Ciudad de México, 11 de septiembre de 2014.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) comparten y reiteran su más profunda preocupación por las recientes agresiones contra periodistas ocurridas en el país.

 

Ha causado consternación la agresión contra Karla Janeth Silva, periodista del El Heraldo de León, en Silao, Guanajuato el pasado 4 septiembre. De acuerdo con la información recabada por la ONU- DH de fuentes oficiales, la Sra. Silva se encontraba en las oficinas del periódico acompañada por una secretaria del mismo cuando alrededor de las 17:30 horas tres hombres ingresaron al local y las agredieron. La compañera de la Sra. Silva, cuyo nombre mantenemos en reserva, logró huir del lugar y evitar lesiones, pero la Sra. Silva recibió fuertes golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo, mientras los atacantes la amenazaban haciendo mención a sus recientes crónicas sobre presuntas irregularidades por parte de las autoridades municipales de Silao, conminándola a cesar sus reportajes. La Sra. Silva ha recibido atención médica de extremo cuidado y actualmente se recupera de manera favorable.

 

Este condenable hecho se agrega a otros de suma gravedad que han afectado al gremio periodístico mexicano en las semanas recientes. El 1 de agosto, Indalecio Benítez, periodista y locutor de la radio comunitaria La Calentana, fue atacado por un grupo de hombres con armas de fuego afuera de su domicilio, también sede del medio, en el municipio de Lluvianos, Estado de México. Los disparos de los agresores causaron la muerte de Juan Diego, hijo del Sr. Benítez, de apenas 12 años de edad. El 11 de agosto, Octavio Rojas, corresponsal del diario El Buen Tono de Veracruz, fue asesinado en su vivienda en el municipio de Cosalapa, Oaxaca. El 2 de septiembre, Ignacio Domínguez, director del seminario veracruzano Tinta Verde y ex reportero del Diario de Xalapa, sufrió la agresión de individuos desconocidos que dispararon contra su vivienda impactando cuatro veces en la fachada de la misma, donde además dejaron depositada una cabeza de cerdo con una amenaza.

 

De acuerdo con las cifras publicadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión en México (FEADLE), dicho ente ha asumido la investigación de 10 asesinatos y tres desapariciones cometidos contra periodistas entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de julio de 2014.

 

“La defensa y protección del derecho a la vida y la integridad de los periodistas en México, al igual que el respeto y promoción de la libertad de expresión y el trabajo periodístico en el país, siguen siendo objetos de nuestra principal atención, así como del propio Consejo de Derechos Humanos del que México hace parte y que se encuentra actualmente en período de sesiones”, declaró Javier Hernández Valencia, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Nuestros esfuerzos buscarán enfocarse en fortalecer y acompañar la labor de las autoridades del país en todos los niveles de gobierno, así como de los profesionales y técnicos del ámbito del periodismo, en pro de la prevención de actos de esta naturaleza teniendo como referencia el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas coordinado por la UNESCO”, agregó Nuria Sanz Gallego, Representante de la UNESCO en México.

 

La ONU-DH y la UNESCO instan al Estado mexicano a adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias, tanto a nivel federal como estatal, para proteger y garantizar los derechos a la vida, la integridad y la libertad de expresión de las y los periodistas, incluido el fortalecimiento de los programas de prevención y protección, el respaldo público a la importante labor que realizan los periodistas aun cuando publiquen informaciones críticas hacia las autoridades y la obligación de los funcionarios de abstenerse de emitir declaraciones públicas que estigmaticen a las y los periodistas. Estas medidas se unen al ineludible deber de investigar, perseguir y sancionar a los responsables de las agresiones, en la medida que el actual nivel de impunidad propicia la repetición de las agresiones contras los periodistas y sus familias.

 

TERMINA

 

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La relatoría llamó a identificar los motivos del ataque y sancionar a los responsables materiales e intelectuales

 

Por Animal Político

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió esclarecer el ataque contra la periodista Karla Janeth Silva Guerrero, corresponsal del diario El Heraldo de León, ocurrido el 4 de septiembre en Silao, Guanajuato.

 

La relatoría llamó a identificar los motivos del ataque y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, así como adoptar las medidas necesarias para proteger a la periodista.

 

De acuerdo con la información recibida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), varios individuos habrían llegado a la oficina de la periodista por la tarde y la golpearon mientras hacían comentarios respecto de sus notas periodísticas.

 

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República inició ya una investigación sobre los hechos.

 

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Son siete empresarios los que se apuntaron ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones para buscar participar en la licitación de las dos cadenas de la televisión abierta, de acuerdo con información a la que Forbes tuvo acceso.

 

Por Forbes México/ El Financiero

 

Germán Larrea, Mario Vázquez Raña, Manuel Arroyo, Ariel Picker, Olegario Vázquez Aldir, Francisco Aguirre, y Luis y Anuar Maccise son los siete tiradores por las dos nuevas cadenas de televisión abiertaque presentaron una solicitud de opinión favorable en materia de competencia económica al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) los pasados 3 y 4 de septiembre para poder participar en el proceso de licitación, de acuerdo con información a la que tuvo acceso Forbes.

 

Fernando Borjón, comisionado del órgano regulador mexicano, comentó a medios de comunicación que hay entre 5 y 10 interesados en participar por las cadenas de televisión abierta y que el IFT se encuentra en proceso de revisar las solicitudes para identificar los vínculos económicos entre los solicitantes y descartar duplicidades.

 

El dato fue confirmado por Gabriel Contreras, presidente del IFT, quien el 5 de septiembre refirió que hay más de 5 interesados en esta licitación. 

 

Francisco Aguirre, presidente de Grupo Radio Centro, confirmó durante una entrevista radiofónica estar interesado en participar en el proceso de licitación por una de las cadenas de televisión abierta. La firma tiene 68 años en el sector de radiodifusión y cuenta con 14 estaciones de radio a nivel nacional y una en Estados Unidos, además de operar la cadena Organización Impulsora de Radio.

 

Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Imagen, es otro de los interesados. La firma tiene operaciones en México y Colombia y experiencia en radio, televisión y prensa.

Forbes obtuvo confirmación por parte de Olegario Vázquez Aldir sobre su intención de postularse por una de las cadenas de TV abierta.

 

Germán Larrea, quien preside el consejo de administración de Grupo México, buscaría entrar al mercado de televisión abierta a través del grupo Empresario Industriales de México.

Manuel Arroyo otro de los interesados es presidente de Grupo Lauman, tiene experiencia en el mercado de telecomunicaciones con la empresa Comtelsat y es propietario de El Financiero.

 

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Foto: Tomada de Animal Político

Para obtener un permiso, la nueva legislación exige requisitos que no se adaptan a la realidad de estas emisoras y restringe el financiamiento a la publicidad oficial de los ayuntamientos y a donaciones de entidades autorizadas. Las radiodifusoras critican que esto las condena a muerte.

 

Por Majo Siscar/ Animal Político

Cinco radios comunitarias se ampararán esta semana contra la ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El motivo, la ley les dificulta la supervivencia económica, no da certidumbre jurídica en el procedimiento de otorgamiento de nuevas concesiones y limita las frecuencias por las que pueden transmitir. El amparo lo interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de este sábado 13 de septiembre, fecha en la que se cumple el plazo, ya que la nueva legislación entró en vigor el pasado 14 de agosto. Aunque la Reforma de Telecomunicaciones reconoció por primera vez la figura de “radios comunitarias”, estableció una serie de candados que, para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), “atentan al derecho de los pueblos a la información”.

 

“Se violenta el acceso a las frecuencias, vuelve insostenibles económicamente a las radios que ya operan legalmente y es intrusiva en sus contenidos”, explica Gisela Martínez, coordinadora del área jurídica de AMARC México.

 

Desde el 14 de agosto, por ley, las radios comunitarias no pueden tener publicidad ni de la tiendita de la esquina. Prohíbe a los “medios sociales”, como también se refieren a ellos en la ley, comercializar su tiempo aire ni recibir donaciones ni en efectivo ni en especie de cualquier entidad que no esté acreditada como donataria ante el Estado mexicano.

 

La emisora mixe Radio Jën Poj es una de las que se va a amparar. Su locutor Sócrates Vázquez considera que si bien la ley “es un reconocimiento a la lucha que hemos dado al reconocer a las radios comunitarias como figura, con estas disposiciones nos condena a desaparecer”.

 

Jën Poj transmite toda la programación en ayuuk en el “idioma de la gente de la montaña”, o mixe como nos referimos a esta lengua en español. Tienen el respaldo del cabildo –elegido por usos y costumbre– que incluyó a la radio en su Plan de Desarrollo Comunitario bajo la idea que era un canal para preservar su cultura y su identidad comunitaria.

 

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La legislación impone multas de hasta 9 millones de pesos por publicar información de niños y adolescentes. Organizaciones civiles aseguran que se debe proteger a los menores pero sin atentar contra otros derechos

 

Por Tania L. Montalvo/ Animal Político

La iniciativa preferente que el presidente Enrique Peña Nieto envío el pasado 1 de septiembre al Congreso establece reglas para que los medios de comunicación publiquen información sobre niños y adolescentes sin violar el derecho a la intimidad, lo que, según organizaciones civiles, deberá revisarse en las Cámaras para evitar que “esa disposición discrecional” implique censura.

“Es importante proteger a los niños y niñas víctimas pero hay que ser cuidadosos en la redacción. La intencionalidad del artículo que establece las medidas es buena, pero está pésimamente redactado porque se presta a la discrecionalidad y esa falta de claridad puede provocar la censura en medios o la autocensura por miedo a las posibles responsabilidades”, dijo en entrevista Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

El artículo 87 de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes establece que “se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión, así como medios impresos, sin que obre autorización por escrito de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, o que aun existiendo dicho consentimiento, pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, que sea contraria a sus derechos o que los ponga en riesgo conforme al principio de interés superior de la niñez”.

 

En caso de violación, la ley impone multas de hasta 140 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, es decir, hasta 9 millones 420 mil pesos; más 20 mil días de salario —un millón 345 mil pesos— por cada día que la información continúe disponible en medios electrónicos.

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ARTICLE 19 tuvo conocimiento de la detención y encarcelamiento del periodista independiente Pedro Celestino Canché Herrera, acusado por la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo (PGJDR) de “sabotaje”.

Canché Herrera es activista, indígena Maya y periodista independiente en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, a 220 kilómetros de Cancún, y desde el pasado 11 de agosto ha dado cobertura a la protesta que encabezaba un grupo de indígenas de su comunidad contra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) debido al incremento de las tarifas y la instalación de medidores.

La víspera del miércoles 20 de agosto, cerca de 100 manifestantes mayas que se encontraban en plantón en las instalaciones de la CAPA fueron desalojados violentamente por la policía municipal. De ese total, 40 fueron detenidos y nueve consignados ante el Ministerio Público adscrito a la PGJQR, donde les fincaron cargos de motín, agresiones y ultrajes a la autoridad. Los hechos fueron documentados por Canché Herrera, quien compartió la información  con compañeros periodistas de Cancún.

Fue el jueves 21 de agosto, tras difundirse la información de Canché Herrera, que el Gobierno de Quintana Roo -a través de un comunicado de prensa- informó que tras el desalojo el Departamento Jurídico de la CAPA interpuso una denuncia penal contra los manifestantes detenidos, quienes presuntamente al rendir su declaración ministerial “reconocieron que fueron manipulados, auspiciados por intereses políticos. Incluso, la mayoría admitió que no vive en Felipe Carrillo Puerto y que los contrató una persona de nombre Pedro Celestino Canché Herrera para obstruir el acceso a las oficinas de la CAPA”.

No sólo eso. En el comunicado agregan que según las declaración de Marisol Ceja Gálvez, una de las nueve detenidas, ésta “confirmó que forma parte del Partido Morena y del Congreso Ciudadano y que fue contactada por Canché Herrera, quien se autodenomina periodista internacional y activista del Movimiento Nacional Ciudadano, (y ) que según la detenida es la persona que paga los pasajes y estancia de gente de Playa del Carmen, Cancún, Holbox y Tulum que participaba en el bloqueo”.

Tras la difusión del comunicado, Canché Herrera emitió una carta aclaratoria donde aseguró que no forma parte de ningún partido político, que es periodista independiente desde los 19 años de edad y que tras haber platicado con Marisol Ceja, a quien visitó en las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia, ésta le comentó que ella declaró por primera vez ante el Ministerio Público la noche del 21 de agosto, “mucho después de la hora  que salió publicado” el comunicado del Gobierno del Estado.

 

El domingo 24 de agosto, el periodista Canché Herrera compartió un video en redes sociales y en su cuenta personal en Twitter donde reta al Gobernador del Estado, Roberto Borge, a un debate público sobre las detenciones del 19 de agosto y además critica fuertemente la labor del mandatario priísta. Dos días después de la difusión del video, Canché Herrera recibió una serie de críticas y señalamientos negativos a su trabajo por parte de Lino Magos, titular de la Dirección de la Defensoría Pública del Poder Judicial del estado,  quien en su cuenta de Twitter acusó a Canché Herrera, entre otras cosas, de ser un “atentado de periodista y aprendiz de alborotador”.

ARTICLE 19 recuerda que las autoridades públicas tienen un especial deber de cuidado al emitir declaraciones que sirvan para atacar o aminorar la seguridad de periodistas, esto en virtud de su calidad de garantes de los derechos humanos tal cual fue señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Ríos y Perozo. Es así que declaraciones como la del titular de la Dirección de la Defensoría Pública del Poder Judicial del estado se oponen a los compromisos internacionalmente adquiridos por el Estado mexicano y va en contra a los estándares más altos en materia del derecho humano de libertad de expresión. Además, hay que recordar que en el caso de Lino Magos el Funcionario ha sido señalado por los directivos del Semanario Luces de Siglo, que se edita en Cancún, de ser una de las personas que a través de redes sociales difunde las portadas falsas de ese medio que ha sido clonado en 34 ocasiones en un lapso de tres años  -29 clonaciones de manera digital y cinco de manera física. Por esos hechos, un juez federal le ha pedido a Magos que se abstenga de seguir compartiendo las falsas portadas y de difundir mensajes “difamatorios, intimidantes o acusatorios” con ese medio.

El día que Canché Herrera recibió los mensajes intimidatorios de Lino Magos, el periodista se enteró que existía una orden de aprehensión en su contra por los hechos a los que dio cobertura como periodista,  por lo cual tramitó un amparo que le fue otorgado por un juez el jueves 28 de agosto. Aun así el periodista fue detenido el sábado 30 de agosto por la mañana, trasladado a la sede la Subprocuraduría de la Zona Maya y encarcelado en la prisión municipal de Felipe Carrillo Puerto.

ARTICLE 19 tiene conocimiento que la noche de ayer el periodista Sergio Caballero, corresponsal de la revista Proceso en Quintana Roo, ha recibido amenazas y mensajes de desprestigio en Twitter por informar de la detención de Canché Herrera.

Para ARTICLE 19 el uso del derecho penal para limitar o inhibir el ejercicio de libertad de expresión es una acción que no debe permitirse en un Estado que se considere Democrático.  La criminalización del periodista Canché Herrera violenta los derechos humanos con severas repercusiones al ejercicio de la libertad de prensa tanto de él como de periodistas que cubren temas relacionados a los que motivaron este flagrante ataque a los compromisos internacionalmente adquiridos por el Estado mexicano en la materia, y que podrían generar la responsabilidad internacional de México.

ARTICLE 19 llama a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, para que investiguen el presente caso y adopten las medidas cautelares pertinentes y en su caso emitan la recomendación pública respectiva.

Para ARTICLE 19 corresponde a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión de la PGR la investigación del aparente abuso de autoridad o de otros delitos cometidos en contra del periodista y que afectan tanto su libertad personal, integridad física, ejercicio de libertad de expresión y otros derechos humanos.

 

28 de agosto de 2014

 

Debido a la actual vulnerabilidad que enfrentan los derechos a la libertad de expresión y la protesta, más de 14 mil personas se amparan frente a la entrada en vigencia de la Ley de Movilidad del Distrito Federal y exigen al Poder Judicial de la Federación que garantice estos derechos y otorgue la suspensión contra dicha ley que viola derechos fundamentales.

 

Mediante una acción coordinada por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, se busca nuevamente combatir la inconstitucionalidad de las recientes leyes que se han emitido contra la protesta a través de firmas de colectivos de estudiantes, sindicatos, académicos, artistas, periodistas, activistas de organizaciones de sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos. 

 

Los amparos interpuestos por el Frente, se suman a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CDHDF y por la CNDH;  misma que fue omisa frente a las leyes similares en Quintana Roo, Chiapas y Puebla que atentan contra los mismos derechos fundamentales.

 

La suma de firmantes es un reflejo de la preocupación de distintos actores que defienden los derechos humanos y que ven en esta legislación un menoscabo al ejercicio amplio de sus derechos y libertades y un riesgo para la participación democrática de las voces de disenso.

 

El Poder Judicial tiene en este momento la obligación de revisar y resolver conforme a los estándares internacionales de la materia, los amparos y las acciones de inconstitucionalidad, garantizando el pleno ejercicio de los derechos humanos amenazados por esta legislación.

 

El Frente por la libertad de expresión y la protesta social hace un llamado a todas las autoridades del Poder Judicial Federal para que asuman su papel de garantes de los derechos humanos y  revierta la violación a estos, que la Asamblea Legislativa ha cometido con la Ley.

 

 

 Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social

 

integrado por ARTICLE 19, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios (CAUSA),  Fundar Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Propuesta Cívica, Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) y la Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”.

 

Por: Redacción Cencos
Foto: Uriel Reyes

Con la participación de
periodistas, comunicadores y miembros de organizaciones no gubernamentales, se
llevó a cabo el seminario Periodismo para el cambio social, convocado por la organización
de la sociedad civil Ashoka México en las instalaciones del Museo Memoria y
Tolerancia.

El evento comenzó con una charla del
periodista peruano Gustavo Gorriti, fundador de IDL-Reporteros, para continuar
con la presentación de resultados  de un
estudio sobre la práctica del periodismo en México. Posteriormente, los
participantes se dividieron en ocho mesas de discusión, las cuales fueron
conformadas de acuerdo a los perfiles de sus integrantes.

En estas mesas se discutieron
temas como el valor del periodismo ciudadano; la importancia de las redes
sociales y su relevancia en la vida política del país; soluciones ante la
represión y ataques a periodistas y la labor de las asociaciones civiles en
cuestiones de comunicación.  

Participaron más de 85 periodistas y miembros de organizaciones no
gubernamentales, como Laura Amico,  de
Homicide Watch, Daniel Moreno, director del sitio Animal Político, Francisco
Cuamea, jefe de información del sitio Noroeste.com, y Omar Rábago Vital,
director del Centro Nacional de Comunicación Social. 

Difusión Cencos.-

CN Noticias.-La Procuraduría General de la República atrajo la investigación sobre el atentado que sufriera el comunicador Carlos Narváez, la mañana del domingo 13 de julio, cuando el propietario del Diario Respuesta, Alberto Millar López, allanara su domicilio con la intención de agredirlo y matarlo.

La Mesa 2 de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo del fiscal Miguel Ángel Calzado, abrió el Acta Circunstancial 103/FEADLE/2014 en contra de Alberto y Heriberto Millar López, Director General y Director General adjunto, respectivamente del Diario Respuesta.

La mañana del domingo 13 de julio fue allanada la casa del periodista Carlos Narváez, en Playa del Carmen, Quintana Roo. El ingreso ilegal a su domicilio ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana, mientras el reportero se disponía a darse un baño, cuando se percató de la presencia de Alberto Millar López en el interior de su propiedad, quien con un palo en la mano descendía por la escalera que conecta a la azotea con el patio. En ese momento el comunicador cerró la puerta de su habitación y tomó el teléfono para marcar al 066 y solicitar el auxilio de la fuerza pública. Al no lograr su objetivo (golpear y matar al periodista), Millar López destrozó ventanales de la puerta de acceso al dormitorio del reportero.

Los hechos se suscitaron luego de constantes llamadas y mensajes de amenazas por parte de los propietarios del Diario Respuesta. Luego del atentado, el comunicador se dirigió a la Agencia Central de Playa del Carmen de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo (PGJE) a denunciar los actos violentos en su contra, quedando todo asentado en la Averiguación Previa ZN/PYA/01/01/2222/7-2014.

El periodista Carlos Narváez es dueño y editor del sitio de internet CN Noticias (www.noticiascn.com)  mismo que lleva en la red más de tres años. Narváez tiene 42 años y lleva de profesión 20 años, cubre la fuente política y escribe la columna La Piedra en el Zapato. Se ha desempeñado como reportero en los principales periódicos de Tabasco y Quintana Roo.

En Tabasco: Rumbo Nuevo y El Heraldo de Tabasco de OEM propiedad de Mario Vázquez Raña; En Radio: XERTM- 1150AM Radio Variedades, XEACM 910AM Radio Éxitos, XHJAP 90.9FM Digital FM del Grupo Radio Centro, hoy del Grupo Cantón y XEQQQ 880AM Televisa Radio. En TV: XHTVL-Canal 9.

En  Quintana Roo: Novedades de Quintana Roo, La Verdad de Quintana Roo, El Periódico, El Quintanarroense (fuera de circulación) y Diario Respuesta (2008-2009) En Radio: XHPYA 98.1 Riviera FM del SQCS y XERB 89.9 Sol Estéreo del Grupo Sol Comunicaciones.

 

Fotos: Uriel Reyes

Por Redacción Cencos

 

Las agresiones contra la prensa en México han ido en aumento constante según el informe semestral de la organización Artículo 19. En lo que va del 2014 ha habido 157 ataques.

 

Sesenta y seis  agresiones físicas o materiales, que contemplan desde golpes hasta ataques contra instalaciones de medios de comunicación; han interpuesto 17 acciones legales contra periodistas y 28 ha sufrido amenazas.

 

En el marco del foro Violencia contra periodistas y trabajadores de los medios, Iván Báez, abogado de Artículo 19 explicó que los principales agresores son los funcionarios públicos, ya que cometieron el 43 por ciento de ellos.

 

“El 2013 está entre los años más peligroso para el ejercicio periodístico con 330 agresiones y tan solo en lo que va del año estamos superando la cifra del año anterior, es decir, la tendencia muestra que vamos a seguir con un crecimiento sostenido de las agresiones contra la prensa”, aseguró Báez.

 

Además, nuevamente el Distrito Federal es un foco rojo en las agresiones contra los periodistas en contextos de protesta, la organización detectó 25 de enero a la fecha y el año pasado hubo 88 en la misma entidad.

 

Y explicó que los ataques en contextos de protesta han aumentado en todo América Latina, pero sobre todo en México, Brasil y Venezuela.

 

Alberto Nájar de la organización Periodistas de a Pie comentó que por lo menos en México pareciera que el Estado tiene la “encomienda” de no investigar los ataques a los medios y quienes trabajan en ellos pues los resultados son escasos.

 

“La Fiscalía especializada para la atención a periodistas no ha tenido la repuesta que requiere el país. Pareciera que ese manto de silencio que quieren imponer en todo México, también llegó a esta área. No está cumpliendo con la parte que le toca y no está en esa medida y debemos desterrar la impunidad”, dijo Nájar.

 

También alertaron sobre nuevas formas de acoso en toda Latinoamérica, donde por medio de las redes sociales atacan a los periodistas y principalmente a las reporteras mujeres.

 

“Vemos un panorama desalentador en todo América Latina ya que hay una gran multiplicidad de agresiones y un incremento sostenido en situaciones muy parecidas a las que en un momento se creería que se habían desterrado en el continente”, aseguró el integrante de Artículo 19.

 

Por otro lado, Omar Rábago, director ejecutivo de Cencos dijo que la impunidad en estos hechos se debe a la falta de respuestas contundentes por parte de las autoridades.

 

“No hemos tenido una fiscalía fuerte, ha sido parte de una simulación porque no ha respondido ante la gravedad del asunto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en una recomendación general dijo que el 90 por ciento de casos graves contra periodistas se encuentran en impunidad”, finailzó Rábago.

 

 

Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Violencia contra periodistas y trabajadores de medios