Categoría: Defensores de DH

Publicado en

Organizaciones de derechos humanos solicitan reunión urgente con el Gobernador de Puebla para abordar la situación de violencia en contra de periodistas y personas defensoras en el estado

EspacioOSC

 

SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA

GOBERNADOR DE PUEBLA

PRESENTE

Ref: Solicitud de reunión

Puebla, Pue., a 7 de junio de 2023

Reciba un cordial saludo por parte de las organizaciones de derechos humanos firmantes. Le escribimos esta carta abierta para reafirmar nuestra disposición de mantener un encuentro con usted y su equipo de trabajo, en particular con el Secretario de Gobierno, Julio Huerta Gómez, y con el titular de la Fiscalía General del estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, para compartir nuestras preocupaciones sobre la situación que enfrentan las personas periodistas, medios de comunicación, personas defensoras y organizaciones de derechos humanos en la entidad, así como poder intercambiar con usted las recomendaciones que consideramos pueden ser pertinentes para que su gobierno atienda de manera urgente las demandas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sus familias y comunidades. 

En Puebla, por años consecutivos hemos denunciado las agresiones que han sido cometidas durante varias administraciones en contra de personas defensoras y periodistas, y hemos presentado reiteradamente recomendaciones para abonar a poner fin a esta crítica realidad. Lastimosamente la situación de violencia persiste y amerita una respuesta contundente de los más altos niveles de gobierno, comenzando precisamente por la figura del Gobernador. 

Ante eso, nos preocupa los últimos hechos de violencia acontecidos en la entidad. En particular el homicidio en contra de Marco Aurelio Ramírez Hernández, en el municipio de Tehuacán, ocurrido el 23 de mayo del presente año, y el ataque con arma de fuego el domingo 28 de mayo en contra del periodista y defensor de derechos humanos Pedro Alonso Benitéz, director de Proyecto 5, cometido en su domicilio ubicado en el municipio de San Martín Texmelucan. 

Las organizaciones firmantes externamos nuestra preocupación sobre estos recientes hechos, y por el incremento de los ataques dirigidos en contra de la prensa, como lo ha sido en el caso de Pedro, quien su vida e integridad continúan en riesgo. Además hemos documentado agresiones contra periodistas mujeres, que incluirían la detención arbitraria, tortura y violencia sexual. 

Ante estos hechos nos preocupa la inacción de la Fiscalía General del Estado para la investigación de los delitos cometidos en contra de personas defensoras y periodistas. Cabe resaltar que en el caso concreto de Pedro, incluso las autoridades ministeriales no judicializaron la carpeta de investigación 1013/2020/SMT dejándolo a él y a su familia en un grado mayor de vulnerabilidad. 

Ante esto, es menester que la Fiscalía del Estado investigue y judicialice los actores materiales e intelectuales de estas agresiones perpetradas, para así evitar futuras agresiones, y que se adopten por parte del Ejecutivo medidas en contra de la violencia de las y los periodistas en en el estado, y en San Martín Texmelucan, dado que es el tercer municipio donde hemos documentado más agresiones desde 2014 a 2023.

Consideramos, señor Gobernador, que lo anterior es un tema urgente que convoca a un acercamiento entre gobierno, organizaciones de derechos humanos y colectivos de periodistas, que posibilite la construcción de estrategías conjuntas. En tal sentido, reiteramos nuestro interés por establecer un diálogo directo y solicitarle una reunión lo más pronto posible, en la que podamos conversar sobre posibles acciones que ayuden a revertir las agresiones en contra de personas defensoras y periodistas en la entidad. 

Finalmente nos permitimos hacer dos solicitudes concretas y que serían los temas principales de la reunión:

  • A la Fiscalía del Estado, realizar las investigaciones necesarias a fin de castigar a los perpetradores de estas agresiones en contra de Marco Aurelio Ramírez Hernández y  Pedro Alonso Benitez. 
  • Al Gobierno del Estado de Puebla, implementar con urgencia una política de protección que garantice los derechos a defender derechos humanos y la libertad de expresión, abordando siempre líneas de prevención y protección en favor de las personas defensoras y periodistas. 

 

Organizaciones y redes firmantes

ARTICLE 19 – Oficina México y Centroamérica, Committee to Protect Journalists (CPJ), Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), Red de Periodistas de a Pie, Red Nacional de Organismos Civiles todos los derechos para todos y todas (Red TDT), Red Puebla de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras (RFS). El Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas. El Espacio OSC está conformado por: ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

 

Ver carta

Publicado en

Denuncian persecución contra el defensor y comunicador nahua Alejandro Torres Chocolatl

Imagen tomada de Desinformémonos

 

Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Pueblos y comunidades de Puebla, Morelos y Tlaxcala denunciaron la persecución contra el defensor del territorio y comunicador popular nahua Alejandro Torres Chocolatl, quien ha participado en la lucha por el agua en Juan C. Bonilla y se opone a los megaproyectos como el Proyecto Integral Morelos.

Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, los Guardianes del río Metlapanapa y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala acusaron que la mañana del pasado 2 de junio la Fiscalía de Puebla se presentó en el pueblo de Santa María Zacatepec para preguntar por la ubicación y domicilio de Torres, y posteriormente llegó a la cabina de la Radio Comunitaria Zacatepec, donde trabaja el defensor.

Los pueblos señalaron que la persecución e intimidación hacia Torres se enmarca en el proceso jurídico en su contra, encabezado por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (CEAS-PUE), «a raíz de la oposición que las comunidades cholultecas realizaron en contra de las obras del colector de desechos tóxicos que el Corredor Industrial Ciudad Textil Huejotzingo pretendía imponer sobre el río Metlapanapa».

Ver nota completa

Publicado en

Organizaciones de derechos humanos y personas defensoras reprobamos las declaraciones en contra del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Imagen: EspacioOSC

 

Espacio OSC

05 de junio, 2023, México

En la conferencia matutina de los días del 30, 31 de mayo y el 1° de junio, el Presidente de la República realizó una serie de declaraciones desafortunadas que desinforman y desprestigian la labor de las organizaciones de derechos humanos y las coloca en un mayor riesgo. Esto al señalar que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) y otras organizaciones han callado ante otros casos de violaciones a derechos humanos cometidas en gobiernos anteriores, por supuestas filiaciones partidistas, y sugiriendo además, que hay una intención de estos organismos para que su gobierno fracase.

A lo anterior, es necesario señalar que dichas afirmaciones no son ciertas. Desde su fundación en 1988 el Centro ProDH ha trabajado del lado de las víctimas para que haya justicia, verdad y porque en México no existan violaciones a los derechos humanos. Hemos sido testigos en estos 35 años de su importante labor en la defensa y promoción de los derechos humanos, así como de una sociedad civil resiliente que ante el horror y la violencia no han dejado de organizarse, acompañar a las víctimas, exigir y proponer acciones para revertir las condiciones de violencia y crisis de derechos humanos que persiste en todo el territorio nacional.

Diversos son los casos en los que el Centro ProDH ha generado pautas para diagnosticar el actual escenario de violencia y garantizar el acceso a la justicia y la reparación dirigida a víctimas de violaciones a derechos humanos, tales como el caso de los Campesinos Ecologistas, Las mujeres de Atenco, Jacinta Francisco Marcial, el cuartel militar en Xochimilco. También han denunciado la militarización y la violencia propiciada por la denominada Guerra contra el Narcotráfico durante el Sexenio de Felipe Calderón; durante la administración de Enrique Peña Nieto documentó la masacre de Tlatlaya y representó a las familias de Ayotzinapa, y en la actualidad continúa con su labor de acompañamiento a víctimas de tortura y otras graves violaciones de derechos humanos.

Lamentablemente, en la actualidad tal como lo han corroborado informes de las organizaciones de la sociedad civil, instancias de gobierno, agencias internacionales de derechos humanos y organismos multilaterales, las violaciones a derechos humanos en el país persisten y no han dejado de suceder. Las instancias de gobierno encargadas de revertir dicha problemática, no han hecho lo suficiente para revertir las condiciones que detonaron dicha situación, como es el caso de las Fiscalías, Fuerzas Armadas, Instancias de gobierno federal y estatal que atienden a víctimas, y quienes ejercen facultades para prevenir, proteger, investigar y garantizar la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, las cuales continúan sin atender de forma cabal sus obligaciones constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos.

La crisis en materia de derechos humanos continúa, y requiere del diálogo permanente con la sociedad civil para buscar acciones que ayuden a revertir dicha situación. Para esto, es necesario de la voluntad política para investigar y enjuiciar a quienes históricamente continúan ostentando el poder, y sobre quienes hacen uso de este, para denostar, desprestigiar y desviar la atención de los verdaderos problemas que hoy vive el país.

Desde las organizaciones de la sociedad civil, colectivos/as que defendemos derechos humanos, seguiremos abiertos a mantener el diálogo y realizando acciones que promuevan la paz, a favor de las víctimas y por el respeto de los derechos de todas y todos.

 

Contacto para medios:

Espacio OSC para la Protección de personas defensoras y periodistas

+52 1 444 434 07 97, espacioosc@gmail.com

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos»

+52 1 56 4160 1331, comunicacion@redtdt.org.mx

 

Ver pronunciamiento completo

Publicado en

Tras retrasos y evasivas de la FRG, comienza a operar Banco Nacional de Datos Forenses

Foto: CIMAC

 

La Redacción/Cimacnoticias

Con más de tres años de retraso, finalmente este 29 de mayo comienza a operar el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), “herramienta que bien usada podría contribuir a revertir la crisis de más de 110 mil personas desaparecidas y 52 mil cuerpos sin identificar”, señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

La organización destacó que, pese a las múltiples evasivas de la Fiscalía General de la República (FGR), e incluso de los recursos que promovieron contra el amparo ganado por Olimpia Montoya (quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en Guanajuato), “finalmente las autoridades reconocen su obligación de poner en operación el Banco”.

“El anuncio de la FGR sobre la creación del Banco ha sido gracias al impulso de las familias de personas desaparecidas en México, quienes han mantenido la digna demanda de que se cumpla la Ley y se les reconozcan sus derechos a la búsqueda, a la verdad y a la justicia”.

Ante este retraso y las diversas omisiones en que se incurrió previo a la creación del Banco, familiares, colectivos y organizaciones “continuarán con la exigencia de que el Poder Judicial de la Federación (PJF) supervise que efectivamente se encuentra funcionando esta herramienta”.

Ver nota completa

Publicado en

Presentan Manual de Políticas Públicas de Protección para defensoras de Derechos Humanos en México

Foto:Cimacnoticias

 

Diana Hernández Gómez/Cimacnoticias

Ciudad de México.- Este jueves 19 de mayo fue presentado por el Espacio OSC, una Propuesta de Manual de Políticas Públicas de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas donde reúne los puntos clave que debería incluir un mecanismo de protección completo para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que ejercen la libertad de expresión.

La propuesta fue presentada también por Artículo 19 durante la segunda jornada del Seminario Internacional por el Derecho a Defender. Durante la presentación, la investigadora Silvia Ruiz explicó que el manual fue creado tras cuatro encuentros regionales a los que acudieron periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos. La organización de estas reuniones corrió por cuenta de Espacio OSC, y el financiamiento estuvo a cargo de la Unión Europea y de la iniciativa alemana Pan para el mundo.

Es importante señalar que en México se ha exigido tener vigentes mecanismos locales y federales para proteger a mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, porque continúan enfrentándose a diferentes tipos de violencia como la desaparición forzada, los feminicidios y la tortura. Ante estas circunstancias, las comunicadoras y las mujeres que defienden a otras mujeres, a sus comunidades y a sus territorios exigen mecanismos de protección adecuados para sus contextos particulares. Y organizaciones como Artículo 19 y Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) respaldan esta exigencia.

Ver nota completa

Publicado en

SCJN admite conocer el caso Regina Martínez

Foto: Benjamín Flores/Proceso

 

Diana Lastiri/Proceso

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo deberá realizar el proyecto de resolución para que la Primera Sala resuelva si Proceso puede tener carácter de víctima por el homicidio de su corresponsal en Veracruz.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó analizar el amparo tramitado por Proceso con el que la revista busca ser reconocida como víctima en el caso del homicidio de la periodista Regina Martínez, ocurrido hace 11 años, para tener acceso a las investigaciones y coadyuvar con el Ministerio Público federal.

En conferencia de prensa, Jorge Carrasco, director de Proceso, informó que el caso fue turnado a la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien deberá realizar el proyecto de resolución para que la Primera Sala resuelva si la revista puede tener carácter de víctima por el homicidio de su corresponsal en Veracruz.

Si la Corte falla a favor de la casa editorial, sentaría un precedente único en la historia de México en el sentido de que los medios de comunicación podrán coadyuvar con los ministerios públicos para investigar y esclarecer los homicidios de sus periodistas.

Ver nota completa

 

Publicado en

Exigen a autoridades fin al «proceso injusto» contra José Luis y César, presos tseltales en Chiapas

Imagen: Twitter @CdhFrayba

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. El próximo 24 de abril se realizará la audiencia de juicio oral donde se condenará o se declarará la libertad de los presos tseltales César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, quienes fueron detenidos el 15 de octubre de 2020 por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en Chilón, Chiapas, informaron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Las organizaciones recordaron que hay «irregularidades documentadas» en el proceso de los dos mayas tseltales, quienes participaron en la protesta pacífica contra la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en San Sebastián Bachajón, como la «deficiente integración de la carpeta de investigación, la incorporación de pruebas obtenidas de manera ilícita y construcción de informes policiales a modo por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, así como diversos retrasos en el proceso por parte Agustín López Martínez, Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres, del Distrito Judicial de Ocosingo».

A las irregularidades en el proceso se suma que los defensores del territorio comunitario en Chilón fueron reprimidos por los policías estatales en su detención, así como torturados e incomunicados.

Ver nota completa

Publicado en

Ejército mexicano espió con Pegasus a dos personas defensoras de derechos humanos del Centro Prodh

Article 19 MX-CA

  • Dos personas integrantes de la organización de derechos humanos fueron espiadas entre junio y septiembre de 2022 en coyunturas que involucran a las Fuerzas Armadas.
  • La nueva evidencia técnica aportada por Citizen Lab demuestra que el Centro Prodh ha sido atacado bajo los últimos dos gobiernos.

Ciudad de México 18 de abril de 2023.- El análisis forense que elaboró el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, reveló la infección con el malware Pegasus de los dispositivos móviles del director y coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Los ataques constatados por Citizen Lab fueron detallados en el informe “Centro Prodh nuevamente atacado con Pegasus: Cómo la Impunidad y la militarización propiciaron la repetición del espionaje”, elaborado por las organizaciones responsables de la investigación #EjércitoEspía —Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), ARTICLE 19 y SocialTIC— en colaboración con el Centro Prodh.

Además, el 15 de diciembre de 2022, las dos personas del Centro Prodh recibieron un correo electrónico proveniente de Apple y dirigido a su cuenta en iCloud. La empresa les notificó que sus dispositivos habrían sufrido una intromisión ilegal por “atacantes patrocinados por el Estado”.

En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos tres personas defensoras de derechos humanos y dos periodistas han sido espiadas ilegalmente con Pegasus presumiblemente por el Ejército, que de acuerdo con la información dada a conocer por medios, es la única institución que actualmente cuenta con Pegasus. Los casos revelados en 2022, permanecen en la impunidad.

El análisis forense reveló que las infecciones ocurrieron entre los meses de junio y septiembre de 2022. La primera infección documentada ocurrió el miércoles 22 de junio y afectó el teléfono del director del Centro Prodh. La fecha coincide con el evento organizado en el Campo Militar No. 1, como parte de las actividades de la Comisión para la Verdad y Justicia por los Hechos 1965-1990, en lo que se conoce como el periodo de la Guerra Sucia. Cabe destacar que el Centro Prodh acompaña ante instancias nacionales e internacionales a familiares de víctimas de ese periodo.

Al día siguiente, el jueves 23 de junio de 2022, el Ejército infectó el dispositivo de la coordinadora del área internacional del centro. Ese día se desarrolló una audiencia pública con la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos, en la que se abordaron los casos de Ayotzinapa, el asesinato de los sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Chihuahua, y la familia Barajas de Guanajuato.

El director del Centro Prodh volvió a ser atacado con Pegasus el 13 de julio de 2022. La infección del dispositivo ocurrió dos días antes de la revelación de un documento interno del área de inteligencia de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) —filtrado por el colectivo hacktivista Guacamaya—. Dicho documento revela el interés de las fuerzas armadas para dar seguimiento a las declaraciones de las autoridades religiosas vinculadas con el asesinato de los sacerdotes jesuitas en Cerocahui. El Centro Prodh acompaña el proceso legal y de incidencia de este caso.

Los otros ataques se dieron en septiembre de 2022. El primero de ellos, sucedió el 24 de septiembre, un día después de la protesta de normalistas y familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa afuera del Campo Militar No. 1.

En ese contexto, también se dieron diversos hechos relacionados con el trabajo de defensa de derechos humanos y asesoría legal que brinda el Centro Prodh: la filtración de información testada del informe de la Presidencia de la Comisión para el Acceso a la Verdad y Justicia (COVAJ), la cancelación de órdenes de aprehensión en contra de militares implicados en el caso, y la renuncia del Fiscal Especial por la intromisión del Fiscal General.

Finalmente, el 29 de septiembre de 2022, el Ejército volvió a infectar con Pegasus el teléfono de uno de los defensores del Centro Prodh. Ese día fue la presentación del IV Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, a la que integrantes de la organización acudieron como representantes de las familias.

Entre junio y septiembre del 2022, cabe subrayar, el Centro Prodh realizó múltiples denuncias públicas sobre el fracaso de la política de seguridad y especialmente sobre los riesgos de la militarización.

El análisis del Citizen Lab revela que integrantes del Centro Prodh han sido atacados con el malware Pegasus en dos sexenios distintos: durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y en el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 19 de junio de 2017, la investigación Gobierno Espía reveló el espionaje con Pegasus en contra de 12 periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, entre ellas, tres integrantes del Centro Prodh. Pese a las denuncias interpuestas ante la FGR, los casos no han sido esclarecidos, mostrando las consecuencias que tiene la impunidad en la repetición de los hechos.

El espionaje ilegal cometido por el Ejército a integrantes del Centro Prodh, en contextos de exigencia de verdad y justicia por abusos castrenses, confirma las consecuencias de la profundización de la militarización que actualmente vive el país.

Ante estos lamentables hechos, exigimos:

  • El cese inmediato del espionaje ilegal del Ejército a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
  • Que se garantice la seguridad e integridad personal de las personas espiadas con Pegasus y de sus familias, así como de las personas que han participado en la investigación de estos hechos, y de las organizaciones y medios que desarrollan investigaciones alrededor de la vigilancia ilegal en México.
  • Una investigación independiente, exhaustiva, imparcial, profesional y objetiva sobre el reciente espionaje a dos personas defensoras de derechos humanos integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el total esclarecimiento de los casos anteriores, denunciados penalmente desde junio de 2017.
  • El establecimiento de un mecanismo independiente e internacional de investigación sobre el espionaje ilegal en México cometido en gobiernos anteriores y en el actual, de manera que se garantice a las víctimas y a la sociedad el derecho a la verdad que se esconde en los archivos de inteligencia militar y civil del país.
  • Que se garantice la no repetición del espionaje ilegal mediante una agenda de reforma legal e institucional que impida de manera verificable el abuso de los sistemas de inteligencia del país. Este proceso debe ir liderado por el Congreso acompañado de la sociedad civil, para asegurar el apego a los más altos estándares de derechos humanos.

 

Para más información, favor de escribir a comunicacion@article19.org 

 

Ver comunicado e informe “Ejército espía. Centro Prodh nuevamente atacado con Pegasus: Cómo la impunidad y militarización propiciaron la repetición de espionaje”

Ver comunicado de prensa del Centro Prodh

Publicado en

Pronunciamiento – La desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz: un ejemplo de impunidad empresarial en México

Imagen: Twitter @CodigoDH

 

Código DH

  • Los gobiernos de Michoacán, Colima y el Gobierno Federal priorizan intereses empresariales sobre la búsqueda de los defensores de derechos humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia
  • Mientras la ONU le exige a Ternium que colabore y proporcione toda la información relacionada con la desaparición, el Gobierno Mexicano consolida sus relaciones comerciales con la empresa

A 41 días de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia es alarmante que el Gobierno Federal no haya dedicado un solo día para averiguar sobre el papel de la empresa Ternium en la región. Los indicios, pruebas e investigaciones periodísticas señalan presuntas responsabilidades que exigen una indagación adecuada. En diversos testimonios documentados se manifiesta que el 13 de diciembre de 2022, durante una asamblea, un integrante de la empresa amenazó a los defensores. Sin embargo, la exigencia hacia la compañía ha sido nula.

Manifestamos nuestro extrañamiento ante el reciente comunicado emitido por la firma italo-argentina, en donde niegan el conflicto agrario existente en la zona y presumen que mantenían una “buena relación de trabajo con la comunidad” en particular con los defensores desaparecidos. Este nivel de conflictividad ha sido documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (páginas 64-66). Estas acciones atentan contra el derecho a la verdad y justicia

El caso de Ricardo y Antonio enciende alarmas nacionales y da cuenta de la impunidad que impera en el país. El tema se colocó en instancias internacionales desde los primeros días de la desaparición, sin embargo, no existe un avance significativo en la protección a las familias y la comunidad, ni en la búsqueda efectiva que tenga como resultado la presentación con vida. Hasta el momento, las autoridades no han dado un informe público que señale el trabajo de búsqueda que han realizado.

Las familias acudieron a repetidas reuniones con autoridades estatales y nacionales como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración; el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como el Gobierno de Michoacán. Sin embargo, el caso permanece estático. Preocupan algunas acciones gubernamentales: 1) Existe una falta de coordinación de las autoridades locales con la CNB; 2) La CNB no tiene líneas claras de búsqueda y ha brindado informes contradictorios 3) Las fiscalías estatales se niegan a investigar y señalan que es responsabilidad de la Fiscalía General de la República, única institución con la cual se ha mantenido comunicación constante, y de cuyo personal queremos reconocer los esfuerzos que están realizando.

Por todo lo anterior, hacemos un llamado a frenar los actos de simulación de búsqueda y justicia. Para las familias resulta una burla que se priorice el funcionamiento de la industria minera sobre la presentación con vida de Ricardo y Antonio. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) giró cartas al Gobierno Federal y a la empresa Ternium para que brinden información sobre los hechos. El acero no vale más que la vida de las personas ni la vida de las personas defensoras de los derechos humanos.

Por lo anterior exigimos al Gobierno Federal:

  1. Se refuercen las acciones de búsqueda y se agoten todos los recursos necesarios para localizar con vida a Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, informando en todo momento a las familias.
  1. Se realice inmediatamente un sólido análisis de contexto en donde además de incluir a los grupos criminales, se considere en el mapeo de actores como presuntamente responsables a la empresa Ternium y se inicie una investigación a los empleados que participaron en las distintas asambleas comunales, anteriores a la desaparición de Ricardo y Antonio.
  1. Se exija a Ternium que actúe con debida diligencia, ante el escenario de riesgo y macrocriminalidad. Operar en una zona de conflictos requiere una Evaluación de Impacto Social y una Manifestación de Impacto Ambiental actualizados que incluyan la perspectiva de riesgo para personas defensoras.
  1. Que tanto el gobierno de Michoacán como el gobierno federal, se abstengan de presionar a los comuneros que, en el ejercicio de su derecho a la manifestación, mantienen clausurado el acceso a la mina, hasta que sean presentados con vida Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia. Así mismo, se deben emitir medidas de prevención y protección que garanticen la vida e integridad física de la comunidad.

Una vez más insistimos en que las acciones de la empresa no responden a actos de solidaridad, como ellos mismos mencionan en su comunicado. No es un acto de bondad,  sino una obligación empresarial que responde a los impactos que generan en el área de influencia por la explotación de la tierra y los recursos naturales, a través de lo cual obtienen ganancias multimillonarias.

Las familias de Ricardo y Antonio y las organizaciones de sociedad civil lamentan profundamente que para los defensores de derechos humanos, de comunidades indígenas y del medio ambiente, no exista lugar en este gobierno y se apueste al desgaste y el olvido de sus nombres y de que fueron desaparecidos forzadamente porque a través de la defensa de derechos, tocaron los intereses de una empresa que está fuertemente resguardada.

¿Quién defiende a quienes nos defienden?

#TodosxporRicardoyAntonio

¡Presentación con vida ya!

 

Ver pronunciamiento

Publicado en

Asesinan al defensor purépecha Alfredo Cisneros en Michoacán

Imagen tomada de Desinformémonos

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. El defensor y presidente del comisariado comunal de Sicuicho, Alfredo Cisneros Madrigal, fue asesinado este 22 de febrero “cuando llegaba a su casa después de haber desempeñado sus funciones”, en medio del proceso que vive la comunidad de independizarse del municipio y regirse como autogobierno, denunció el Consejo Comunal de Sicuicho, Michoacán.

El Consejo señaló que Cisneros era defensor de las tierras y los bosques comunales, como el de Surhumchani, por el que interpuso junto con los habitantes de la comunidad denuncias por la tala clandestina ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el gobierno estatal.

Añadió que la comunidad purépecha de Sicuicho ha sido invadida por agentes “que pretenden despojar de forma armada los bosques para cambio de uso de suelo” para plantar aguacate.

“Ante estos hechos decimos, ¿de qué transformación social hablamos en México? Como autoridades estatales y federales, por omisión son también responsables de los acontecimientos, no es posible permanecer indolentes antes miles de desaparecidos, cientos de asesinatos de luchadores sociales, dirigentes comunales, defensores del medio ambiente y ciudadanos que quedan impunes”, criticó.

Ver nota completa

Creado con WordPress