Los colectivos firmantes monitorearán y acompañarán las protestas del #8M en diversas ciudades del país
La Red #RompeElMedo (RRM), el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), Consorcio Oaxaca y Amnistía Internacional, monitorearán este miércoles 8 de marzo las movilizaciones sociales en Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Puerto Vallarta, Quintana Roo, Guanajuato, Estado de México, Sinaloa, San Luis Potosí y Oaxaca, encabezadas por mujeres (cis y trans), personas no binaries y otras identidades de género no hegemónicas, para exigir un alto a la violencia de género en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Durante la activación, las organizaciones y colectivos participantes monitorearán en terreno, se coordinarán con otras y publicarán en tiempo real a través de la cuenta de Twitter @RompeMiedo información relacionada sobre incidentes o situaciones de riesgo en las entidades previamente mencionadas. De igual manera, a través de la cuenta @Frente_Libertad se compartirá información relativa al proceso de las movilizaciones.
Enfatizamos que los colectivos y organizaciones firmantes somos inclusivas e incluyentes y que apoyamos a todas las identidades sexuales y de género, apegándose en sus acciones a los más altos estándares de Derechos Humanos, donde todas, todes y todos son reconocidas.
Las razones que llevan a la apropiación del espacio cívico responde, entre otros, a las omisiones, falta de estrategias y acciones que prevengan, atiendan y erradiquen, en este caso, a la violencia de género. Por ello, hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles a abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes contra las personas manifestantes y sus exigencias. Asimismo, hacemos un atento llamado a que se reconozca de forma constante y a través de los medios más amplios a su alcance, la legitimidad de las protestas sociales.
Garantizar, respetar y proteger el derecho a la protesta social son obligaciones del Estado, por lo cual hacemos un llamado a los gobiernos a asegurar condiciones seguras y su ejercicio pleno a fin de que las, los y les periodistas puedan realizar su labor sobre un tema de trascendencia, interés público y de fortalecimiento del Estado de derecho.
Asimismo, hacemos un llamado a los medios de comunicación a respetar a los contingentes y evitar el uso de enfoques, lenguajes y contenidos periodísticos que refuercen estereotipos machistas, sexistas y transfóbicos.
Red Rompe el Miedo (RRM)
Consorcio Oaxaca
Amnistía Internacional
Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social
Artículo 19 y la UACM confirmaron la desaparición y asesinato del periodista, estudiante y defensor de la tierra Abisaí Pérez Romero en Tula, Hidalgo.
El periodista, estudiante y activista de la Tierra, Abisaí Pérez Romero, fue asesinado en Tula, Hidalgo, confirmaron este jueves la organización Artículo 19 y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
“Con profundo dolor comunicamos que el pasado 14 de febrero fue encontrado –en elmunicipio de Tula, Hidalgo– el cuerpo sin vida de nuestro compañero Abisaí Pérez Romero, estudiante de la carrera de Comunicación y Cultura de nuestra casa de estudios”, informó en un comunicado la UACM.
Por su parte, Artículo 19 indicó que Abisaí Pérez Romero había desaparecido desde el 12 de febrero.
“Exigimos a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo investigar de manera pronta, imparcial y diligente aplicando elProcolo Homologado para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión y determinar las causas del asesinato”, dijo Artículo 19 en su cuenta de Twitter.
El martes 24 de enero se cumplieron 8 años del asesinato de Moisés Sánchez, quien fue hallado sin vida en 2015. Su hijo y también periodista, Jorge Sánchez, acudió a la mañanera en dos ocasiones para pedir al presidente atención en el caso.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La organización Artículo 19 lamentó los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la prensa, luego de que el reportero Jorge Sánchez, hijo de Moisés Sánchez, periodista que fue asesinado hace ocho años en Veracruz, demandó al mandatario reunirse con familiares de periodistas asesinados en Veracruz.
“Después de que el presidente lo invitó a volver a la conferencia del día de hoy, la respuesta a Jorge Sánchez fue la descalificación, la revictimización y la desinformación”, expresó la organización en un comunicado.
Durante la conferencia matutina de este jueves, Sánchez pidió una audiencia con el mandatario.
La Cámara de Diputados aprobó “vía rápida” la reforma a la Ley Chayote pero incumple con los más altos estándares en libertad de expresión.
Persisten las malas prácticas en la asignación y contratación de la publicidad oficial para dar lugar a la censura sutil.
El Senado de la República tiene la posibilidad de revertir esta reforma y cumplir cabalmente con lo enunciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ciudad de México, 12 de diciembre de 2022.– El 7 de diciembre pasado fue aprobada por mayoría de votos en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley General de Comunicación Social (LGCS) cómo parte del paquete de reformas electorales. Sin embargo, las modificaciones a la llamada Ley Chayote no cambian sustancialmente el “estado de cosas inconstitucional” que declaró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2017 y 2021. Por lo que, al día de hoy, está en manos del Senado de la República revertir la discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial como medio de censura sutil.
La minuta que hoy se encuentra bajo análisis y discusión en el Senado, no cumple con los más altos estándares en libertad de expresión, acceso a la información y publicidad oficial, como es el caso de los Principios sobre Regulación de la Publicidad Oficial y Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, no contiene elementos básicos para la regulación de la publicidad oficial.
Por ejemplo, prescinde de principios como el de pluralidad mediática, equidad, no discriminación y rendición de cuentas como directrices para la asignación del gasto de publicidad oficial. Tampoco hay diferencia entre tipos de medios de comunicación (digital, impreso, radio, televisión, concesionarios de uso social, etc) y otros medios de difusión (publicidad exterior, mobiliario urbano, plataformas digitales, motores de búsqueda, etc). Es importante señalar que no considera a las y los concesionarios de uso social comunitario y a los de uso social indígena.
Esta reforma reemplaza “sujetos obligados” por “entes públicos” por lo que se corre el riesgo de que las personas físicas y morales de carácter privado que reciban estos recursos públicos, incluyendo prestadores de servicios como las casas productoras, influenciadores, agencias de publicidad, servicios digitales o similares, queden fuera del escrutinio público.
Por otro lado, llama la atención que el artículo 3o. Bis menciona el tipo de información que pueden difundir los entes públicos, señalando lo referente a “la ejecución de obras de infraestructura, prestación de servicios públicos y desarrollo de programas económicos y sociales” (f. I), pero no indica que deben informar en términos del impacto que generan dichos programas u obras a la ciudadanía.
En la definición de “publicidad gubernamental” prevista en el artículo 4o, f. VIII Bis, se deja de lado que ésta debe estar financiada con el presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin, por parte de los entes públicos. Señala expresamente que no se considera este tipo de publicidad “las manifestaciones de las personas servidoras públicas en el ejercicio de su libertad de expresión”. Preocupa que esta definición da pie a que cualquier persona servidora pública -incluyendo el representante del Ejecutivo- pueda promocionar cualquier situación o servidor público en contravención de la propia legislación y de los estándares en la materia.
En ese mismo artículo, el inciso VII señala el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, pero no lo define, ni detalla si incluirá a todos los tipos de medios o continuará siendo exclusivamente un padrón de medios impresos.
Si bien en el artículo 18 Bis de la reforma, se incluyen los criterios de asignación de la publicidad oficial, estos siguen siendo amplios y ambiguos, contraviniendo lo ordenado por la SCJN, la cual, mediante su sentencia de septiembre de 2021, obligó al Poder Legislativo a delinear directrices y procedimientos claros y transparentes. Así, no se establecen los topes de asignación por medio de comunicación, ya sea del total de la partida presupuestal o por campaña de comunicación social. Como hemos documentando las organizaciones firmantes, la hiper-concentración del gasto de comunicación social en unos cuantos medios de comunicación (prácticamente 50% en 10 corporativos) es un patrón que se mantiene.
Por otro lado, incumpliendo el mandato de la SCJN que expresamente prohibía la remisión a otras legislaciones, esta reforma insiste en regular el procedimiento de asignación del gasto con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (artículo 19).
Otra falencia está en la omisión de establecer parámetros, órganos y procesos de medición de audiencias, rating, tiraje e impacto; aspecto central para construir las estrategias de comunicación social y para la definición de los medios de comunicación idóneos en el despliegue de los mensajes.
Para las mediciones en cuestión es fundamental contar con órganos técnicos públicos independientes (como por ejemplo, el INEGI) que permitan medir el alcance real de los medios de comunicación. Sin embargo, la reforma en discusión incurre en la misma falta que pretendía enmendar la SCJN, derivando dicho proceso a los “Lineamientos” que cada autoridad apruebe y permitiendo que contraten libremente a entidades que realicen los estudios de impacto.
La práctica nociva de adjudicación directa del gasto de comunicación social permanece (art 18 bis f.V) y se justifica arbitrariamente en la necesidad de emitir “mensajes extraordinarios”, sin definirlo con precisión y claridad en el resto de la normativa (art. 31).
Encontramos tres aspectos positivos. Uno es el cambio de la Secretaría de Gobernación como “Secretaría Administradora” del gasto, por “Unidades Administradoras” por cada uno de los Entes Públicos. El segundo es el establecimiento de un límite de gasto del Programa Anual de Comunicación Social, que no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación –para 2023 el presupuesto es de 8 billones 299 mil 647.8 millones de pesos, por lo que el tope sería de 8 mil 299 millones–. El tercero es la prohibición expresa de utilizar las campañas de Comunicación Social como un medio de premio o castigo para la prensa, aunque no establece las condiciones para evitarlo.
Mediante la reforma aprobada por la Cámara de Diputados es previsible que persistirán malas prácticas en la asignación y contratación de la publicidad oficial. También se prevé que no se revierta el uso condicionado del gasto de comunicación social como forma de manipulación sobre las líneas editoriales de periodistas y medios de comunicación.
La celeridad con la cual se pretende aprobar la reforma cuando ésta contiene graves omisiones preocupa, pues refleja la falta de voluntad por regular de manera robusta, exhaustiva y seria. Adicionalmente, este proceso ha relegado por completo a las voces de la academia, periodistas, medios de comunicación independientes y sociedad civil que han empujado desde hace años los cambios necesarios en la materia.
Por lo tanto, desde ARTICLE 19 y FUNDAR exhortamos al Senado de la República a reconsiderar la iniciativa de reforma a la LGCS recientemente presentada y constreñirse a los estándares más altos en la materia en sintonía con lo dictado por la SCJN, de lo contrario la garantía del derecho a la libertad de expresión y a la información seguirán siendo vulneradas.
Red Rompe el Miedo (RRM)/Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS)
La Red Rompe el Miedo (RRM) y el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) monitorearán las protestas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este jueves 24 y viernes 25 de noviembre en la Ciudad de México y Oaxaca.
Como parte de la jornada, la RRM documentará agresiones a periodistas y personas defensoras integrantes de la Red. A su vez, el FLEPS observará la actuación policial para vigilar que las autoridades garanticen el libre ejercicio de la protesta social. Se publicará información en tiempo real, incluyendo incidentes y recomendaciones de seguridad, a través de las cuentas de Twitter @RompeMiedo y @Frente_Libertad, con el fin de acompañar a las personas que se manifestarán.
La RRM recuerda a las personas manifestantes la importancia de la cobertura periodística en contexto de protesta para contribuir a los procesos de exigencia de garantías de derechos, para robustecer el debate público, así como para apoyar la difusión de las razones que llevan a la apropiación del espacio cívico.
También recordamos a las autoridades que la violencia contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos y personas manifestantes por parte de las fuerzas del orden, en cualquiera de sus formas, constituyen violaciones al derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta y el derecho a la participación política.
Exigimos a las autoridades de la Ciudad de México y de Oaxaca que este 25 de noviembre se respete y garantice el derecho de toda persona a protestar, así como a buscar, recibir y difundir información sobre el desarrollo de esta movilización. Por lo que también llamamos a las autoridades a garantizar el derecho de la prensa a cubrir la protesta.
Sujetos armados que viajaban a bordo de una camioneta atacaron al periodista mientras conducía un taxi por las calles de Xalapa.
El locutor y periodista Pedro Pablo Kumul fue asesinado en Xalapa,Veracruz, mientras conducía su taxi.
De acuerdo con las primeras versiones, sujetos armados que viajaban a bordo de una camioneta atacaron a periodista mientras éste conducía un taxi por las calles de Xalapa, tras recibir los impactos de bala, Kamul chocó contra un poste.
Cuando los servicios de emergencias llegaron al lugar, el comunicador ya no tenía signos vitales.
Los asesinos de la periodista Lourdes Maldonado fueron sentenciados a 20 y 24 años de prisión, luego de que el hermano de la comunicadora y los defensores de los homicidas aceptaron el juicio abreviado.
TIJUANA, BC (apro).– Los asesinos de la periodista Lourdes Maldonado fueron sentenciados a 20 y 24 años de prisión, luego de que el hermano de la comunicadora y los defensores de los homicidas aceptaron el juicio abreviado.
El domingo 23 de enero de este año, Lourdes Maldonado fue ultimada de un balazo certero en la cabeza, mientras se encontraba en las afueras de su casa, por Guillermo Julián Castro Garzón; al declararse culpable en la audiencia de hoy, fue sentenciado a 24 años.
En tanto que Érick Eduardo Contreras y Kevin Alberto Villarino Hernández recibieron 20 años de cárcel por haber participado como cómplices en la ejecución.
A los tres implicados se les aplicó la tercera parte de la sentencia mínima por el delito de homicidio calificado con ventaja, luego de que aceptaron someterse a un juicio abreviado, lo que conlleva aceptar la culpabilidad.
Ismael Bojórquez Perea, director de Ríodoce y la periodista checa Pavla Holcová fueron elegidos como ganadores del Premio Allard a la Integridad Internacional 2022.
El galardón que otorga la Universidad de Columbia Británica, que se ubica en Vancouver, Canadá y que es financiado con donaciones de Peter A. Allard, está dedicado a la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.
Durante la ceremonia virtual realizada este miércoles, el jurado calificador determinó que Bojórquez Perea y Holcová son merecedores del galardón, en el que también fue finalista el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés).
El Comité eligió a los tres finalistas de entre 279 nominados de 78 países.
Durante su intervención, Bojórquez Perea dedicó el premio a Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, así como a los periodistas víctimas de la violencia y al semanario Ríodoce.
La Secretaría de la Defensa Nacional hizo dos pagos a Comercializadora Antsua, uno por 46.4 millones de pesos y otro por 13.6 millones, de acuerdo con información revelada por el grupo de activistas Guacamaya.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pagó 60 millones de pesos a la compañía Comercializadora Antsua, SA de CV, designada como representante exclusiva para venderle tecnología de NSO Group —la empresa israelí desarrolladora del software de espionaje Pegasus—, por dos contratos de adjudicaciones directas realizadas en 2019.
Así lo revelan documentos relacionados con estos contratos —contenidos en la información de la Sedena obtenida por el grupo de hacktivistas Guacamaya—, que la dependencia había ocultado pese a solicitudes de información e incluso peticiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizadas durante el proceso de auditoría que el órgano fiscalizador le practicaba en septiembre de 2021.
Ambas contrataciones fueron por el “servicio de monitoreo de información remota” y, según los documentos, los pagos fueron autorizados por la Tesorería de la Federación (Tesofe), toda vez que les fueron asignados números de Cuentas Líquidas por Cobrar (CLC), término utilizado para el registro de pagos en contabilidad gubernamental.
Este domingo, la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso dieron a conocer que un periodista de Animal Político, el periodista y escritor Ricardo Raphael y el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos fueron espiados a través de la infección de sus teléfonos con el software Pegasus, mientras realizaban investigaciones de violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por las Fuerzas Armadas.
Ciudad de México | Desinformémonos. El comunicador y administrador del portal de noticias Chiapas Denuncia Ya, Roberto Flores Mendoza, fue reportado como desaparecido en Chiapas luego de que fuera interceptado por hombres que viajaban en una camioneta en el barrio de La Pileta, el pasado 20 de septiembre.
El secuestro de Flores sucedió días después de que publicara en su portal información relacionada a una lucha interna del crimen organizado en Chiapas, la cual fue borrada horas después. De acuerdo con testimonios recogidos por Artículo 19, Flores ya había sido víctima de mensajes intimidatorios.
En su página de noticias, Flores publicaba denuncias contra funcionarios, exfuncionarios y policías locales, así como sobre abusos de las autoridades.
