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Por Redacción/El País

La ola de violencia que sacude Río de Janeiro subió un escalón en la noche del miércoles -madrugada del jueves en Europa- tras el asesinato de la concejal y activista por los derechos humanos Marielle Franco, en un acto con todas las características de un atentado. Franco, de 39 años, viajaba en un coche con su conductor y una asesora, cuando otro automóvil se puso a su lado y disparó hasta nueve tiros antes de huir, en pleno centro de la ciudad. La concejal y el chófer, Anderson Pedro Gomes, murieron en el acto, mientras que la asesora sufrió únicamente heridas leves. El asesinato provocó un reguero de reacciones y protestas en todo el país contra un acción que el propio presidente, Michel Temer, calificó de “atentado a la democracia”.

Marielle Franco venía de intervenir en un acto por los derechos de las mujeres negras en el barrio de Lapa, en el centro de Rio. Pocos minutos después, los asesinos la interceptaron en la calle Joaquim Palhares, en la zona conocida como Estácio y comenzaron a disparar por la ventanilla de atrás del coche con el claro objetivo de alcanzar a la concejal, que recibió cinco disparos, según el diario carioca O Globo. 

Incluso en una ciudad tan acostumbrada a la violencia como Rio el crimen ha provocado una fuerte conmoción ya que presenta algunas características inéditas hasta ahora. Si bien los muertos se cuentan a diario, son en la mayoría de las ocasiones producto de enfrentamientos entre la policía o entre grupos de traficantes en disputa por un territorio que en muchas ocasiones se cobran la vida de vecinos como víctimas colaterales. Ha habido asesinatos de activistas y políticos de barrio, pero nunca se había producido lo que los compañeros de la víctima y la propia policía no han dudado en calificar como la “ejecución” de una persona con tanta notoriedad pública y en pleno corazón de la ciudad. Palabras como “mexicanización” comenzaron a inundar las redes sociales en las horas siguientes al crimen. El asesinato es un golpe a la nueva política de seguridad del Gobierno federal, que el mes pasado decidió entregar al Ejército el control del orden público en Rio ante la imparable escalada de violencia.

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