Fuentes gubernamentales confirmaron que la joven, al parecer de nombre Karla, fue ingresada ayer por la madrugada al Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” a las 7:00 horas, a donde llegó policontundida, es decir, herida con múltiples contusiones y con quemaduras en el cuerpo, por lo cual, su estado de salud era “muy grave”.
San Luis Potosí, 19 de agosto (Pulso).- La joven que fue presuntamente agredida a golpes y quemada en diferentes partes del cuerpo por personas desconocidas la madrugada de ayer, murió durante la tarde del domingo al no soportar la gravedad de las lesiones.
Al momento de ser auxiliada por policías municipales deambulaba sobre la calle Camino Real a Pinos, a unos metros del centro comercial Walmart de Muñoz, al norte de la ciudad.
Según testimonios recabados con residentes y mediante redes sociales, alrededor de las 5:30 horas algunos habitantes de ese sector escucharon gritos de auxilio de una mujer, quien decía: “¡Auxilio, por favor!¡Ayúdenme, socorro!”.
María Eugenia Galán, una joven que fue reportada como desaparecida desde el viernes en Oaxaca, fue hallada sin vida, informaron autoridades. Foto: Especial.
Redacción/ Sin Embargo
María Eugenia, de 19 años, fue reportada como desaparecida el viernes. Autoridades confirmaron hoy que su cuerpo fue localizado cerca de Puerto Escondido.
Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– María Eugenia, una joven que fue reportada como desaparecida desde el viernes en Oaxaca, fue hallada sin vida, informaron autoridades.
Esta mañana se desplegó un operativo en el camino que conduce a Playa Punta Colorada, a unos kilómetros de Puerto Escondido, después de que se localizara el cuerpo de una persona. Más tarde se confirmó que se trataba de María Eugenia, de 19 años.
El Gobierno municipal de San Pedro Mixtepec lamentó y condenó los hechos. Además, solicitó que el Fiscal General estatal instruyera a sus agentes para que de manera inmediata se pueda esclarecer el feminicidio.
De acuerdo con información de medios locales, el cadáver de María Eugenia Galán fue abandonado sin ropa en el paraje costero.
Mujeres han utilizado las redes sociales para denunciar el crimen y exigir justicia a las autoridades de Oaxaca, entidad gobernada por el priista Alejandro Murat Hinojosa.
Miguel Ángel Medina Lara, Promotor de Jóvenes, fue localizado asesinado en Acayucan, Veracruz. Foto: Facebook.
Redacción / Sin Embargo
El asesinato de Miguel Ángel Lara Medina es considerado un crimen de odio por integrantes de la comunidad LGBTTTI+. Los activistas de el Estado de Veracruz están luchando para que se incluya en el Código Penal Estatal dicho crimen.
Veracruz, 11 de agosto (PlumasLibres/EFE/SinEmbargo). – Miguel Ángel Medina Lara, promotor de los derechos de la comunidad LGBTTTI+, fue hallado sin vida en el panteón “Gregorio Vidal Alor” del municipio Acayucan, Veracruz. Lo asesinaron.
Su cuerpo tenía signos de tortura. El joven, de acuerdo con la información disponible, fue golpeado y apedreado hasta la muerte. Además las autoridades investigan si fue víctima de violencia sexual.
Jazziel Hernández, también defensora de derechos humanos en el estado de Veracruz, condenó el asesinato de Medina Lara y afirmó que el joven es otra víctima de los crímenes de odio que siguen incrementando en la entidad.
“Mike amaba la naturaleza y las bellas artes tenia una sensibilidad poco común a la hora de apreciar las cosas mas simples de la vida como caminar en un día soleado en la naturaleza, apreciar los colores de las flores e incluso llorar al ser espectador en una obra de teatro romántica, Mike tenia una visión de la vida poco común para los chicos de ciudades o municipios de este país, quería viajar por el mundo y le encantaba socializar aunque en ocasiones pudiera parecer un ermitaño al querer estar solo: pero algo era muy característico de él y era su orgullo por ser gay, siempre portando con dignidad su orientación sexual sin prejuicio alguno, siempre dando su postura referente a la importancia de visibilizar y ser tu mismo”, lamentó Jazziel Hernández.
El último año de gobierno de Miguel Márquez la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado emitió 65 recomendaciones por «violaciones a integridad física» a corporaciones de policía estatales y municipales.
Veintiocho años de gobiernos panistas, cuyo eje central de doctrina es el respeto a la dignidad de las personas, no han logrado erradicar la práctica de la tortura como instrumento de «investigación» policial en Guanajuato, en cambio se ha tratado de disfrazar el maltrato policial al evitar ese término en las denuncias presentadas por las víctimas.
Sin reconocer la tortura como una práctica común en Guanajuato, la PDHEG, entidad que se ha hecho acreedora a críticas por su escasa independencia y la evidente debilidad de sus recomendaciones, ha decidido catalogar las agresiones como violaciones a la integridad física y/o personal, aunque en la relatoría de los hechos se incluyen métodos aplicados por elementos de la fuerza pública como la de colocar bolsas de plástico en la cabeza de los detenidos y descargas eléctricas en los testículos, que incurren sobradamente en la definición de tortura que establece la legislación vigente y los acuerdos internacionales a los que México se ha obligado.
Tan solo en el 2018 se emitieron 65 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos como la integridad física, integridad personal, en dos casos se clasifica como tratos crueles, inhumanos o degradantes y solo en una recomendación se hace referencia a la tortura.Sin embargo, en la legislación vigente incurre en el delito de tortura:
Al servidor público que con motivo de sus funciones, por sí o por medio de otra persona, inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, con el fin de obtener, de ella o de un tercero, información o una confesión, de investigación, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras para que realicen o dejen de realizar una conducta determinada, de medida preventiva o de anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental…
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, además de otras violaciones a derechos humanos, en cinco casos de presos integrantes del Pueblo Tsostil, en reclusión en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 05, en San Cristóbal de Las Casas y No. 10, en Comitán de Domínguez, Chiapas, México.
Adrián Gómez Jiménez, Juan de La Cruz Ruiz, Abraham López Montejo y Germán López Montejo, en el CERSS No. 05; y Marcelino Ruiz Gómez, en el CERSS No. 10 se encuentran en ayuno como parte de las acciones civiles y pacíficas de protesta que iniciaron el 15 de marzo de 2019, en demanda de su libertad inmediata. Durante más de 4 meses han denunciado públicamente la Tortura durante su detención, violaciones al debido proceso en la investigación, tratos crueles en sus condiciones carcelarias, violaciones a su derecho a la protesta, así como riesgo a su salud y vida.
Estas cinco historias forman parte de 20 denuncias públicas de Tortura, de las cuales 13 casos (1) se encuentran en registro de atención, en la Fiscalía Contra la Tortura, (Fiscalía) perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, desde el 1 de abril de 2019.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 17VG/2019 a autoridades de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes, por violaciones graves a las garantías fundamentales.
El organismo detalló que tras analizar las pruebas del expediente de queja, la CNDH acreditó que personal de dicha dependencia incurrió en detenciones arbitrarias, actos de tortura y tratos crueles e inhumanos contra personas detenidas.
Se trata de por lo menos nueve detenciones arbitrarias, así como daños a la integridad personal por tortura en 14 casos, afectación a la seguridad e integridad en dos, así como daños en integridad sexual por tortura y violencia sexual en tres, además de violación al derecho de acceso a la justicia en 19.
Detalló que de los 186 casos que la CNDH investigó, en diversas ocasiones la Policía Ministerial detuvo arbitrariamente a las víctimas y pretendió justificar su arresto.
En la mayoría de los casos las personas detenidas eran trasladadas a las instalaciones de la entonces Procuraduría de Justicia estatal, a un espacio con características de gimnasio, donde eran atadas de manos y pies, y sometidas a tortura y vejaciones.
