPU un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad adaptado a las necesidades y problemática del país e inspirado en un modelo similar al de la CICIG de Guatemala.
Para quien no está familiarizado con el sistema del EPU, consiste en que los 193 estados que forman parte de la ONU, incluyendo los miembros del Consejo de Derechos Humanos, se someten cada cinco años al escrutinio internacional sobre la situación de derechos humanos en su territorio y los gobiernos extienden sus recomendaciones las cuales son aceptadas de manera voluntaria por el estado examinado.
Al tomar la palabra Zué Valenzuela de la Red TDT subrayó que el problema nodal en México es “la impunidad casi absoluta’’. Especialmente en lo que se refiere a defensores de derechos humanos con 130 asesinados en este sexenio y “ninguna’’ sentencia.
Además del mecanismo internacional contra la impunidad, pidió a los estados presentes que recomienden al Estado mexicano derogar Ley de Seguridad Interior, crear un modelo profesional sobre seguridad pública y una Fiscalía autónoma que sirva.
Ciudad de México a 22 de septiembre de 2018.- El reportero de El Heraldo de Chiapas, Mario Leonel Gómez fue asesinado aproximadamente a las 17 hrs del día 21 de septiembre de 2018 por sujetos que lo atacaron con armas de fuego en el barrio de San Martín, municipio de Yajalón, Chiapas.
Al salir de su domicilio el periodista fue interceptado por dos sujetos que le dispararon en el abdomen. Gómez recibió atención médica en el Hospital de Yajalón sin embargo falleció a causa de sus heridas.
En 2016 ARTICLE 19 pudo documentar que el periodista fue amenazado los días 15 y 16 de junio en el municipio de Yajalón, Chiapas, tras haber hecho públicos actos de corrupción de funcionarios del estado.
En aquella ocasión, el 15 de junio, el periodista recibió amenazas de muerte después de publicar una investigación en la que se vinculaba al diputado federal Leonardo Guirao Aguilar y al diputado suplente Ricardo López Montejo, ambos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con mal manejo de recursos.
Además, el 16 de junio fue alertado por personas de la localidad sobre un grupo de al menos 7 personas esperándolo para privarlo de su libertad en cuanto apareciera en la zona del centro del municipio de Yajalón.
Después de un ejercicio de presión a las autoridades estatales por parte de organizaciones e integrantes del medio periodístico le fueron asignadas medidas de protección que, sin conocerse aún la razón del retiro, le fueron suspendidas por el gobierno estatal, dejándolo sin cobertura alguna.
Desde 2003 hasta la fecha, 24 periodistas permanecen desaparecidos en México sin que hasta ahora las autoridades brinden verdad y justicia en los casos. El último caso es el de Agustín Silva, desaparecido el 22 de enero de 2018 en Oaxaca.
Así lo ha documentado la organización Artículo 19 quien ha explicado que el contexto generalizado de desapariciones en México impacta significativamente el ejercicio de la libertad de expresión.
Artículo 19
En su informe especial La desaparición y desaparición forzada de quienes ejercen la libertad de expresión en México, la organización expone las deficiencias del Estado y la falta de voluntad para atender estas violaciones graves a derechos humanos. En particular, retoma el caso de Moisés Sánchez, periodista de Veracruz, inicialmente víctima de desaparición forzada y posteriormente asesinado –la línea de investigación que apunta a posible participación de autoridades municipales.
De 2003 a 2015, en promedio han desaparecido dos periodistas por año. Tamaulipas es la entidad con mayor registro de casos, con seis. Le siguen Michoacán y Veracruz con cuatro.
La documentación que ofrece este informe permite señalar un patrón donde en el 96% de los casos se identifica como antecedente la cobertura informativa relacionada con temas de corrupción y de seguridad, en los que se relaciona a funcionarios y crimen organizado. En 23% de los casos, los comunicadores recibieron amenazas previas por su labor informativo.
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales.
Luego de que Lydia Chacho y la organización Artículo 19 demandaran que el Estado mexicano dejó impune el caso de la periodista, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció las violaciones a sus derechos.
Participan
-Lydia Cacho, periodista.
-Juan Jarab, Representante de la OACNUDH en México
-Ana Ruelas, directora de ARTICLE 19
-Leopoldo Maldonado, subdirector de ARTICLE 19
-Ariel Rosales, editor del libro “Los Demonios del Edén”.
La cita:
Jueves, 2 de agosto, 11:00 horas. Hotel Sheraton María Isabel, ubicado en Paso de la Reforma 325, colonia Cuauhtémoc.
Foto: Agencia Cuartoscuro, tomada de articulo19.org
Ciudad de México, 8 de julio de 2018.- Los días 3 y 5 de julio de 2018, el fotógrafo, catedrático y defensor de derechos humanos, Oliver Coronado Paz, fue víctima de actos intimidatorios, detención arbitraria, desaparición forzada, amenazas y tortura psicológica por parte de elementos de la policía municipal de Orizaba, Veracruz.
Desde el martes 3 de julio, alrededor de las 11: 40 horas, mientras el periodista se encontraba esperando en una parada de autobús para dirigirse a la Universidad Veracruzana (UV), comenzó a tomar unas fotografías, al terminar guardó su celular y siguió esperando. Sin embargo, minutos más tarde arribo una patrulla de la policía municipal en la que iba un solo elemento a bordo. El elemento descendió del vehículo, entró a un gimnasio que estaba en el mismo sitio donde Oliver esperaba su parada y al salir comenzó a interrogarlo.
El periodista narró a ARTICLE19: “Me abordó diciéndome su nombre: José Luis; y después de presentarse me preguntó: “¿Es usted de por aquí?”. Le respondí que soy de Río Blanco y que a ese lugar llegaba para tomar mi autobús para el trabajo. Siguió preguntando: “¿A qué se dedica?” Le expliqué que trabajo para la Universidad Veracruzana y que soy maestro; que además soy periodista, y le comenté que tengo una página de internet de información. El oficial continuó diciendo: “Se lo pregunto porque lo vieron tomando fotografías aquí enfrente, y ya sabe usted cómo están las cosas”. Le respondí que sí, que efectivamente había tomado algunas fotografías ya que también soy fotógrafo y reafirmé mi labor como periodista.” Oliver, sin estar obligado a identificarse o mostrar las fotografías lo hizo para demostrar que tenía voluntad de cooperar y no estaba realizando nada malo. Aparentemente hasta ahí había llegado el incidente.
Sin embargo, el día 5 de julio estando en esa misma parada a las 11: 40 horas volvió a arribar la patrulla de policía municipal PA-35, con tres oficiales a bordo; dos de ellos portando armas largas y el tercero con una pistola en el cinturón. Al descender del vehículo, ingresaron de igual manera al gimnasio y al salir se dirigieron al fotógrafo. Uno de ellos, identificado con el nombre de Omar Damián se acercó y volvió a interrogarlo pero esta vez empuñando el arma y con el dedo cerca del gatillo. Oliver respondió los cuestionamientos, sin embargo expresó que se sentía intimidado pues nunca había ocurrido que a la misma hora, en el mismo lugar, fuera abordado de esa manera por la policía y menos mientras empuñaban su arma, sin embargo el policía únicamente se burló, le explicó que era por seguridad y que se trataba de una “entrevista de rutina” porque les habían reportado que estaba tomando fotografías.
Oliver trató de informarles que eso había ocurrido dos días atrás y que había cooperado a pesar de no tener la obligación. Ante esto los policías reaccionaron de manera intimidante acercándose mucho más al periodista y gritándole que no se pusiera “pesado” y siguieron interrogándolo respecto a la toma de fotografías, además de requerirle sus identificaciones y tomando los datos de ellas.
Minutos más tarde, la pareja sentimental de Oliver comenzó a tratar de comunicarse con él pues vía mensaje alcanzó a informarle que los policías se habían acercado a él. Los policías al percatarse que la pantalla del celular de Oliver se reclamaron por estar grabando, por lo que él respondió el celular para demostrarles que no era así, sin embargo reaccionar de manera más agresiva amenazando con detenerlo por responder el celular.
“El oficial me gritó: “¡No contestes, no puedes contestar!” y amenazó: “Guarda el teléfono porque si no, ahora sí te voy a remitir y te voy a poner el dispositivo”. A partir de ahí en varias ocasiones uno de los policías identificado como Isidro, amenazaba con ponerme el dispositivo. En ese momento traté de informar a mi novia los nombres de los oficiales que me tenían retenido, y el número de la patrulla en la que había llegado. De nueva cuenta me gritó el oficial Isidro amenazándome: “si no guardas el celular te va a ir peor”. A partir de ese punto, una vez que yo había podido informar telefónicamente los nombres de ellos y lo que estaba sucediendo, todos ellos se pusieron verbalmente más agresivos contra mí, en una clara intimidación hacia mi persona. Le informé a mi novia que iba a colgar porque ellos no me estaban permitiendo utilizar el teléfono”, narró Oliver Coronado para ARTICLE19.
