Rubicela Morelos Cruz/La Jornada
Les quitaron escoltas sin aviso ni explicación / Responsabilizan al fiscal de Morelos de lo que suceda
Cuernavaca, Mor., El gobierno del estado le quitó a Amalia y a María Hernández la custodia policiaca que ambas tenían desde junio de 2016, después de que pusieron al descubierto la existencia de fosas clandestinas donde la Procuraduría General de Justicia del Estado depositó en 2013, sin seguir protocolo alguno, los cuerpos de 119 personas muertas violentamente y que nadie reclamó en su momento, incluido el de Óliver Navarrete Hernández, hijo y sobrino de las denunciantes, respectivamente.
Amalia interpretó esta medida como una represalia porque el lunes pasado las dos encabezaron una protesta contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, en un acto oficial realizado en el palacio de gobierno.
Ese día la madre de Oliver y una familiar de otra víctima extendieron una manta en la que demandaban una fiscalía especializada para investigar el caso Tetelcingo (comunidad del municipio de Cuautla donde se encontraron las fosas), para evitar que la FGE siga siendo juez y parte, pues ello mantiene estancadas las investigaciones.