Espacio OSC
México, 4 de febrero de 2021
El día 9 de octubre de 2020 la bancada legislativa de Morena presentó ante el Senado de la República una iniciativa que pretende reformar el marco normativo de la Fiscalía General de la República (en adelante FGR). En caso de aprobarse esta reforma en el actual periodo ordinario de sesiones, implicaría, un grave retroceso en materia de derechos humanos ya que ignora las voces de miles de víctimas en el país, así como sus derechos de acceso a la verdad, memoria, búsqueda y protección.
La propuesta de dictamen elimina mecanismos de control como el Consejo Ciudadano y la participación de la sociedad en el plan de persecución penal; debilita los avances hacia nuevos modelos de investigación integrales y de colaboración entre Fiscalías, al eliminar las Unidades de Investigación y Litigación, los equipos mixtos de investigación y las Unidades de Análisis Estratégico y de Contexto; y desaparecen figuras como la Comisión Especial, que puede estar formada por un grupo de experto con independencia técnica, para desarrollar investigaciones sobre casos de corrupción.
De igual forma limita la participación de la FGR en distintas actuaciones de la administración pública federal, como la Comisión Nacional de Búsqueda, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante Mecanismo), la Comisión Intersecretarial para el Combate de la Trata de Personas, el Programa para Prevenir y Sancionar la Tortura, entre otros. Lo anterior, implica el desconocimiento de protocolos de actuación como es el caso del “Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas y del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense”, y el “Protocolo Homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión”, que establecen mecanismos de coordinación interinstitucional en los que la participación de la Fiscalía es fundamental.
En el caso del Mecanismo de Protección su intervención efectiva en la Junta de Gobierno, en la Unidad de Análisis de Riesgo y Seguimiento de Medidas, potencialmente permite vincular los planes de protección de personas defensoras y periodistas con las investigaciones que realizan. Asimismo, en relación con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas es clave ya que, es la instancia de coordinar y formular políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral en todos los ámbitos de gobierno.
Si bien la Fiscalía no ha sido capaz de combatir la impunidad ni garantizar un verdadero acceso a la justicia a víctimas, pretender eliminar obligaciones fundamentales de ella sin un análisis de su necesidad ni de su impacto, invisibiliza los problemas estructurales relacionados a la falta de acceso a la justicia, al desconocer que a la fecha las fiscalías no han sido depuradas, no cuentan con los recursos humanos y financieros suficientes, no han sido creadas las Unidades especializadas, ni tampoco la designación de las y los fiscales especiales se ha hecho conforme el procedimiento en la Ley, y se carece además de un plan de persecución penal construido de manera participativa con la ciudadanía y otras instituciones.
Los impactos en esta reforma, lejos de fortalecer a la Fiscalía, institucionalizan la impunidad e ignoran logros de víctimas y sociedad civil en su búsqueda de garantías al derecho a la verdad, reparación integral y no repetición. Tal como lo ha indicado la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), es importante que las autoridades de procuración de justicia entiendan que son parte fundamental de un sistema de protección integral en materia de derechos humanos.
En un verdadero proceso de fortalecimiento de los aparatos de justicia, es importante que se escuche a personas expertas, organizaciones de la sociedad civil y personas víctimas, que viven las limitaciones en las investigaciones y el acceso a esta, y han construido y generado propuestas para su fortalecimiento de sus experiencias y procesos de búsqueda.
En el caso concreto de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la reforma no abona a generar un entorno seguro para el ejercicio de su labor. No es suficiente implementar medidas de protección para personas defensoras y periodistas si las agresiones que ejercen actores diversos permanecen impunes al no existir una investigación penal y una sanción, lo que envía un mensaje de permisividad y alienta estas agresiones.
Por lo anterior, las organizaciones y personas firmantes hacemos un llamado las y los integrantes del Senado de la República y la Cámara de Diputados/as a que:
- A no aprobar la propuesta de dictamen que abroga y reforma el marco normativo de la Fiscalía General de la República,
- A generar un diálogo amplio con víctimas, organizaciones de la sociedad civil, academia y personas expertas respecto a las limitaciones actuales del acceso a la justicia y las reformas legales necesarias para el fortalecimiento de una Fiscalía que garantice una justicia seria, imparcial, efectiva, ex officio y sin demora.
- A abstenerse de generar marcos normativos que revictimizan y no abonan en generar entornos seguros para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión.
