#EjércitoEspía: en 2019, la Sedena pagó 60 mdp a la empresa que vende el software Pegasus en México

Imagen: Twitter @R3Dmx

 

 

Nayeli Roldán/Animal Político

La Secretaría de la Defensa Nacional hizo dos pagos a Comercializadora Antsua, uno por 46.4 millones de pesos y otro por 13.6 millones, de acuerdo con información revelada por el grupo de activistas Guacamaya.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pagó 60 millones de pesos a la compañía Comercializadora Antsua, SA de CV, designada como representante exclusiva para venderle tecnología de NSO Group —la empresa israelí desarrolladora del software de espionaje Pegasus—, por dos contratos de adjudicaciones directas realizadas en 2019. 

Así lo revelan documentos relacionados con estos contratos —contenidos en la información de la Sedena obtenida por el grupo de hacktivistas Guacamaya—, que la dependencia había ocultado pese a solicitudes de información e incluso peticiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizadas durante el proceso de auditoría que el órgano fiscalizador le practicaba en septiembre de 2021. 

Ambas contrataciones fueron por el “servicio de monitoreo de información remota” y, según los documentos, los pagos fueron autorizados por la Tesorería de la Federación (Tesofe), toda vez que les fueron asignados números de Cuentas Líquidas por Cobrar (CLC), término utilizado para el registro de pagos en contabilidad gubernamental.

Este domingo, la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso dieron a conocer que un periodista de Animal Político, el periodista y escritor Ricardo Raphael y el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos fueron espiados a través de la infección de sus teléfonos con el software Pegasus, mientras realizaban investigaciones de violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por las Fuerzas Armadas. 

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¿Despertará la propuesta de una candidatura indígena más discriminación en México?

Por Omar García Velásquez

A finales de mayo del presente año fue nombrado el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y su vocera, la indígena nahua de Tuxpan, Jalisco, María de Jesús Patricio Martínez, como parte de una controvertida propuesta anunciada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) desde finales del año pasado.

En las últimas semanas han tenido lugar numerosos eventos refiriéndose al caso y algunos medios de comunicación, como Aristegui Noticias, han entrevistado a la vocera, mostrando apertura e interés. Por otro lado, han surgido también muchas opiniones al respecto que rayan en la discriminación y el estigma sobre esta persona a partida triple: por ser mujer, indígena y pobre.

Esto nos lleva a poner sobre la mesa la cuestión del derecho de los pueblos indígenas y de las mujeres, debido a que el país padece en gran medida un alto índice de discriminación, marginación y, en los últimos años, de feminicidios.

Son muchas las personas que se han planteado este problema que habrá de enfrentar la propuesta zapatista en la palestra nacional, sobre todo en política, terreno en el cual más que hablar y debatir las propuestas de cambio, hemos presenciado la tendencia a las descalificaciones más desorbitantes a diestra y siniestra.

Pareciera que la política se ha convertido en vehículo hacia la discriminación sistémica que afecta a nuestro país de un rincón a otro.

Considero de vital importancia el tema debido a que los grupos indígenas, ya de por sí, se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Darles voz en un contexto como el actual es desafiar superestructuras que permanecen ahí, veladas, escondidas en un clóset esperando manifestarse.

Si hacemos un poco de memoria hacia las encuestas que se hacían en la pasada contienda electoral en Estados Unidos, seguramente pudimos percibir la innegable realidad de que estas no revelaban exactamente la afinidad por el racismo Trumpniano, ¡pues ninguna persona estaría dispuesta a declararse públicamente racista!

En México como en Estados Unidos, lejos de las encuestas, muchas personas esconderán su tendencia discriminatoria y racial con argumentos como: ¡Es una propuesta sin alcances! ¡Es una mujer que no tiene experiencia! ¡Los usos y costumbres no son aplicables al conjunto de la realidad mexicana! ¡Quieren que todos seamos pobres! ¡Si de verdad propugnan por una mujer ahí está Margarita Zavala!

No es desconocida la historia en cuanto a que las mujeres tomen parte en las decisiones de sus países. En México las mujeres votaron por primera vez en 1955, después de una larga lucha por hacer valer sus derechos en ese terreno. Pero atrás o abajo quedaron los derechos de estas otras mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas y pobres.

Pero lo que queremos destacar es el terreno fértil que se creará, no en cuanto a la aceptación y los efectos que una propuesta así tenga en política, sino de los sentimientos, sentires, reacciones y acciones que existen entre la población mexicana, sus líderes de opinión, etcétera.

Hace unos días veía una entrevista que Milenio realizó a la vocera del CIG, y justo al inicio el entrevistador aludía a su nombre, vinculándolo con la religión católica: “En el nombre llevas la penitencia… los obispos deben estar bendiciéndote… ¿El subcomandante Galeano te dice qué hacer?”, remató. De alguna forma, tratando de hacer entender que esta mujer no sería capaz de pensar, hablar y hacer por sí misma.

Es importante empezar a reflexionar sobre la violación a los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación, porque está claro que el proceso electoral podrá medir exactamente nuestros niveles en ese sentido, pero no hay duda que será sobre el pellejo de miles de mujeres pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que hoy se apresuran a levantar la voz.

Permitió gobierno de Oaxaca ataque a caravana humanitaria en 2010

Esta investigación de Aristegui Noticias, realizada como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalists (ICFJ) y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas, exhibe el papel de las autoridades estatales y federales antes, durante y después del ataque a un grupo de defensores de derechos humanos, en un estado que arrastraba las consecuencias de una insurrección social de maestros que pedían la renuncia del gobernador de Oaxaca.

 

La administración del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, permitió que operaran con plena libertad los atacantes que emboscaron a una caravana de ayuda humanitaria que se dirigía a la región indígena Triqui, y de la que resultaron muertos dos defensores de derechos humanos, la mexicana Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola.

 

El día del crimen, el 27 de abril de 2010, tres comandantes de la Policía Estatal estaban en posibilidades de auxiliar a la caravana atacada, uno de ellos recibió la orden de regresar a su comandancia cuando ya estaba en camino y los otros dos no llegaron sino hasta un día después del crimen, aunque ya sabían que había personas lesionadas, según el expediente de investigación del caso.

 

A seis años de los homicidios, de los 13 acusados sólo cuatro están detenidos, el más reciente, fue capturado en abril de 2016. A pesar de la presión de los familiares de las víctimas, del gobierno de Finlandia y de eurodiputados, el juicio ni siquiera ha comenzado.

 

El centro ceremonial Triqui de San Juan Copala pertenece al municipio de Santiago Juxtlahuaca, en Oaxaca. Desde 2014 su agente municipal es Antonio Cruz Merino, hijo de Antonio Cruz Martínez, apodado “Pájaro”, ambos están acusados y tienen orden de aprehensión por los asesinatos. Padre e hijo siguen libres.

 

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