La consulta para definir donde se ubicará el Nuevo Aeropuerto Internacional de México se aplicará del 25 al 28 de octubre, de las 08 a las 18 horas, y el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prevé que por la noche del domingo tengan resultados.
Se colocarán más de mil urnas en 538 municipios, que conforme a su población abarcan 82 por ciento del padrón nominal, aunque prevén que participen entre cien mil y 500 mil personas. Las mesas para este ejercicio, coordinado por la fundación Rosenblueth, estarán a cargo de ciudadanos y organizaciones civiles –entre campesinos, indígenas y ambientalistas.
Para la consulta hay dos opciones: continuar la obra en el Lago de Texcoco o trasladarla a la Base Aérea de Santa Lucía.
Loretta Ortiz,asesora en seguridad para el próximo gobierno. Foto: tomada de Milenio
La Coordinación de la Consulta para la Pacificación y Reconciliación Nacional canceló los foros programados en Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas a fin de agilizar la elaboración del plan de seguridad que se presentará el 24 de octubre.
Para esta fecha también se prevé la entrega de la “Ley general de justicia, verdad, garantías de no repetición y reparación a las víctimas”, además de la legislación sobre amnistía.
Mediante un comunicado se detalló que los llamados Foros Escucha se suspenden de manera presencial, pero que la ciudadanía podrá seguir participando a través de su página web, aportando datos y testimonios.
Se trata de los encuentros que habían sido programados para octubre: el 9, en Xalapa, Veracruz; el 11, en Culiacán, Sinaloa; el 16, en Villahermosa, Tabasco; el 18, en Cuernavaca, Morelos, y el 22, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Los de la Ciudad de México a realizarse el 8 de octubre con expertos sobre policías, el 12 con organizaciones de la sociedad civil, y el 19 con organismos internacionales siguen en pie.
“En este tiempo se podrá recolectar de una manera más ágil todas aquellas propuestas que ayuden a integrar una estrategia en torno al rediseño de políticas públicas en el contexto actual de ciclo de violencia e inseguridad que se vive en México”.
“Todas las ideas que se reciban se analizarán y serán tomadas en cuenta a fin de que el próximo 24 de octubre se presente una relatoría sobre lo que ha propuesto la sociedad civil y así, en conjunto con el próximo gobierno federal, tener una estrategia de política pública que ayude a lograr la pacificación y reconciliación nacional”, se lee en el documento.
En la región de la Montaña del estado de Guerrero persisten graves violaciones de derechos humanos en contra de diversos sectores de la población, pero también hay importantes ejemplos de resistencia y organización popular, señaló el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en un informe con motivo de su 24 aniversario.
En ese contexto, su coordinador, Abel Barrera Hernández, pidió al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no criminalizar a la lucha social, que se respete sobre todo a los defensores de los derechos humanos porque Guerrero es el bastión de esta resistencia. Y agregó que la lucha histórica incluye el problema de las desapariciones y, sobre todo, el caso de las familias desplazadas.
En el informe titulado Montaña: manantial de la resistencia, torbellino de esperanza, el colectivo con sede en la ciudad de Tlapa hizo un recuento de algunos de los principales casos de agravios que han ocurrido en años recientes en una de las zonas más pobres de Guerrero y de todo el país.
Uno de los temas que destaca Tlachinollan, en el documento de más de 550 páginas, es el de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el cual ha generado gran irritación social por la falta de voluntad política real de las autoridades del país para dar respuestas convincentes a los padres y madres de los estudiantes.
El presidente y el gobernador electos están a favor de continuar con la obra
Foto: Arturo Campos Zedillo/La Jornada
Guadalajara, Jal., El comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo pidió la cancelación y desmantelamiento del proyecto de infraestructura hidráulica que incluye la presa El Zapotillo, el acueducto Zapotillo-León y la presa El Purgatorio, en respuesta al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien anunció la semana pasada en León, Guanajuato, que la obra sería terminada y llevaría agua a la ciudad guanajuatense.
Pobladores de Temacapulín y opositores a El Zapotillo se manifestaron ayer en la plaza Liberación, junto al teatro Degollado, en la capital del estado, y pidieron a López Obrador y al próximo gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, cambiar ‘‘de paradigma y aplicar un modelo de gestión integral del agua’’ que no incluya las presas citadas ni implique el desplazamiento de poblaciones.
‘‘La cuarta transformación (anunciada por López Obrador) y la refundación de Jalisco (que prometió Alfaro) son una oportunidad para cambiar de paradigma. Queremos un río Verde libre, la cancelación del sistema El Zapotillo y su desmantelamiento, la restauración del río con un modelo que no implique represas, inundación de tierras de cultivo ni poblados’’, dijo María González Valencia, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario.
Durante la movilización se dio lectura a un manifiesto en el cual se exhorta a los próximos gobiernos estatal y federal a que antes de tomar decisiones elaboren la agenda del agua que México y Jalisco necesitan, junto con comunidades, organizaciones y especialistas.
Además, piden que se convoque a discutir de manera integral las afectaciones que el proyecto hidráulico podría causar, y que se realice un peritaje público sobre el mantenimiento, viabilidad y seguridad de la presa El Zapotillo, que inundaría tres poblados.
González Valencia aclaró que no solicitan una consulta, sino un diálogo, pues con una consulta se buscaría ‘‘justificar el sometimiento al megaproyecto’’.
María Félix, habitante de Temacapulín que durante una década se ha opuesto al proyecto, dijo que no confían en las autoridades y no temen seguir en la lucha. ‘‘Podemos con esto y más. Nadie nos va a sacar de nuestras casas’’, aseguró.
Exactamente a 4 años de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, AMLO y víctimas se reunieron para hablar sobre el caso. Foto: Paola Ramos / Cencos
Tras reunirse con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se dijeron esperanzados en que la futura administración realice diligencias fidedignas que conduzcan a la verdad en el caso.
En conferencia conjunta, María Elena Guerrero, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, destacó la voluntad política de Obrador en atender el caso e incluso parafraseó el eslogan de campaña del presidente electo.
“Nuestros hijos son sus hijos y llegaremos a una verdad. Muchas gracias por ese compromiso, por esas puertas que nos abrieron (…) lo cual el gobierno actual no lo hizo”, dijo Guerrero.
“Nuestras esperanzas están en ellos y su compromiso de cumplir, muchas gracias, yo creo que juntos haremos historia como lo ha dicho nuestro presidente”.
Durante la reunión, con una duración de poco más de dos horas, el equipo de López Obrador planteó tres compromisos con respecto al caso: que con sentencia o sin sentencia judicial, la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia será instituida; que esta Comisión estará coordinada por instancias como la ONU, la CNDH y el GIEI y que el gobierno entrante firmará un decreto para que la investigación no sea obstaculizada.
Obrador, en tanto, expresó su compromiso con el Caso Iguala y extendió un reconocimiento y promesa de solución a las víctimas.
“Mi reconocimiento fraterno, solidario a los padres y a las madres de los jóvenes de Ayotzinapa. Son un ejemplo para todos los que luchan en México y en el mundo por la justicia. Por su entrega a esta noble causa”, sostuvo.
“Reiterar mi compromiso de cumplir, de no fallarles y de no fallarle al pueblo de México. No vamos a traicionar la confianza de nuestro pueblo”.
En la reunión de este miércoles participaron además Olga Sánchez Cordero, virtual Secretaria de Gobernación en la administración entrante; Alejandro Encinas, virtual subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación entrante y Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
Se comprometió a utilizar los recursos recuperados con las políticas de austeridad para atender a las víctimas de la violencia.
Foto: Twitter @CNDH
Con la presencia del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador; la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Alejandro Encinas, quien ocupará el cargo de subsecretario de Derechos Humanos, inició el Segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en el que integrantes del próximo gobierno federal y agrupaciones víctimas del delito buscarán sentar las bases para construir una política de Estado en materia de justicia transicional y crear el Mecanismo de Protección a Víctimas y Testigos.
En medio de demandas de justicia por la desaparición de sus hijos, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezados por el activista Javier Sicilia, pidió la localización y entrega de sus familiares.
Ante López Obrador, representantes del colectivo expresaron “ni perdón ni olvido” y exigieron saber dónde están sus hijos.
Antes de iniciar el encuentro, en el acceso del Centro Cultural fueron instaladas mesas para recoger las historias y demandas de los familiares de las víctimas.
Tras iniciar el dialogo, Javier Sicilia, quien también es padre de un joven desaparecido en 2012, pidió un minuto de silencio a los asistentes en honor a las víctimas fallecidas, a lo que uno de los asistentes respondió: “No vamos a guardar silencio, ellos no están muertos, no sabemos dónde están, ese es el problema”.
A este respuesta vinieron una serie de reclamos y demandas “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, gritaron en repetidas ocasiones los familiares de alrededor de 500 personas que se encuentran desaparecidas.
Productores de amapola de 18 comunidades de los municipios Leonardo Bravo, Eduardo Neri y Chilpancingo, en Guerrero, advirtieron que si el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador no garantiza seguridad en la región, difícilmente habrá el desarrollo que plantea para los pueblos de la sierra.
Un campesino del poblado de Tepozonalco, municipio de Leonardo Bravo, expresó: “Se oyen muy bonitos los proyectos que plantean para el desarrollo del campo, pero aquí, por la inseguridad, no sirven.
No podemos ir a nuestras parcelas, porque nos salen los grupos armados. Tampoco podemos sacar los productos que cultivamos, reprochó el habitante, quien integra la Unión de Comisarios por la Paz y el Desarrollo de los Pueblos de la Sierra.
Este sábado, con la participación de representantes de 18 comunidades de tres municipios ubicados en la Sierra Madre del Sur, se inició el Encuentro regional de la sierra para organizar el inicio de la cuarta transformación en México, en el poblado Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo.
La amnistía propuesta por Andrés Manuel López Obrador, debe incluir a las 3 mil mujeres que están recluidas en penales de todo el país y que fueron procesadas por el delito de aborto, que está tipificado en los códigos penales de 17 estados, aunque éste haya sido involuntario o accidental, señaló la senadora electa Martha Lucía Mícher.
Destacó que también debe considerar a las miles de mujeres que se encuentran en prisión por transportar droga –las denominadas burreras. La amnistía que propone el presidente electo es revisar todos los casos que han enfrentado la falta de acceso a la justicia y la arbitrariedad, precisó.
En este sentido, explicó, desde luego que se deben revisar también todos los casos de hombres y jóvenes que han sufrido injusticia. Incluye desde luego a las mujeres víctimas de violencia de género e institucional, donde entran las detenidas por aborto, aunque haya sido espontáneo, porque ahí pierden todos sus derechos.
