Colectivos de familias de personas desaparecidas se reunieron en la Ciudad de México para exigir justicia por sus seres queridos. Desde Cencos nos sumamos a la exigencia de búsqueda, verdad y justicia.
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
Organizaciones campesinas y de consumidores de cannabis solicitan al gobierno electo una mayor participación ciudadana, respaldo e inclusión en los foros de paz y reconciliación como ponentes y organizadores.
Los consumidores de marihuana plantean su programa de paz de 14 puntos.
Participan:
Integrantes de organizaciones convocantes
Convoca:
Coordinadora Nacional Plan de Ayala.; Central Campesina Cardenista; Federación de Organizaciones Mariguana Liberación.
La cita: Jueves 30 de Agosto de 2018 a las 13:30 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
En esta edición de #NotiCencos: Atenco y pueblos originarios vuelven a marchar contra #NAICM; presentan Informe sobre Derechos Humanos e impunidad y llaman a proteger a defensores y periodistas y, tras 8 años, 48 víctimas de la masacre de San Fernando, en que 72 migrantes fueron asesinados, recibirán reparación del daño.
Redacción / Notimex / El Economista
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a las autoridades mexicanas a intensificar los esfuerzos que permitan la plena identificación de todas las víctimas migrantes del caso San Fernando, Tamaulipas.
En un comunicado, también pidió el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas, y que se aliente a la coordinación con autoridades de Guatemala, El Salvador y Honduras, para reforzar la colaboración mutua, así como con las familias de las víctimas y sus representantes.
El pronunciamiento, expuso, se da en ocasión del octavo aniversario de la desaparición y ejecución de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrido en agosto del 2010. Las víctimas eran en su mayoría originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala.
Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, reconoció los esfuerzos y avances del Estado mexicano en la identificación de los migrantes desaparecidos, con importantes aportes de expertos de la sociedad civil y familiares de las víctimas.
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Redacción/Animal Político
A ocho años de la matanza de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, un hecho calificado como una grave violación a los derechos humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) inició el proceso de compensación para uno de los sobrevivientes y 47 familiares de las víctimas.
El gobierno mexicano indemnizará a las 48 personas de nacionalidad ecuatoriana, quienes son los primeros en recibir estas compensaciones. Sin embargo, el caso involucró también a migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Brasil.
Este miércoles 22 de agosto, el canciller ecuatoriano José Valencia se reunió con el comisionado Jaime Rochín, para que se haga entrega de las compensaciones, las cuales “fueron determinadas de acuerdo con los estándares internacionales en la materia y que por motivos de seguridad y protección a las víctimas, dichos montos no deben hacerse públicos”, expuso la propia comisión.
Para lograr que se otorgaran las indemnizaciones, el gobierno de Ecuador dijo que realizó gestiones con instituciones mexicanas como la CEAV, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno de Tamaulipas; el trámite se resolvió a favor de las víctimas en julio de 2018.
En julio de 2017, la CNDH señaló que la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, debe ser calificada como una grave violación a los derechos humanos.
La activista Kenya Cuevas narra cómo ha sido su vida como mujer trans y la violencia que, como ella, vive esta población en México. Exige que sean respetados sus derechos, desde el más básico: el derecho a la vida #NiUnaMás
“En Hidalgo estamos preocupados por el uso de las instituciones y recursos públicos por parte del gobernador, para reprimir, acosar, desvirtuar o para venganzas políticas”, acusan activistas.
Por Redacción/Animal Político
Dos resoluciones judiciales coinciden en que contra 13 personas no existen pruebas fehacientes de su participación en el secuestro y desaparición de los 43 normalistas, ni tampoco de su presunta adscripción a Guerreros Unidos.
Dos resoluciones judiciales sobre el caso Ayotzinapa -dadas a conocer entre el 4 y el 11 de junio pasados- obligan a rectificar las acusaciones que la PGR formuló en contra de 13 personas a las que, sin pruebas, se identificó como integrantes del cártel “Guerreros Unidos”; además ordenan crear una nueva comisión investigadora, debido a las deficiencias identificadas en la labor de la Procuraduría General de la República.
Según los tribunales, la razón de ambas ordenanzas es que la PGR no ha realizado una investigación “independiente” sobre los hechos, de lo que son prueba las evidencias de tortura contra los detenidos, así como la negativa a investigar a otros posibles involucrados, como el Ejército y la Policía Federal, lo que, se subrayó, hace necesaria la creación un nuevo organismo que garantice la búsqueda de la verdad, con las familias de las víctimas al frente, y con el MP como soporte técnico y jurídico.
La emisión de dichas sentencias, sin embargo, ha generado nuevas dudas entre las y los lectores en torno a su significado, alcances y consecuencias en la búsqueda de los 43 estudiantes, desaparecidos desde el 27 de septiembre de 2014, a las que, a continuación, intentamos dar respuesta.
En la actualidad, existen 120 personas detenidas, acusadas de haber participado en el secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o de pertenecer al cártel Guerreros Unidos, al que se atribuye el ataque.
Las dos resoluciones emitidas a principios de mes (la primera relacionada con los amparos 203 al 206/2017, y la segunda con la causa penal 100/2014) sólo competen a 13 de esos 120 detenidos.
Dichas resoluciones coinciden en que contra estas 13 personas no existen pruebas fehacientes de su participación en el secuestro y desaparición de los 43 normalistas, ni tampoco de su presunta adscripción a Guerreros Unidos.
En contra de 13 estas personas, los únicos elementos que presentó la PGR fueron, de hecho, 19 confesiones de supuestos implicados (incluidas las de los mismos imputados), en las que éstos reconocen su participación en los hechos, o bien, en las que sin reconocer responsabilidad alguna, sí incriminaron a otros detenidos.
Tal como consta en la resolución de los amparos 203, 204, 205 y 206/2017, existen evidencias de que estas 19 confesiones fueron obtenidas bajo tortura, practicada contra los detenidos ya sea durante el traslado a instalaciones oficiales, o dentro de las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada.
El Tribunal Colegiado que revisó en conjunto esos cuatro amparos constató, además, que a pesar de que las autoridades federales contaban con estos indicios de tortura, la PGR no emprendió ninguna investigación para determinar el origen de las lesiones que presentaban los detenidos, omisión en la que también incurrieron sus abogados defensores.
Por ello, las resoluciones de los amparos 203 al 206/2017 ordenan dejar sin efecto el auto de formal prisión decretado contra los nueve acusados que promovieron estos recursos legales, y también ordenan a la PGR contratar a peritos independientes, que puedan evaluar si las 19 confesiones fueron obtenidas bajo tortura, siguiendo los lineamientos en la materia desarrollados por la ONU, y que se conocen como Protocolo de Estambul.
En caso de comprobarse que las confesiones fueron extraídas bajo tortura, el juez que lleva el caso no podrá dictar auto de formal prisión en contra de este grupo de detenidos, entre los que está Gildardo López Astudillo (a quien la PGR acusó de ser uno de los principales líderes de Guerreros Unidos).
Contra estos nueve acusados, sin embargo, existen otros procesos penales ya en marcha, por lo que permanecerán presos (enfrentando esos otros juicios, por delitos como portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas) aún si se comprueba que fueron torturados para autoinculparse en el caso Ayotzinapa.
Por otro lado, una semana después de que se emitieran las resoluciones finales sobre dichos amparos, la argumentación que incluyen fue retomada por un segundo tribunal de amparo, para resolver en favor de otras cuatro personas también acusadas de pertenecer al cártel Guerreros Unidos, y de participar en el ataque a los normalistas.
En este caso, el Tribunal consideró que debido a las irregularidades en la captura y retención de los acusados “hay insuficiencia de pruebas para sustentar una sujeción a proceso”, y directamente ordenó que se emitieran autos de libertad en la causa penal en la que estaban señalados, la 100/2014, por lo cual se les otorgó la excarcelación plena.
Por Redacción/Proceso
COLIMA, Col. (apro).- Durante los primeros cinco meses de 2018 se registraron 298 asesinatos en esta entidad, la cifra más alta en comparación con el mismo periodo de los últimos años, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Así también, los casos acumulados en el lapso del 1 de enero al 31 de mayo del presente año mantiene a Colima en el primer lugar nacional en la tasa de homicidios dolosos, con 33.17 asesinatos por cada 100 mil habitantes, seguido por Baja California (29.47), Guerrero (26.65), Chihuahua (17.16), Guanajuato (16.88), Quintana Roo (14.10), mientras que el promedio nacional fue 9.17 casos.
