Policías encañonan a un niño de 11 años mientras su padre es torturado



Por Redacción/ Proceso

Juan Antonio Reyes Suárez, señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato del notario Alfonso Alejandro Ledesma Guerra, primo hermano del diputado federal, Braulio Guerra Urbiola, fue torturado por media docena de policías mientras su hijo de 11 años observaba la escena, encañonado.

El notario fue acribillado a las puertas de su despacho, en pleno centro de la ciudad de Querétaro, la mañana del 19 de mayo y un día después, el fiscal de justicia, Alejandro Echeverría Cornejo, informó haber capturado a los autores materiales del crimen, quienes, dijo, habían aceptado su participación en los hechos.

Videograbaciones realizadas por cámaras cercanas al lugar del homicidio, difundidas en Internet y retomadas por medios locales el día del crimen, captaron la imagen de dos varones que presuntamente habrían participado en el homicidio del notario, pero el fiscal del estado señaló que fueron tres.

Uno de los detenidos es Juan Antonio Reyes Suárez –papá del niño de 11 años al que policías le colocaron un arma de fuego en la sien–, quien le confesó a su esposa que en realidad fue torturado y que él no participó en el homicidio de Ledesma Guerra.

El menor de 11 años detalló a Apro cómo esposaron a su padre, le cubrieron la cabeza y se lo llevaron con la espalda y abdomen enrojecidos de los golpes que le propinaron, aquel día en que él lo acompañó a su negocio.

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Los proyectos del gobierno en minas y energía son a costa de los pueblos, dicen grupos civiles

Por Redacción/ Sin Embargo

México encamina sus políticas públicas a fin de impulsar las inversiones en el sector energético y minero a costa del aumento de los impactos sociales y ambientales tanto en los territorios como en los habitantes, señalaron investigadores del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Cartocrítica, Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH), Corason y consultores independientes.

Durante la presentación del “Anuario de Industrias Extractivas: Situación actual 2016”, Beatriz Olivera, de Fundar reveló que el marco regulatorio en torno a la minería en el país es laxo y subrayó que con la apertura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “proliferaron” los proyectos extractivos, en especial los canadienses, ya que el 60 por ciento de las concesiones mineras que existen a lo largo y ancho de la República Mexicana pertenecen precisamente a Canadá.

La investigadora indicó que la Ley Minera ha sido modificada a modo de favorecer a las empresas, pues de los 25 años que permitía de concesión anteriormente, pasó a 50 con opción a prórroga hasta por otros 50, es decir, las mineras pueden llegar a explotar un territorio hasta por todo un siglo.

Por si fuera poco, Olivera manifestó que el Artículo 20 de la misma Ley permite las explotaciones energética y minera en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) con que cuenta el territorio nacional. Para el año 2015 existían ya más de mil 600 concesiones en dichas zonas.

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César Duarte negó información para reporte sobre desaparición forzada: CNDH

Por Redacción/ Proceso

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, reveló que para la elaboración del “Informe especial sobre desaparición forzada y fosas clandestinas”, el exgobernador César Duarte Jáquez y el exfiscal general Jorge Enrique González Nicolás, se negaron a brindar información al respecto.

Durante su visita a esta ciudad, el ombudsman se dijo confiado de que la actual administración dé una respuesta favorable, ya que por otros métodos fue como pudieron conocer que del 1 de enero de 2007 a septiembre de 2016, en la entidad se localizaron 86 fosas clandestinas con al menos 187 restos humanos.

González Pérez recriminó que hubo poca colaboración para elaborar el reporte, con información de todo el país, sobre la lamentable problemática de personas desaparecidas y fosas clandestinas.

A partir de la información recolectada, subrayó, Chihuahua ocupa el quinto sitio en el número de fosas clandestinas en el país. En el primer lugar se ubica Guerrero, con 195 fosas hasta el año pasado, mientras que Veracruz reportó 191.

Al respecto, el gobernador Javier Corral Jurado manifestó a representantes de medios locales que la administración duartista ocultó y maquilló cifras de homicidios, y ahora están apareciendo fosas clandestinas con decenas de cuerpos, lo que apunta a que los asesinatos se ocultaban con el entierro de personas.

En 2015, precisó, se extraviaron 50 carpetas de investigación de homicidios en Ciudad Juárez, por lo que la Fiscalía General del estado (FGE) revisa a profundidad las estadísticas registradas entre 2010 y 2016, en el sexenio de César Duarte, ya que así lo acordó el grupo de coordinación en materia de seguridad pública.

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El cambio climático pone en riesgo los derechos humanos: CNDH

Por Redacción/Proceso

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió sobre el riesgo que enfrentan los derechos humanos como consecuencia del cambio climático, que se ha convertido, dijo, en la mayor amenaza para el desarrollo, la vida de personas y de los ecosistemas en el planeta.

En ese sentido, hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que en el ámbito de sus respectivas competencias, “promuevan políticas públicas con enfoque de desarrollo sostenible, en las que se diseñen e implementen medidas de mitigación y adaptación ante dicho fenómeno en todos los sectores económicos”.

En un comunicado, destacó que la ocurrencia cada vez más frecuente de fenómenos naturales con mayor intensidad en México, ha significado pérdidas humanas, así como daños infraestructurales que merman el desarrollo y economía de la población, y hacen necesaria la salvaguarda por parte de las autoridades, mediante la debida implementación de un marco normativo y de políticas públicas que aseguren la protección de los derechos humanos con enfoques de prevención y no únicamente de reacción.

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Megaproyectos en zonas indígenas provocan conflictos sociales: ONU

Por Redacción/ La Jornada

En el conversatorio El derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas en México, Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), expresó su preocupación por el actual modelo de desarrollo, que está basado en dar concesiones por proyectos, megaproyectos o proyectos extractivos en territorios indígenas, vinculados con muchas violaciones a los derechos humanos.

Al participar en la reunión, realizada en el Senado, Jarab precisó: Hay miles de concesiones otorgadas en territorios indígenas, muchas veces sin consulta o consentimiento de ellos, lo que lleva a un conflicto social entre las comunidades, y también interno.

Hizo notar que en toda América Latina los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas, los defensores de la tierra, son los más amenazados y hemos visto en varios países de la región, incluso en México, asesinatos de defensores de derechos humanos indígenas.

Jan Jarab resaltó que no se puede organizar, o no es correcto, una consulta que sólo sirva para ratificar lo que ya se decidió llevar a cabo, es decir, un proyecto o megaproyecto, utilizando a los representantes de las comunidades que están a favor de esas construcciones y estigmatizando a los que se oponen, a quienes defienden sus tierras”.

En su intervención el representante de la Acnudh subrayó: Sin duda, la reforma energética, con su impacto enorme en las comunidades indígenas, hubiera sido correcto someterla a consulta libre, previa e informada con los pueblos indígenas.

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CNDH tiene facultad para revelar datos sobre graves violaciones a derechos: SCJN

Sesión de la Suprema Corte

Por Redacción/ Proceso

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) puede decidir si en una solicitud de transparencia que se le haga la información se relaciona con graves violaciones a los derechos humanos y por lo tanto hacerla pública.

Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver la revisión de un amparo promovido por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en contra de la negativa de la CNDH a revelar información sobre las masacres de San Fernando.

Los ministros de la Segunda Sala establecieron que la clasificación de un caso sobre graves violaciones a los derechos humanos, y por lo tanto su publicidad, es una facultad de la CNDH que no está en duda. Su argumento fue el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Esa disposición señala que cuando se trate de investigaciones de violaciones graves a los derechos humanos “no podrá invocarse el carácter reservado de las averiguaciones previas y otras indagaciones de carácter oficial”.

La Fundación pretende hacer valer esa facultad del órgano autónomo para que se conozcan los nombres de las víctimas de las masacres de San Fernando en el gobierno de Felipe Calderón.

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Policías de Yucatán torturan a joven detenido; luego fue torturado agente que denunció el hecho

Por Redacción/ Animal Político

En julio de 2016, policías municipales de Tekax, Yucatán, secuestraron y torturaron a uno de sus compañeros, como escarmiento por haber grabado a escondidas y luego divulgado un video en el que se ve a integrantes de esa corporación mientras torturan a un joven en una casa de cultura.

Tras 11 meses de investigación, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán determinó que, el 8 de julio de 2016, al policía municipal Miguel Antonio Bacab Ku se le asignó la vigilancia de la Casa Mágica de las Artesanías de Tekax, un recinto cultural manejado por el municipio y ubicado en las cercanías de la comisaría de policía.
Ese mismo día, cinco agentes de la Policía Municipal detuvieron a un joven por el delito de robo de ganado, lo condujeron primero a la comisaría, y minutos después a la Casa Mágica de las Artesanías, donde lo torturaron con el fin de que aceptara incriminarse.

Al percatarse de la situación, Bacab Ku grabó la tortura contra el detenido hasta que los policías agresores se llevaron a su víctima de vuelta a la comisaría, por lo que Bacab Ku envió el video a un medio informativo local, que lo difundió ese mismo día.

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Zapotecas de Oaxaca están cerca de revertir decreto presidencial que les niega el acceso al agua

Por Redacción/ Sin Embargo

La Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa y por el Cuidado del Agua (Copuda) es una organización que aglutina a 16 comunidades zapotecas campesinas que habitan en los valles centrales en Oaxaca y que desde hace 50 años habita su territorio con una veda que desde 1967 limita el acceso justo al agua en la región.

Las comunidades organizadas en la Copuda recurrieron al proceso de consulta indígena. Hasta el momento en México no hay ningún caso de éxito en consultas indígenas, ya que siempre se registran tácticas por parte de los gobiernos municipales y estatales que empañan los procesos, de acuerdo con los activistas.

Pero la Copuda parece estar cerca de lograr la meta.

En los días pasados, como parte del proceso de consulta para modificar el decreto de veda de 1967, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en representación del Gobierno federal, dio su propuesta de cómo podía cambiarse el régimen de acceso al agua en los valles centrales.

Ahora esa propuesta la está analizando en este momento la Copuda para posteriormente emitir una opinión al respecto.

De acuerdo con Alfredo González Reyes, director de Programas de la organización Oxfam México, probablemente ésta tomará forma de decreto presidencial que invalida o modifica el decreto de 1967.

Por lo pronto, sólo se limita a una propuesta de cómo podría cambiar el régimen de acceso al agua en los valles centrales como respuesta al gobierno federal a la demanda de las 16 comunidades para que puedan tener acceso al agua.

Fueron 16 sobres cerrados los que entregó la Conagua a la Copuda y hasta el momento no se sabe si las propuestas responden estrictamente a las necesidades de las comunidades.

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Pueblo wixárika exige castigo por asesinato de sus líderes y cancelación de concesiones mineras en su territorio



Por Redacción/Desinformémonos

Desde la tierra sagrada de Wirikuta en Real de Catorce, San Luis Potosí, después de realizar una ceremonia de cumplimiento de compromisos, el Consejo General Wixárika por la Defensa de Wirikuta emitió, un pronunciamiento en el que exigen se investigue y clarifique el homicidio de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres y señalan: “Seguiremos luchando por la vida y la humanidad, ante ellos ratificamos una vez más nuestra exigencia al Estado mexicano la cancelación de todas y cada una de las concesiones mineras existentes en nuestro lugar sagrado de Wirikuta tanto en el bajío como en la sierra”.

Miguel se desempeñó hasta hace un par de meses como presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán y en septiembre de 2016 impulsó la ejecución de restitución de 184 hectáreas de tierras ubicadas en Huajimic, Nayarit, que dicen les fueron despojadas por parte de ganaderos mestizos. Postura que entonces fue respaldada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 56. Por su parte, Agustín, descrito por sus cercanos como una persona amable y tímida, había concluido recientemente sus estudios para convertirse en un abogado especializado en la defensa de los derechos humanos.

Aunque las autoridades tradicionales aseguran que reciben amenazas de forma constante por la defensa que hacen de su territorio en distintos frentes, por su oposición a proyectos mineros e hidroeléctricos que vulneran sus sitios sagrados, indicaron que honrarán la memoria de los hermanos continuando su lucha…

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Padres de los 43, mecanismo de seguimiento del GIEI y funcionarios se reunirán el próximo 31 de mayo



Por Redacción/Desinformémonos.

Los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, junto con el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se reunirán el próximo 31 de mayo con funcionarios de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República (PGR), informó el abogado de los familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales.

En el marco de los 32 meses desde la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, Rosales denunció que es evidente la “impunidad” ante la falta de resultados no sólo en las investigaciones sobre la noche del 26 de septiembre del 2014, sino también de las demás desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos en el país.

Por su parte, Cristina Bautista Salvador, madre de unos de los normalistas desaparecidos, expresó: “No es posible que a 32 meses no nos puedan decir la verdad, pero queremos decirle al gobierno que aquí estamos y que no vamos a parar de exigir la presentación con vida de nuestros hijos”.

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