Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad determina la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación de los derechos de un hombre con discapacidad.
Para profundizar sobre los alcances e impacto de este dictamen histórico para México convocamos a medios y periodistas a la conferencia de prensa con:
• Arturo Medina, peticionario • María Sirvent, directora general de Documenta • Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Modera: Katia D’Artigues, periodista
La cita: martes 1 de octubre a las 10:00, en el Hotel Imperial, ubicado en avenida Paseo de la Reforma 62, Cuauhtémoc.
Contacto y gestión de entrevistas: corina@documenta.org.mx
Sorprende que el Estado mexicano insista en fortalecer una lógica militar que privilegia la muerte de quienes considera enemigos, en lugar de reconocer sus garantías individuales, comenzando por el derecho a la vida, planteó la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Preocupado ante el riesgo que la militarización de la seguridad pública se eleve a rango constitucional, el titular de esa oficina en el país, Jan Jarab, ha comparecido en tres ocasiones ante el Congreso de la Unión (dos en la Cámara de Diputados y la más reciente, el lunes pasado, en el Senado), donde ha insistido en el error y los riesgos de crear una Guardia Nacional con carácter militar.
También entregó a los legisladores un documento técnico en el que delinea varios argumentos basados en el derecho internacional sobre las garantías individuales y las violaciones en las que México incurriría a escala global en caso de aprobar la creación de la Guardia Nacional en los actuales términos de la minuta que se discute en el Senado y los eventuales peligros para los derechos humanos.
GINEBRA/CIUDAD DE MEXICO (5 de diciembre de 2017) – La legislación propuesta en México que prevé la participación de las fuerzas armadas en tareas de cumplimiento de la ley es un proyecto muy preocupante, declaró el martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
“Reconozco plenamente que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuencia organizada. Más de una década después de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra las drogas, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando abusos y violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, afirmó el Alto Comisionado.
El proyecto de ley sobre seguridad interior fue aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre y se remitió al Senado, para su debate y adopción.
Zeid recordó que, durante la visita que realizó a México en 2015, las autoridades le dijeron que el despliegue inicial de las fuerzas armadas había sido inevitable, debido a la debilidad de algunos cuerpos policiales, y le aseguraron que estaban comprometidas a sustituir gradualmente a los efectivos militares movilizados por fuerzas de policía robustas y mejor preparadas, tanto en el plano federal como el estatal. El proyecto de ley actual no menciona en detalle la necesidad de fortalecer los cuerpos policiales ni contiene una estrategia de salida gradual para poner fin al uso de las fuerzas armadas en tareas de policía.
“La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada. El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como agentes encargados de hacer cumplir la ley”, señaló el Alto Comisionado.
El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados contiene varios elementos inquietantes, entre otros el hecho de que, en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las fuerzas armadas. La autorización para asignar a las fuerzas armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y la supervisión apropiados. Además la legislación carece de las garantías adecuadas, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza.
Zeid señaló que en las recomendaciones que formuló al gobierno mexicano tras su visita había hecho hincapié en la necesidad de promover una estrategia que fomentara la seguridad ciudadana, velara por que las políticas de seguridad se aplicasen con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, investigara las presuntas violaciones y garantizara la rendición de cuentas por las vulneraciones cometidas.
“Como manifestó mi Oficina de México en la carta que envió al Senado, la ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria. Estoy convencido de que, en vez de proseguir con el trámite de aprobación de esta ley, debería llevarse a cabo un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana en el país y sus posibles soluciones, con la participación activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especialistas y miembros de la sociedad civil mexicana”, afirmó Zeid.
El Alto Comisionado reiteró que la Oficina del ACNUDH en México está dispuesta a proporcionar asistencia técnica para fortalecer las capacidades de las autoridades civiles, a fin de que puedan abordar los graves desafíos a los que el país se enfrenta en materia de seguridad.
Las preocupaciones que suscita el proyecto de ley las comparte una amplia gama de instituciones, organizaciones y particulares, señaló Zeid, entre otros, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el UNICEF- México, ONU Mujeres-México, entidades de la sociedad civil y medios universitarios.
FIN
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