Atentan contra la vida de Marcela de Jesús Natalia, locutora y activista del pueblo Ñom’daa



Por Redacción/Desinformémonos

La locutora y activista indígena, Marcela de Jesús Natalia, fue atacada a balazos en Ometepec, en la región de la Costa Chica de Guerrero cuando salía de su programa de radio. Marcela fue trasladada de urgencia a un hospital de Acapulco donde su estado se reporta como grave.

Cerca de las 9:30 horas del sábado 3 de junio, cuando Marcela salía de su trabajo como locutora en la estación de radio, a escasos metros de las instalaciones del sistema gubernamental Radio y Televisión de Guerrero (RTG), en pleno centro del poblado, balearon a Marcela de Jesús. Según los informes de la autoridad de Guerrero, recibió una bala que le atravesó de lo boca hacia la oreja. Testigos reportan que fueron dos sujetos armados quienes la interceptaron y la balearon.

Marcela de Jesús Natalia, que actualmente se dedica a ser comunicadora en el Sistema de Radio y Televisión de Guerrero, es líder de su comunidad, fue funcionaria municipal y presidenta del DIF en Xochistlahuaca. En su trabajo como comunicadora en radio promueve la cultura y valores indígenas principalmente, de su pueblo Ñom’daa (Amuzgo).

Su hijo Saúl Salinas de Jesús pide en redes sociales que se encuentre al responsable (s) del ataque a su madre y se le aplique todo el peso de la ley: “Buenos días a los habitantes y a los integrantes de este periódico, soy hijo de Marcela de Jesús y me dirijo al presidente municipal y al gobernador de la entidad , no pido, exijo la investigación de este hecho tan cobarde y que se encuentre al responsable o responsables de este hecho y se les castigue con todo el peso de la ley, hago votos a que esto suceda y no solo con el hecho de sangre de mi señora madre sino con el todos aquellos que han sido cobardemente acribillados.

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Protestan en la CDMX por homicidio de luchador social oaxqueño



Por Redacción/ La Jornada

Integrantes de la Red Nacional de Resistencia Civil llevaron a cabo una manifestación esta tarde frente a la sede del gobierno de Oaxaca en la Ciudad de México, para exigir justicia en el caso del luchador social José Alberto Toledo, quien fue asesinado hace dos meses tras recibir amenazas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Carlos Sampedro, miembro de la Red, señaló que desde hace 15 años diversas comunidades de nueve estados de la República -sobre todo de la región sureste- se han organizado para rechazar las tarifas excesivas de la CFE, las cuales violan el derecho humano a contar con energía eléctrica, que la organización social exige elevar a rango constitucional.

Luego de impulsar un lucha basada en la solicitud de amparos y la declaración de una “huelga de pagos”, hasta obtener una tarifa social justa y la anulación de todos los cobros injustificadamente altos, la Red logró una mesa de diálogo con la CFE y la Secretaría de Gobernación, detalló el activista. Sin embargo, en dichos encuentros la única oferta de las autoridades era facilitar convenios de pago, sin abordar el tema de las malas lecturas de los medidores de luz o los ajustes arbitrarios de tarifas, por lo que en enero de este año la Red dio por terminados los contactos.

Desde entonces, alertó Sampedro, arreciaron las amenazas en contra de diversos activistas, hasta que el pasado 8 de abril fue asesinado José Alberto Toledo en la comunidad oaxaqueña de Chahuites, en un acto que los compañeros de la víctima consideran una represalia por haber participado en las movilizaciones contra los cobros excesivos de la CFE.

Para el luchador social, las altas tarifas de luz eléctrica se han multiplicado desde la aprobación de la reforma energética del actual gobierno, y su objetivo es “preparar el terreno” para la posterior entrada de empresas trasnacionales.

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Los abogados de dos activistas asesinados en Oaxaca exhiben en Eurocámara impunidad de México



Por Redacción/ Sin Embargo

Los letrados Micheel Salas y David Peña, abogados de dos activistas asesinados en México en 2010, denunciaron hoy en la Eurocámara los “siete años de impunidad” que han seguido a este crimen y criticaron que los atacantes han contado con la “protección” de las autoridades mexicanas.

Salas y Peña participaron en un encuentro con periodistas impulsado por la eurodiputada de los Verdes Ska Keller en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, en el que explicaron su lucha por esclarecer las circunstancias del ataque y llevar ante la justicia a los asesinos de los defensores de los derechos humanos Bety Cariño, de México, y Jyri Jaakkola, de Finlandia.

Esos dos activistas fueron asesinados el 27 de abril de 2010 en los alrededores de la comunidad indígena de San Juan Copala, en el Estado de Oaxaca (sur de México) durante una emboscada que un grupo paramilitar tendió a la caravana en la que viajaban.

El convoy, en el que también viajaban observadores de derechos humanos y periodistas, se disponía a prestar ayuda humanitaria a la población local, que llevaba varios meses sitiada por grupos violentos.

“A diferencia de otros casos de asesinatos a periodistas, en este caso tenemos identificados a los integrantes del grupo paramilitar que atacó a ese grupo”, subrayó Salas, quien recordó que solo cinco de los trece atacantes fueron detenidos y que quedarán libres en pocos meses.

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Asesinato de activista en Tamaulipas posible venganza de secuestradores de su hija: procurador

Por Redacción/ Animal Político

La Procuraduría General de de Justicia en Tamaulipas ya tiene identificados a los asesinos materiales de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, quien fue asesinada el pasado 10 de mayo, en su casa en San Fernando.

En entrevista con Denisse Maerker, el procurador de Tamaulipas, Irving Barrios, explicó que la línea de investigación “más fuerte” es que el móvil fue una venganza de los también asesinos de Karen Alejandra Salinas, la hija de Miriam Elizabeth. Ya que, tras el secuestro de su hija en 2012, la activista logró aportar evidencia con la que fueron sentenciados.
Desde marzo pasado, Miriam Elizabeth solicitó protección tras la fuga de 29 reos del penal de Ciudad Victoria, donde estaban recluidos dos de los responsables del asesinato de su hija, la activista no recibió seguridad extra.

“Es el indicio más fuerte que se tiene, el móvil. De haber llevado a estas personas a prisión”, señaló Irving Barrios.

“Se han llevado a cabo diversas acciones tanto en San Fernando como en otros municipios del estado, así como en otras entidades federativas. Para poder determinar la identificación de las personas que participaron en el homicidio de la señora Miriam”, declaró el procurador en entrevista.

Tras el asesinato de Miriam, quien era representante del Colectivo de Desaparecidos en San Fernando, diversos organismos como la ONU-DH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea, exigieron a las autoridades mexicanas esclarecer el crimen.

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La CNDH solicita medidas cautelares para familiares de indígena asesinado en Chiapas

Por Redacción/ Proceso

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría General de Gobierno de Chiapas implementar medidas cautelares en favor de familiares del líder tzotzil Guadalupe Huet Gómez, asesinado el pasado 22 de mayo.

La misma medida fue solicitada para todos los habitantes la comunidad de Cruzton del Municipio de Venustiano Carranza.

El activista tzotzil en defensa de la tierra y por el respeto de los usos y costumbres en su municipio fue asesinado tras un ataque con armas de fuego, y falleció al interior de un cementerio que protegía de saqueos y robos. Se presume que quienes dispararon contra Guadalupe Huet eran integrantes de un grupo armado.

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Organizaciones repudian asesinato de la defensora Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez


Ciudad de México, 11 de mayo del 2017.

REPUDIAMOS EL ARTERO ASESINATO DE MIRIAM ELIZABETH RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, MADRE DE KAREN ALEJANDRA SALINAS RODRÍGUEZ, DESAPARECIDA EN EL 2012

SOLICITAMOS AL GRUPO DE TRABAJO DE DESAPARICIONES FORZADAS E INVOLUNTARIAS DE NACIONES UNIDAS, AL RELATOR ESPECIAL DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y AL RELATOR ESPECIAL SOBRE EJECUCIONES SUMARIAS Y ARBITRARIAS, SOLICITEN DE MANERA URGENTE MEDIDAS CAUTELARES

La madrugada de este 11 de mayo, fuimos informados por representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas de Tamaulipas, del repudiable asesinato de MIRIAM ELIZABETH ROGRIGUEZ MARTÍNEZ. Los cobardes asesinos entraron a su casa y la acribillaron alrededor de la 10:30 pm, del 10 de mayo. En esta oscura noche de violencia y terror que hemos vivido por más de una década en el noreste del país –y que desgraciadamente se fue extendiendo a todo el territorio mexicano–, la impunidad, la ausencia total e incuestionable de un supuesto Estado de Derecho ha posibilitado la vigencia de un sistema de terror y muerte como forma de gobierno en nuestros estados.

Nos preguntamos quiénes fueron los perpetradores directos. ¿Acaso los hombres que se fugaron del penal de Ciudad Victoria y que están procesados por la desaparición y ejecución de su hija KAREN ALEJANDRA SALINAS RODRÍGUEZ, desaparecida en el 2012? ¿Acaso fueron simples ladrones como suelen ser las versiones oficiales? No lo sabemos, pero lo que sí podemos constatar es la responsabilidad del Gobierno Mexicano por la negligencia de no brindar las medidas de protección que solicitó la víctima, ante el riesgo que corría su vida, por la fuga del responsable de la muerte de su hija.

Reprobamos la falta de seriedad de las autoridades, GRITAMOS YA BASTA, NO PODEMOS ACEPTAR MÁS MADRES Y PADRES DE DESAPARECIDOS ASESINADOS POR BUSCAR A SUS HIJAS E HIJOS. Ya no queremos gobiernos indolentes, cooptados y corruptos que sacrifican a los ciudadanos por sus perversos intereses.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México condena enérgicamente el asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, compañera-madre buscadora de su hija desaparecida y de todos los y las desparecidas en México.

Solicitamos:
Al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, al Relator Especial sobre Defensores de Derechos Humanos y al Relator de Ejecuciones Sumarias y Arbitrarias, solicite Medidas Cautelares al Estado mexicano para proteger a la familia de nuestra compañera MIRIAM ELIZABETH RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y a los miembros de la Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas, por el riesgo a la vida, integridad y seguridad de nuestras compañeras y compañeros.

Exigimos:
La investigación inmediata e imparcial de este cobarde asesinato a través de un órgano que garantice imparcialidad e independencia.

Al Titular del Ejecutivo Federal Lic. Enrique Peña Nieto, al Secretario de Gobernación
Lic. Miguel Angel Osorio Chong, que dejen de simular y actúen para garantizar la vigencia de los Derechos Humanos en nuestro país, y si no pueden que renuncien.

YA BASTA, NI UNA MADRE Y PADRE MÁS ASESINADOS POR BUSCAR A SUS HIJOS E HIJAS DESAPARECIDAS.


Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM (Guerrero); Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES (Nuevo León); Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California (Baja California); Buscando a los Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa (Veracruz); Colectivo Colibrí (Estado de México); Colectivo el Solecito de Veracruz; Colectivo Solecito Córdoba; Colectivo Solecito Cardel; Colectivo Solecito Tierra Blanca; Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México, “Alzando Voces” COFADDEM (Michoacán); Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero (Guerrero); Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A. C.; Comité de Familias Migrantes Desaparecidos del Salvador COFAMIDE (El Salvador); Comité-Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes “Junax Ko’otontik” (Chiapas); Desaparecidos de El Fuerte Sinaloa (Sinaloa); Desaparecidos Justicia, A.C. (Querétaro); Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos (Estado de México); Familiares de Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa (Veracruz); Familiares de Orizaba y Córdoba (Veracruz); Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C (Distrito Federal); Familiares acompañados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDHEM) (Chihuahua); Familiares organizados con Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Chihuahua); Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Desaparecidos de Piedras Negras (Coahuila); Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Jalisco); Familiares Enlaces Xalapa (Veracruz); Búsqueda María Herrera Xalapa; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos –Región Sureste (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México – Región Centro (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos – Región Laguna (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDLN); Grupo V.I.D.A. Víctimas por sus Derechos en Acción (Coahuila); Justicia para Nuestras Hijas (Chihuahua); Los Otros Desaparecidos de Iguala (Guerrero); Colectivo Madres Unidas (Chihuahua); Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala; COFAMIPRO- Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, Honduras; COFAMICENH- Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras; Plataforma de Víctimas de Desaparición en México (Distrito Federal); Por Amor a Ellxs (Jalisco); Red de Madres Buscando a sus Hijos, A.C.; Red Eslabones por los Derechos Humanos: Eslabones Nuevo León, Eslabones Estado de México, Eslabones Morelos y Eslabones Michoacán; Red Nacional de Enlaces; Regresando a Casa Morelos; Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa.; Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, A.C.; Voces Unidas por la Vida, Sinaloa.

Organizaciones civiles e instituciones universitarias solidarias:
Alliance for Global Justice (EE.UU.); Asociación de DH del Estado de México; Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario A.C.; Casa Mariposa-Restauration Project (EE.UU.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C. (Coahuila); Cauce Ciudadano, A.C; Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Colectivo Universitario “2 de Marzo”. Comisión Estatal Para la Promoción de una Vida Digna A.C.; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C; Comuna P’urhepecha; Coordinadora de Mujeres 1o de Agosto (COMO); Dirección de Programas de Incidencia – Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial; Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, (FMPDH); Fundación para el Debido Proceso DPLF; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.; Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C.(Ciudad de México); Indignación, A.C (Mérida); Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural AC; Instituto de Justicia Procesal Penal; Causa en Común, A.C; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C; LAWG (Latin America Working Group) (EE.UU.) Ciencia Forense Ciudadana; LUPE – Lucha Unida de Padres y Estudiantes (Tucso, AZ, EE.UU.); Matrioskas Movimiento de Izquierda Revolucionaria; Mesa Nacional para las Migraciones Guatemala- MENAMIG; Mexico Unido contra la Delincuencia; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C; Michigan Solidarity Network witn Mexico (EE.UU.); Militarization in The Americas Research Collective (EE.UU.); Milynali Red CFC; Misioneros de San Carlos Scalabrinianos- Guatemala; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); Red Retoño, A.C.; Red de Alerta Temprana: Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), Fundación Diego Lucero A.C.,  Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Comité de Defensa de Derechos Humanos CHOLOLLAN, Actuar Familiares contra la Tortura, Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, Zihuame; Servicios y Asesoría para la Paz, A.C; The School of the Americas Watch (EE.UU.);

Personas solidarias: Mons. Raúl Vera López, Obispo de Saltillo; Ana Luna Serrano, Universidad Autónoma de Baja California; Araceli Rodríguez Nava; Aram Barra; Areli Rojas; Arturo Bravo Peña (Morelia, Michoacan); Átala Chávez y Arredondo; Bárbara A. Frey, Human Rights Program, University of Minnesota (EE.UU.); Bettina Gómez Oliver, (Ciudad de México); Brenda Rangel Ortiz (Querétaro); Camila Ruiz Segovia, Brown University (EE.UU.); Carlos Cruz Santiago (Ciudad de México); Carolina Pimentel; Carolina Robledo CIESAS (Ciudad de México); Cecilia Bárcenas; César Paz Rincón; Darwin Franco (Jalisco); Denisse Dresser; Diana Hernández García; Eliana García Laguna; Guadalupe Barrena; Erika I. Llanos Hernández; Ernesto López Portillo; Fabiola Lizette Mancilla Castillo;
Felipe Antonio Mendoza Martínez; Gabriela Flores Mendoza (Ciudad de México); Guadalupe de Jesús García Leyva; Gustavo G. Mohar; Itizia Miravete Veraza; Iván García Garate; Janice K Gallger, Assistant Professor Rutgers University-Newark (EE.UU); Javier Mancera; Javier Rosas Reyes; Jorge Javier Romero Vadillo; José Manuel Ruíz; Simón Hernández León; Karina Ansolabehere, FLACSO; Layda Negrete; María Novoa; Carlos Brito;
Leticia Jáuregui; María Eugenia Padilla García; María Fernanda Peñaloza Del Valle; Mariclaire Acosta; May-ek Querales Mendoza estudiante CIESAS (Ciudad de México); Miguel Sarre; Monserrath Gheno; Omaira Ochoa Mercado; Pablo Romo Cedano; Rosa Elena Guerrero Parada; Silvia Cruz Montero; Teresa Carmona Lobo; Mirleivys Maria Piloto Alejo; Verónica Michel, John Jay College-CUNY (EE.UU.); Victor Manuel García Herrera (Querétaro); Whitney Taylor, Cornell University (EE.UU.); Zeller Álvarez, Universidad de Antioquia (Colombia).

​Llaman a CONAPRED a detener el proyecto mezcalero por discriminatorio

En la foto: Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor


La NOM 199 responde a intereses de las grandes corporaciones tequileras que buscan desaparecer a los pequeños productores de mezcal.

 

Dicha NOM violentaría compromisos internacionales que el Estado mexicano ha adquirido relacionados al respeto a la equidad de derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas y otras poblaciones vulnerables.

 

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2016.- Asociaciones civiles, académicos, productores y comercializadores de bebidas de agave y ciudadanos entregaron una carta urgiendo a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) a detener el proyecto de Norma Oficial Mexicana 199 por representar un acto de discriminación contra miles los productores campesinos e indígenas de destilados de agave en gran parte del país.

El proyecto de norma prohíbe a los productores de destilados de agave que se encuentran fuera de la arbitraria Denominación de Origen de Mezcal (DOM) usar el término agave, señalar que su producto ha sido elaborado con agave y les prohíbe también llamarlos “Destilados de Agave”.

La propia DOM representó una violación a los derechos de las comunidades que ancestralmente han producido mezcal, al prohibirles usar ese término; ésta se elaboró de manera totalmente arbitraria. Por esta razón, decenas de miles de productores de mezcal ya no pueden usar este término y deben llamar a su producto “Destilado de Agave”. Ahora se les quiere prohibir usar el término agave y obligarlos a referirse a su bebida como “Komil”. De esta forma ni el productor podría informar al consumidor, ni el consumidor recibir información, sobre la materia prima utilizada para elaborar esta bebida.

En la carta dirigida a Alexandra Haas Paciuc, presidenta de CONAPRED, se señala: “de aprobarse la NOM 199, el Estado violentaría el derecho a la igualdad real de oportunidades, y limitaría la plena participación de sectores vulnerables de la población, incluidos pueblos indígenas, en la vida económica, social y cultural del país. Además, debido a que el mezcal como bien comercial descansa en los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales, así como en su trabajo de conservación y manejo de la biodiversidad; impediría el pleno ejercicio de los derechos de propiedad, administración y disposición de los bienes de propiedad intelectual de estos actores, por lo que se violarían las disposiciones presentes en los Artículos 1, 2 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación”.

La misiva agrega: “Además de esto, se violentarían otros compromisos internacionales que el Estado mexicano ha adquirido relacionados al respeto a la equidad de derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas y otras poblaciones vulnerables. Particularmente, el artículo 8 del Convenio de Diversidad Biológica, por el cual México se compromete a fomentar “que los beneficios derivados de la utilización de [los] conocimientos, innovaciones y prácticas [sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica] se compartan equitativamente”. Dada la gravedad y urgencia del asunto y con base en la Ley vigente, consideramos que la Presidencia de este Consejo debería iniciar esta investigación y pronunciarse a la brevedad al respecto”.

La alianza de organizaciones, académicos, productores y comercializadores de destilados de agave y ciudadanos que firmaron la carta dirigida a la presidenta de CONAPRED, expusieron: “La consulta pública que forma parte del proceso de discusión del proyecto de norma culmina el 29 de abril de 2016. Por ello, una de las principales preocupaciones de las organizaciones firmantes es apelar a la CONAPRED para que se inicie de oficio una queja en relación al proyecto de norma y emita un comentario ante la COFEMER, y cualquier otra instancia correspondiente, antes del fin de este plazo, toda vez que está dentro de sus facultades eliminar los obstáculos que limiten el ejercicio de derechos e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país; recordamos que se ha facultado a este Consejo para involucrar en estas tareas de erradicación de la discriminación a las autoridades de todos los órdenes y niveles de Gobierno así como a grupos particulares.

 

Asimismo, esperamos que este proceso dé como resultado el establecimiento de garantías de no repetición y con apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Sabemos que el tema de la plena inclusión de los sectores vulnerables en la vida económica es una agenda pendiente en este país; por ello, solicitamos informe a la sociedad sobre las medidas que el Consejo está realizando o realizará al respecto”.

 

Contacto prensa:

 

Rosa Elena Luna cel. 55-2271-5686

Diana Turner cel. 55-8580-6525

Denise Rojas cel. 55-1298-992855-1298-9928

Habitantes de Xochicuautla exigen a Edomex cumpla con acuerdos por autopista

La Comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla inició el día de ayer un proceso de diálogo con el Gobierno del Estado de México y con la Unidad de Derechos Humanos del Gobierno Federal, con presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones civiles que han venido acompañando nuestro proceso. Solicitamos este diálogo en continuidad de las acciones pacíficas con las que hemos defendiendo nuestros territorios. Confiamos en que llegaremos a acuerdos justos que respetarán la dignidad y los derechos de nosotros como pueblos indígenas. En este sentido, también confiamos en que no se volverá a traicionar a las comunidades afectadas por el trazo de la carretera Toluca – Naucalpan.

 

Exigimos que no se vuelvan a repetir los acontecimientos del lunes y martes pasados en donde incursionaron las fuerzas estatales para permitir que la maquinaria de la empresa del grupo Higa, ilegalmente, demoliera una casa y rompiera la tubería que proporciona agua a 200 familias de la comunidad.

 

Nos preocupa que en estos momentos, la policía estatal está dentro de la comunidad, pues sentimos que no abona al proceso de diálogo iniciado.

 

La comunidad de Xochicuautla agradece a la CNDH y OACNUDH su presencia en la comunidad en estos momentos y sus buenos oficios para que ocurriera el diálogo con las autoridades.

 

Finalmente, reiteramos que nosotros seguimos caminando como lo hemos hecho hasta ahora, resistiendo pacíficamente con nuestros diferentes medios y con toda la dignidad.

 

 

 

 

 

Para mayor información, contactar a:

José Luis Fernández, en el correo indigenasxochi@gmail.com al tel 7223496467 o bien Mariana Gurrola, 55642582 en el correo: comunicación 1@cmdpdh.org

 

PGR debe disculparse públicamente y reparar a la indígena Jacinta Francisco Marcial: OSC

La decisión judicial es inapelable, por lo que PGR está obligada a cumplir la sentencia. Están pendientes las reparaciones de las mujeres indígenas ñhäñhús Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio

Ciudad de México, 24 de mayo 2016.- Después de casi 10 años de que Jacinta Francisco Marcial fuera condenada injustamente en prisión por un delito que no cometió, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) debe reparar el daño.

 

Cabe recordar que Jacinta Francisco permaneció más de tres años privada ilegalmente de su libertad, de agosto de 2006 a septiembre de 2009, acusada por el presunto secuestro de seis miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes realizaban un operativo para decomisar mercancía en el tianguis de Amealco, Querétaro. La indígena fue liberada tras la decisión de la PGR de no presentar conclusiones acusatorias en su contra, sin embargo, ésta misma instancia se negó a reconocer su inocencia.

 

Amnistía Internacional nombró presa de conciencia a Jacinta Francisco Marcial el 18 de agosto de 2009, pues había sido condenada injustamente a 21 años de prisión. La organización manifestó que a Jacinta se le negó un juicio justo y fue encarcelada por su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia.

 

A una década, la justicia administrativa le ordena a la PGR la realización de una disculpa pública por haberla detenido, procesado y condenado ilegalmente por el delito de secuestro que no cometió, ya que una indemnización no resarcía por sí sola el daño ocasionado.

 

La sentencia emitida por el Tribunal Colegiado abre paso formalmente a las víctimas de la actuación irregular de Ministerios Públicos Federales por la via de responsabilidad administrativa al reconocer la obligación de resarcir los daños ocasionados por la indebida privación de la libertad, incluyendo el daño moral ocasionado en su reputación, vida privada y dignidad al haberse hecho de forma pública ante los medios de comunicación la supuesta responsabilidad de los delitos. De esta manera, en casos similares se puedan demandar a la PGR la reparación integral por violar sus derechos humanos.

 

Esta decisión judicial es inapelable por lo que la PGR está jurídicamente obligada a cumplir lo ordenado. En ese sentido, exhortamos a qué través de las instancias competentes, gire las instrucciones necesarias para que una vez que reciba la notificación oficial de la sentencia proceda a cumplirla.

 

Finalmente, es importante recordar que aún están pendientes de resolución los casos de las mujeres indígenas ñhäñhús Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio; también encarceladas injustamente por los mismos hechos, por lo que confiamos que tal como sucedió en el caso de la señora Jacinta Francisco, el Poder Judicial de la Federación, confirme la decisión previa y ordene a la PGR la reparación integral del daño incluyendo garantías de satisfacción como el ofrecimiento de disculpas públicas.

“Tlatlaya hacia la consumación de la impunidad”: OSC

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2016. El Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad de los tres soldados que enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por homicidio calificado y encubrimiento, en la modalidad de alteración y modificación ilícita de vestigios del hecho delictivo, entre otros. Después de esta decisión, la totalidad de los elementos militares que participaron en los hechos del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya están libres.

 

Lo anterior, a pesar de que otro órgano de Estado como lo es la CNDH determinó en su Recomendación 51/2014 la existencia de la ejecución arbitraria de por lo menos de 12 a 15 personas, a lo que se suma las propias declaraciones de las tres mujeres sobrevivientes de la masacre, que coinciden contundentemente: si bien existió un enfrentamiento, la mayoría de los civiles se encontraban ya rendidos a disposición del Ejército para después ser privados de la vida.

 

En la resolución del 13 de mayo de 2016 dictada dentro del expediente 247/2015, el Magistrado Ambriz sostiene que alguien privó ilegalmente de la vida a los civiles; sin embargo, consideró que no podía determinar la probable responsabilidad de los militares procesados, pues se requerían de mayores elementos probatorios.

 

 

Dicha decisión judicial evidencia un Poder Judicial de la Federación poco efectivo para el juzgamiento de los casos de graves violaciones a derechos humanos, pero también muestra la responsabilidad de la PGR en la realización de una acusación deficiente y la falta de investigación por su parte; prueba de ello es que la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad” sigue sin ser investigada.

 

La resolución del Magistrado no es definitiva y puede ser impugnada por las víctimas reconocidas en el expediente, en tal sentido la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), apersonada en el juicio, debe asesorar a las familias sobre la posibilidad de interponer los recursos correspondientes.

 

En el mismo sentido, la resolución del Magistrado Ambriz, no se pronuncia por la inocencia o culpabilidad de los elementos militares, sino que su libertad es por insuficiencia probatoria. Esto abre la posibilidad de que la PGR perfeccione su investigación y se evite que el caso permanezca en impunidad.

 

Para Clara Gómez González, sobreviviente y testigo, la resolución evidencia la falta de acceso a la justicia y abre su preocupación en torno a su seguridad y la de su familia, por lo que exigimos garantías en su proceso de búsqueda de verdad.

 

Preocupa a las organizaciones firmantes, la intencionalidad de algunos articulistas que han pretendido poner en duda la existencia de los hechos de Tlatlaya e incluso la legitimidad de quienes hemos solicitado justicia en el caso. Reiteramos que la CNDH reconoce la ejecución sumaria, por lo que refrendamos que los hechos deben ser investigados y sancionados.

 

Todo lo anterior nos confirma que en México la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos y abusos cometidos por los elementos militares está muy lejos de ser una realidad, asimismo es un indicador de la impunidad que prevalece en nuestro país.