¡Sin las familias, no! A seis años de la Ley de Desaparición, la lucha por verdad y justicia para nuestros seres queridos continúa

Imagen: MNDM

 

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)

  • Conmemoramos el sexto aniversario de la Ley de Desaparición, nacida de la valentía y determinación de las familias de personas desaparecidas.

  • Nuestra lucha moldeó esta ley. Enfrentando violencia e indiferencia por parte de las autoridades, nos unimos bajo el lema”¡Sin las familias, no!», exigiendo ser parte integral de la búsqueda e identificación de nuestros familiares.

  • Demandamos a los gobiernos federal y locales que reafirmen su compromiso con los principios de la Ley General de Desaparición y reconozcan la magnitud de nuestra tragedia, así como nuestro conocimiento y aporte histórico.

Hoy, 16 de enero de 2024,  se cumplen seis años  de la vigencia de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, A partir de esta legislación esencial, se estableció el Sistema Nacional de Búsqueda, un logro significativo de nuestra lucha. Durante estos seis años, las familias de personas desaparecidas hemos trabajado con tenacidad, coraje, y a menudo, desesperación, colaborando estrechamente con los gobiernos federal y estatal para crear y operar instituciones dedicadas a la búsqueda de nuestros seres queridos.

Sin embargo, nos encontramos ahora en un momento crítico. El gobierno federal está desmantelando las estructuras que creamos para enfrentar esta crisis, una crisis que sigue desgarrando el tejido social, creando incertidumbre, temores de retrocesos y una sensación de desdén hacia las víctimas de desaparición de este país. Algunos ejemplos de estas acciones victimizantes son:

  • La realización de un “censo” carente de transparencia, metodología, y consulta con las familias y la sociedad, que permita dar credibilidad a los datos presentados. El “censo” es un claro intento de debilitar al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, establecido por la Ley General y sostenido por las fiscalías y las comisiones de búsqueda estatales. La opacidad gubernamental en esta iniciativa, particularmente en un contexto electoral, sugiere un despropósito: manipular las cifras de desaparecidos, minimizando así la gravedad de la situación.

  • La significativa reducción de personal en la Comisión Nacional de Búsqueda, y en el Centro Nacional de Identificación Humana, sin un diagnóstico público y un plan de trabajo claro, demuestra una falta de preparación y visión para el futuro. 

  • La escasa disposición política para entablar diálogo y consulta con las familias de personas desaparecidas, lo que evidencia un menosprecio hacia ellas, contraviniendo el principio fundamental de la Ley General que enfatiza ‘¡Sin las familias, no!

La promulgación de esta legislación no fue un acto espontáneo ni una iniciativa proactiva del gobierno mexicano. Al contrario, surgió como resultado de una presión social intensa y las propuestas concretas generadas por la acción política organizada de las familias de personas desaparecidas, muchas de ellas articuladas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Esta ley es una respuesta directa a la inacción de las autoridades en la búsqueda y esclarecimiento de los casos de nuestros seres queridos.

En el contexto de los recientes cambios gubernamentales, es crucial recordar los orígenes de la Ley General, forjada en nuestra incansable lucha y demanda de justicia.  Frente a un clima de violencia y criminalidad, y ante la indiferencia y pasividad de las autoridades en establecer mecanismos efectivos de búsqueda e identificación, las familias organizadas nos levantamos para proclamar el principio de “¡sin las familias, no!” Este lema simboliza nuestra exigencia de ser partícipes activos en la búsqueda, localización e identificación de nuestros familiares, reconociendo nuestra intervención como un derecho fundamental.

La consigna “sin las familias no” implica una demanda a las instituciones de crear mecanismos que fortalezcan la participación y el debate en torno a los derechos de los familiares de personas desaparecidas. El trabajo conjunto es esencial para construir confianza y canales de comunicación sólidos, elementos fundamentales en una democracia. 

Además, esta legislación pretendía ser un reconocimiento oficial de la grave magnitud del problema de las desapariciones en México. La definición de persona desaparecida, piedra angular de la Ley, fue concebida desde una perspectiva amplia, con el objetivo de ofrecer la máxima protección a la vida y la dignidad tanto de las personas desaparecidas, como de sus familias.

Ante los recientes cambios en el Sistema Nacional de Búsqueda, observamos con profunda preocupación y decepción los intentos del gobierno de regresar a debates ya superados, lo que resulta en una revictimización y desvalorización de nuestros esfuerzos. Cuestionar la realidad de las desapariciones es una afrenta a nuestra dignidad y pone en riesgo la vida e integridad de nuestros seres queridos. Nos alarma que, en vez de un Estado comprometido con la búsqueda activa de personas, las instituciones parecen enfocarse en disputar las cifras de desaparecidos.

El diálogo constructivo y la colaboración en la creación de propuestas con las autoridades han sido características distintivas del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM). Sin embargo, este diálogo no puede ser incondicional; debe basarse en el reconocimiento y respeto de nuestra experiencia y conocimiento, con un trato digno y justo.  Si bien entendemos que toda ley o política pública puede mejorarse y debe ser revisada periódicamente, estas revisiones deben priorizar las necesidades de las víctimas y no estar influenciadas por intereses políticos o electorales.

Frente a los cambios políticos en nuestro país, exigimos que los gobiernos federal y locales:

  • Reafirmen su compromiso con los principios que dieron origen a la Ley General. 

  • Que frenen el desmantelamiento de las instituciones creadas para tal fin, 

  • Que mantengan un reconocimiento sin cortapisas de la dimensión de la tragedia que vivimos

  • Que entablen un diálogo que reconozca nuestro conocimiento y aporte histórico a la construcción de una política pública integral para revertir las desapariciones en nuestro país.

  • Exigimos que el Estado Mexicano detalle claramente su plan de trabajo, con plazos y objetivos definidos, para que juntos podamos trazar un camino claro en el abordaje del fenómeno de las desapariciones.

  • Además, solicitamos la transparencia en los perfiles de los nuevos nombramientos en la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la justificación de los despidos, para brindar tranquilidad y certidumbre a las familias afectadas por este proceso.

Concluimos reafirmando nuestro compromiso con la búsqueda de verdad y justicia. Urgimos a las autoridades a responder con acciones concretas y transparentes, respetando los derechos de las personas desaparecidas y sus familias. 

¡Sin las familias, no!

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)

Conformado por 86 colectivos de 25 estados de la República mexicana y de 3 países de Centroamérica

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A un año de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia

Imagen: Red TDT

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT)

Ciudad de México, a 15 de enero de 2024

El domingo 15 de enero de 2023, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder social de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de desaparición forzada cuando se trasladaban en las inmediaciones de Cerro de Ortega, región que limita las entidades federativas de Michoacán y Colima, luego de haber participado en una asamblea comunitaria. Desde entonces no se sabe nada más de ellos y sus seres queridos continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.

Previo a su desaparición, Ricardo y Antonio sostenían la defensa legal de la comunidad de Aquila, exigían que se garantizara la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, perteneciente a la empresa Ternium, la cual, ha sido señalada como un factor de división y fragmentación del tejido social al interior de la comunidad. Meses atrás, Antonio Díaz y Ricardo Lagunes alertaron a las autoridades estatales y federales acerca de una serie de amenazas recibidas en su contra, así como de otros integrantes de la comunidad, solicitando su intervención para mediar los conflictos y evitar la escalada de la violencia en la región, sin embargo, fueron ignoradas por las autoridades.

La reacción de mecanismos internacionales, la respuesta del Estado y la propuesta de expertos independientes

La noticia sobre la desaparición de Ricardo y Antonio provocó una reacción inmediata por parte de organismos internacionales. El Comité contra las Desapariciones Forzada de Naciones Unidas (CED) emitió las Acciones Urgentes exigiendo una búsqueda e investigación integral, estratégica y coordinada. De la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en las que solicitó la búsqueda inmediata de Ricardo y Antonio. Además, los procedimientos especiales de Naciones Unidas emitieron un llamamiento urgente enviando comunicaciones no solo a México, sino además a la empresa Ternium, a los Estados de Luxemburgo y Argentina, remarcando el deber de debida diligencia que los estándares internacionales exigen en torno al desarrollo minero por empresas privadas.

Derivado de las medidas emitidas por el CED y la CIDH, se han convocado a numerosas reuniones con diversas autoridades, incluidas Mesas de Alto nivel en seguimiento a estas decisiones internacionales, celebradas en los meses de mayo y octubre, estando encabezadas por la Secretaría de Gobernación, con la presencia de distintas autoridades de investigación y búsqueda, y la mediación de la CIDH y Naciones Unidas. A pesar de ello, no se logró contar con una estrategia integral de búsqueda, ni con un análisis de contexto que permitiera el diseño de un plan integrado entre investigación y búsqueda para la localización inmediata y con vida de los defensores. Además, las familias continúan sin tener respuestas concretas respecto de los hallazgos forenses, por lo que  la obligación de buscar e investigar sigue pendiente de cumplimiento.

En el mes de noviembre de 2023 se llevó a cabo una reunión de trabajo en Washington DC, en donde las familias de Ricardo y Antonio propusieron establecer el Mecanismo Internacional de Recuperación Humanitaria para Antonio y Ricardo (MIRHAR), siguiendo las mejores prácticas en materia de desapariciones. Sin embargo, la posibilidad de diálogo sobre el tema se ha visto frenado por los recientes cambios ocurridos al interior de la Secretaría de Gobernación, la CNB y el Mecanismo de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, sin que a la fecha se haya convocado nuevamente a la Mesa de Alto Nivel para revisión de los acuerdos pendientes de cumplir.

De las investigaciones y la necesidad de agotar todas las líneas de investigación

Derivado de las investigaciones, actualmente dos personas se encuentran detenidas, a la espera de juicio por su presunta participación en el delito de desaparición cometida por particulares en contra de Ricardo y Antonio. A lo largo de la investigación, se han detectado una serie de irregularidades y situaciones de las cuales se pudiera presumir la complicidad y responsabilidad de servidores públicos de algunas instituciones, por lo que es necesario exhortar a las autoridades encargadas de la investigación de agotar todas y cada una de las líneas de investigación, especialmente aquellas que involucren la participación y responsabilidad de actores económicos, así como la complicidad de elementos del Estado y  las fiscalías locales.

Caso emblemático, solidaridad nacional e internacional e indiferencia de actores con intereses económicos

La desaparición de Ricardo y Antonio fue catalogada como emblemática por el CED y es representativa del contexto de violencia contra personas defensoras de derechos humanos en México, generando diversas acciones solidarias exigiendo su aparición con vida por parte de organizaciones de sociedad civil, colectivos y la academia en distintos estados de la república como Colima, Michoacán, Chiapas, Veracruz y Ciudad de México, así como de otros países como Estados Unidos, Luxemburgo y Europa.  Asimismo, personas legisladoras en México, se pronunciaron exigiendo su búsqueda y presentación con vida. Inclusive los gobiernos de Estados Unidos, Luxemburgo y parlamentarios europeos se unieron al llamado de verdad y justicia, siguiendo de cerca este caso. 

La desaparición de Ricardo y Antonio no es aislada, pues en los últimos 15 años han desaparecido más de 93 personas defensoras ambientales en México, 62 de ellas por defender el territorio indígena ante proyectos de minería y de tala clandestina de madera. Además, en la región en el último año se han registrado la desaparición de líderes sociales de comunidades indígenas y defensores de derechos humanos en circunstancias similares; en un contexto fuertemente marcado por la injerencia de la empresa Ternium y la presencia del crimen organizado.

Ante las múltiples exigencias de colaboración con la empresa, la respuesta de todos los actores fue continuar las negociaciones económicas dejando en segundo plano las desapariciones y sin fortalecer las estrategias de búsqueda y localización. Tanto el gobierno de Michoacán como el gobierno federal aceleraron los acuerdos con la empresa Ternium, para reactivar la operación de la mina e incidieron en actores locales para que respaldaran esta decisión, aprovechando la gran dependencia económica que la mina históricamente ha generado en la comunidad.

A un año de la desaparición de Ricardo y Antonio, las familias de los defensores han vivido en carne propia la realidad que miles de buscadores y buscadoras de desaparecidos en México encuentran como respuesta: simulación, superficialidad en los compromisos de búsqueda e investigación y  revictimización desde todas las esferas gubernamentales. Por ello, las organizaciones firmantes, familiares, amigos y amigas de Ricardo y Antonio, exigimos al Presidente de la República, a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a la Fiscalía General de la República (FGR), al Subsecretario de Derechos Humanos, a los Gobernadores de Michoacán y Colima y en particular a la Fiscalías de Colima y Michoacán, como a las demás instituciones,  que busquen y encuentren a Ricardo y Antonio e  investiguen y sancionen a todos los responsables de su desaparición.

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Celebra el Frayba 30 años del levantamiento zapatista y el «camino que ha logrado impactar en el curso del mundo y de la historia»

Imagen tomada de Desinformémonos

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) festejó el 30 aniversario del levantamiento zapatista en Chiapas y se unió a la celebración «por el camino que ha logrado impactar en el curso del mundo y de la historia» desde el inicio de la «guerra contra el olvido».

«Recordamos que la guerra del Estado y del sistema contra los pueblos comenzó hace mucho más de treinta años y que aún no se ha agotado en su nefasto afán de eliminar todo aquello que no se acopla al sistema de mercado», aseguró el Frayba en un comunicado.

El Centro también recalcó que a 30 años del levantamiento zapatista no se olvida «la política criminal de contrainsurgencia desplegada por el Estado mexicano, quien prefirió masacrar al pueblo antes que atender sus legítimas demandas».

Añadió que actualmente los pueblos en Chiapas siguen siendo víctimas de la violencia y de la «extendida y profunda crisis de derechos humanos» que provoca asesinatos, desapariciones, feminicidios, tortura, despojo del territorio, saqueo de recursos naturales y desplazamiento forzado, así como la criminalización de quienes se oponen a los megaproyectos, la división de las comunidades y la militarización, como el base de apoyo zapatista José Díaz Gómez, hoy preso político en la entidad.

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Denuncian amenazas y allanamientos en la comunidad autonóma de Azqueltán

Imagen tomada de Desinformémonos

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. La comunidad autónoma de San Lorenzo de Azqueltán en Villa Guerrero, Jalisco, denunció un nuevo intento de despojo «ante la negligencia de autoridades y gobiernos de los tres niveles», tras las amenazas y allanamientos contra el rancho de una comunera por parte de Manuel de Jesús Aguilar Herrera, «conocido por estar ligado al violento cacique Fabio Flores Sánchez».

Aguilar Herrera, señaló la comunidad, se presentó a la casa de la comunera para amenazarla con el desalojo de su ganado y «de que se valdría del gobierno municipal y de grupos delictivos para lograrlo». Posteriormente, el 29 de noviembre patrullas municipales de Villa Guerrero realizaron rondines y allanamientos ilegales: «entraron al rancho, estuvieron viendo las casas, los animales y el ganado de nuestra compañera», explicó.

Frente a las amenazas, Azqueltán anunció que resguardará de forma organizada e indefinida el predio Amoltita y que no permitirá ningún despojo en su territorio tepehuano y wixárika.

«Advertimos que ante la impunidad con que actúan estos criminales y la negligencia que han mostrado las diversas instancias de los gobiernos, existen verdaderos focos rojos en el territorio comunal y de los cuales los gobiernos tienen pleno conocimiento, por lo que son y serán los responsables directos de cualquier situación lamentable que pueda ocurrir», subrayó la comunidad.

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Comunicado: Misión Internacional documenta violaciones a Derechos Humanos en México

Imagen: Twitter @RedTDT

 

Peace and Human Rights Mexico-European Union

Misión Internacional documenta violaciones a Derechos Humanos en México y llama a acciones coordinadas

Ciudad de México, 1 de diciembre de 2023

Del 24 al 30 de noviembre, integrantes de la “Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México-Unión Europea”, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, realizaron junto con representantes políticas, integrantes de instituciones públicas, academia, periodistas y activistas de la sociedad civil europea, una Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en México, en la cual participaron  una red de personas defensoras de derechos humanos y periodistas mexicanas. Sus esfuerzos se enfocaron en visitar la zona centro y sureste del país.

Al reconocer los desafíos globales sobre la protección y la urgencia de colaboración y solidaridad internacional entre pueblos para detener las violaciones a derechos humanos, la Misión se trasladó a la Ciudad de México y a los estados de Morelos, Tlaxcala, Puebla y Chiapas. El propósito fue aprender, documentar, compartir y respaldar los esfuerzos en pos de la dignidad, la paz y los derechos humanos de defensores, organizaciones y comunidades.

Durante la misión se documentaron y denunciaron las violaciones a los derechos humanos que enfrentan mujeres defensoras, comunidades indígenas, víctimas de desaparición forzada y desplazamiento, personas en situación de movilidad y periodistas. Además, se abordaron las consecuencias de la militarización del país y las violaciones vinculadas con la implementación de megaproyectos.

Dentro de los principales hallazgos de la Misión se encuentran:

Criminalización de personas defensoras de derechos humanos. La Misión pudo constatar que la criminalización persiste para las y los defensores de derechos humanos. Kenia Hernández, defensora indígena, sufre sus impactos devastadores tras tres años en reclusión en un penal de máxima seguridad, en condiciones inhumanas. Durante la misión fue negado el acceso para visitarla, añadiendo otra violación a sus derechos y aumentando su vulnerabilidad. En Chiapas se observó la situación de los activistas Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Domínguez quienes también están detenidos de manera injusta. 

Militarización de los territorios y obstáculos para la autonomía. En Morelos y Chiapas se constataron los impactos negativos de empresas mineras y megaproyectos. Se observaron casos como el del Pueblo Creyente de Chicomuselo y el del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT) en donde existen procesos de militarización vinculados a la imposición industrial.

Los efectos negativos de la militarización también se observaron en el sureste, en los trayectos de la ruta migratoria en Tapachula: la población en movilidad humana afronta una vulnerabilidad constante y las personas defensoras que les acompañan viven riesgos y agresiones propiciadas e implementadas por las Fuerzas Armadas. El ingreso a la Estación Migratoria Siglo XXI fue negado, lo que representó un obstáculo para la observación.

La Misión a su vez, conoció la valiente labor de Pascuala López, defensora de derechos humanos en riesgo, quien busca verdad y justicia tras el asesinato de su hijo y  a pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las autoridades no han brindado la protección adecuada. 

Por lo anterior, las organizaciones que integran la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en México realizan un urgente llamado a las instancias gubernamentales a:

  • Adoptar acciones coordinadas a nivel estatal y federal para garantizar el Derecho a Defender Derechos Humanos, fortaleciendo una labor conforme a derecho de instituciones clave como fiscalías, Mecanismos de Protección y Comisiones de Derechos Humanos.
  • Garantizar el debido proceso y el Derecho a Defender Derechos Humanos de las personas defensoras que han sido privadas de su libertad, evitando cualquier forma de trato cruel e inhumano, propiciando su justa liberación y reparación.
  • Implementar lo establecido en estándares internacionales en materia de derechos humanos, fortaleciendo el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y diseñando una política pública integral para garantizar este derecho fundamental.
  • Cesar el hostigamiento judicial contra la defensora indígena Kenia Inés Hernández Montalván, y solicita su liberación inmediata y su traslado a otro centro penitenciario en la Ciudad de México o el Estado de México. Se pide garantizar su seguridad mientras se realiza el traslado al CEFERESO 16. Además, se solicita una reunión entre la Lic. Rosa Icela Rodríguez, el equipo legal de la defensora, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y CAPUFE para buscar un acuerdo reparatorio.

Con el respaldo de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras, Red de Defensoras de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo de Política Migratoria, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el Espacio OSC, la Red por los Derechos de la Infancia; la Red EULat, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), PBI México, Sipaz, SweFOR, ACAT Francia y Taula per Mèxic, integrantes de la “Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México – Unión Europea. https://human-rights-mx-eu.org/ +52 4444340797

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#ColectivoEPUmx presenta informes temáticos para la evaluación de México ante la ONU

PODER Latam

Más de 300 organizaciones y redes estatales, nacionales e internacionales de la sociedad civil, agrupadas en el Colectivo EPUMx, presentan 18 informes temáticos como insumos para el Cuarto Examen Periódico Universal (EPU) de México ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se llevará a cabo el próximo 24 de enero de 2024.

Los informes representan un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en México, en un contexto de violencia sistemática e impunidad que se vive en el país. Los temas abordados en los informes contemplan la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas; violencia contra las mujeres; personas migrantes; desplazamiento interno forzado, personas privadas de libertad, personas desaparecidas, pueblos indígenas, población LGBTTTIQ+, víctimas de tortura; niñez, adolescencias y juventudes, personas con discapacidad, empresas y derechos humanos, implementación de recomendaciones internacionales de derechos humanos en México, protesta social, la sierra tarahumara, el sistema penal y la impunidad, la militarización de la seguridad pública así como un informe general que pretende ser una radiografía de la situación de los derechos humanos en el país.

El EPU es una oportunidad para visibilizar las problemáticas estructurales y de diseño de políticas públicas que enfrenta México en materia de derechos humanos, y en consecuencia se realicen recomendaciones por parte de la comunidad internacional encaminadas a garantizar la protección y restitución de derechos. Además de llamar al Estado mexicano a que cumpla con las recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos, los órganos de tratados y procedimientos especiales y miembros de las Naciones Unidas.

Desde las organizaciones que conformamos el Colectivo EPUMx invitamos a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional a conocer la información y seguir de cerca el proceso del examen y las recomendaciones que surjan tras éste. Además de llamar al Estado mexicano a implementar las recomendaciones derivadas del examen que se realizará el 24 de enero de 2024, para así erradicar la violencia actual y la crisis de derechos humanos que vive el país.

El Colectivo EPUMx participará activamente en las pre-sesiones, que tendrán lugar en Ginebra del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2023, así como en la evaluación de México en enero de 2024.

Acerca del Colectivo EPUmx:

El Colectivo EPUMx es una coalición de 300 organizaciones y redes estatales, nacionales e internacionales de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de los derechos humanos en México. Su misión es promover la defensa de los derechos humanos y abogar por la mejora de la situación de derechos humanos en el país a través de su participación activa en el Examen Periódico Universal de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Desde su formación, el Colectivo EPUMx ha sido un actor clave en la promoción de los derechos humanos en México y en la exigencia de responsabilidad gubernamental en la materia.

 

colectivoepumx.centroprodh.org.mx

epu.comunicacion@gmail.com

+52 444 4340797

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Comunicado: Misión de Observación de Derechos Humanos 2023

Peace and Human Rights México-European Union

Ciudad de México, a 27 de Noviembre 2023

Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos 2023

Del 24 de noviembre al 1 de diciembre de este año, redes y organizaciones que formamos parte de la “Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México – Unión Europea”, realizaremos un viaje de observación internacional de derechos humanos en México.

En esta iniciativa colectiva nos dirigiremos a la Ciudad de México, a los Estados de Morelos y Chiapas, con el objetivo de compartir y acompañar los esfuerzos por la dignidad, la paz y los derechos humanos que están haciendo en el país personas defensoras de derechos humanos, organizaciones y comunidades; para visibilizar y aprender de su trabajo, para contribuir en la medida de lo posible en que esta importantísima labor no lleve aparejada una violencia en su contra.

Durante nuestra estancia en Ciudad de México, tendremos la oportunidad de compartir sobre el contexto de derechos humanos con personas defensoras de todo el país, de promover espacios de diálogo con autoridades a nivel federal, y debatir, fundamentalmente, sobre la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas; en el estado de Morelos, para visitar a la presa política Kenia Hernández, para conocer las condiciones en las que se encuentra privada arbitrariamente de su libertad, y promover su salida de prisión; además de conocer esfuerzos diversos por los derechos humanos en la región (Puebla, Morelos y Tlaxcala); en el estado de Chiapas, para conocer el contexto de la frontera sur con el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, visitar a personas defensoras de derechos humanos privadas arbitrariamente de su libertad, casos de “fabricación de culpables”, la experiencia de Familias Unidas Contra la Tortura, y la situación de las familias desplazadas que acompaña el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, para concluir finalmente con una conferencia de prensa en Ciudad de México.

A lo largo de la semana estaremos compartiendo en nuestras redes sociales los pasos que iremos dando por el país, les invitamos a que permanezcan atentas a todas nuestras publicaciones y nos acompañen replicando la información que iremos generando.

#ObservacionInternacional23

#PeaceHumanRightsMxEU

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  1. Con el respaldo de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras, Red de Defensoras de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo de Política Migratoria, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el Espacio OSC, la Red por los Derechos de la Infancia; la Red EULat, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), PBI México, Sipaz, SweFOR, ACAT Francia y Taula per Mèxic, integrantes de la “Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México – Unión Europea”

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Privan de su libertad a tres periodistas en Taxco, Guerrero; permanecen desaparecidos

ARTICLE 19 MX-CA

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2023.-  ARTICLE 19 – Oficina para México y Centroamérica, y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) han confirmado la privación de la libertad de tres periodistas por parte de sujetos armados en Taxco, Guerrero: Marco Antonio Toledo Jaimes, director del Semanario Espectador de Taxco, corresponsal de N3 Guerrero, La Crónica, y Vespertino de Chilpancingo, el pasado 19 de noviembre; así como de Silvia Nayssa Arce Avilés, y Alberto Sánchez Juárez del medio digital RedSiete, el 22 de noviembre. Las organizaciones instan a las autoridades federales y estatales a coordinarse de manera urgente y expedita para encontrar a estos periodistas con vida. 

Desaparición de Marco Antonio Toledo

Marco es director del Semanario El Espectador de Taxco, corresponsal de N3 Guerrero, La Crónica y Vespertino de Chilpancingo. De acuerdo con testimonios que fueron compartidos con ARTICLE 19, cuyos nombres se reservan por seguridad, la madrugada del 19 de noviembre un grupo de al menos cinco personas armadas ingresaron al domicilio de Marco Antonio, quien se encontraba con su familia. Tras un ingreso forzado, el comando armado privó de la libertad a Marco Antonio Toledo, a su esposa, Guadalupe Denova y a su hijo, Alberto Toledo. El grupo armado revisó el domicilio del periodista, destruyeron el módem de la vivienda y sustrajeron tanto los celulares de las víctimas como dos equipos de cómputo. 

De acuerdo con información recabada por ARTICLE 19, Marco Antonio realiza cobertura de temas tanto políticos como de la situación de seguridad a nivel local y estatal. Recientemente publicó una nota en la que denunció la aprobación por parte del gobierno municipal de un presupuesto otorgado para una obra en Taxco. Al menos dos testimonios indicaron a la organización que el periodista había sido víctima de amenazas y hostigamientos en años anteriores.

Desaparición de Silvia Nayssa Arce y Alberto Sánchez

Silvia Nayssa y Alberto son una pareja de periodistas quienes lideran el medio digital RedSiete. Acorde a testimonios compartidos con ARTICLE 19 y CIMAC, cuya identidad se reserva por seguridad, en la noche del 22 de noviembre un grupo armado de sujetos desconocidos los interceptaron y privaron de libertad cerca de Plaza Taxco, en la Colonia Centro; sitio donde se encuentran sus oficinas. Hasta el momento, no se cuenta con información de su paradero. Familiares de los periodistas hicieron públicos los hechos en redes sociales. 

Según la información recabada por la organización, en RedSiete ambos periodistas emiten principalmente notas locales sobre los municipios aledaños de Taxco y del estado de Guerrero. Sus coberturas más reciente son sobre los procesos de reconstrucción en el estado tras el huracán Otis. 

Llamado urgente a las autoridades

Según la documentación de ARTICLE 19, con 425 agresiones desde el año 2009 a 20231, Guerrero se mantiene como la quinta entidad federativa con más ataques contra periodistas y medios de comunicación. El estado es también el segundo más letal contra la prensa, pues se tienen contabilizados 17 periodistas asesinados, siendo el último caso de Nelson Matus Peña. Así como 3 periodistas desaparecidos, con el caso de Alan García siendo el último caso documentado. 

En este contexto de altos niveles de violencia contra la prensa, las autoridades tanto federales como estatales deben coordinar acciones de búsqueda inmediata, así como iniciar investigaciones de los hechos u proporcionar protección para sus familias y personas colaboradoras en sus medios.

En vista de lo anterior, ARTICLE 19 y CIMAC exigen:

  • Al Gobierno de Guerrero, coordinar junto con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero, las acciones necesarias para encontrar a Marco Antonio Toledo Jaimes y sus familiares, así como a Silvia Nayssa Arce Áviles, y Alberto Sánchez Juárez. 
  • A la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) coordinar junto con la Fiscalía General del Estado de Guerrero la apertura de investigaciones de oficio, aplicando el Protocolo Homologado de Delitos contra la Libertad de Expresión. 
  • Al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas contactar a las y los familiares de los periodistas, así como a sus colegas de trabajo para activar aquellas medidas de protección urgentes las cuales sean aplicables para garantizar su seguridad. 

1. Al 30 de junio de 2023.

 

Nota para prensa:

Para más información, favor de escribir a comunicacion@article19.org 

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

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La ONU-DH condena el asesinato del activista social Adolfo Enríquez Vanderkam en León, Guanajuato

ONU-DH

Ciudad de México, 23 de noviembre de 2023.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena el asesinato del activista social Adolfo Enríquez Vanderkam, cometido el 21 de noviembre en León, Guanajuato, y llama a las autoridades a investigar este crimen de manera pronta y efectiva.

Según la información recabada por la ONU-DH, el activista social fue atacado por un sujeto armado en la colonia San Juan de Dios, en el centro de León, alrededor de las 22:00 horas de la noche. Los múltiples disparos del agresor provocaron la muerte del Señor Enríquez Vanderkam y lesionaron a la persona que le acompañaba.

Abogado de formación, el Señor Enríquez Vanderkam utilizó durante varios años las redes sociales (donde tenía casi 300.000 seguidores) para publicar denuncias ciudadanas acerca de delitos e irregularidades cometidos por autoridades y particulares, y exigir justicia para las víctimas. A través de este rol se volvió un referente para acceder a información sobre las dinámicas de violencia en la entidad y un medio de confianza de la ciudadanía para transmitir denuncias y elementos de relevancia para las investigaciones. Por esta labor había sufrido amenazas previas y otras represalias.

“Impacta conocer que un valeroso ciudadano que informaba sobre las dinámicas de violencia en León sea ahora víctima, junto con la persona que le acompañaba, en el marco de un contexto de violencia y arbitrariedad que pretendía superar con su loable trabajo cívico. El Señor Enríquez Vanderkam se había ganado la confianza de muchas y muchos ciudadanos de León por su defensa del derecho al acceso a la justicia para las víctimas de la violencia en la ciudad”, expresó Jesús Peña Palacios, Representante Adjunto en México de la ONU-DH. “Ahora sus conciudadanos demandan también justicia por su asesinato y es fundamental que la respuesta de las autoridades sea a través de una investigación pronta y diligente que priorice como línea de investigación la labor de denuncia que realizaba la víctima”, agregó Jesús Peña.

Durante 2023, la ONU-DH ha documentado el asesinato de al menos 13 personas defensoras de los derechos humanos en posible relación con su labor1, el segundo en Guanajuato, después del asesinato el 2 de mayo de la madre buscadora Teresa Magueyal, en Celaya.

Ante la gravedad de los hechos, ONU-DH urge a las autoridades correspondientes asegurar la protección de los familiares del Señor Enríquez Venderkam y de la persona que le acompañaba. Finalmente, la ONU-DH expresa sus más profundas condolencias y solidaridad con la familia, amistades y seguidoras/es de Adolfo Enríquez Vanderkam, así como con la ciudadanía de la región que pierde a un referente de información pública valiosa.

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Asesinan Édgar Sifuentes, comunicador y titular de comunicación social de Valle Hermoso, Tamaulipas

Imagen tomada de Twitter @PdPagina

 

Elefante Blanco/Animal Político

Édgar Sifuentes Casso, comunicador y director de comunicación social de Valle Hermoso, Tamaulipas, fue encontrado muerto.

Édgar Sifuentes Casso, comunicador y director de Comunicación Social de Valle Hermoso, Tamaulipas, fue encontrado muerto en una brecha de dicho municipio.

De acuerdo con informes policiales, madres de estudiantes de la escuela “Abdon Reyes Sánchez” encontraron el cuerpo el pasado jueves por la mañana y reportaron a las autoridades. Los primeros datos refieren que el joven tenía heridas con arma punzocortante.

La familia de la víctima declaró que Sifuentes Casso salió por la noche del miércoles 15 de noviembre al gimnasio y no volvieron a saber de su paradero. El jueves, aproximadamente a las 10:00 horas, se confirmó la identidad del cuerpo abandonado en la brecha 116.

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