Senadores de Morena, próximos integrantes del gobierno federal y miembros de los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, presentaron este lunes una propuesta de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR).
El proyecto fue creado en conjunto por los colectivos, legisladoras y legisladores, así como personas nombradas por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como integrantes del próximo gobierno, luego de 15 mesas técnicas realizadas entre el 15 y el 23 de agosto pasados.
La propuesta no contiene todas las aportaciones de #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, pero es resultado de “un genuino esfuerzo de todos los actores sentados en la mesa para acercar posturas y para colocar en el centro de la función de la Fiscalía a las víctimas y a la ciudadanía”, afirmaron los colectivos en su posicionamiento.
Santiago Nieto Castillo, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, explicó de forma general algunos de los cambios incluidos en esta iniciativa, durante una conferencia de prensa conjunta en el Senado de la República.
La persona que esté al mando de la nueva FGR tendrá que presentar un Plan Estratégico de Persecución Penal, para poder encaminar un modelo de despliegue territorial con base en la incidencia delictiva de cada región.
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico) – El presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó que se reunirá con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa el próximo 26 de septiembre, día en el que se cumplen cuatro años de la desaparición de los estudiantes.
“Tengo ya el compromiso de recibir a los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa. No sé exactamente, pero me informó Alejandro Encinas que tenían ellos intenciones de hablar conmigo y dije que sí, que yo reservaba este día para entrevistarme con ellos”, comentó López Obrador sobre qué haría el próximo 26 de septiembre.
Andrés Manuel López Obrador ha dicho que creará una comisión de la verdad para esclarecer este caso que ha marcado a la presente administración.
Tres fuentes confirmaron esta semana a la agencia Reuters que el grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso de 43 estudiantes desaparecidos en 2014 se reunirá con el equipo del presidente electo de México para analizar su retorno al país y replantear sus pesquisas.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, hizo un llamado al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a “marcar un punto de quiebre y romper la trágica historia de dolor que ha acompañado a las víctimas de desaparición en México”.
Foto: Yael Viridiana/Cencos
En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto, pidió al próximo gobierno considerar como “una prioridad” combatir ese crimen de lesa humanidad y esclarecer los casos registrados en el país desde los años 70, durante la llamada “guerra sucia”.
Ante un escenario en el que tienen oficialmente más de 37 mil personas desaparecidas en los últimos 10 años, el representante de ONU-DH urgió a “superar la pesada herencia de decenios de negación, falta de reconocimiento de la dimensión del problema, ausencia de voluntad, ineficacia y revictimización”.
Para Jarab, el cambio de régimen representa el “momento de que México inicie una nueva etapa y ponga fin a la angustia sin tregua que han enfrentado miles de víctimas de desaparición en el país”.
Tras valorar positivamente “las señales” del próximo gobierno que muestran la voluntad de atender el problema, Jarab recomendó implementar de manera efectiva la Ley General sobre Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en la que “debe garantizarse la participación efectiva, real y constante de las familias que buscan con tenacidad a sus seres queridos”.
A ocho años de la masacre de San Fernando en Tamaulipas, donde fueron asesinados 72 migrantes por el cartel de Los Zetas, familiares de las víctimas pidieron al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que las comisiones por la verdad incluyan a los migrantes y faciliten su acceso a la justicia.
En el aniversario de la tragedia, la directora Ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Rocío Culebro, expresó que existe una propuesta para el próximo mandatario para que colaboren los centroamericanos.
“Una comisión de la verdad deber ser para todo el país y debe incluir a los migrantes”, sostuvo.
Durante la exposición del caso, Bertila Osorio, integrante del Comité de Familiares Desaparecidos, y madre de un joven asesinado en San Fernando, insistió que el gobierno mexicano no facilita trámites burocráticos para el acceso a la justicia como es la emisión de visas para los procesos legales.
Distintas organizaciones se reunieron en Tlanixco, Estado de México, para discutir sobre la importancia de articular las luchas por el agua y la tierra. Foto: Facebook: Desinformémonos
Asistentes al Encuentro en defensa del agua, el territorio y la vida, realizado este fin de semana en San Pedro Tlanixco, Estado de México, emitieron un llamado al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a liberar a presos encarcelados por defender algún derecho.
“Emplazamos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a que para el mes de diciembre libere a todos los presos políticos, así como la liberación de los cargos, y que a partir de esa fecha no exista ningún preso por defender su territorio, su agua, ni sus derechos sociales y laborales”, dijeron en un pronunciamiento durante la clausura del encuentro.
“Para los presos políticos no hay amnistía que valga, pues a los compañeros no hay nada qué perdonarles, porque luchan por el agua, por la tierra y por eso los encierran. ¡Libertad a todos los presos por luchar!”.
El evento fue convocado por el colectivo Rebelión, el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Mexicali Resiste y Pueblos Unidos Contra la Construcción del Nuevo Aeropuerto, con el fin de compartir experiencias de lucha y definir estrategias de resistencia ante el nuevo panorama político en el país.
Los asistentes llamaron a organizaciones nacionales e internacionales a articular luchas. Foto: Facebook Desinformémonos
Al respecto, aseguraron que los casos de feminicidios, desapariciones, detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos humanos no son casos aislados, sino crímenes de Estado, por lo que llamaron a agrupaciones sociales a hermanar sus luchas.
“Si bien es cierto que cada una de las resistencias tiene su propia tradición, ideología y un eje político que les marca, consideramos que es nuestra tarea encontrar nuestros puntos en común. Las particularidades de cada movimiento no son de ninguna manera una imposibilidad para generar espacios de unidad en contra de la derecha”, señalaron.
Insistieron con la necesidad de comunicar de forma masiva sus ejes de resistencia y cerrar las brechas entre los frentes de lucha campesinos y urbanos, así como brechas generacionales.
Pese a la cercanía del fin del actual sexenio, encabezado por el priista Enrique Peña Nieto, insistieron con que se trata de un gobierno que se ha caracterizado por criminalizar a defensores y cerrar los ojos ante la exigencia de justicia.
Adelantaron que se prevé realizar un segundo encuentro, mismo que se definirá a principios de septiembre con miras a conformar una coordinadora nacional de resistencia.
“Se necesita un cambio revolucionario, un cambio profundo en nuestro país”, señalaron.
El 7 de agosto de 2018, durante el primer Foro escucha por la pacificación del país –convocado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo– José Luis Castillo, padre de Esmeralda, una joven desaparecida en Ciudad Juárez, brincó a la tarima en la que se encontraban López Obrador y Javier Corral, gobernador del estado.
Decidió hacerlo porque él y otros familiares de víctimas de desaparición y feminicidio estaban enojados por las declaraciones de Corral, que afirmaban que su gobierno atendía estos casos.
Subió porque lleva nueve años buscando a su hija, en un camino de criminalización y hostigamiento por parte de las autoridades –de acuerdo con el abogado David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, José Luis estuvo detenido durante nueve meses por un delito que no cometió, y amenazado vía telefónica desde, según arrojan investigaciones de la PGR, el conmutador del gobierno estatal–, y porque a pesar de buscar audiencias con Corral en varias ocasiones, este encuentro no se ha dado.
“Pensé: estoy aquí, enfrente del presidente de la república, a lo mejor ahora sí me da la cita. Brinqué hacia el pódium… y le dije: ‘señor, hemos estado buscando una cita desde el primer día de su gobierno’. El señor Andrés Manuel dijo (a Corral): ‘atiéndelos’” y él accedió, narra José Luis.
Ese día, Javier Corral estampó su firma en una hoja, y se comprometió a atenderlos. La audiencia, hasta el 13 de agosto, no se ha dado.
A José Luis le siguieron otros familiares de víctimas –muchas de las cuales se encontraban sentadas en el piso del auditorio– y subieron al escenario. Abajo se escuchaban reclamos: “Ya no queremos niñas muertas”, “enséñele a gobernar”, “enséñeles a trabajar, como cuando usted fue gobernador”. Una de las voces era de Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade, joven asesinada en febrero de 2001.
El 8 de agosto, Corral declaró ante medios de comunicación que el gobierno de Chihuahua ha respaldado las exigencias de las víctimas, “que haya algunas motivaciones personales o políticas es otra cosa”, dijo.
Aseguró, además, que dos de las personas que tuvieron esas expresiones –refiriéndose a José Luis y a Norma– han sido de las más atendidas por la fiscalía. “Hasta los hemos acompañado en búsquedas personales. De hecho, un caso, que ya está resuelto, es el de Norma Andrade, está resuelto el asesino serial con prueba científica, pero encontramos la oposición de ella, dice que no es”, dijo.
El lunes 13 de agosto, José Luis Castillo y Norma Andrade, acompañados de los abogados Karla Micheel Salas y David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. convocaron a una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) para posicionarse ante las declaraciones de Javier Corral.
De izquierda a derecha: Karla Micheel Salas, Norma Andrade, José Luis Castillo, David Peña | Foto: Cencos
Rastreos ciudadanos, no búsquedas personales
En primer lugar, expresaron su preocupación por la afirmación de Corral de que la fiscalía ha acompañado a José Luis en lo que llamó “búsquedas personales”, pues según los abogados y el mismo José Luis, las autoridades han acompañado “rastreos ciudadanos”, cuyo objeto es la búsqueda de restos óseos no sólo de Estrella, sino de otras personas que han sido víctimas de desaparición. Y lo han hecho por por la presión ante medios de comunicación.
Estos rastreos, explicó Karla Micheel Salas, comenzaron a hacerse en septiembre de 2016, casi al finalizar el mandato de César Duarte, precisamente ante la resistencia de las autoridades de la fiscalía a realizar búsquedas más a fondo en Arroyo del Navajo, en Ciudad Juárez.
Dichos rastreos, seis hasta la fecha, son financiados por la organización, colectivos de víctimas y activistas, y han logrado la recuperación de 61 restos óseos, todos de mujeres y niñas. Ahora exigen que los hallazgos –incluidos ropa y otros objetos– sean analizados para lograr la identificación de personas que se encuentran desaparecidas.
Sobre que José Luis y Norma sean dos de las personas más atendidas por la fiscalía, David Peña asegura que preocupa la declaración ya que, en primer lugar, es obligación de las autoridades atenderlas y, en segundo, asisten ahí con frecuencia porque son personas defensoras que acompañan otros casos de víctimas.
Preocupa también, aseguró, que Javier Corral sólo se haya referido a los casos de José Luis y Norma, cuando fueron varias las víctimas que protestaron el 7 de agosto.
Rastreos ciudadanos en Ciudad Juárez, Chihuahua | Cortesía: Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia social
El caso de Lilia Alejandra no se ha solucionado
Corral aseguró que el caso de la desaparición y asesinato de la joven Lilia Alejandra concluyó ya que “está resuelto el asesino serial con prueba científica”. Norma y los abogados que la acompañan aseguran que el gobernador está faltando a la verdad. En primer lugar, porque no existe sentencia en este caso y, en segundo, porque la decisión de ordenar la aprehensión de un presunto culpable no está basada en pruebas científicas, como lo asegura Javier Corral.
David Peña explicó que al inicio de la investigación, en 2001, se encontró una muestra de ADN en la víctima, una muestra de sangre en una cobija localizada en el lugar de los hechos y una muestra genética en las uñas de la víctima (de esta última se tiene un perfil parcial y es, posiblemente, de un tercer agresor). Esto apunta a que cuando menos tres sujetos participaron o pudieron participar en el asesinato de Alejandra.
Desde ese momento y hasta 2008 se agotaron varias líneas de investigación, entonces se volvió a hacer un análisis de las muestras de ADN encontradas: las cotejaron con otros casos similares a los de Lilia Alejandra y se logró determinar que tres víctimas más, entre 1995 y 2005 presentaban el mismo ADN del mismo agresor. En el mismo año se localizó un caso más en el que el modus operandi era similar al de los otros cuatro casos. Se trataba entonces de cinco, donde el mismo agresor o grupo de agresores había actuado, en un periodo de diez años, violando, torturando y asesinando a mujeres en Ciudad Juárez.
Para 2008 los dos primeros perfiles estaban completos y el segundo, incompleto. Dos años más tarde, los abogados pidieron que se cruzaran los perfiles identificados con la base de datos que se tenía en ese momento, que era de personal de la fiscalía –este banco de datos se armó, porque estaban asesinando y desapareciendo a agentes ministeriales–, y el primer perfil –a partir de semen– arrojó la coincidencia con un agente ministerial de la procuraduría de Chihuahua: Enrique Castañeda Ogaz. No significa que él sea el agresor, pero sí que el sujeto involucrado tiene el mismo perfil genético paterno.
A partir de este hallazgo los abogados y la fiscalía fijaron buscar a hombres que en 2001 pudieron haber participado en los crímenes y además estar vinculados con este perfil genético. Hasta 2017 se fue descartando a hombres ligados a este linaje paterno, con 16 pruebas hasta el momento, lo que significa 16 parientes del agresor.
Explica Peña que varios de los hombres vinculados a esta familia están en Estados Unidos o no han sido localizados, por lo que la lógica apunta a seguir buscándolos y analizando sus perfiles genéticos, sin embargo, en febrero de 2018 la fiscalía de Chihuahua decidió atraer la investigación –que hasta entonces estaba en Ciudad Juárez.
En un hecho arbitrario, apunta Peña, el fiscal general de Chihuahua, César Peniche Espejel, asignó como investigador del caso a su secretario particular, no a algún agente de la fiscalía; éste, a su vez, solicitó la opinión de una perito para que dijera si el primer ADN encontrado y analizado en 2001 corresponde o puede corresponder a la familia Castañeda Ogaz.
“Sin dictamen ni análisis genético, la perito dice ‘no corresponde a la familia Castañeda Ogaz’, a pesar de tener los 17 dictámenes periciales que relacionan a la misma familia. A partir de esa opinión, el secretario particular cierra la línea de investigación –17 años de investigación científica, pericial– e iniciar otra”, explica Peña.
De acuerdo con el abogado, la fiscalía “inventa una historia… y encuentra a otro hombre que no tiene nada que ver, que no tiene perfil genético y dicen ‘él es el responsable’”; luego, el 21 de abril consigna la investigación contra una nueva persona: Manuel Navarro y pide orden de aprehensión precisamente 14 días antes de que el caso tuviera audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Aunque esta nueva persona fuera culpable, dicen los abogados y la misma Norma, el caso no está resuelto, ya que no existe ninguna sentencia; faltarían dos agresores, y esta nueva línea no está basada en una prueba científica, sino en la opinión de una perito que echa abajo una investigación de 17 años.
Los familiares de las víctimas participaron en las mesas de trabajo
Después del evento en el que surgió la protesta, se realizaron mesas de trabajo en las que participaron José Luis, Norma y decenas de familiares de víctimas de desaparición, feminicidio y otros delitos, con la intención de brindar propuestas que contribuyan a la pacificación del país.
Lo hicieron incluso después de que el evento en el auditorio, al que fueron invitados, se les negara el acceso, aún cuando tenían invitación y gafete, y cuando llegaron a tiempo. José Luis y Norma declaran que cuando al fin lograron entrar los querían acomodar en un lugar poco visible, en el rincón, pero que el evento era dirigido a ellos y decidieron sentarse adelante, en el piso.
José Luis finalmente manda un mensaje al gobernador Corral: “que se sensibilice, que sea más humano hacia las víctimas de feminicidio, que nos ayude a encontrar a nuestras niñas para que no se siga repitiendo”, y el mismo mensaje envía a AMLO: “que nos ayude para que no se siga repitiendo en cada estado y ciudad de la república”.
Miembros de diversos pueblos del Estado de México y Ciudad de México se manifestaron para exigir la cancelación del NAICM. Foto: Emiliano Pensamiento / Cencos
Miembros de la Plataforma Organizativa Contra el Nuevo Aeropuerto y la Aerotrópolis entregaron este 14 de agosto al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, un informe científico sobre la inviabilidad de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM).
Tras una marcha que partió de la Glorieta de Insurgentes hacia la casa de transición de López Obrador, habitantes de pueblos afectados por el megaproyecto, miembros de organizaciones civiles, estudiantes y académicos realizaron un acto político y entrega del documento en demanda de la cancelación de la obra.
El documento incluye peritajes en materia ambiental, arquitectónica, antropológica y arqueológica, así como investigaciones sobre violaciones a Derechos Humanos y falta de rendición de cuentas, realizadas por especialistas de diversas casas de estudios y organizaciones de la sociedad civil.
“Somos un grupo de especialistas en distintas disciplinas que estamos acompañando al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y a los Pueblos Unidos contra el NAICM. Especialistas en antropología, sociología, economía, arquitectos, ingenieros”, detalló Julieta Lamberti, Coordinadora de investigación estratégica en en entrevista con Cencos.
“Entre otras cosas lo que se plantea es que para evaluar la viabilidad del NAICM no sólo hay que pensar en términos ingenieriles, sino también en la viabilidad económica, los impactos ambientales, sociales y en Derechos Humanos. Argumentos científicos hay de todo tipo: como los impactos negativos en materia hídrica, pues se causarán inundaciones en la zona poniente de la Ciudad de México; o ecológica, como la afectación a aves migratorias”.
“Los empresarios son quienes se quedarán con las ganancias del #NAICM. Nosotros nos quedaremos con la destrucción ambiental”, asegura Edel Alcibar, de Rebelión. @AtencoFPDT y ciudadanos marchan en #CDMX para exigir a @lopezobrador_ no construir el megaproyecto. pic.twitter.com/VxGzBSiypa
El informe, de más de 600 páginas, incluye estudios y artículos realizados por miembros de la Unión de Científicos Comprometidos por la Sociedad (UCCS), de Universidades como la Autónoma de México (AUM), Autónoma Chapingo (UACh) y organizaciones como PODER, Serapaz, Comunal y el CDH Zeferino Ladrillero.
Entre otras cosas, el informe detalla la afectación a mantos freáticos profundos y con ello la disminución de agua para la población de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), las afectaciones al subsuelo como agrietamientos, fracturas, pérdida de pendientes, daños estructurales a edificios y aumento del riesgo de inundaciones.
Aborda además el impacto en materia ecológica, como la amenaza de desaparición de diversas especies de flora y fauna con algún tipo de endemismo en la zona, alteración de ciclos de migración de diversas especies de aves, desaparición de cuerpos de agua, contaminación atmosférica y la pérdida de superficie catalogada como un Área Natural Protegida (ANP).
Mientras tanto, un análisis económico expone el beneficio desigual de la obra, que conlleva la acumulación excesiva de riquezas en unas pocas manos a costa del resto de la población.
La entrega de este informe se suma a esfuerzos en materia legal emprendidos por diversos pueblos, que se ampararon contra el proyecto en demanda de su cancelación.
El informe completo puede consultarse en https://todosvsnaicm.org/
Unos 7 millones 101 mil 533 personas viven en la “Zona Cero” del NAICM y sufrirán consecuencias directas e indirectas de la obra, según el informe. Foto: Viridiana Ramírez / Cencos
Se instalarán mesas de trabajo para discutir el modelo de la institución que sustituirá a la PGR, la reforma al artículo 102 y el nombramiento del Fiscal General, reveló Édgar Cortez, integrante de #FiscalíaQueSirva.
Foto: Cencos
Integrantes del equipo de trabajo del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, representantes de los colectivos #FiscaliaQueSirvay #VamosPorMás, así como legisladores electos, instalaron este jueves mesas de trabajo para discutir, compartir experiencias y opiniones sobre el modelo de Fiscalía General de la República y el perfil de las personas que se encargarán de la procuración de justicia.
Los colectivos emitieron un comunicado en el que se señala que en las próximas semanas se celebrarán una serie de sesiones de trabajo donde se abordarán temas como la profesionalización de la nueva Fiscalía, los mecanismos de supervisión y control internos, la especialización de las fiscalías, los mecanismos de designación y remoción de funcionarios y el régimen de transición entre la Procuraduría y la nueva Fiscalía, entre otros.
Las mesas de trabajo presentarán un calendario de actividades y una fecha para la publicación de conclusiones. Los representantes de los colectivos ciudadanos que participarán en las mesas de trabajo firmaron una carta de conflicto de intereses en la que se comprometen a no ocupar ningún cargo al interior de la Fiscalía General, incluyendo las fiscalías especializadas, en un periodo de tres años a partir del día de hoy.
“Todos los participantes de las mesas de trabajo manifestaron su voluntad y compromiso para elaborar de forma conjunta un modelo de Fiscalía General en el que la justicia imparcial, la dignidad de las víctimas y la eficiencia de la investigación y del ejercicio de la acción penal sean los principios rectores de una institución encargada de atender un mandato popular: erradicar la impunidad“.
CIUDAD JUÁREZ, Chih. (apro).- En el primer foro de consulta sobre paz y reconciliación, el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador pidió a los juarenses que perdonen. Al escucharlo, las víctimas que estaban en primera fila –mamás de desaparecidos y masacrados, personas torturadas y desplazados– lanzaron gritos de “¡No! Sin justicia no hay perdón” y “ni perdón ni olvido”.
Javier Corral y Andrés Manuel López Obrador | Foto: Twitter @Javier_Corral
El futuro presidente dijo que respeta a quienes piensan así, pero en esta ciudad que ha sido llamada el “epicentro del dolor” insistió en que “olvido no, perdón sí”.
“La violencia no se acaba con violencia, ni el mal con el mal. La violencia no se resuelve con mano dura, cárceles o masacres. No creo en el ojo por ojo y diente por diente (…) si queremos aplicar la ley del Talión, nos vamos a quedar tueros o chimuelos, no creo en eso”, reviró.
El tabasqueño estuvo acompañado de quienes serán los encargados de los planes para bajar la violencia: Alfonso Durazo, el futuro secretario de Seguridad Pública, a quien se refirió como el responsable de los foros para la paz, y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien estará en las comisiones, al igual que quienes serán subsecretarios (como el de Derechos Humanos, Alejandro Encinas), o encargados de la Unidad de Reconciliación, como Alejandro Gertz Manero.
Las medidas anunciadas por el futuro gobierno para explorar las vías para la paz son las despenalizaciones de la droga, las amnistías a prisioneros de delitos no graves relacionados con drogas y las comisiones de la verdad, entre otras.
Aunque desde la Casa Blanca estadunidense hubo ya un pronunciamiento de que no apoyarán la legalización de las drogas en México, desde la frontera norte López Obrador dijo que no importa si ello no gusta “a un gobierno extranjero”.
