OSC denuncian problemáticas en la construcción de Tren Interurbano México-Toluca

Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

  • Organizaciones civiles y sociales de las delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón denuncian problemáticas en torno a la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, del CETRAM Observatorio, de las ampliaciones de las líneas 9 y 12, así como el ocultamiento deliberado de obras complementarias.
  • El objetivo de esta denuncia es explicar ante los medios y la opinión pública que dichas obras han causado daños hídrico-ambientales, que se llevan a cabo en un contexto de opacidad y corrupción, y que carecen una adecuada planeación.

Participan: Integrantes de la organizaciones convocantes

Convoca: Jefatura Suprema Indígena Náhuatl de San Lorenzo Acopilco; Representación indígena-comunal de San Lorenzo Acopilco; Frente Único de Organizaciones de San Lorenzo; Acopilco (FUOSLA); Cuauhximalpan A.C.; Vecinos Unidos En Defensa de la Colonia José María Pino Suárez; Vecinos Unidos Zona Poniente (VUZP)

La cita: Miércoles 30 de Mayo de 2018 a las 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.

Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104

Recursos que debieron ser para reconstrucción del 19S fueron asignados para comprar tabletas y regalos

Por Redacción/Animal Político

47 oficios publicados por la iniciativa Nosotrxs revelan que los diputados aprobaron a inicios de 2018 dar 14 mil 684 millones de pesos solicitados por las delegaciones afectadas, sin embargo, 5 mil 301 millones estaban dirigidos a actividades que no tienen relación con restaurar los daños.

Las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc pidieron recursos para la reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre… pero en esas asignaciones incluyeron también la compra de tabletas electrónicas, juguetes y regalos para el día de las madres.

47 oficios publicados por la iniciativa Nosotrxs revelan que los diputados —en ese entonces responsables del control de recursos destinados a la reconstrucción— aprobaron dar 14 mil 684 millones de pesos solicitados por las delegaciones afectadas, sin embargo, 5 mil 301 millones estaban dirigidos a actividades que no tienen relación con restaurar los daños.

Este gasto se autorizó entre el 10 de enero y el 15 de febrero del 2018, sin embargo, el 22 de febrero, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó cambios clave en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, así como al decreto del Presupuesto de Egresos para 2018, con la finalidad de evitar que los diputados Mauricio Toledo y Leonel Luna (del PRD), así como Jorge Romero (del PAN) fueron los facultados para autorizar, supervisar y vigilar el uso de estos recursos.

¿Se utilizó entonces el dinero asignado a las delegaciones?

Legisladores de Morena Paula Soto y Fadlala Akabani denunciaron a Toledo, Luna y a Romero, quienes aprobaron las solicitudes de las delegaciones, por un presunto uso electoral de los recursos, pues afirman que sí se ejercieron, pese al cambio reciente en la ley.

Animal Político consultó al coordinador de Morena en la Asamblea, César Cravioto, para solicitar las pruebas de que estos recursos se hayan ejercido, sin embargo, aseguró que la Secretaría de Finanzas debe confirmar si el dinero se ha usado en las delegaciones.

“Lo que nosotros estamos pidiendo es que nos evidencien que realmente no se han utilizado, porque los oficios salieron por más de 7 mil millones de pesos. Lo que tiene que hacer la Procuraduría es investigar, junto con la Secretaría de Finanzas, si no se ejercieron los recursos”, explicó Cravioto.

En tanto, el legislador Fadlala Akabani acusó que el dinero sí llegó a las delegaciones, por lo que pidió a la Procuraduría General de Justicia capitalina investigar el caso.

“Vamos  agregar fotografías de las casas pintadas, de las unidades que impermeabilizaron. Lo que sí quedó descubierto es que ese dinero no fue a parar a los damnificados, más allá de si han ejercido los recursos o no”, expuso el diputado en entrevista.

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Comunidad oaxaqueña que se rebeló al gobierno se queda sin apoyos para la reconstrucción

Por Redacción/Animal político

En el poblado de Álvaro Obregón, sus habitantes sacaron a las autoridades y crearon un cabildo comunitario, los únicos que recibieron apoyo tras el sismo fueron quienes respaldan al gobierno municipal de Juchitán.

Luego de los sismos del 7 y del 19 de septiembre, la mayoría de las casas afectadas en el municipio de Juchitán, Oaxaca, exhiben daños comunes: derrumbes de techos, así como fracturas y desmoronamiento de las partes superiores de sus muros. Sin embargo, en este municipio existe una localidad, el poblado Álvaro Obregón, en donde los daños de las viviendas parecen invertirse, ya que son los suelos y las cimentaciones las que se fracturaron.

“Cuando tembló del suelo empezó a salir agua salada, agua de mar, se hicieron grietas en el suelo, y por ahí salía el agua, y eso fracturó todas las casas desde abajo. Nunca habíamos visto algo así antes”, explica César Toledo, comandante de la policía comunitaria creada por la población hace cinco años.
Álvaro Obregón es una localidad ubicado frente a dos lagunas que dan paso al océano Pacífico, y sus pobladores viven básicamente de la pesca. Sin embargo, explica el comandante de la policía comunitaria, “desde el temblor la laguna está llena, hay mucha corriente, yo estaba pescando cuando tembló (el 7 de septiembre) y el motor parecía que se había quedado sin fuerza, de tanta corriente, por eso ahorita nadie está pescando, y no hay trabajo”.

En Álvaro Obregón, explica José Crispín Figueroa, integrante del cabildo comunitario, órgano vecinal que gobierna la localidad, “muchas casas se vinieron abajo (con los sismos), pero a la mayoría de la gente le negaron el folio (es decir, su inclusión en el censo de damnificados, para la obtención de financiamiento para la reconstrucción). Aquí hay como 3 mil casas dañadas, y sólo dieron folio a cerca de 500, porque como nosotros somos comunitarios, la gente del gobierno municipal (encabezado por Gloria Sánchez, PRD-PAN) nos da la espalda, no nos apoya”.

Los únicos que recibieron apoyo, subrayó, fueron quienes respaldan al gobierno municipal de Juchitán.

Desde el año 2012, los pobladores de Álvaro Obregón expulsaron a los funcionarios de la agencia municipal oficial, al enterarse de que habían autorizado el cambio de uso de suelo en una franja de tierra en la que una empresa privada pretendía instalar 132 aerogeneradores. Dos años después, en 2014, establecieron en asamblea popular una policía comunitaria, un consejo de ancianos, y un cabildo comunitario.

A partir de ese momento, explica por su parte Pedro López Orozco (también integrante del cabildo comunitario), “en asamblea se eligió el primer cabildo, y ahorita nosotros somos el segundo, porque estamos en el cargo sólo por tres años. Todos estamos en el tequio, nadie cobra”.

La comunidad, sin embargo, está dividida. “Como el gobierno municipal de Juchitán no reconoce al cabildo comunitario, instalaron una nueva oficina en lo que era el local de la COCEI (grupo agrario creado por el PRD), y los apoyos (para la reconstrucción) sólo se dieron a los que los que están con ellos, y a todos los que estan con el cabildo comunitario les dijeron que su casa no tenía nada”.

Censo selectivo

Martha López es una mujer de 61 años, aunque luce mucho mayor. No tiene dientes, su piel está pegada al hueso y los dedos de sus pies están completamente torcidos por la artritis.

Desde el sismo del 7 de septiembre, ella duerme a la intemperie, junto con su hija, su yerno y sus dos nietos, bajo un pequeño techado de palma que ante solía ser su cocina, ubicada en el patio de la casa, ahora encharcado por el agua salada que sigue filtrándose del subsuelo.

Martha y su familia solían dormir en dos habitaciones construidas con tabique, varillas y cemento, pero estos cuartos se inclinaron con los sismos de septiembre, debido al reblandecimiento de la tierra.

El suelo de cemento de ambos cuartos se partió, explica Joaquín, yerno de Martha. Luego tronaron las paredes y, finalmente, el techo de losa.
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La cara opuesta de la solidaridad: el robo en departamentos de zonas de derrumbe en la CDMX

Por Redacción/Animal político

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, sólo se han registrado tres denuncias por el delito de robo en casa habitación después del sismo. Vecinos cuentan sus historias:

El 19 de septiembre, Raúl Solís trabajó desde casa. Durante el sismo, que comenzó a las 13:14 horas, escuchó un estruendo: era el edificio aledaño desmoronándose, el número 286 de la avenida Álvaro Obregón.

Su edificio de ocho pisos quedó intacto, pero al ver el daño que el temblor había causado a unos metros, comenzó a ayudar para sacar a la gente de entre los escombros. Sabía que en ese edificio había oficinas y, siendo horario laboral, habrían decenas de personas que no lograron salir.
A ese punto llegó ayuda durante los siguientes minutos, incluyendo a la Marina, Policía Federal y local. Establecieron un cerco en el perímetro en las calles aledañas: Álvaro Obregón, Oaxaca y Ámsterdam, para que los rescatistas maniobraran en el edificio derrumbado. Así continuaron en los siguientes días y sólo se permitía el acceso a uniformados y voluntarios para trabajar en el rescate de personas.

Raúl, como el resto de sus vecinos que viven en los edificios contiguos al derrumbe no pudieron entrar a su casa desde el 19 de septiembre. Entendían que la prioridad era salvar a las víctimas y comprobar primero si sus viviendas no habían sufrido daños mayores para poder regresar.

Sin embargo, la falta de protocolos de comunicación y operación en los lugares siniestrados no sólo afectó a familias de las víctimas, sino también a quienes vivían en la zona. No hubo ningún uniformado ni representante del gobierno federal o de la Ciudad de México que atendiera a los vecinos.

Primero les dijeron que los edificios contiguos no habían sido revisados por protección civil y por eso no podían entrar. Después, al conseguir la revisión, siguieron negándoles el acceso.

El 26 de septiembre, Raúl consiguió colarse y entró a su departamento para sacar algunas pertenencias. La sorpresa fue que pese a las grandes muestras de solidaridad de la sociedad civil en medio de la catástrofe, también hubo delincuentes.

La bicicleta que se volvió su proyecto personal durante cinco meses fue robada. Estaba en el estacionamiento con cadena de seguridad, pero la cortaron. La chapa de su departamento fue forzada y ya no estaba su computadora, ni su iPad y una cartera con tarjetas; un estante que tenía con candado también fue abierto, aunque ahí sólo guardaba fotografías y cosas personales.

“Evidentemente entraron a robar”, dice Raúl, por eso denunció ante el Ministerio Público.

También pidió volver a entrar para “poder barricar la puerta con algo y que no sigan entrando”, pero no lo consiguió. “Ha sido una pesadilla”, insiste el joven, sobre todo porque no puede creer que fue víctima de robo en un lugar que estuvo vigilado las 24 horas por decenas de marinos y policías.

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