Ciudad de México | Desinformémonos. La propuesta de seguridad de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de crear una Guardia Nacional controlada por las fuerzas armadas “repite esencialmente el modelo de seguridad militarizada fallido y que ha permitido la comisión de graves violaciones de derechos humanos en manos de las fuerzas armadas”, aseguró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas en Amnistía Internacional.
Foto tomada de Desinformémonos
Por su parte, Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, opinó que “la propuesta del presidente electo de continuar la militarización debería ser enmendada para enfocarse en el fortalecimiento y profesionalización de las policías civiles”.
“El nuevo gobierno debería romper el paradigma militar de seguridad y establecer un nuevo modelo. Deberían ser las instituciones civiles las responsables de la seguridad en el país y deben mantener el control de las operaciones”, agregó.
De la misma forma, la organización Human Rights Watch (HRW) calificó como un “error colosal” y una política “potencialmente desastrosa” el plan presentado por AMLO en materia de seguridad.
Luego de las críticas al Estado mexicano señaladas en el “Informe 2017/18 de Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo”, el vocero de Presidencia dijo que el gobierno de México está dispuesto a hacer los ajustes necesarios en materia de seguridad.
La promesa de un México en paz, que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, se desmorona hacia el fin del sexenio con los altos niveles de violencia, indicó el informe 2017-2018 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, de la organización Amnistía Internacional.
Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, señaló que en el país “graves violaciones a los derechos humanos continúan ocurriendo de forma rutinaria (…) y las personas presuntamente responsables de estos crímenes rara vez son llevados a juicio, lo que envía un mensaje claro de que estos son tolerados”.
A continuación, Animal Político te presenta los puntos más críticos en cuanto a violaciones de los derechos humanos en México, según el Informe:
Fuerzas de seguridad, detenciones y reclusión
Las detenciones y reclusiones arbitrarias continúan siendo generalizadas en México, y en ocasiones derivan en otras violaciones de derechos, como torturas, malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
El informe de Amnistía Internacional documentó que los informes policiales sobre detenciones muchas veces contienen “errores importantes”, como información falsa y otras deficiencias, como imprecisiones en el registro de la fecha y hora de la detención.
Este panorama resulta alarmante para la organización, en el marco de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que podría permitir “la permanencia prolongada de las fuerzas armadas en funciones propias de la policía, sin incluir disposiciones efectivas que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas ni la supervisión civil.
Tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales
En febrero, el relator especial de la ONU sobre tortura hizo público un informe, en el que concluyó que la tortura y otros malos tratos continúan siendo generalizados en México, e incluyen un uso alarmante de la violencia sexual.
Por ello, señaló Amnistía Internacional, organizaciones de la sociedad civil recibieron con agrado la Ley contra la Tortura, que entró en vigor en junio del año pasado.
Sobre las desapariciones forzadas, la organización documentó que continúan siendo una práctica habitual, y los responsables continúan gozando de una impunidad casi absoluta.
En el tema de las ejecuciones extrajudiciales, la organización señaló que estas no se investigan adecuadamente y, de hecho, por cuarto año consecutivo, en 2017 las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y fuerzas militares, ni sobre los cargos penales contra elementos del Estado que las perpetren.
Amnistía Internacional (AI) y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) entregaron este jueves al gobernador Juan Manuel Carreras un documento con más de 13 mil firmas en el que se exige investigar como feminicidio el asesinato de la joven Karla Pontigo Lucciotto, y no como homicidio culposo o accidental, proceso que actualmente es llevado así por la Procuraduría local.
Ambas organizaciones trabajaron en una campaña que reunió ese número de firmas, en respaldo a una carta dirigida al gobernador Carreras para revertir la impunidad que prevalece en el caso, como lo denunció la familia de Karla desde que murió, tras ser encontrada desangrándose en la madrugada del 28 de octubre del 2012 en la discoteca “Play”, donde trabajaba como edecán para costear sus estudios y ayudar a su familia.
La joven falleció horas después en un hospital, mientras el propietario de la discoteca aseguraba que “había chocado” contra una puerta de cristal, pero posteriormente se conoció que el cuerpo de Karla presentaba múltiples lesiones, incluso huellas de un posible ataque sexual, pero la Procuraduría acusó al propietario del antro de homicidio culposo.
Los feminicidios y la violencia de género deben tratarse como una “verdadera” prioridad en la política de Jalisco, aseguró la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, Tania Reneaum Panszi, quien insistió en que las autoridades de la entidad necesitan implementar las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
De acuerdo con Reneaum, ninguna de las medidas se han puesto en marcha a dos meses de que la Conavim entregó al gobierno de Jalisco un informe con 12 recomendaciones y 37 acciones para combatir la violencia de género.
