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Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT)
Ciudad de México, a 15 de enero de 2024
El domingo 15 de enero de 2023, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder social de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de desaparición forzada cuando se trasladaban en las inmediaciones de Cerro de Ortega, región que limita las entidades federativas de Michoacán y Colima, luego de haber participado en una asamblea comunitaria. Desde entonces no se sabe nada más de ellos y sus seres queridos continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.
Previo a su desaparición, Ricardo y Antonio sostenían la defensa legal de la comunidad de Aquila, exigían que se garantizara la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, perteneciente a la empresa Ternium, la cual, ha sido señalada como un factor de división y fragmentación del tejido social al interior de la comunidad. Meses atrás, Antonio Díaz y Ricardo Lagunes alertaron a las autoridades estatales y federales acerca de una serie de amenazas recibidas en su contra, así como de otros integrantes de la comunidad, solicitando su intervención para mediar los conflictos y evitar la escalada de la violencia en la región, sin embargo, fueron ignoradas por las autoridades.
La reacción de mecanismos internacionales, la respuesta del Estado y la propuesta de expertos independientes
La noticia sobre la desaparición de Ricardo y Antonio provocó una reacción inmediata por parte de organismos internacionales. El Comité contra las Desapariciones Forzada de Naciones Unidas (CED) emitió las Acciones Urgentes exigiendo una búsqueda e investigación integral, estratégica y coordinada. De la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en las que solicitó la búsqueda inmediata de Ricardo y Antonio. Además, los procedimientos especiales de Naciones Unidas emitieron un llamamiento urgente enviando comunicaciones no solo a México, sino además a la empresa Ternium, a los Estados de Luxemburgo y Argentina, remarcando el deber de debida diligencia que los estándares internacionales exigen en torno al desarrollo minero por empresas privadas.
Derivado de las medidas emitidas por el CED y la CIDH, se han convocado a numerosas reuniones con diversas autoridades, incluidas Mesas de Alto nivel en seguimiento a estas decisiones internacionales, celebradas en los meses de mayo y octubre, estando encabezadas por la Secretaría de Gobernación, con la presencia de distintas autoridades de investigación y búsqueda, y la mediación de la CIDH y Naciones Unidas. A pesar de ello, no se logró contar con una estrategia integral de búsqueda, ni con un análisis de contexto que permitiera el diseño de un plan integrado entre investigación y búsqueda para la localización inmediata y con vida de los defensores. Además, las familias continúan sin tener respuestas concretas respecto de los hallazgos forenses, por lo que la obligación de buscar e investigar sigue pendiente de cumplimiento.
En el mes de noviembre de 2023 se llevó a cabo una reunión de trabajo en Washington DC, en donde las familias de Ricardo y Antonio propusieron establecer el Mecanismo Internacional de Recuperación Humanitaria para Antonio y Ricardo (MIRHAR), siguiendo las mejores prácticas en materia de desapariciones. Sin embargo, la posibilidad de diálogo sobre el tema se ha visto frenado por los recientes cambios ocurridos al interior de la Secretaría de Gobernación, la CNB y el Mecanismo de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, sin que a la fecha se haya convocado nuevamente a la Mesa de Alto Nivel para revisión de los acuerdos pendientes de cumplir.
De las investigaciones y la necesidad de agotar todas las líneas de investigación
Derivado de las investigaciones, actualmente dos personas se encuentran detenidas, a la espera de juicio por su presunta participación en el delito de desaparición cometida por particulares en contra de Ricardo y Antonio. A lo largo de la investigación, se han detectado una serie de irregularidades y situaciones de las cuales se pudiera presumir la complicidad y responsabilidad de servidores públicos de algunas instituciones, por lo que es necesario exhortar a las autoridades encargadas de la investigación de agotar todas y cada una de las líneas de investigación, especialmente aquellas que involucren la participación y responsabilidad de actores económicos, así como la complicidad de elementos del Estado y las fiscalías locales.
Caso emblemático, solidaridad nacional e internacional e indiferencia de actores con intereses económicos
La desaparición de Ricardo y Antonio fue catalogada como emblemática por el CED y es representativa del contexto de violencia contra personas defensoras de derechos humanos en México, generando diversas acciones solidarias exigiendo su aparición con vida por parte de organizaciones de sociedad civil, colectivos y la academia en distintos estados de la república como Colima, Michoacán, Chiapas, Veracruz y Ciudad de México, así como de otros países como Estados Unidos, Luxemburgo y Europa. Asimismo, personas legisladoras en México, se pronunciaron exigiendo su búsqueda y presentación con vida. Inclusive los gobiernos de Estados Unidos, Luxemburgo y parlamentarios europeos se unieron al llamado de verdad y justicia, siguiendo de cerca este caso.
La desaparición de Ricardo y Antonio no es aislada, pues en los últimos 15 años han desaparecido más de 93 personas defensoras ambientales en México, 62 de ellas por defender el territorio indígena ante proyectos de minería y de tala clandestina de madera. Además, en la región en el último año se han registrado la desaparición de líderes sociales de comunidades indígenas y defensores de derechos humanos en circunstancias similares; en un contexto fuertemente marcado por la injerencia de la empresa Ternium y la presencia del crimen organizado.
Ante las múltiples exigencias de colaboración con la empresa, la respuesta de todos los actores fue continuar las negociaciones económicas dejando en segundo plano las desapariciones y sin fortalecer las estrategias de búsqueda y localización. Tanto el gobierno de Michoacán como el gobierno federal aceleraron los acuerdos con la empresa Ternium, para reactivar la operación de la mina e incidieron en actores locales para que respaldaran esta decisión, aprovechando la gran dependencia económica que la mina históricamente ha generado en la comunidad.
A un año de la desaparición de Ricardo y Antonio, las familias de los defensores han vivido en carne propia la realidad que miles de buscadores y buscadoras de desaparecidos en México encuentran como respuesta: simulación, superficialidad en los compromisos de búsqueda e investigación y revictimización desde todas las esferas gubernamentales. Por ello, las organizaciones firmantes, familiares, amigos y amigas de Ricardo y Antonio, exigimos al Presidente de la República, a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a la Fiscalía General de la República (FGR), al Subsecretario de Derechos Humanos, a los Gobernadores de Michoacán y Colima y en particular a la Fiscalías de Colima y Michoacán, como a las demás instituciones, que busquen y encuentren a Ricardo y Antonio e investiguen y sancionen a todos los responsables de su desaparición.
