Caso Narvarte: Dos de los detenidos se retractan, niegan haber estado en departamento

 

 

Los procesados dijeron que fueron torturados para aceptar que estuvieron en la escena del crimen, revela abogada de las víctimas. PGJDF sostiene que
hay otros elementos como huellas, llamadas y un video que lo confirman.

 

Arturo Ángel (@arturoangel20)

Abraham Tranquilino y Daniel Pacheco, dos de los tres acusados de haber participado en el multihomicidio de la colonia Narvarte,
se retractaron ante la juez de sus declaraciones ante el Ministerio Público, en las que confesaban haber estado en el departamento donde ocurrieron
los asesinatos de cinco personas. El tercer detenido, Omar Martínez, desde un inicio negóque hubiera acudido al sitio.

Karla Michel Salas, abogada de dos de las víctimas, reveló que los involucrados pidieron una ampliación de su declaración en el juzgado, antes que
se cerrara el periodo de presentación de pruebas el pasado 20 de enero, en donde argumentaron que presuntamente fueron torturados por la policía
capitalina para confesar que estuvieron en el lugar de los hechos.

“Ellos están en su derecho de corregir o incluso retractarse como pasó en este caso. Abraham y Daniel negaron todas sus declaraciones anteriores y
alegan que los torturaron. Rechazan haber estado en el departamento”, señaló la litigante.

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Periodistas denuncian irregularidades en mecanismo de protección en Morelos

Cuernavaca Mor a 19 de enero 2016.

  

A LA OPINIÓN PÚBLICA

AL GOBIERNO DEL ESTADODE MORELOS

AL GOBIERNO FEDERAL

 

A LOS INTEGRANTES DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN

A PERIODISTAS DEL ESTADO DE MORELOS

 

A LOS PERIODISTAS DEL PAÍS Y EL EXTRANJERO

 

Con fundamento en el Convenio interinstitucional firmado el 3 de julio del 2012, que dio origen al Mecanismo de Protección para Periodistas del Estado
de Morelos y que fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5028, los integrantes del Foro de Periodistas que formamos parte
del comité de este órgano desde enero del 2015, informamos a la ciudadanía y personas interesadas que: 

Desde el 2 de diciembre del 2015 decidimos suspender nuestra participación en las sesiones ordinarias de este importante espacio
institucional al no existir las condiciones prácticas, formales y de fondo por parte de las instancias involucradas del Poder
Ejecutivo que garanticen la operación y el funcionamiento adecuados, jurídicamente debidos y socialmente necesarios, del Mecanismo.

Asimismo, denunciamos la actitud negligente y prácticas simuladoras que el gobierno del estado ha mantenido durante más de un año
,que hemos estado al frente de este Mecanismo, tiempo en el que constatamos que evaden su responsabilidad de proteger la integridad de quienes
ejercen el periodismo.

En repetidas ocasiones las autoridades, de manera unilateral y sin argumento, incumplieron y alteraron acuerdos y medidas acordadas durante la sesión de activación del Mecanismo a favor de los periodistas de Morelos.

Las autoridades no han logrado conformar el reglamento interno de este mecanismo, aun y cuando es una de las acciones
prioritarias y necesarias para su funcionamiento, lo cual ha conllevado a diversas omisiones que se enuncian enseguida.

-Las autoridades han extraviado expedientes tanto en la Fiscalía Estatal como los integrados en el propio Mecanismo.

-Las autoridades han registrado audio de las sesiones, sin el debido resguardo, y el material está extraviado.

-Los funcionarios públicos titulares sólo por excepción acuden a las reuniones y los representantes que asisten son sustituidos sin previo aviso y
en ocasiones, sin tener el cargo que como requisito se solicita para estar integrado a este Mecanismo.

-Las autoridades toman fotografías de las sesiones sin el consentimiento de los asistentes.

-Las autoridades no emiten convocatorias ni orden del día para las sesiones.

–La Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) ha incumplido con las medidas de protección acordadas en las activaciones.

-La Fiscalía estatal, no ha dado el trato ni el acompañamiento que se ha recomendado.

-Las autoridades no ponen a disposición de quienes participamos en las sesiones las minutas ni listas de asistencia correspondientes.

A finales del mes de septiembre alertamos al secretario de gobierno, Matías Quiroz Medina, sobre estas fallas e incumplimientos por parte de la autoridad
, principalmente por parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) y de la Fiscalía General del Estado, y de los riesgos e implicaciones
que conllevaría de continuar en esa tónica.

El encargado de la política interna, como muestra de voluntad, se comprometió a presidir cada dos meses la sesión ordinaria en compañía de los titulares
de la CESP y la Fiscalía Estatal, Alberto Capella y Javier Pérez Durón, respectivamente, para atender de manera directa.

A la sesión ordinaria, correspondiente al mes de octubre, el secretario de gobierno se presentó en compañía de Pérez Durón- entonces encargado de despacho-
pero el Comisionado Estatal de Seguridad Pública simplemente no acudió.

Pese al incumplimiento, y como muestra de la disposición que hemos tenido, decidimos avanzar en la reunión donde hubo promesas y nuevos compromisos, que
con el paso del tiempo se fueron diluyendo.

Al llegar a la sesión de diciembre ninguno de los titulares acudió, decidimos levantarnos de la mesa y pedir una sesión extraordinaria -antes de que concluyera
el año- que cumpliera con las condiciones mínimas para sesionar.

Sin embargo no se nos convocó y para la reunión de este mes tampoco hubo confirmación sobre la asistencia de los secretarios.

Los integrantes del Foro de Periodistas que formamos parte del Mecanismo, no queremos ser partícipes de la irresponsabilidad con la que el gobierno -que
encabeza Graco Ramírez- pretende brindar seguridad al gremio periodístico.

Consideramos que callar nos convertiría en cómplices de esa simulación y hoy decidimos romper el silencio, informando previamente a los compañeros afectados,
y vislumbrando algunas alternativas de apoyo y respaldo.

Exigimos al Estado Mexicano y en particular al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu y al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, garanticen la integridad de los periodistas de Morelos, ya que es una entidad totalmente convulsionada por la inseguridad y la violencia,
muestra de ello es el homicidio de la alcaldesa Gisela Mota y cientos de personas muertas y desparecidas que han quedado en la impunidad y en el olvido,
así como la activa presencia del crimen organizado y hasta visos de narco gobiernos, según información que ha dado
a conocer el propio mandatario estatal.

Del 2012 a la fecha 23 compañeros han activado el Mecanismo, 10 de los cuales sucedieron en el 2015, actualmente 16 casos siguen activos y en riesgo (por amenazas y agresiones por parte de funcionarios y ex funcionarios como: diputados, presidentes municipales, secretarios y directivos).

Es importante señalar que del total de activaciones, que en algunos casos incluye de dos a tres compañeros, el 56.52 por ciento han sido mujeres,
en una entidad donde desde el 2015 fue activada la Alerta de Violencia de Genero (AVG).

A partir de ahora, los periodistas que representamos el Foro en Morelos y que estamos integrados al Mecanismo de protección a periodistas, suspendemos
nuestra presencia en esta representación hasta que existan las condiciones para continuar y hacemos responsables al Estado, de cualquier situación que pudiera sucederles a quienes activaron o tienen activo el Mecanismo, y a quienes suscribimos este documento.

 

 A los periodistas y comunicadores de Morelos los exhortamos a la unidad para establecer mecanismos de autoprotección, hacer uso de las leyes que por sí mismas establecen una procuración de seguridad y justicia (en particular hacer valer los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos); así como el Artículo 19 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el cual garantiza la libertad de expresión; además de recurrir a las instituciones existentes que defensoras de
los derechos humanos para salvaguardar la integridad de quienes ejercemos esta profesión y en su caso a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

ATENTAMENTE

Integrantes del Foro de Periodistas que forman parte

del Comité del Mecanismo de Protección a

Periodistas en el Estado de Morelos

Antonio Rivera Valdivia

Claudia García Zapata

Estrella Pedroza

Jesús Castillo García

Tabasco discrimina con nueva legislación sobre gestación subrogada: OSC

Boletín de prensa

 

México, Distrito Federal, a 25 de enero de 2016
TABASCO DISCRIMINA CON NUEVA LEGISLACIÓN SOBRE GESTACIÓN SUBROGADA
 
 Las reformas al Código Civil de Tabasco en materia de gestación asistida y subrogada, que entraron en vigor el 14 de enero, son anticonstitucionales y violatorias de derechos humanos.
Las reformas publicadas por el congreso de Tabasco en materia de reproducción asistida y gestación subrogada violan el derecho a la no discriminación, reconocido y protegido por el artículo 1 de la Constitución y por diversos tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por México. Afectan principalmente a mujeres gestantes, parejas del mismo sexo, personas solteras que deseen ser padre o madre y de extranjeros.
Las organizaciones firmantes reconocemos que debido a la cantidad de personas que requieren los servicios de reproducción humana asistida en Tabasco, resultaba imperativo legislar en la materia; sin embargo, haber establecido que sólo se permite a los cónyuges o concubinos la inseminación o fecundación asistida resulta discriminatorio contra las parejas del mismo sexo y las personas solteras que deseen ser padres, violando con ello también el derecho a fundar una familia, protegido por el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Asimismo, otro de los requisitos establece que los beneficiarios deberán ser ciudadanos mexicanos, lo cual también resulta discriminatorio porque el acceso a estas técnicas no debería limitarse por razones de residencia y nacionalidad.
Aunque los padres contratantes quedaron obligados a garantizar una póliza de gastos médicos mayores a la gestante sustituta o subrogada, no se dejó expreso que también deberán procurar alimentación y los insumos necesarios para que se pueda procurar su bienestar y el sano desarrollo del producto de la fecundación durante el periodo gestacional.
Esta ley es contraria a los precedentes establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los derechos de las personas a fundar una familia y al libre desarrollo de la personalidad, así como lo establecido por la CNDH en su recomendación general sobre matrimonio igualitario en diciembre de 2015.
En el marco internacional la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica ha establecido el derecho a fundar una familia; asimismo en el caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile sostuvo que la orientación sexual no puede ser utilizada como pretexto para negar o restringir derechos, ambas resoluciones implican que la regulación sobre reproducción asistida y gestación subrogada sean acordes al marco de derechos humanos.
Exigimos a los legisladores de Tabasco que rectifiquen y asuman su responsabilidad para guardar la el marco constitucional y proteger los derechos humanos de todas las personas. Organizaciones firmantes:
Altarte A.C.
Fundación Arcoíris
Humana, Nación Trans
Identidad Diversidad Legalidad Buró Legal
Red de Madres Lesbianas en México
Sociedad Mexicana de Salud Pública
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)

Para mayor información, comunicarse con Georgina Montalvo gmontalvo@giremx.org.mx o al 5658 6684 Ext. 253

Caso Narvarte: un informante desconocido entrega videos que involucran a nuevos sospechosos

Un hombre entregó a la Policía una memoria con cuatro videos en donde se aprecia a tres personas más que podrían estar involucradas en el caso.

SEPTIEMBRE 17, 2015 Arturo Angel (@arturoangel20) / Animal Político

Cuatro videos –que un “informante desconocido” entregó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)– revelaron que otras tres personas,
además de los tres detenidos, están presuntamente involucradas en el multihomicidio de la colonia Narvarte, ocurrido el 31 de julio pasado.

Este ocurre una semana después de que los abogados de las víctimas confirmaran que las autoridades capitalinas buscan a más personas implicadas en el caso,
tras hacer una revisión de los 12 tomos (con más de 4 mil 400 páginas) de la averiguación previa a cargo de la Fiscalía Central para la Investigación
de Homicidios.

Sin embargo, el procurador del DF, Rodolfo Ríos, ha confirmado públicamente que sólo fueron tres los involucrados.

Karla Michel Salas, una de las abogadas, dijo a Animal Político que son cuatro videos en los que aparecen estas tres personas platicando con dos de los
sujetos que salieron del departamento de Narvarte, tan sólo unos minutos después de que se cometió el crimen.

Las tomas no corresponden a cámaras de la policía capitalina sino a cámaras de seguridad privadas en la zona de Taxqueña. El material fue entregado dentro
de una memoria USB que le dio un civil a un policía de investigación.

 

“No quiero problemas, pero esto les interesa”, dijo “el informante” a uno de los agentes, según la versión de las autoridades acerca de cómo se obtuvo
el material que ya fue integrado a la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 iniciada por este caso.

 

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Decálogo de EPN para una prensa libre es un "elefante blanco": Analistas

Por Sergio Rincón

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– Como candidato a la Presidencia y, luego, como Jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto asumió
el compromiso de democratizar a los medios de comunicación, transparentar el gasto público en publicidad, brindar protección a los periodistas
y garantizar la libertad de expresión en México. Pero expertos en la materia afirmaron a SinEmbargo que el Estado mexicano sólo se ha preocupado
por mostrar a organismos internacionales que trabaja en el tema, y las promesas de crear una Fiscalía eficaz, mecanismos de protección a periodistas
y de regulación a la publicidad oficial, entre otras, acabaron en “elefantes blancos”.

El 11 de mayo de 2012, luego que el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, asistiera y fuera increpado
por estudiantes en en la Universidad Iberoamericana surgió el movimiento #YoSoy132, el cual tuvo como exigencia la democratizar los medios de comunicación.

 

El 21 de mayo de ese año, en medio de una tormenta de críticas, Peña Nieto lanzó un decálogo para garantizar un Gobierno democrático, en el que proponía
libertad de expresión, de manifestación, de religión, derechos humanos, no discriminación, rendición de cuentas y acercamiento a los medios de
comunicación.

 

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Fiscalía para la libertad de expresión descarta caso de Moisés Sánchez porque dice que no es periodista

En respuesta a un recurso de amparo interpuesto por la organización Artículo 19, la Procuraduría General de la República argumenta, en base a una serie
de testimonios recabados en el municipio de Medellín, que la principal actividad de Moisés era el de conductor de taxis, por lo que no tiene objeto
la atracción del caso. Por su parte, Artículo 19 critica que la PGR usó “testimonios sesgados” para llegar a esta conclusión.

SEPTIEMBRE 11, 2015 Manuel Ureste (@ManuVPC)

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no atraerá la investigación del caso de Moisés
Sánchez, director del semanario La Unión asesinado el pasado 2 de enero en el municipio veracruzano de Medellín, porque concluye que su principal
actividad era la de taxista y no el periodismo.

En respuesta a un recurso de amparo interpuesto el 1 de abril por la organización Artículo 19,
la Procuraduría General de la República (PGR) –de la que depende la FEADLE- expone que no hay elementos suficientes para sostener que la privación
ilegal de la libertad y el posterior asesinato de Moisés se deba a su condición de periodista; trabajo que la Fiscalía indica que hacía“de manera
esporádica”.

Ante esta consideración, la dependencia insiste en que el caso no es objeto de atracción –el pasado 28 de febrero ya
se pronunció de manera idéntica-, por lo que apunta que éste debe ser investigado por las autoridades de Veracruz. Esto, a pesar de que Artículo
19 documentó que según el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, el caso de Moisés aplicaba en al menos seis de los 10 supuestos
(que puedes leer aquí) bajo los cuales
la FEADLE puede atraer delitos contra la libertad de expresión.

 

Para llegar a la conclusión de que Moisés Sánchez no era periodista -en concordancia con lo que también apuntó desde un principio el gobernador de
Veracruz, Javier Duarte, quien nada más conocer la noticia del secuestro de Moisés se apresuró a decir que éste era un“conductor de taxi y activista social”-,
la PGR utiliza principalmente dos elementos que esgrime a lo largo de 33 páginas en el oficio DGCAP/OAXICP/0127/2015, fechado el 21 de agosto de
este año, y del que Animal Político tiene una copia.

 

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​Hombres armados asesinan a seis personas en Veracruz; entre ellas a un reportero

Cinco hombres armados dispararon en contra del periodista Juan Heriberto Santos Cabrera. En el lugar también fue asesinado el presunto jefe de plaza de

Los Zetas en Poza Rica.

 

AGOSTO 13, 2015Redacción Animal Politico

 

La madrugada de este jueves 13 de agosto seis personas fueron asesinadas en Poza Rica, Veracruz, entre ellas un reportero, informó el gobierno estatal.

De acuerdo con un comunicado, emitido esta mañana por la Fiscalía estatal, el ataque fue realizado por un grupo de hombres armados que ingresaron a un
bar de ese municipio, donde asesinaron a tiros a José Márquez Balderas el Chichi, identificado por las autoridades como el jefe de plaza del grupo
delincuencial Los Zetas.

Las autoridades detallaron que en el hecho murió el reportero Juan Heriberto Santos Cabrera, Sergio Felipe Mendoza Morgado, Alberto Rodríguez Romero,
José Eduardo Castillo Romero y una persona más que no fue identificada. “Se encontraban conviviendo en el momento de los hechos”, indicó el comunicado
emitido esta mañana.

Según testigos, citados por las autoridades estatales, “un comando integrado por cinco personas con armas de alto poder se dirigieron directamente
contra las personas hoy fallecidas y dispararon en su contra”.

“Al momento de la fuga los agresores fueron interceptados por elementos de la Fuerza Civil quienes enfrentaron a los criminales no logrando su detención”,
detalló. En este hecho dos elementos resultaron lesionados.

El comunicado también detalla que otros dos reporteros que estaban presentes durante el ataque se encuentran resguardados por la autoridad.

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OSC exigen crear condiciones adecuadas para ejercer el periodismo y la defensa de derechos en el DF

 


 

 

México, D.F. a 11 de agosto de 2015.

 

ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y VINCULADAS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EXIGEN UN ENGRANAJE ESTATAL PARA CREAR CONDICIONES ADECUADAS AL EJERCICIO DEL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL.


Desde hace más de un año, organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos, así como las vinculadas a la libertad de expresión y periodistas,
trabajaron de manera constante en mesas intersecretariales, en donde participaron la Asamblea Legislativa, la Oficina en México del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con la finalidad de construir una normativa
local que reconociera, pero sobre todo protegiera a personas, que de manera individual y/o colectiva, realizan diversas acciones de defensa y promoción
de los derechos humanos en el Distrito Federal.

 

El día 9 de julio, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley de Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el Distrito Federal, con 29 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones. El día de ayer el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera firmó la puesta en marcha de esta normativa.

 

En el contexto de represión, criminalización, judicialización y ejecución de las que son objeto personas defensoras de derechos humanos y periodistas
refugiados, y del Distrito Federal, posicionamos que la publicación de la Ley no debe ser utilizada como un acto de oportunismo político, sino
como un compromiso real de las autoridades para resolver problemas estructurales y políticos, para lograr una correcta implementación de la misma.
Y sobre todo que es indispensable crear condiciones mínimas para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y el periodismo, bien de
manera individual o colectiva.

 

Además, se requiere un serio compromiso por parte de las diversas instancias del Gobierno del Distrito Federal para cumplir con el objeto de la misma;
un proceso de reformas a la ley, así como el diseño de reglamento y sus lineamientos en consulta con la sociedad civil. También, es fundamental
la asignación de recursos presupuestales necesarios para la creación e implementación del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas, como un organismo descentralizado, con autonomía de gestión, patrimonio propio, y un fondo para implementar
las medidas de prevención y protección.

 

También queremos expresar nuestra preocupación respecto a la inclusión de algunas modificaciones de último momento, de las cuales las organizaciones
y personas que acompañamos el proceso de elaboración de la Ley no fuimos consultadas en el último momento, y afirmamos que no estamos de acuerdo,
ya que consideramos impacta en la toma de decisiones, y en algunos casos pone en riesgo la equidad y la paridad en los espacios.

 

Respecto a los casos de personas defensoras y periodistas que la Procuraduría de Justicia del D.F., tienen bajo su investigación, exigimos que tengan
en cuenta las definiciones plasmadas en esta ley, y que las líneas de investigación de multihomicidios como el de la Colonia Narvarte, contemplen
las relacionadas a la labor del periodista y de la defensora de derechos humanos.

 

Ratificamos una vez más que el Distrito Federal no es una ciudad segura para que las y los defensores y periodistas ejerzan su labor, ha demostrado
también que no es una ciudad segura como refugio, por lo que la correcta implementación de una ley de protección podría llegar a mejorar las condiciones
actuales.

 

Firmantes,

ACUDDEH.

Asociación Mexicana de Derecho a la Información A.C. (AMEDI)

Asociadas por lo Justo (JASS)

Brigada Humanitaria de Paz Marabunta.

Casa de los Derechos de Periodistas A.C. – Periodista Judith Calderón Gómez (presidenta)

Casa del Migrante Saltillo.

Cauce Ciudadano A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitora, O.P. A.C.

Centro de Investigación y Capacitación. Propuesta Cívica.

Centro Nacional de Comunicación Social. CENCOS.

Colectivo de Apoyo para Personas Migrantes, A.C. – COAMI.

Colectivo Ustedes Somos Nosotros.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Comunicación e Información de la Mujer, A.C. CIMAC.

Espacio Libre Independiente Marabunta A.C.

Gerardo Espino Balderas.

IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
Instituto de Investigación y Estudios en Cultura en Derechos Humanos.

Plataforma de Vinculación de Periodistas – Luz Rosales Esteva (coordinadora)

Propuesta Cívica, A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”(conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo,Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C.(CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)

Reporteros sin Fronteras – Periodista Víctor Ruiz Arrazola, corresponsal en México

Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz)

SMR, Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados



Datos de contacto:

Melissa A. Vértiz Hernández

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P. A.C.

Tel. 56 59 38 23

Alan Mayo Flota

Propuesta Cívica

Cel. 55 22 19 27 18

​Interrogan a una persona por el multihomicidio en Narvarte; fue localizada por sus huellas

 


Foto: Nadia y Rubén. Tomada de Facebook

 

 

La huellas dactilares de esa persona, anteriormente acusada de violación, coinciden con algunas halladas en el lugar del multihomicidio.

 

AGOSTO 5, 2015 Arturo Angel (@arturoangel20)

 

Una persona declara ante el Ministerio Público por el multihomicidio en la colonia Narvarte, luego de que sus huellas dactilares fueron halladas en la
escena del crimen. Aunque las autoridades no revelaron su identidad, indicaron que tiene antecedentes por violación y lesiones.

 

En conferencia de prensa este miércoles 5 de agosto, el procurador Rodolfo Ríos Garza informó que esta persona ya es interrogada, en calidad de presentada,
por agentes de la Procuraduría de Justicia del DF.

 

Al reiterar que todas las líneas de investigación siguen abiertas, el funcionario local explicó que los tres sospechosos del crimen –identificados gracias
a unas cámaras de video instaladas en la calle– entraron al departamento después del mediodía del viernes 31 de julio y salieron a las 15 horas.

 

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​Ley de Borge decide, desde hoy, quién es periodista y quién no; ejemplo: Rubén Espinosa no era

 


Foto: Gobierno del Estado de Quintana Roo

 

 

 

 

Por Redacción

 

Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).– El Congreso de Quintana Roo aprobó anoche la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas, impulsada por el gobernador priista Roberto Borge Angulo, que contiene disposiciones restrictivas para el ejercicio periodístico, que
de acuerdo con la organización Artículo 19, constituye “un acto de simulación” de un gobierno que continúa agrediendo a periodistas críticos e independientes.

 

La legislación fue aprobada el pasado lunes por el Congreso estatal en un contexto de agresiones contra la prensa por parte del gobierno de esa entidad,
que encabeza el priista Borge Angulo. El último de estos casos fue la detención del periodista maya Pedro Canché Herrera quien fue liberado el
pasado 29 de mayo tras acusado sin algún sustento de sabotaje.

 

En 2014, Quintana Roo fue la segunda entidad con mayor número de agresiones a la prensa debajo del Distrito Federal, donde este fin de semana fue asesinado
el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, y por arriba de Veracruz, el estado que concentra más asesinatos de periodistas.

 

La nueva Ley de Quintana Roo deja a Canché o a Espinosa Becerril fuera de la protección: simplemente no califican como periodistas, según su criterio,
porque no están (estaban, en el caso del fotógrafo) en una nómina. Rubén era freelance y Canché no está en ningún medio reconocido por el gobierno
de Borge Angulo. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no es para ellos o para comunicadores como
ellos.

 

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