Órdenes de aprehensión contra militares, las capturas de Carlos Gómez Arrieta y una exMP, así como el arresto de un policía federal son las novedades del informe. Queda pendiente lo importante: saber qué ocurrió con los 43 estudiantes y una nueva narrativa que sustituya la denominada “verdad histórica”, ya desechada.
Foto: Erik Isaac Salinas/Cencos
“Queríamos llegar con un poco más. Son ya seis años y no tenemos nada”. Las palabras de María Martínez Ceferino, madre del normalista desaparecido Miguel Ángel Hernández Martínez, sintetizan el desánimo con el que los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa afrontan el sexto aniversario de los hechos de Iguala. Durante meses, los familiares de los desaparecidos mostraron su frustración ante la escasez de avances y la presentación del informe era el modo con el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reafirmaba su compromiso con sus reivindicaciones.
El balance, sin embargo, tiene sus vacíos. Existe consenso en desechar la denominada “verdad histórica”. Es decir, que hay acuerdo sobre qué es lo que no ocurrió. También hay anuncios de calado, como las órdenes de aprehensión contra militares, hasta ahora intocables. Sin embargo, las grandes interrogantes siguen pendientes: ni se sabe dónde están los 43 estudiantes ni qué ocurrió para que se los llevasen. Aunque para llegar hasta ahí, los investigadores tienen primero que deshilvanar todo el entramado levantado sobre el caso durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación para el caso Ayotzinapa de la FGR, informó que la próxima semana se enviarán citatorios a quienes se desempeñaban como funcionarios cuando ocurrió la desaparición de los normalistas.
Foto: Cencos
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que tras el análisis de millones de datos de telefonía celular, una de las primeras conclusiones es que ninguno de los estudiantes de Ayotzinapa tuvo contacto con algún grupo delictivo.
“Se han analizado 80 millones de registros de llamadas de los teléfonos de los muchachos con 206 mil registros de interés y aunque no puedo decir detalles sí quiero aclarar que nunca hubo contacto de algún estudiante con ningún grupo delictivo”, dijo en conferencia de prensa.
Encinas reconoció que en ocho operativos (en los municipios guerrerenses de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco y Mezcala) realizados en 48 días de búsqueda no ha habido “hallazgos positivos” sobre los 43 normalistas desaparecidos en 2014.
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico) – El presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó que se reunirá con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa el próximo 26 de septiembre, día en el que se cumplen cuatro años de la desaparición de los estudiantes.
“Tengo ya el compromiso de recibir a los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa. No sé exactamente, pero me informó Alejandro Encinas que tenían ellos intenciones de hablar conmigo y dije que sí, que yo reservaba este día para entrevistarme con ellos”, comentó López Obrador sobre qué haría el próximo 26 de septiembre.
Andrés Manuel López Obrador ha dicho que creará una comisión de la verdad para esclarecer este caso que ha marcado a la presente administración.
Tres fuentes confirmaron esta semana a la agencia Reuters que el grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso de 43 estudiantes desaparecidos en 2014 se reunirá con el equipo del presidente electo de México para analizar su retorno al país y replantear sus pesquisas.
La SCJN señaló que el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, es quien puede determinar si existe una imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo de la creación de una Comisión para la Verdad.
Foto: Cencos/Marcela Méndez
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, determinó que la institución carece de competencia para conocer las quejas interpuestas por la Procuraduría General de la República (PGR), contra la creación de una Comisión para la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, misma que fue ordenada por un tribunal de Tamaulipas.
Cuatro acuerdos emitidos por la SCJN señalan que la PGR y el presidente de la República, quienes buscaron que la Corte se pronunciara sobre el tema, deberán manifestar ante el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, las razones por las que consideran que existe una imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo.
El ministro Aguilar también señaló que, dada la incompetencia de la SCJN sobre la sentencia del tribunal de Tamaulipas, no existe suspensión al procedimiento que dicta la creación de una Comisión para la Verdad.
De acuerdo con el ministro, una vez abierto el incidente de inejecución de sentencia en el Tercer Tribunal Unitario, con sede en Tamaulipas, este deberá notificar a la SCJN para que, en su caso y en su momento, se valore la posibilidad de solicitar que el asunto sea atraído por el Alto Tribunal.
La PGR informó que Erick Uriel “N”, detenido en Cocula, fue uno de las personas con las que tuvieron contacto los estudiantes momentos antes de desaparecer.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó de la detención de Erick Uriel “N”, uno de los presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en 2014.
Elementos de la Policía Federal realizaron la detención este lunes en las inmediaciones del municipio de Cocula, Guerrero, informó Gualberto Ramírez Gutiérrez, titular de la Unidad Antisecuestro de la SEIDO.
De acuerdo con las autoridades, Erick Uriel “N” tuvo una “intervención decisiva” en la desaparición de los normalistas de la escuela Isidro Burgos, pues habría tenido contacto con los estudiantes momentos después del enfrentamiento ocurrido en calles del municipio de Iguala.
En este enfrentamiento habría muerto una mujer que viajaba en un taxi, además de algunos jugadores el equipo Avispones, quienes regresaban en su autobús la noche del 26 de septiembre de 2014.
El funcionario señaló que el detenido es un probable integrante del grupo criminal Guerrero Unidos, ligados al expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
Erick “N” es señalado como un generador de violencia en la zona del Río Balsas, respecto de la cual también hay investigaciones abiertas, por lo que se encuentra rindiendo su declaración.
El detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de Delincuencia Organizada y Secuestro, por lo que en breve será puesto a disposición del Juez que lo requiere e internado en un Centro Federal de Readaptación Social.
Ciudad de México | Desinformémonos. “No vamos a permitir que el caso quede impune, que la PGR (Procuraduría General de la República) dé carpetazo cuando Enrique Peña Nieto esté por dejar la presidencia”, advirtió Cristina Bautista, madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, durante una rueda de prensa de la caravana “Rompiendo Silencio y Olvido” en la Ciudad de México.
Bautista, madre del normalista Salvador, recordó que los responsables de la desaparición de los jóvenes son el ejército mexicano, la policía federal y los agentes municipales y ministeriales, los cuales no han sido investigados porque “los resultados no les convienen y quedaría evidenciado que fueron ellos los que se los llevaron”.
Agregó que las cuatro líneas de investigación planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tampoco han sido agotadas, a pesar de que se cumplen en febrero 41 meses de los hechos.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos en 2014, instalarán un plantón afuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), acción con la que arrancarán su tercera jornada de lucha que durará 10 días en esta capital.
A 38 meses de que fueron vistos por última vez los estudiantes de la escuela Normal “Raúl Isidro Burgos”, se espera que al menos 100 personas, entre normalistas y familiares, pasen su primera noche afuera de la Cancillería mexicana.
En entrevista telefónica con Apro, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, explicó que las movilizaciones que se llevarán de manera coordinada en Guerrero y el plantón que instalarán hasta el 26 de noviembre, tienen como objetivo que se agilicen las cuatro líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que incluyen detenciones de policías y militares para el próximo año.
Estos cuatro puntos se refieren a la exigencia de una investigación y detención de policías municipales de Huitzuco; avanzar en las pesquisas sobre el trasiego de droga de Iguala a Chicago; indagar la probable participación de elementos del Ejército en los hechos del 26 de septiembre de 2014; así como en la sábana de los celulares de los desaparecidos.
Rosales refirió que las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) tienen que terminar y concretarse en detenciones específicas de personas que ya están señaladas, “que ya están ubicadas”.
Particularmente, mencionó las de elementos de la Policía Federal, la Policía Municipal de Huitzuco y del Ejército. Subrayó: “No puede pasar 2018 sin ni una detención”.
A casi tres años del desalojo violento de miles de ciudadanos que se manifestaban en el Zócalo, el 20 de noviembre de 2014, las investigaciones en contra de los cuerpos de policía responsables están empantanadas: por un lado, las denuncias penales y administrativas presentadas por las víctimas han sido bloqueadas por las autoridades federales y de la Ciudad de México; y por otro, la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos continúa abierta y sin fecha de conclusión.
Durante el operativo del 20 de noviembre de 2014, agentes de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México arremetieron en contra de los manifestantes pacíficos que exigían la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como en contra de peatones y clientes de restaurantes de la zona que no tenían ninguna relación con la protesta.
En una acción coordinada, las policías federal y capitalina dispersaron a golpes a los manifestantes, atacaron negocios que dieron refugio a aquellos que intentaban guarecerse, e incluso apagaron la iluminación pública de la Plaza de la Constitución y de los corredores peatonales del Centro Histórico, para dificultar a las personas una evacuación rápida y, por el contrario, facilitar su acorralamiento.
El operativo concluyó con la aprehensión de 11 personas, quienes fueron golpeadas y luego acusadas de delitos tales como asociación delictuosa, intento de homicidio y motín, por los cuales fueron enviadas a penales de alta seguridad en distintos puntos del país.
Estos 11 manifestantes fueron liberados diez días después, al comprobarse que no existían pruebas de que cometieran algún delito.
El laberinto de la impunidad
“La denuncia penal por los abusos cometidos contra esas 11 personas la metimos un año después, el 20 de noviembre de 2015, y hasta la fecha, dos años después de la denuncia y tres años después del operativo, no hay una admisión completa de la denuncia, ni han iniciado las investigaciones realmente”, explicó el abogado Alberto Muñoz, integrante de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC, agrupación civil que brinda asistencia legal a seis de esas víctimas.
“Aunque metimos la denuncia, la PGR no hizo nada, así que tres meses después, en febrero de 2016, promovimos un amparo, ante la omisión de la Procuraduría, y lo ganamos, así que la PGR se vio obligada a aperturar una carpeta de investigación”, detalló.
Sin embargo, “esta carpeta no incluía a todas las autoridades involucradas, sólo contemplaba a las autoridades federales, y no al resto de las dependencias del gobierno de la Ciudad de México que participaron de forma coordinada en el operativo”, lo que implicó nuevos alegatos en contra de la PGR.
Las autoridades federales salieron del escollo dando vista a la Procuraduría de la Ciudad de México, y el enredo comenzó de nuevo.
“Nosotros estamos denunciando el delito de tortura, porque los detenidos fueron sometidos a tratos que así son tipificados –explicó el abogado–. Pero la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México se negó a admitir la denuncia, señalando que sólo era un caso de abuso de autoridad.”
Efectivamente, detalló Muñoz, “nosotros consideramos que hubo abuso de autoridad, pero también conductas tipificadas penalmente como tortura y, hasta la fecha, seguimos en espera de que el Gobierno de la Ciudad de México defina si va a admitir esta denuncia o no.”
En la presentación del 164 periodo extraordinario de sesiones del organismo, que se celebra del 4 al 8 de septiembre en la Ciudad de México, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco José Eguiguren, indicó que además de los estudiantes, se debe “identificar, investigar y dar sanciones ejemplares” a todos aquellos que sean responsables de la “desaparición o los crímenes”.
México, 4 de septiembre (EFE).- La CIDH indicó hoy que ve “pasos importantes” en las investigaciones en torno a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, por lo que espera que pronto se encuentre a los jóvenes, vivos o muertos, y se detenga a los culpables.
“Se reconocen avances importantes en la tarea de investigación, pero la gran tarea, lo que da sentido finalmente al mecanismo (de seguimiento al caso), es que muy pronto tengamos noticias del paradero de los estudiantes. De ellos, o de sus cuerpos”, dijo el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco José Eguiguren.
En la presentación del 164 periodo extraordinario de sesiones del organismo, que se celebra del 4 al 8 de septiembre en la Ciudad de México, Eguiguren indicó que, además de los estudiantes, se debe “identificar, investigar y dar sanciones ejemplares” a todos aquellos que sean responsables de la “desaparición o los crímenes”.
“Es el resultado que esperamos se concrete muy pronto, y creo que se vienen dando pasos importantes para ello”, apuntó el presidente de este órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Cuestionado por Efe sobre estos “avances”, Eguiguren dijo no poder dar más información, pero en estos días participará en una reunión con el Ejecutivo donde conocerá todos los detalles.
Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa se reunieron con el Procurador Raúl Cervantes y otros funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) para conocer los avances de la dependencia en el caso.
Cervantes Andrade presentó un cronograma de entrega de resultados de nuevos puntos de investigación, pero que coinciden con las líneas exigidas por los padres, basadas en los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Las líneas propuestas son la investigación del traslado de los jóvenes por policías de Huitzuco; el trasiego de droga desde Guerrero hasta Chicago, Estados Unidos; los teléfonos celulares de los jóvenes, que permanecieron encendidos varios días después, y la investigación al 27 Batallón de Infantería.
