Categoría: Libertad de expresión

Publicado en

Personas defensoras y periodistas en Michoacán exigen no caer en actos de simulación y proteger de manera inmediata su labor

Espacio OSC

Ciudad de México / Morelia, 10 de junio de 2022.

Los días 8 y 9 de junio se llevó a cabo en la ciudad de Morelia, Michoacán el octavo diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, en el que participaron representantes del Gobierno del Estado de Michoacán, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, La Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Este es el octavo diálogo que se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Morelos, Baja California y Jalisco, los cuales tienen el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección pero enfatizando las necesidades específicas del contexto, en este caso desde Michoacán.  

Durante el evento las personas defensoras de derechos humanos y periodistas condenaron los más recientes asesinatos de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares del portal de noticias Monitor Michoacán ocurridos en el mes de enero y marzo del presente año, así como de los asesinatos cometidos en contra de personas defensoras ocurridas en años previos en la entidad, los cuales permanecen en completa impunidad.

Además, resaltaron los altos índices de violencia ejercidos en contra de su labor son principalmente por funcionarios públicos a nivel estatal que directa e indirectamente a través de colusión con grupos criminales obstaculizan su labor o reciben agresiones, entre las cuales destacaron: amenazas, agresiones físicas y digitales, desaparición forzada, desplazamiento forzado interno, discursos de odio, campañas para denostar la labor, criminalización a través del uso abusivo del derecho penal, detenciones arbitrarias y  abuso de la fuerza pública por parte de elementos de seguridad pública hasta el cierre de espacios de participación. 

Lo anterior, preocupa el caso de mujeres defensoras y periodistas, quienes denunciaron la  relación que existe entre la violencia institucional ejercida y la violencia de género que viven cotidianamente como el acoso y actos de misogínia, tal como ocurrió el pasado 8 de marzo durante la protesta feminista, en donde fueron detenidas arbitrariamente y agredidas en el marco del ejercicio de su derecho a la protesta social y en el ejercicio de la cobertura periodistica.

Estas violaciones e impunidad han generado falta de confianza en las instituciones de gobierno estatales, lo cual se evidenció durante el diálogo por las y los participantes, al hacer énfasis en que su seguridad y protección no pueden quedar en manos de las instancias locales de gobierno, por ser las principales agresoras/es de personas defensoras y periodistas.

También demandaron por parte de las instancias de gobierno federal y estatal respeto y garantías para el ejercicio de su derecho a la libre determinación y autonomía, como fue el caso de la comunidad de Nahutzen, quienes además denunciaron el incremento de la inseguridad en el municipio, como fue el el asesinato de tres comuneros y un feminicidio en lo transcurrido del año, que a la fecha no han sido atendidos por la fiscalía y el ayuntamiento. 

Ante eso, las y los participantes lamentaron la falta de asistencia del Gobernador del Estado, del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, de la Polícia Pública de Morelia y de representantes de la Guardia Nacional que hacen presencia en la entidad, para conocer los protocolos internos de actuación y protección de personas defensoras y periodistas, y las acciones de protección llevadas a cabo por estas instancias de gobierno.

Asimismo, recordaron que desde 2016 se cuenta con la Ley Estatal de Protección, la cual pese a más de cinco años de su emisión, no ha sido implementada y tampoco se tiene conocimiento de las acciones impulsadas entre la Federación y el Gobierno del estado posterior a la firma del Convenio de colaboración entre ambas el pasado 28 de abril. Lo mismo sucede con el programa institucional de derechos humanos de la Fiscalía General del Estado (2019-2028), que señala la generación de acciones de protección y atención inmediata para defensores/as y periodistas, sin embargo no se cuentan con acciones concretas para su cumplimiento y desarrollo. 

Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se comprometió en conjunto con las y los representantes del Gobierno del Estado y de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en llevar mesas de diálogo en otros municipios de Michoacán, donde hay focos rojos de violencia, que podría incluir a los municipios de Aguililla, Tepalcatepec, Coalcomán y otros.  

Finalmente, Jesús Peña representante adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, resaltó la importancia del diagnóstico del Mecanismo Federal de Protección llevada a cabo en 2019, que contempla 104 recomendaciones que fueron aceptadas por el Estado mexicano, y además recalcó la importancia del papel de personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil en la discusión y construcción de cualquier marco normativo que les afecte o inhiba el ejercicio de su labor. 

Durante la jornada las personas asistentes hicieron énfasis en la falta de voluntad política de las instancias estatales, y exigieron construir acciones que reconozcan, garanticen, y fortalezcan la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas; a generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos; a seguir fortaleciendo el Mecanismo Federal de Protección a través del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Diagnóstico de la ONU-DH;  así como posibilitar la real participación de los diálogos en las entidades federativas garantizando que sus demandas sean recuperadas en la elaboración de la iniciativa de ley general y el fortalecimiento de la ley estatal actual.  

 Para medios

@EspacioOsc

contacto@espacio.osc.mx

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

Ver comunicado

Publicado en

Urgen a autoridades de Jalisco tomar acciones concretas para garantizar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos

Espacio OSC

Ciudad de México / Guadalajara, 01 de junio de 2022

Los días 30 y 31 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el séptimo diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes de la Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco, del Congreso local, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Este diálogo se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Morelos y Baja California con el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección, ahora en el contexto específico de Jalisco. 

Durante la discusión, las personas defensoras y periodistas resaltaron que Jalisco es el estado del país con mayor número de personas desaparecidas, feminicidios y violencia contra las mujeres, en las que se destaca la impunidad y falta de sanción de estos delitos sobre las y los responsables. A su vez, hicieron mención que dentro de los riesgos que están expuestas por su labor de defensa de derechos humanos y del ejercicio de libertad de expresión, se encuentran, ataques a la vida e integridad, discursos de odio y campañas de desprestigio, agresiones físicas y digitales, despojo de tierras, amenazas, y falta de transparencia. Estos fueron algunos de los obstáculos y riesgos diferenciados a nivel estatal señalados que enfrentan mujeres periodistas, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, atención y protección de la población migrante, de defensa del agua, el territorio y el medio ambiente y personas defensoras de la diversidad sexual. 

Muchas de esas violaciones a derechos humanos y obstáculos a la labor son cometidas y promovidas por parte de funcionarias o funcionarios públicos de manera directa e indirecta, así como en colusión con el crimen organizado. Esto ha generado una falta de confianza sobre las instituciones de gobierno estatales, que se evidenció durante el diálogo por las y los participantes, al hacer énfasis en que su seguridad y protección no pueden quedar en manos de las instancias locales de gobierno, quienes son las principales agresoras/es de personas defensoras y periodistas y no investigan ni sancionan a las y los responsables. Ante eso, las y los participantes lamentaron la falta de permanencia durante todo el diálogo de funcionarias/os públicos que tienen deber de protección, como fue el caso del Secretario General de Gobierno de Jalisco, la Subsecretaria de Derechos Humanos y el Fiscal General del Estado de Jalisco.

Asimismo, demandaron mayor transparencia y difusión sobre el catálogo de medidas reciente aprobado por la Secretaría de Gobernación Federal durante el mes de mayo, así como el funcionamiento de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco, emitida en 2016, la cual fue emitida sin consulta de las personas defensoras y periodistas, y pese a contar con una Consejo Ciudadano, así como atribuciones específicas de instancias estatales, persiste la opacidad en cuanto su implementación, informes sobre el funcionamiento del mecanismo estatal y sobre las acciones de coordinación entre esta y la Federación.

De igual forma, manifestaron la necesidad de realizar más acciones de seguimiento y respaldo político a la labor de personas defensoras y periodistas a nivel estatal, así como de contar con perfiles idóneos de las y los servidores que dan atención en el mecanismo de protección, fiscalías, comisiones de atención a víctimas y comisiones de derechos humanos a nivel estatal, con procedimientos claros, instituciones obligadas, recursos humanos y financieros suficientes.

Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación mencionó que publicarán el catálogo de medidas establecidas en el reciente anexo técnico firmado con vigencia a diciembre del presente año, y de abrir un espacio de análisis de evaluación del catalogo medidas y su implementación junto con personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Las personas asistentes hicieron énfasis en la necesidad de reconocer la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas, e hicieron un llamado a generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos. Por tanto, destacaron las organizaciones, colectivos/as de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, la urgencia de fortalecer al Mecanismo Federal e implementar acciones urgentes ante la grave situación de violencia y falta de garantías para ejercer el derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión en Jalisco. Además llamaron a seguir fortaleciendo a nivel interno las redes entre personas defensoras y periodistas a nivel estatal, en especial de quienes realizan su labor en zonas de mayor riesgo en el estado de Jalisco, mismas que son fundamentales para la construcción de una ruta y agenda más amplia entre organizaciones y movimientos sociales que defienden derechos humanos.

Para medios:

@EspacioOsc

contacto@espacio.osc.mx

 

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por:

ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).    

Otras organizaciones, colectivos y personas firmantes:     

Colectivo Defendamos El Cerro de la Reina, Tonalá. Jalisco, Colectivo Foco Tonal, Santa Cruz de las Huertas, Tonalá. Jalisco,  Colectivo Unido por Jardines de La Paz y Colonias Aledañas, A.C, Conciencia y Acción México AC, Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, Por Nuestros Niños A.C, Colectica Feminista Abuelas Brujas y Sabias, Centro de Justicia Para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD), Colectivo Unido por Jardines de la Paz y colonias aledañas, A. C,, Tsikini Asociación Civil, Belinda Aceves Becerra, Gabriela Karina Cervantes Fuentes, Josefina Ramírez Gómez, Héctor Rodolfo Flores González, Maria Antonieta Flores Astorga, Leticia López Salinas, Sergio Gilberto Morales Hernández, ​Defensor SocioAmbiental & DDHH/ Periodista Independiente,  Patricia Alvarado.

 

Ver comunicado

Publicado en

Espacio OSC llama a no debilitar a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección y a fortalecer la participación de la sociedad civil

Espacio OSC

México a 25 de mayo de 2022

Las organizaciones que conforman al colectivo Espacio OSC y que realizan acompañamiento a personas defensoras y periodistas ante el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante Mecanismo), observamos con preocupación el debilitamiento político de la Junta de Gobierno del Mecanismo, la cual es la instancia máxima y el principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 

Tal como lo comunicó el Consejo Consultivo en un boletín, durante la Centésima Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), quien funge como titular de la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN) del Mecanismo, anunció la aprobación unilateral e irregular de un nuevo contrato con la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V. Es importante recordar que esta empresa opera el catálogo de medidas de protección que son dictaminadas por el Mecanismo para proteger a personas defensoras y periodistas que se encuentran en riesgo por ejercer la defensa y promoción de los derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión. 

La toma de decisiones unilaterales por parte de la Secretaría de Gobernación resulta arbitraria ya que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece, en su artículo 4, que La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Por tanto, carece de sustento la decisión adoptada por la SEGOB al confundir la atribución de administrar los recursos presupuestales, con la de celebrar y suscribir convenios, que recaen en el órgano máximo del Mecanismo.   

Además, dentro de las atribuciones dadas a la Junta de Gobierno, en el artículo 8 fracción VI, se establece la de Celebrar, propiciar y garantizar, a través de la Coordinación, convenios de coordinación y cooperación con las autoridades federales, entidades federativas, órganos públicos u organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión nacionales o internacionales, así como con personas y organizaciones sociales y privadas para la instrumentación de los objetivos del Mecanismo.  

La no integración de las instancias que conforman a la Junta de Gobierno es un retroceso en su composición horizontal y en la capacidad de deliberación e interacción entre instituciones gubernamentales y personas expertas en materia de derechos humanos y de libertad de expresión.  Esto también  afecta la transparencia y rendición de cuentas, así como el fortalecimiento de los planes de protección. 

Durante el año 2019, el Espacio OSC, junto con periodistas y personas defensoras beneficiarias, impulsamos la creación de un catálogo de medidas complementarias a partir de un enfoque de derechos humanos, colectivo, comunitario y con perspectiva de género. Esto, con el objetivo de mejorar y actualizar las medidas que conforman los planes de protección desde una perspectiva integral. 

La falta de conocimiento de este nuevo instrumento, así como la ausencia de participación de la sociedad civil, debilita a las personas defensoras y periodistas en los temas que les afectan y deja en evidencia la poca apertura por la Secretaría de Gobernación para escuchar las voces de quienes viven las violencias. 

Consideramos que la integración de todos los actores en la gobernanza de la política pública de protección para personas defensoras y periodistas no es una elección, sino es una medida necesaria y esencial para el reconocimiento de las personas defensoras y periodistas como sujetos de derechos y no sólo objeto de protección. De la misma forma, esto permitirá conseguir resultados palpables de una política pública integral que pueda contrarrestar los efectos del contexto de violencia, inseguridad e impunidad. 

Ante esto, nos unimos a la preocupación externada por el Consejo Consultivo del Mecanismo y hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la CEN, se respete y fortalezca la gobernanza y autonomía de la Junta de Gobierno para la toma de decisiones del funcionamiento del Mecanismo. 

También llamamos a la Fiscalía General de la República, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer su participación dentro de la Junta de Gobierno del Mecanismo. Consideramos que las acciones unilaterales atentan contra los valores democráticos de la Junta de Gobierno e impactan de manera negativa en las personas beneficiarias. Por ello, velamos por acciones proactivas y coordinadas frente a la violencia imperante contra personas defensoras y periodistas. 

 

 

Espacio OSC para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

 

Ver comunicado

Publicado en

Reprueban declaración de funcionario en Quintana Roo que justifica asesinato de periodistas

Foto: Erik Isaac Salinas/Cencos

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Amnistía Internacional (AI) reprobó la declaración del secretario de Seguridad Pública de Puerto Morelos, Alfredo Edgardo Valdez de León, que el pasado 19 de mayo dijo «por algo los matan» a un periodista durante una reunión con el visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos al Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).

AI señaló que la declaración de Valdez «justifica el asesinato de periodistas» y es «una amenaza directa y un atentado en contra de la libertad de expresión y prensa».

La amenaza fue contra el reportero Fernando Montero, quien ya antes había denunciado amenazas por parte del Ayuntamiento de Puerto Morelos en 2021 y en febrero de este ingresó una queja ante la Cdheqroo, luego de que el director de Seguridad Pública enviara a sus agentes para amedrentarlo y exigir que se fuera cuando cubrió la fuga y atropellamiento de un detenido.

Con relación a la queja, el visitador adjunto de la Comisión, Alan Pat, llevó una reunión de mediación el 19 de mayo, a la que también asistieron Valdez de León, armado, y su director jurídico. Fue ahí donde el director de Seguridad Pública refrendó su agresión contra el reportero y le dijo «por algo los matan».

Ver nota completa

Publicado en

Urgen a autoridades tomar acciones que garanticen la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Baja California

Espacio OSC

Urgen a autoridades tomar acciones que garanticen la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Baja California

  • Personas defensoras y periodistas logran acuerdo sobre la generación de acciones de capacitación y mesas de trabajo para construir una agenda local con Gobierno Federal y Estatal 
  • Urge dar difusión a los lineamientos del Mecanismo Estatal de Protección y otorgar capacidades técnicas y financieras suficientes para su funcionamiento

Ciudad de México / Tijuana, 19 de mayo de 2022.

Los días 17 y 18 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Tijuana, Baja California el sexto diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes de Gobierno del Estado de Baja California, del Congreso local del estado, la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Este diálogo se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit y Morelos, con el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección, ahora en el contexto específico de Baja California. 

Durante la discusión, las personas defensoras y periodistas condenaron los asesinatos cometidos en Baja California durante 2022, siendo los más recientes el asesinato de el foto periodista Margarito Martinez y la periodista Lourdes Maldonado, ocurridos los días 17 y 23 de enero, respectivamente, en  Tijuana. 

Ataques a la vida e integridad, acciones de racismo y xenofobia, discursos de odio, agresiones físicas y digitales, despojo de tierras, amenazas, campañas de desprestigio y falta de transparencia son algunos de los obstáculos y riesgos diferenciados que enfrentan mujeres periodistas, colectivos de búsqueda, atención y protección de la población migrante, de defensa del agua, el territorio y el medio ambiente.

Muchas de esas violaciones a derechos humanos y obstáculos a la labor son cometidas y promovidas por parte de funcionarias o funcionarios públicos de manera directa e indirecta, así como en colusión con el crimen organizado. Además señalaron que la falta de investigación e impunidad son otra forma de violencia que limita la labor, al no sancionar los delitos cometidos en contra de personas defensoras y periodistas.

De igual forma, manifestaron la necesidad de contar con perfiles idóneos de las y los servidores que dan atención en el mecanismo de protección, fiscalías, comisiones de atención a víctimas y comisiones de derechos humanos del nivel federal y estatal, procedimientos claros, flujogramas con tiempos e instituciones obligadas, recursos humanos y financieros suficientes y un servicio profesional de carrera. 

Las y los participantes lamentaron la falta de difusión de la convocatoria para que personas defensoras y periodistas de otros municipios participarán, lo que limitó su asistencia al diálogo presencial o vía remota. También cuestionaron la ausencia de funcionarias/os públicos que tienen un deber de protección, como el Secretario General de Gobierno de Baja California, la Fiscalía Estatal del Estado y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. 

Asimismo, demandaron transparencia y mayor difusión sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección a Periodistas  y Personas Defensoras de los Derechos Humanos recién instalado en Baja California. Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y Melba Adriana Olvera, Subsecretaria de Derechos Humanos de Baja California, se comprometieron en conjunto a dar difusión de los lineamientos y el Decreto de creación del Mecanismo Local e impulsar procesos de capacitación a las y los servidores públicos, personas defensoras y periodistas de Baja California.

Las personas asistentes hicieron énfasis en la necesidad de reconocer la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas e hicieron un llamado a generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos, a través de la creación de oficinas estatales de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), para que el Estado atienda su deber de investigar y tenga en cuenta las particularidades del contexto de Baja California. Además invitaron a no caer en actos y discursos de odio que fomentan la estigmatización desde el Poder Ejecutivo Federal y Estatal. 

  • Las organizaciones, colectivos/as de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, hacemos un llamado a las instancias de Gobierno Federal y Estatal a implementar acciones urgentes ante la grave situación de violencia y falta de garantías para ejercer el derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión en Baja California. Además llamamos a seguir fortaleciendo los diálogos y consultas con comunidades rurales, indígenas y periodistas que realizan su labor en zonas de mayor riesgo en el estado, mismas que son fundamentales para la construcción de una ruta, creación e implementación de una política pública integral en Baja California y en el país. 

 

Para medios: @EspacioOsc, contacto@espacio.osc.mx

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

Ver boletín de prensa

Publicado en

Personas defensoras de derechos humanos y periodistas proponen la construcción de una política pública de protección integral que garantice su labor

Espacio OSC

  • Organizaciones de la Sociedad Civil presentan una propuesta de ruta de trabajo para prevenir, proteger, investigar y reparar el daño para revertir la situación de violencia contra la prensa y personas defensoras de derechos humanos.
  • Representantes de la ACNUDH, CIDH y CNDH hacen un llamado a las instancias de gobierno mexicano a dialogar con personas defensoras y periodistas para impulsar una  dialogar con personas defensoras y periodistas para impulsar una  política pública integral integral de protección.

Ciudad de México

El 11 de mayo de 2022 se llevó a cabo en la Ciudad de México el “Foro para la construcción de una política pública integral de protección para personas defensoras y periodistas” convocado por la Delegación de la Unión Europea en México y las organizaciones del Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, quienes presentaron el documento “Puntos prioritarios para garantizar el Derecho a Defender los derechos humanos y a la libertad de expresión”. 

El panel moderado por Leopoldo Maldonado, estuvo conformado por Gautier Mignot, Embajador de la Delegación de la Delegación de la Unión Europea, Guillermo Fernández Maldonado, Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), Ariadne García Hernández, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Griselda Triana, periodista y defensora, Pedro José Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Mario Hurtado, representante del Espacio OSC, quienes condenaron los recientes asesinatos del periodista Luis Enrique Ramírez en Sinaloa, así como de Yesenia Mollinedo y Johana García en Veracruz,  recordando que la impunidad es un incentivo para el aumento de la violencia en México. 

Asimismo coincidieron en la urgencia de que los gobiernos asuman su obligación de prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar el daño. Por ello, la propuesta del documento planteado por el Espacio OSC, tiene como objetivo colocar en la discusión pública las medidas mínimas y prioritarias para combatir la situación de violencia que enfrentan personas defensoras y periodistas y garantizar un ambiente adecuado para ejercer la labor, entre las que destacaron: 

  • Generación de planes de contingencia en zonas prioritarias del país; 
  • Cumplimiento con las recomendaciones emitidas en el Diagnóstico de la ONU-DH para el fortalecimiento del Mecanismo; 
  • Implementación y creación de Protocolos Especializados de investigación para delitos cometidos en contra de personas y periodistas y;
  • Acciones de memoria, reconocimiento y mejora en la atención victimal.

La propuesta convoca a  diversas instancias públicas de los tres órdenes de gobierno, así como a otras personas defensoras y periodistas a caminar de manera conjunta y atender la problemática y erradicar la violencia contra las personas defensoras y periodistas. Por ello sugiere la conformación de un mecanismo colegiado intersectorial que dé seguimiento y evalúe  la implementación de las acciones y estrategias que establezca dicha coordinación.

Tanto los representantes de la ONU-DH y CIDH enfatizaron la necesidad de que el gobierno mexicano desista de hacer uso de discursos estigmatizantes de la labor de personas defensoras y periodistas a nivel nacional pues consideraron que contrario a estas acciones, se debe sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del rol que juegan las personas defensoras y periodistas para fortalecer las las condiciones democráticas.

Durante el evento, Griselda Triana, periodista y compañera de Javier Valdez, asesinado en 2017 por su labor periodística, enfatizó que «salir a tomar las calles con enojo cada que asesinan a periodistas es una acción lógica ante la falta de garantías. Nos parece indigno mendigar justicia», señaló al lamentar junto con la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH la ausencia de autoridades tales como la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). 

Al finalizar, el panel refrendó la disposición por mantenerse abierta al diálogo y colaborar con las instituciones señaladas, además el Espacio OSC llamó a otras personas defensoras y periodistas  a conocer el documento, nutrirlo y participar en los próximos foros regionales que estarán convocando. 

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).  

Responsable de comunicación y atención a medios: contacto@espacio.osc.mx

Transmisión del foro

Ver comunicado

Publicado en

Las periodistas Yessenia Mollinedo y Johana García son asesinadas en Veracruz

Imágenes: Cencos

 

Redacción/Animal Político

El crimen ocurrió en el municipio de Cosoleacaque, al sur del estado. Con ellas, suman 11 periodistas asesinados en México en lo que va del año.

Las periodistas Yessenia Mollinedo y Johana García fueron asesinadas este lunes en Cosoleacaque, Veracruz, informó esta tarde la Fiscalía General del Estado.

Mollinedo era directora del medio El Veraz y García era su camarógrafa. Ambas fueron atacadas con armas de fuego mientras estaban en el estacionamiento de una tienda.

Reporteros locales dijeron a Animal Político que Mollinedo murió en el hospital y García falleció en el mismo sitio de la agresión.

La fiscalía estatal informó que ya abrió una investigación sobre estos hechos y aseguró que se seguirán todas las líneas para esclarecer el asesinato.

Ver nota completa

Publicado en

El periodista Luis Enrique Ramírez Ramos es asesinado en Sinaloa; es el noveno en lo que va de 2022

Imagen: Cencos
Noroeste/Animal Político

El cuerpo del fundador del sitio ‘Fuentes Fidedignas’ fue encontrado al sur de Culiacán, la capital del estado.

El periodista Luis Enrique Ramírez Ramos fue asesinado en Sinaloa. Su cuerpo fue localizado este jueves en el sector sur de Culiacán, la capital del estado.

El cadáver fue hallado por la mañana en un camino de terracería que va de la carretera México 15 al Campestre Las Nanchis. Estaba envuelto en plástico y fue identificado más tarde.

Luis Enrique Ramírez Ramos era el director fundador del sitio de noticias Fuentes Fidedignas.

Ver nota completa

Publicado en

Policía municipal de Irapuato reprime, agrede y detiene arbitrariamente a manifestantes y prensa

FLEPS

Ciudad de México 4 de mayo de 2022.

El Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social (FLEPS), Plataforma por la Paz  y la Justicia en Guanajuato y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) condenan el abuso del uso de la fuerza y violencia física por parte de la policía municipal de Irapuato en el estado de Guanajuato hacia mujeres periodistas y manifestantes, quienes protestaban en las instalaciones del Palacio Municipal de dicha localidad el pasado 1 de mayo, para exigir la erradicación y justicia por los casos de feminicidio y de personas desaparecidas. 

Las movilizaciones fueron lideradas por grupos de mujeres y colectivas feministas y partieron del Parque Irekua y rumbo a la Plaza Principal alrededor de las 17 horas,  momento en el que el bloque negro se manifestó mediante iconoclasia. Organizaciones locales, nacionales e internacionales documentaron que las detenciones arbitrarias y el uso indebido y excesivo de la fuerza comenzaron entre las 17 y 19 horas  en el primer cuadro de la ciudad.

Abuso policial, estigmatización y represión al derecho de protesta

Con base en la documentación, el FLEPS registró 33 detenciones arbitrarias. De acuerdo con testimonios y vídeos, se observa que 28 mujeres entre ellas cinco niñas, quienes no estaban cometiendo ningún delito y/o falta administrativa fueron detenidas arbitrariamente y agredidas verbal y físicamente. Mismos que podrían constituir actos de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, o inclusive tortura.

Una fuente que contactó ARTICLE 19, cuyo nombre se reserva por seguridad, señaló que al momento de ser detenidas las policías hicieron uso de violencia física mientras las trasladaban a la puerta trasera del Palacio Municipal y las amenazaban con crearles delitos federales y de violencia sexual, diciéndoles: las vamos a acusar de terrorismo y las vamos a violar para que se callen. Posteriormente, fueron trasladadas al Centro de Reinserción Social de Irapuato, donde estuvieron retenidas por más de 2 horas hasta su  liberación el lunes 2 de mayo en la noche. 

Preocupa que ante la violencia y represión ejercida por la polícia, un día después (2 de mayo),  Lorena Alfaro García, presidenta municipal de Irapuato, criminalizó la protesta en una conferencia de prensa en la que defendió el actuar de las policías y afirmó: Nada, ni nadie fuera de la ley, los actos de expresión social y su libertad para realizarlos no pueden, bajo ninguna circunstancia, desvirtuarse…La violencia no es un privilegio de nadie y es justo la violencia lo que vamos a erradicar. Quien viole la ley deberá asumir la responsabilidad de sus actos. 

Adicionalmente, en un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato informó que el Gobierno Municipal presentó una denuncia por daños y lesiones ante el Ministerio Público, derivada de las afectaciones que reportaron 11 policías y por los daños registrados al Palacio Municipal. La denuncia quedó asentada en la carpeta de investigación 47466/2022, por daños a la propiedad del municipio y lesiones a seis policías municipales y agentes de tránsito, por lo que el riesgo de enfrentar acciones penales por parte de las mujeres detenidas, se mantiene.

Ver nota completa

Publicado en

Negación: informe anual 2021 sobre libertad de expresión e información en México

Article 19

  • En su informe 2021, ARTICLE 19 refiere que en el país se registró una agresión contra la prensa cada 14 horas; con 644 ataques documentados en todo el año.
  • En lo que va del sexenio, 33 periodistas han sido asesinados/as. De estos, 7 en 2021 y 8 en el primer trimestre de 2022.
  • Diez medios de comunicación recibieron el 52% del gasto en publicidad oficial en 2021.

Ciudad de México a 5 de abril de 2022.- La organización ARTICLE 19 presentó ‘Negación’, su más reciente informe anual sobre libertad de expresión, acceso a la información y respeto de derechos humanos en México en el que se concluye que en 2021 se consolidó la tendencia a negar e invisibilizar problemáticas relacionadas con los derechos humanos desde el discurso público.

Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19Oficina para México y Centroamérica, expuso que esta negación se traduce en desinformación oficial, estigmatización pública de la prensa, discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial, engaños en el sistema de transparencia, violencia contra la prensa, brecha digital, y violaciones a los derechos humanos, que vulneran la libertad de expresión.

Refirió que durante este periodo se reforzó la concentración de la comunicación social desde la conferencia matutina donde la desinformación oficial es el mecanismo empleado para anular a cualquier otro discurso que se le oponga a sus interlocutores, a través de dichos y datos difíciles de confirmar.

Como ejemplo refirió que las respuestas a 30 solicitudes de información dirigidas a la Oficina de la Presidencia de la República relacionadas con declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en 50% de los casos este sujeto obligado se declaró incompetente, mientras que en 27% indicó no haber localizado información documental relacionada con la solicitud, y, en un 3% señaló que se había declarado la inexistencia de la información.

Conforme a la estigmatización a la prensa el informe refiere que durante las conferencias matutinas. por lo menos en 71 ocasiones, un promedio de casi seis ocasiones al mes, el propio titular del Ejecutivo Federal u otros integrantes del gobierno denostaron a la prensa.

Persiste la violencia contra la prensa

Como parte central del informe, el cual se dio a conocer en el Museo Interactivo de Economía (MIDE) de la Ciudad de México, se expuso que durante 2021 la organización registró siete asesinatos y un total de 644 ataques contra la prensa vinculados al ejercicio periodístico, lo que resulta en promedio en una persona periodista agredida por su labor cada 14 horas. ARTICLE 19 refiere que de estos ataques el Estado mexicano estuvo involucrado en dos de cada cinco agresiones, mientras que los temas más vinculados a la violencia contra periodistas fue la corrupción y la política con 285 agresiones.  

Con estos datos, los tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador suman ya 1,945 ataques contra la prensa, entre los cuáles se encuentran 30 asesinatos de periodistas y dos desapariciones. Como comparativo, el gobierno de Enrique Peña Nieto registró en el mismo periodo 15 asesinatos contra periodistas en posible vínculo con su labor y 1053 ataques.

Esto quiere decir que los primeros tres años de López Obrador representan casi un 85% más de ataques contra la prensa que los primeros tres años del anterior mandatario, marcando el periodo más violento contra la prensa del que se tenga registro.

Centralización de la (des) información y control digital

El informe también expone la discrecionalidad del gasto de publicidad oficial, lo que es un obstáculo para la pluralidad mediática. Datos preliminares refieren que La Jornada, Televisa y TV Azteca representan el 33% de la totalidad del gasto de comunicación social de la actual administración.

Por otra parte, la narrativa oficial de comunicación centrada en las conferencias matutinas del presidente sirve como un espacio de deslegitimación del mensajero institucionalizada a través de la sección “Quien es quién en las mentiras” y de desinformación, donde se exponen dichos que no son verificables.

De igual forma, la organización identificó que el año pasado continuó la tendencia de regularización del espacio digital; a través de procesos opacos y poco participativos para aprobar iniciativas en detrimento de los derechos digitales.

Entre los ejemplos más claros de estas tendencias se encuentran la propuesta para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) y la aprobación de los lineamientos por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para regular la neutralidad de la red.

La institucionalidad derruida

La narrativa descalificadora imitada por diferentes niveles de gobierno también ha derivado en el debilitamiento significativo de las instituciones encargadas de velar por la prevención y protección de la violencia.

La propia Secretaría de Gobernación (SEGOB) reconoce que de 2017 a 2021 se cometieron nueve homicidios de personas que contaban con medidas otorgadas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Por otra parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) quedó acéfala por 18 meses, y recibió en 2021 un presupuesto 62.8% menor al solicitado, que contrasta con el incremento de 70% recibido por la Guardia Nacional en 2022.

El reporte también señala la utilización facciosa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para defender personas funcionarias señaladas de violar derechos humanos de periodistas. ARTICLE 19 consultó a 35 comunicadores respecto a la confianza para presentar una queja o solicitar apoyo a la CNDH. De ellas, el 56% afirmó no confiar en ella.

Aunque existen algunos avances en el tema de violaciones a los derechos humanos, el informe advierte que las políticas continúan planteándose de manera disociada. El gobierno federal usa fechas y espacios que se asocian con la represión por parte del Estado para avanzar una narrativa de compromiso con los derechos humanos y diferencia con gobiernos anteriores. No obstante, las violaciones a derechos humanos continúan, e incluso algunas de ellas aumentaron en la actual administración.

 Agenda mínima 3.0 

Por último y como parte del programa, ARTICLE 19 dio a conocer la actualización para 2022 de su Agenda Mínima 3.0, una lista de 36 acciones urgentes en materia de libertad de expresión e información, entre las cuales destacan:  

  1. Eliminar el uso discrecional y arbitrario de la publicidad oficial como recurso de control indirecto de las líneas informativas de medios de comunicación. 
  2. Eliminar las restricciones legales al ejercicio de la libertad de expresión.
  3. Desarrollar una política pública de protección integral para garantizar el ejercicio de libertad de expresión de las y los periodistas.
  4. Asegurar la protección de las y los periodistas ante la pandemia de COVID-19.
  5. Combatir la impunidad de las agresiones contra la prensa y garantizar el derecho a la verdad. 
  6. Abstenerse de promulgar legislaciones restrictivas de los derechos digitales y de utilizar mecanismos de censura en internet.
  7. Equilibrar la protección de los datos personales, la privacidad y el derecho al honor con el ejercicio de la libertad de expresión e información en internet. 
  8. Promover y garantizar el derecho de acceso a internet sin discriminación.
  9. Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión para las mujeres en el entorno físico y digital. 
  10. Controlar el uso de herramientas de vigilancia.
  11. Garantizar el acceso a la información a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Contacto de prensa:

Juan Vázquez, Oficial de Comunicación

5545881166, 10546500 ext. 110, jvazquez@article19.org

 

Ver informe

Creado con WordPress