La CNDH determinó presentar la acción de inconstitucionalidad por considerar que las cinco leyes vulneran los derechos a la seguridad jurídica, de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo y acceso al empleo público.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció este martes que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por considerar que vulneran derechos.
Otras disposiciones contra las que se presentó la acción son la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
Autoridades de comunidades del pueblo indígena triqui interpusieron una demanda de amparo en el Poder Judicial Federal (PJF) en contra de la Ley de Seguridad Interior, recientemente aprobada por el Congreso de la Unión.
De acuerdo con su escrito, que quedó registrado con el numeral 544/2018 del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con sede en San Bartolo Coyotepec, el agente municipal de San Juan Copala, Misael Sandoval García y otras 28 autoridades, reclaman la inconstitucionalidad de la nueva legislación porque quebranta disposiciones fundamentales de la Constitución Política federal, principalmente el respeto a los derechos humanos.
La alta presencia militar acompañada de intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, puede implicar la introducción de un riesgo para los derechos humanos, señala.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el fin de semana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra distintos artículos de la Ley de Seguridad Interior (LSI), aprobada en diciembre pasado por una mayoría en el Congreso y promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, quien dijo que no haría uso de las facultades que le otorga esta legislación hasta que fuera revisada por el máximo tribunal.
La CNDH indicó que hay artículos que generan la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de los mexicanos, además de afectar el diseño, equilibrio y facultades establecidas constitucionalmente entre la Federación y los estados, las instituciones, órganos del Estado y Poderes.
En el documento que se expone íntegro a continuación, se señalan cuestiones relativas a la subordinación de autoridades civiles a militares que plantearía la LSI, contraviniendo criterios establecidos en contrario por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sobre la presencia del Ejército cumpliendo labores policiales, recordó que la Corte Interamericana expuso que la alta presencia militar acompañada de intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, puede implicar la introducción de un riesgo para los derechos humanos.
“La Corte Interamericana enfatiza el sentido en el que se han pronunciado diversos organismos internacionales que han analizado las implicaciones de permitir que cuerpos militares realicen funciones de policía judicial, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, manifestando su preocupación por el hecho de que los militares ejerzan funciones de investigación, arresto, detención e interrogatorio de civiles, y han indicado que las funciones de la policía deberían estar exclusivamente a cargo de una entidad civil. Sólo así se respetaría la independencia de las investigaciones y se mejoraría mucho el acceso a la justicia por parte de las víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos, cuyas denuncias suelen ser investigadas por las mismas instituciones a las que acusan de perpetrar esas violaciones”, indica el recurso presentado.
Un grupo de diputados federales de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) y de Morena, así como 43 senadores acuden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior (LSI).
De acuerdo con los legisladores, la LSI “está plagada de violaciones constitucionales en diversos ámbitos”, entre otras cosas, viola el principio de máxima publicidad, permite la Declaratoria de Protección de la Seguridad Interior, sin que exista una petición expresa de los gobiernos de las entidades, limita la intervención del Ministerio Público en la atención de delitos, así como las atribuciones del presidente de la República, para la atención de una Declaratoria.
Los legisladores impugnan 28 de los 34 artículos de la LSI, por considerar que contraponen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
En las próximas horas, la acción de inconstitucionalidad será enviada al presidente de la corte Luis María Aguilar, quien hará llegar el documento al ministro en turno para determinar si la acción procede o no.
En tanto, los senadores debían conseguir 43 firmas para presentar el recurso, las cuales ya obtuvieron, de acuerdo con el legislador por Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
“Una tercera parte de los senadores es el requisito que impone la Corte. Ya tenemos físicamente esas firmas aquí. PRD, PT/Morena y legisladores del PAN nos presentamos mañana (viernes) en la oficialía de partes de ls Suprema Corte a partir de las 10 de la mañana”, explicó en entrevista con Carmen Aristegui.
El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, explicó que el recurso que interpondrán se sustenta en la presunta violación a 11 artículos de la Constitución y ocho de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de acuerdo con un reporte del diario Reforma.
Esta acción se suma a otras presentadas contra de la llamada Ley de Seguridad Interior.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los comisionados y el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) consideraron pertinente interponer la acción de inconstitucionalidad contra el artículo 9º de la Ley de Seguridad Interior (LSI), debido a que dicho ordenamiento legal es contrario al principio de máxima publicidad.
Durante su primer encuentro del año, el Consejo Consultivo y los comisionados del INAI coincidieron en la preocupación por las implicaciones que la LSI generaría en materia de transparencia y acceso a la información.
En ese sentido, el INAI reiteró que el artículo 9º de la Ley de Seguridad Interior transgrede los principios de máxima publicidad, de temporalidad en la reserva y de progresividad, los cuales deben imperar para el ejercicio del derecho humano de acceso a la información.
En un comunicado, el Instituto advirtió que la clasificación de información como reservada es una excepción que sólo podrá aplicarse bajo determinadas circunstancias.
Además, detectó que el dictamen de Ley contiene conceptos que podrían considerarse ambiguos o imprecisos, como el de “acciones de seguridad interior” y “acciones de orden interno”, entre otros.
En la reunión de este lunes se abordaron otros temas, entre ellos la convocatoria para el nombramiento de los integrantes honoríficos del Consejo Consultivo.
