Por Marcela Méndez
Al agotar instancias nacionales en su exigencia de justicia, los padres de Pilar Agüello Trujillo, víctima de feminicidio en septiembre de 2012, presentaron su caso en 2014 ante el comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante la organización Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres.
El cuerpo de Pilar, de 20 años de edad, fue encontrado en un camino vecinal de Coscomatepec, Veracruz. El presunto responsable –que entonces tenía 17 años– fue detenido horas después de los hechos, pero puesto en libertad dos meses después con el argumento de que no existían elementos suficientes para sancionarlo.
Esta mañana, durante una conferencia de prensa, la coordinadora de Colectivo Equifonía, Araceli González, informó que la CEDAW admitió el caso el 21 de julio de 2017 y, como consecuencia, emitió recomendaciones al Estado mexicano, con las cuales busca garantizar justicia a la familia de Pilar.
Entre las recomendaciones está reanudar la investigación del asesinato para identificar y eliminar los obstáculos que hayan impedido aclarar las circunstancias del delito y la identificación de sus autores.
La respuesta de la CEDAW también está dirigida a la atención de condiciones estructurales que limitan o niegan el acceso a la justicia de las víctimas de feminicidio. Por eso también busca que el Estado mexicano garantice el funcionamiento de procedimientos adecuados para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de actos de violencia contra la mujer. Además de garantizar apoyo legal y protección a los familiares de víctimas de feminicidio.
Araceli González también dijo que el caso de Pilar es representativo de los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres veracruzanas que son víctimas de algún delito, así como las familias en el caso de víctimas de feminicidio.
Por su parte, la abogada Adriana Fuentes informó que la CEDAW pidió a la familia de Pilar información sobre lo que sucedió luego de que el presunto culpable de la muerte de su hija quedara en libertad y les preguntó si los mecanismos a los que tuvieron acceso fueron suficientes para garantizar el acceso a la justicia.
A partir de la emisión de las recomendaciones, el Estado mexicano tiene seis meses para responder por escrito las opiniones de la CEDAW. Fuentes y González consideran que la intervención de las Naciones Unidas mediante la CEDAW, así como el cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado mexicano significarán un acceso real a la justicia para las mujeres.
Durante la conferencia de prensa también aseguraron que el asesinato de Pilar se dio en un contexto de violencia contra las mujeres en Veracruz, el cual permanece. Según cifras oficiales, informaron, de 2000 a 2015 se han registrado 1241 asesinatos dolosos de mujeres, de los cuales apenas 57 –menos de cinco por ciento– han tenido sentencias condenatorias.
Recordaron que el Colectivo Equifonía solicitó la activación de la Alerta de Violencia de Género en Veracruz, mecanismo que se declaró en 23 de noviembre de 2016 en 11 municipios. Sin embargo, denunciaron que al principio las acciones institucionales estaban desarticuladas y exigieron la realización de un diagnóstico completo de la violencia contra las mujeres en el estado, el cual ayude a identificar los factores asociados a los delitos, las condiciones sociales que rodean a las víctimas y lo que ocurre con las familias de éstas y con los perpetradores.
Finalmente, Pedro Argüello, padre de Pilar, exigió que el gobierno vigile y prepare a los elementos involucrados en la impartición de justicia, que el poder judicial haga un trabajo de calidad y que termine la corrupción que afecta a las víctimas.
