Araceli y Domitila buscan un amparo para que sus solicitudes de amnistía no sean desechadas sin que se evalúen sus casos; están presas por transportar cannabis.
Araceli y Domitila son dos mujeres indígenas que llevan más de cuatro meses a la espera de una respuesta a su solicitud de amnistía. Se encuentran presas desde 2019 por transportar droga.
Ambas tuvieron que solicitar un amparo para conocer si su solicitud fue aceptada por la Comisión de Amnistía, porque según lo establecido en la ley, desde que presentan su petición, las autoridades tienen cuatro meses para responderla, y si ese tiempo pasa y no reciben respuesta, deben asumir que les negaron el beneficio.
Pero sus casos ni siquiera fueron estudiados, pues transcurrieron más de cuatro meses y la Comisión de Amnistía no sesionó. Por ello exigen que sus casos no sean desechados.
El pasado 8 de julio las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco promovieron un juicio de amparo contra la Fiscalía mexiquense.
Foto: Twitter @CentroProdh
Mujeres víctimas de tortura sexual durante los disturbios de Atenco en 2006 (en los que murieron dos personas y más de 200 fueron detenidas) presentaron el 8 de julio un amparo contra la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a la que acusan de obstaculizar la investigación. Según explicó el Centro Pro de Derechos Humanos, que representa a las víctimas, “la investigación penal sigue fragmentada debido a la negativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de aceptar la atracción del caso al fuero federal”.
El amparo exige que la investigación sea unificada en la Fiscalía General de la República (FGR), que en opinión de las agraviadas “tiene competencia sobre la totalidad de los hechos al tratarse de un operativo policial conjunto federal-estatal en el que agentes de ambos fueros colaboraron en la comisión de tortura contra las mujeres”.
Karla Pontigo murió hace siete años en San Luis Potosí. Los investigadores determinaron que se trató de un accidente. Su familia siempre dijo que fue asesinada.
Foto: Amnistía Internacional
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará este miércoles un amparo presentado por la familia de Karla del Carmen Pontigo Lucciotto, para que su muerte, ocurrida en 2012, se investigue nuevamente con perspectiva de género y como un probable feminicidio.
El recurso fue presentado por María Esperanza Lucciotto López y Fernando Zahid Lucciotto López, madre y hermano de Karla, quienes en octubre de 2012 la encontraron malherida en la oficina de la discoteca Play, en San Luis Potosí.
En 2013, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) determinó que el fallecimiento fue por un accidente, al chocar la joven con un cristal, y acusó al gerente del local de “homicidio culposo”, por lo que pudo seguir el proceso en libertad. Sin embargo, los familiares de la víctima siempre han defendido que se trató de un feminicidio.
El Juzgado Noveno de Distrito con sede en Nezahualcóyotl en el estado de México ordenó a las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la devolución de tierras al ejido de Tocuila que les fueron despojadas a los campesinos y que están siendo utilizadas para la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM).
Sandino Rivero, abogado de los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) dio a conocer que en días pasados el juzgado resolvió el juicio de amparo número 349/2016 en favor de los ejidatarios de Tocuila y ordenó que les sean devueltos 72 mil metros cuadrados de tierras porque no se llevaron a cabo los procesos de expropiación como marca la ley y fueron ocupadas ilegalmente para la edificación de la autopista.
Con esta resolución del juez, las empresas constructoras Pinfra y CIPSA deberán detener de inmediato las obras de construcción en el tramo de Tocuila.
El abogado explicó que hace 15 días el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Nezahualcóyotl resolvió el amparo, y como ni la SCT, Semarnat y las empresas impugnaron el fallo, el pasado viernes quedó firma la sentencia.
En la resolución se ordena a las dependencias devolver los 72 mil metros cuadrados que fueron ocupados del ejido de Tocuila, en el tramo de la obra con el entronque con la autopista Peñón-Texcoco.
“En los próximos días se tienen que devolver las tierras para quedar como estaban previo a la construcción de la autopista. Con esto se está demostrando lo que siempre se dijo de la ilegalidad de la autopista y sobre el aeropuerto y sus obras aledañas. Las empresas ya no tiene que seguir trabajando, tienen que detener sus trabajos para proceder a la devolución de tierras”, dijo.
Sandino Rivero sostuvo que hay un plazo legal para que la SCT y la Semarnat cumplan y será mas o menos en tres semanas por lo que le tocará a las nuevas autoridades federales llevar a cabo este proceso de restitución de tierras.
Un juez federal admitió a trámite la demanda de amparo que interpuso el diputado de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales, conocido como El Mijis, con el que busca que la Procuraduría General de la República (PGR) continúe la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa y lo trate como un caso de desaparición forzada.
En conferencia de prensa realizada en la entra de la PGR, el diputado explicó que lo que busca es que se reconozca a la sociedad la titularidad del derecho a la verdad colectiva.
El Consejo de la Judicatura Federal suspendió e inició una investigación administrativa contra el juez Anuar González Hemadi, tras el escándalo que generó su decisión de amparar a uno de los implicados en la violación de una menor en Veracruz.
El pleno del organismo encargado de la vigilancia y sanción de los jueces y magistrados federales decidió iniciar una investigación administrativa en contra del juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito, con sede en Veracruz, “por su actuación como juez”.
El pasado martes, el juez concedió un amparo a Diego Cruz, uno de los integrantes del grupo conocido como Los Porkys, acusados de violación de la menor en enero de 2015, en Boca del Río, Veracruz.
La suspensión se mantendrá mientras se realice la investigación, que incluirá una visita extraordinaria al juzgado, así como retención de un porcentaje de su salario.
El Consejo de la Judicatura Federal precisó que el amparo concedido por el juez puede ser revisado por un Tribunal Colegiado de Circuito y “no implica la libertad” de Cruz.
“Es increíble lo que están haciendo, no tengo forma de describirlo, no puedo creer que un juez haya dicho eso o haya determinado esto”, así calificó Javier Fernández, padre de Daphne, al amparo que otorgó el Juez Tercero de Distrito de Veracruz a Diego Gabriel.
En entrevista para Radio Fórmula, Fernández aseguró que a los implicados en el abuso sexual a su hija debieron procesarlos y sentenciarlos desde el años 2015, pero en su lugar el día de ayer a se le otorgó un amparo, con el cual uno de los probables responsables podría quedar libre.
El padre de Daphne señaló que no es la primera vez que el mismo juez favorece a los también conocidos como “Los Porkys”, ya que en otra ocasión le otorgó amparos a Enrique Capitaine, otro de los presuntos violadores de su hija, cuando ésta aún era menor de edad.
