#MeToo en el Gobierno: acoso sexual en dependencias federales

Redacción/mexico.com

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se dieron al menos 148 quejas de hostigamiento, acoso o abuso en 17 dependencias gubernamentales, según datos obtenidos por mexico.com

Adán Vega/mexico.com

La ola del #MeToo agarra tracción. Más de año y medio después del inicio en Estados Unidos, en México surgió una serie de denuncias en Twitter contra escritores, agrupadas bajo la etiqueta #MeTooEscritoresMexicanos, la cual ha ido evolucionando hacia otros gremios, como el del cine, el teatro, la academia, la publicidad y los medios de comunicación.

Un campo en el que aún no estalla la ola de denuncias es el gubernamental, pero eso no significa que no presente un problema de acoso. Entre 2011 y 2018, se registraron al menos 148 casos de quejas por diversos comportamientos sexuales como hostigamiento, acoso o abuso, según datos de la propias instituciones obtenidos vía Transparencia por mexico.com.

Mediante diversas solicitudes, preguntamos a 17 Secretarías de Estado y a la Oficina de la Presidencia por “las quejas, faltas o delitos relacionados con comportamientos sexuales dentro de cada institución” en los últimos 8 años, que incluyen todo el sexenio de Enrique Pena Nieto y el tramo final de la administración de Felipe Calderón.

Se solicitó que los datos fueran desagregados por año de la queja, así como la edad y rango de víctimas y perpetradores dentro de cada institución.

En total, tenían registrados 148 casos, de los que 111 víctimas eran mujeres y 3 hombres (en 34 ocasiones no se registró esta información). De los perpetradores, 109 eran hombres, 5 mujeres, y 24 no tenían registrado el género. Hay casos en que un hombre acosó a varias mujeres.

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En Chiapas, miles de niñas abusadas sexualmente sin atención y revictimizadas

Por Redacción/Desinformémonos

Chiapas I Desinformémonos I En Chiapas, en tres años, del 2012 al 2015, 4 mil niñas de 10 a 14 años de edad fueron madres. Sobre esta situación, el gobierno estatal no tiene un registro acerca de cuántas niñas han dado a luz como producto de la violencia sexual contra ellas ni tampoco tiene un programa de prevención que las atienda, denunció Jennifer Haza, defensora de los derechos humanos de la infancia.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) destaca que en este periodo se registraron 4,166 nacimientos de embarazos de niñas entre los 10 y 14 años de edad, de las cuáles, 107 de ellas tenían 10 y 11 años, 1022 oscilaban entre 12 y 13 años y 3 mil 37 casos, tenían 14 años.

“No existe un trabajo gubernamental que permita prevenir, atender y sancionar. A pesar de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) decretó la alerta de violencia de género (AVG) desde 2016 para siete municipios chiapanecos” señaló Jennifer Haza Gutiérrez en entrevista con Cimacnoticias “el gobierno estatal no mira a las niñas, pues no existen medidas de prevención y atención a los casos de abuso o violaciones sexuales” añade.

A ello se suma que instancias gubernamentales locales como la Procuraduría General de Justicia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) e incluso la Secretaría de Educación Pública (SEP) “no trabajan de forma coordinada para contabilizar y atender los casos”, labor que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) establece como obligatorio, mencionó la también directora de la organización Melel Xojobal.

El trabajo de Melel Xojobal, A.C. se enfoca principalmente en niñas, niños y adolescentes indígenas trabajadores en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, que también atiende la violencia y explotación asociada a los procesos migratorios, en especial a la que están expuestos niñas, niños y adolescentes, situación que en múltiples ocasiones y espacios han denunciando junto a otras instancias que trabajan en la defensa, promoción y ejercicio de los derechos humanos de la infancia y adolescencia que vive y transita por el estado.

Esta falta de transparencia en la información, afirmó Haza Gutiérrez, se extiende en el registro de todas las formas de violencia contra las niñas. “En las fuentes de información oficiales que nosotras consultamos no hemos encontrado registro de niñas menores de 15 años, ni siquiera la Conavim incluyó datos de ellas en el informe que hizo para declarar la AVG”, señaló.

niñas madre 3

En el periodo de 2010 a 2013, la Secretaría de Salud registró 234 atenciones a mujeres por violación sexual en un contexto familiar, pero se desconoce cuántos de esos casos fueron cometidos contra niñas. Además, las instancias de salud no cumplen con los criterios para la prevención y atención (NOM-046), que las obliga a dar aviso a los ministerios públicos sobre los delitos cometidos contra las mujeres. La información no llega a los ministerios públicos en 52.8 por ciento de los casos.

La defensora de los derechos de la infancia explicó que entre los principales factores que obstaculizan las denuncias está que los agresores suelen ser familiares, conocidos o personas de la comunidad; además, cuando las o los tutores de las menores de edad deciden denunciar se enfrentan a la negligencia y dilación de las autoridades “las niñas se sienten agredidas en las dependencias de salud y en los ministerios, no hay una atención cálida ni ambientes adecuados para ellas y son constantemente revictimizadas”, añadió Haza “además de que mucha de la información se da en castellano y no en sus lenguas indígenas”.

Sucede también que es común que las autoridades estén coludidas con los agresores. “En muchos casos, las autoridades los conocen y lo ponen sobre aviso, por lo que no lo investigan ni sancionan. Todo esto constituye un doble peligro para la niña y su familia”.

El proceso para las niñas y familias que denuncian “muchas veces se vive como una amenaza adicional a sus vidas”, agregó.

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Exigen de PGR un “NO al fuero clerical”

Por Redacción/Sin embargo

El Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (NIMA) exigirá a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga el caso de la Ciudad de los Niños de Salamanca, dirigida por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, tras presentar un informe en el que se da cuenta de cómo, desde hace 40 años, el padre Gutiérrez Farías, alias “Papi”, abrió el primer albergue y a través de adopciones irregulares a políticos y funcionarios, fue ganando el poder suficiente y la protección de las instituciones de gobiernos panistas, frente a las denuncias que eran ignoradas.de las irregularidades.

A pesar de que los familiares de las víctimas intentaban interponer denuncias ante el Ministerio Público de Salamanca y del estado de Guanajuato, estas no eran admitidas o sencillamente se desechaban.

Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).- Violencia sexual, adopciones ilegales, adolescentes desaparecidas, niñas embarazadas y sus bebés igualmente desaparecidos, omisiones y protección institucional de Guanajuato, son algunos de los motivos que el Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (NIMA), documenta en un informe que presentará hoy miércoles para exigir que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso de la Ciudad de los Niños de Salamanca, dirigida por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías.

El informe “Institucionalización y violencia en la Ciudad de los Niños” que ofrecerán a los medios de comunicación hoy a las 10 de la mañana bajo la consigna “No al fuero clerical”, narra a través de testimonios y documentación diversa, el abuso físico y sexual a los que eran sometidos cientos de niños y niñas, distribuidos en los seis albergues en Guanajuato y Michoacán, dirigidos por el sacerdote acusado de pederastia.
Desde hace 40 años, el padre Gutiérrez Farías, alias “Papi” abrió el primer albergue y a través de adopciones irregulares a políticos y funcionarios, fue ganando el poder suficiente y la protección de las instituciones de gobiernos panistas, frente a las denuncias que eran ignoradas.

Además del sacerdote, los testimonios recogidos en el informe dan cuenta de la participación de las monjas Hortensia Jiménez Cruz, María García Guzmán, Xóchitl Chávez Sánchez, Esmeralda de Jesús Suárez Bertury y otros colaboradores como Mauricio Rafael Ruiz Martínez y Ramiro Cortéz Muñoz. Pero en especial, destaca el nombre de Leandro Martín Bermúdez Armenta, conocido como “El Castigador” y cuyas víctimas identifican como violador.

En el apartado de violencia sexual, el informe señala que en la Ciudad de los Niños, el cura pederasta organizaba reuniones con seminaristas, trabajadores y amigos y les ofrecía a las adolescentes como una práctica de explotación sexual:

“El padre Pedro, cuando toma lleva a sus amistades para que lo acompañen a tomar (…) una de mis [familiares] salió embarazada”. ‘A ver traigan a las muchachas’, y ahí llegan todas, (…) haz de cuenta que son las prostitutas, fue lo que yo les dije a las del DIF [Salamanca], yo me enojé mucho con ellas”, señala uno de los testimonios.
Y otro más: “Cuando Martín las violaba que se las llevaba ahí para el cuarto en donde está el mariachi, que ahí ensayan los mariachis, ellos mismo que tocan en un grupo, como mariachis” (…) “Tenían relaciones con ellas inclusive a veces las dejaban salir para afuera a la ciudad o algo así. (…) Hay una vecina aquí que (…) se crió ahí con el padre Pedro, esta media trastornada también, entonces este estaba terca siempre de que ‘Llévelas con el padre Pedro’ (…) y cuando salió que estaba embarazada le dijo (…)”.

A pesar de que los familiares de las víctimas intentaban interponer denuncias ante el Ministerio Público de Salamanca y del estado de Guanajuato, estas no eran admitidas o sencillamente se desechaban.

Muestra de los relatos donde se evidencia la omisión en el acceso a la justicia es lo que narra una víctima, que señala haberse presentado en más de una ocasión al área de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, dicho de la siguiente manera: “(…) Todo lo que han violado esto y el otro yo le hable a la gente allá por la Papaloapan, también les dije oigan de La ciudad del Niño me dicen ‘¡Nombre señora si aquí ha habido muchos casos! (…) han traído a niños violados y niñas’ pero no hacen nada, por eso ya es tiempo”.

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Sólo 13 días después del caso de Valeria, otra joven fue abusada sexualmente en estado de México

Por Redacción/Desinformémonos

Sólo trece días después del abuso sexual y asesinato de Valeria Gutiérrez, de 11 años, otra joven de 16 años fue víctima de violación en una unidad de transporte público en el estado de México, relató la víctima.

Durante una entrevista en el programa El Punto, la joven narró que el 21 de junio a las 18 horas, aproximadamente, fue atacada por el chofer de una combi de la ruta 56, quien se desvió y circuló por calles sin pavimentar para llegar a un lugar apartado en el cerro, donde fue abusada sexualmente. Hasta ahora, el responsable no ha sido detenido, agregó.

La madre de la joven señaló una unidad específica, aunque el dirigente de la ruta “Pegaso” rechazó que uno de sus conductores fuera el responsable.

El hecho sucedió pocos días después de que la niña de once años, Valeria Teresa Gutiérrez Ortiz, fuera secuestrada, violada y asesinada en una combi en el transporte público de Ciudad Nezahualcóyot.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) informó que el estado de México registra una cuarta parte de los casos de feminicidios cometidos entre el 2013 y 2015, lo que la convierte en la entidad donde más niñas y adolescentes son asesinadas.

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‘Si no hay verga no hay violación’, considera académico en Radio UNAM

Por Redacción/ Reporte Indigo

Marcelino Perelló Vals, exdirigente del Movimiento estudiantil de 1968, minimizó los casos documentados de abuso sexual contra mujeres, “si no hay verga no hay violación” afirmó durante la emisión de su programa de Radio UNAM.

El también académico, dijo en su programa del martes 28 de marzo, que en la actualidad “estamos construyendo un infierno, en donde meten a la cárcel a un ‘piropero’”, señaló al tiempo de bromear sobre el caso documentado a la periodista Tamara de Anda.

A la pregunta expresa de uno de los colaboradores de la emisión nocturna “Sentido contrario”, “a la otra chava a la que le metieron los dedos pero en el caso de Daphne en donde un juez exoneró a delincuente”, a lo que enfático responde: “supongo que (el juez) consideró que la chava estaba estaba muy buena y era metible”, dijo entre risas.

Momentos después, ya en un tono más serio, Perelló explicó “todo tiene un límite, pero tampoco eso que dice Javier de que te metan los dedos es para armar un desmadre estrepitoso. La violación implica necesariamente verga, si no hay verga no hay violación, o sea, con palos de escoba, dedos y vibradores, no es violación, hay violación a la dignidad igual que si te embarran la cara en mierda de caballo”.

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Juez ordena la liberación de otro presunto violador en Veracruz

Por Redacción/ La Silla Rota

Un caso más de liberación a presunto responsable de violación en Veracruz sale a la luz.

Con la premisa de que Karla no se resistió al acto sexual, ni se comprobó “cabalmente” por qué no lo hizo, un juez federal ordenó la liberación del Jorge Francisco Pereda Ceballos acusado de violación, esto pese a tenerse un video donde se muestran los hechos.

El magistrado concedió el amparo al presunto atacante al considerar que la joven no estaba suficientemente intoxicada como para no poder resistir el abuso.

“El video del abuso sexual de mi hija no fue prueba suficiente para el juez José Arquímedes, aunque los amigos del violador lo publicaron en Internet”, denunció el padre Karla, Julio Martínez.

Pese a lo dictaminado por el juez, la familia de la víctima aseguró que agotará todos los recursos legales para que el caso no quede impune.

En marzo del año pasado se dio a conocer el caso de Karla, una joven veracruzana de 19 años que fue violada, grabada y exhibida por Jorge Francisco Pereda Ceballos, Oswaldo Rafael Cruz Mateos y Serafín González García, estudiantes de la Universidad del Valle de México, campus Boca del Río.

Entre los involucrados por el crimen está el hijo del entonces director de Pesca de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Alimentación (Sedarpa), Rafael Cruz Hernández, de acuerdo con la denuncia presentada por Fernanda Cruzado, madre de la víctima.

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