Categoría: Defensores de DH

Publicado en

FGR no encuentra al testigo protegido que acusó a militares detenidos por caso Ayotzinapa, denuncian abogados

Foto: Doryan Alvarez/Cencos

 

Alfredo Maza/Animal Político

La defensa de los ocho militares detenidos por el caso Ayotzinapa dio a conocer que las nuevas órdenes de aprehensión son por el delito de delincuencia organizada.

Alejandro Robledo y César González, abogados de los ocho militares implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informaron que la Fiscalía General de la República (FGR) no encuentra a uno de los dos testigos protegidos que utilizó para acusarlos por el delito de delincuencia organizada y así conseguir una nueva orden de aprehensión en su contra. 

“Hoy nos llegaron con dos fantásticas justificaciones: uno está enfermo y no puede ir y el otro no es localizable. La Fiscalía dice ‘el testigo no es localizable en el domicilio que le proporcionó’. Oye, ¿pues no es tu testigo, fiscal? Entonces me estás diciendo que perdiste al testigo protegido. ¿Te mintió en torno a su domicilio y ahora no lo encuentras?”, dijo César Omar González Hernández, uno de los defensores de los militares.

Los abogados aseguraron que la investigación es un “cochinero” y que lo único que hace el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es alejar a las víctimas de la justicia y la verdad.

Ver nota completa

Publicado en

39 gobiernos resaltaron hoy la crisis de desaparición de personas que vive México

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)

  • El gobierno mexicano debe aceptar e implementar de manera urgente las 39 recomendaciones recibidas hoy en el marco del Examen Periódico Universal realizado en Ginebra, Suiza.

  • Desafíos como la implementación completa de la Ley General sobre desapariciones, la búsqueda efectiva, la identificación forense y la lucha contra la impunidad fueron reiteradamente mencionados.

  • Instamos a una colaboración transparente y efectiva entre el gobierno mexicano, los 39 gobiernos interesados y los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Las familias que conformamos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) agradecemos la solidaridad recibida hoy de parte de los gobiernos de Alemania, Argentina, Austria, Bahrein, Bélgica, Cabo Verde, Canadá, Chequia, Chile, Croacia, Djibouti, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Ghana, Irlanda, Italia, Jordania, Luxemburgo, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Perú, Portugal, Rumania, Rusia, Samoa, Suecia, Suiza, Túnez, Ucrania, Uruguay y Venezuela.

Todos ellos realizaron recomendaciones cruciales para que México atienda la crisis de desaparición de personas. Las recomendaciones más reiteradas versaron sobre la implementación completa de la Ley General sobre desapariciones, la búsqueda efectiva, la identificación forense y la lucha contra la impunidad. Se mencionó la necesidad de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que sea confiable y transparente. Se recomendó garantizar la participación de las familias de manera genuina. Frente a las recomendaciones de 39 países, exigimos al gobierno mexicano medidas concretas, efectivas y urgentes para resolver la crisis de desapariciones en nuestro país.

La delegación del gobierno mexicano mencionó cuestiones como la implementación de las recomendaciones del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y la realización del “censo” de personas desaparecidas. Sobre ambos temas hemos realizado propuestas que deberían ser tenidas en cuenta.

En el Examen anterior, realizado en 2018, 30 países se habían pronunciado sobre la desaparición de personas. El aumento del 30% registrado hoy refleja una creciente preocupación internacional. Por ello, alentamos al gobierno de México y a los 39 gobiernos extranjeros a establecer diálogos específicos, con nuestra participación activa, para asegurar la implementación efectiva de las siguientes medidas clave:

  • Dar certeza, credibilidad y metodología clara al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, atendiendo todas las deficiencias identificadas en el “censo” de personas desaparecidas.

  • Participación activa de las familias en la formulación y ejecución de políticas e instituciones relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.

  • Fortalecimiento y coordinación de las instituciones dedicadas a la identificación forense, incluyendo el apoyo de la cooperación técnica internacional.

  • Lucha decidida contra la impunidad que gozan los perpetradores.

  • Reactivar y dar una ruta clara a los trabajos sobre las recomendaciones que realizó el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, que incluya el diálogo y participación de las familias.

¡Sin las familias no!

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)

Conformado por más de 86 colectivos de 25 estados de la República Mexicana y de 3 países de Centroamérica

Ver comunicado

Publicado en

Comunicado: Destacan retos de México en materia de derechos humanos ante Naciones Unidas: Colectivo EPUmx llama a atender recomendaciones

Imagen: Twitter @EspacioOsc

 

Colectivo EPUMx

• El país enfrenta una grave crisis de derechos humanos, las recomendaciones que acepte el Estado mexicano servirán de hoja de ruta para la próxima administración.

• Colectivo EPUMx hace un llamado a establecer diálogos que conduzcan a la implementación de las recomendaciones, así como a fomentar la acción participativa e inclusiva de las organizaciones de la sociedad civil.

México, 24 de enero de 2024.- El día de hoy, el Estado mexicano compareció ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras someterse a su cuarta revisión en el Examen Periódico Universal (EPU), que evalúa la situación de derechos humanos en México y el nivel de cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Durante la evaluación, el Estado estuvo representado por personas funcionarias de alto nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Misión de México en Ginebra y del Poder Legislativo. Destaca que no fue convocado el Poder Judicial como ha sido una práctica en otras evaluaciones internacionales.

Mientras que en su participación inicial México se centró en destacar la creación e implementación de políticas públicas relacionadas para combatir la pobreza y la desigualdad, también aceptó la existencia de retos y desafíos en varios temas. No obstante, las observaciones y recomendaciones de los Estados participantes reafirmaron la crisis de derechos humanos advertida por el Colectivo EPUMx en sus informes.

Ver comunicado completo

Publicado en

La situación de los derechos humanos en México a revisión durante el Examen Periódico Universal

Imagen: Twitter @EspacioOsc

 

ONU-DH

GINEBRA (19 enero 2024) – La situación de los derechos humanos en México será revisada por cuarta vez durante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas el miércoles 24 de enero. La reunión, que tendrá lugar en Ginebra, puede seguirse en directo a través de este enlace.

México es uno de los 14 países que van a ser revisados durante la próxima sesión del EPU que tendrá lugar entre el 22 de enero y 2 de febrero de 2024. Las anteriores revisiones de México, tuvieron lugar en febrero de 2009, octubre de 2013, y noviembre de 2018, respectivamente.

El Grupo de trabajo del EPU está compuesto por los 47 Estados miembros del Consejo de derechos humanos. Sin embargo, cada uno de los 193 estados miembros de la ONU puede participar en el examen de un país.

Los documentos en los que se basan los exámenes del país son: 1) el informe nacional: información proporcionada por el Estado examinado; 2) información contenida en los informes de expertos y grupos independientes de derechos humanos, conocidos como Procedimientos especiales, órganos de tratados de derechos humanos y otras entidades de la ONU; 3) la información proporcionada por otros interesados, incluidas las instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones regionales y grupos de la sociedad civil.

Los tres informes que sirven como base para la revisión de México el próximo 24 de enero pueden encontrarse en el siguiente enlace.

 

Lugar: Sala 20, Palacio de las Naciones, Ginebra (Suiza).

Hora y fecha: 14:30 – 18:00, miércoles, 24 de enero de 2023 (Hora de Ginebra, GMT +1 hora).

 

El EPU es un examen entre pares del historial de derechos humanos de los 193 Estados miembros de la ONU. Desde su primera reunión, celebrada en abril de 2008, los 193 Estados miembros de la ONU han sido examinados en tres ocasiones. Durante el cuarto ciclo del EPU, se espera que los Estados expongan de nuevo las medidas que han adoptado para aplicar las recomendaciones formuladas durante sus exámenes anteriores, y que se comprometieron a seguir, y que presenten los últimos avances en materia de derechos humanos en el país.

La delegación de México estará encabezada por el Embajador Joel Antonio Hernández García, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los tres países miembros que actuarán como relatores, la denominada “troika”, para la revisión de México son China, Bulgaria y Paraguay.

La sesión podrá seguirse en directo a través de UN WebTv: https://media.un.org/en/asset/k1i/k1iwakvpt5

La lista de oradores y todas las declaraciones disponibles que se pronunciarán durante el examen de México se publicarán en la Extranet del EPU

Está previsto que el Grupo de trabajo del EPU, compuesto por los 47 estados miembros del Consejo de derechos humanos, adopte las recomendaciones formuladas a México entre las 15:30 y las 18:00 horas del miércoles 31 de enero de 2024. El Estado examinado podrá expresar su posición sobre las recomendaciones que se le formulen durante el examen.

Publicado en

Exigimos a las autoridades locales y federales la búsqueda de Lorenza Cano y garanticen la seguridad de las mujeres buscadoras

Imagen: Twitter @IMDHyD

 

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Lorenza Cano es buscadora del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. El 15 de enero se encontraba con su familia cuando hombres armados entraron a la fuerza en su casa y la secuestraron después de haber asesinado a su esposo e hijo. 72 horas después de estos hechos no se sabe de su paradero.

Entre 2020 y 2023 han sido asesinadas 4 personas buscadoras en el estado de Guanajuato:

  • 14 de octubre de 2020 – María del Rosario Piña en León
  • 29 de mayo de 2021 – Javier Barajas Piña en Salvatierra
  • 6 de noviembre de 2022 – María Carmela Vázquez en Abasolo
  • 2 de mayo 2023 – Teresa Magueyal en Celaya

La tarea de buscar a los familiares desaparecidos es  una actividad de enorme riesgo y más aún cuando estos crímenes se cometen con total impunidad, como sucede en Guanajuato.

Lorenza, motivada por la búsqueda de su hermano desaparecido en 2018, representa la lucha constante de las mujeres buscadoras en Guanajuato. Este secuestro nos hace evidente que las personas buscadoras en México se enfrentan a las lamentables dificultades, desgastes y obstáculos del sistema de justicia, y además sus vidas se ven amenazadas por grupos del crimen organizado.

El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de todas las personas, y en el caso de las personas buscadoras dicha obligación se refuerza, aunque lamentablemente vemos que las autoridades de Guanajuato no cumplen con dicha obligación.

Por tanto exigimos a las autoridades del estado de Guanajuato y a las autoridades federales que desplieguen todos los recursos institucionales para localizar con vida a Lorenza Cano, investigar y esclarecer la muerte de su esposo e hijo, así como establecer un programa de protección efectivo para las personas buscadoras.

Ver posicionamiento

Publicado en

¡Sin las familias, no! A seis años de la Ley de Desaparición, la lucha por verdad y justicia para nuestros seres queridos continúa

Imagen: MNDM

 

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)

  • Conmemoramos el sexto aniversario de la Ley de Desaparición, nacida de la valentía y determinación de las familias de personas desaparecidas.

  • Nuestra lucha moldeó esta ley. Enfrentando violencia e indiferencia por parte de las autoridades, nos unimos bajo el lema”¡Sin las familias, no!», exigiendo ser parte integral de la búsqueda e identificación de nuestros familiares.

  • Demandamos a los gobiernos federal y locales que reafirmen su compromiso con los principios de la Ley General de Desaparición y reconozcan la magnitud de nuestra tragedia, así como nuestro conocimiento y aporte histórico.

Hoy, 16 de enero de 2024,  se cumplen seis años  de la vigencia de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, A partir de esta legislación esencial, se estableció el Sistema Nacional de Búsqueda, un logro significativo de nuestra lucha. Durante estos seis años, las familias de personas desaparecidas hemos trabajado con tenacidad, coraje, y a menudo, desesperación, colaborando estrechamente con los gobiernos federal y estatal para crear y operar instituciones dedicadas a la búsqueda de nuestros seres queridos.

Sin embargo, nos encontramos ahora en un momento crítico. El gobierno federal está desmantelando las estructuras que creamos para enfrentar esta crisis, una crisis que sigue desgarrando el tejido social, creando incertidumbre, temores de retrocesos y una sensación de desdén hacia las víctimas de desaparición de este país. Algunos ejemplos de estas acciones victimizantes son:

  • La realización de un “censo” carente de transparencia, metodología, y consulta con las familias y la sociedad, que permita dar credibilidad a los datos presentados. El “censo” es un claro intento de debilitar al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, establecido por la Ley General y sostenido por las fiscalías y las comisiones de búsqueda estatales. La opacidad gubernamental en esta iniciativa, particularmente en un contexto electoral, sugiere un despropósito: manipular las cifras de desaparecidos, minimizando así la gravedad de la situación.

  • La significativa reducción de personal en la Comisión Nacional de Búsqueda, y en el Centro Nacional de Identificación Humana, sin un diagnóstico público y un plan de trabajo claro, demuestra una falta de preparación y visión para el futuro. 

  • La escasa disposición política para entablar diálogo y consulta con las familias de personas desaparecidas, lo que evidencia un menosprecio hacia ellas, contraviniendo el principio fundamental de la Ley General que enfatiza ‘¡Sin las familias, no!

La promulgación de esta legislación no fue un acto espontáneo ni una iniciativa proactiva del gobierno mexicano. Al contrario, surgió como resultado de una presión social intensa y las propuestas concretas generadas por la acción política organizada de las familias de personas desaparecidas, muchas de ellas articuladas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Esta ley es una respuesta directa a la inacción de las autoridades en la búsqueda y esclarecimiento de los casos de nuestros seres queridos.

En el contexto de los recientes cambios gubernamentales, es crucial recordar los orígenes de la Ley General, forjada en nuestra incansable lucha y demanda de justicia.  Frente a un clima de violencia y criminalidad, y ante la indiferencia y pasividad de las autoridades en establecer mecanismos efectivos de búsqueda e identificación, las familias organizadas nos levantamos para proclamar el principio de “¡sin las familias, no!” Este lema simboliza nuestra exigencia de ser partícipes activos en la búsqueda, localización e identificación de nuestros familiares, reconociendo nuestra intervención como un derecho fundamental.

La consigna “sin las familias no” implica una demanda a las instituciones de crear mecanismos que fortalezcan la participación y el debate en torno a los derechos de los familiares de personas desaparecidas. El trabajo conjunto es esencial para construir confianza y canales de comunicación sólidos, elementos fundamentales en una democracia. 

Además, esta legislación pretendía ser un reconocimiento oficial de la grave magnitud del problema de las desapariciones en México. La definición de persona desaparecida, piedra angular de la Ley, fue concebida desde una perspectiva amplia, con el objetivo de ofrecer la máxima protección a la vida y la dignidad tanto de las personas desaparecidas, como de sus familias.

Ante los recientes cambios en el Sistema Nacional de Búsqueda, observamos con profunda preocupación y decepción los intentos del gobierno de regresar a debates ya superados, lo que resulta en una revictimización y desvalorización de nuestros esfuerzos. Cuestionar la realidad de las desapariciones es una afrenta a nuestra dignidad y pone en riesgo la vida e integridad de nuestros seres queridos. Nos alarma que, en vez de un Estado comprometido con la búsqueda activa de personas, las instituciones parecen enfocarse en disputar las cifras de desaparecidos.

El diálogo constructivo y la colaboración en la creación de propuestas con las autoridades han sido características distintivas del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM). Sin embargo, este diálogo no puede ser incondicional; debe basarse en el reconocimiento y respeto de nuestra experiencia y conocimiento, con un trato digno y justo.  Si bien entendemos que toda ley o política pública puede mejorarse y debe ser revisada periódicamente, estas revisiones deben priorizar las necesidades de las víctimas y no estar influenciadas por intereses políticos o electorales.

Frente a los cambios políticos en nuestro país, exigimos que los gobiernos federal y locales:

  • Reafirmen su compromiso con los principios que dieron origen a la Ley General. 

  • Que frenen el desmantelamiento de las instituciones creadas para tal fin, 

  • Que mantengan un reconocimiento sin cortapisas de la dimensión de la tragedia que vivimos

  • Que entablen un diálogo que reconozca nuestro conocimiento y aporte histórico a la construcción de una política pública integral para revertir las desapariciones en nuestro país.

  • Exigimos que el Estado Mexicano detalle claramente su plan de trabajo, con plazos y objetivos definidos, para que juntos podamos trazar un camino claro en el abordaje del fenómeno de las desapariciones.

  • Además, solicitamos la transparencia en los perfiles de los nuevos nombramientos en la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la justificación de los despidos, para brindar tranquilidad y certidumbre a las familias afectadas por este proceso.

Concluimos reafirmando nuestro compromiso con la búsqueda de verdad y justicia. Urgimos a las autoridades a responder con acciones concretas y transparentes, respetando los derechos de las personas desaparecidas y sus familias. 

¡Sin las familias, no!

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)

Conformado por 86 colectivos de 25 estados de la República mexicana y de 3 países de Centroamérica

Ver comunicado

Publicado en

A un año de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia

Imagen: Red TDT

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT)

Ciudad de México, a 15 de enero de 2024

El domingo 15 de enero de 2023, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder social de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de desaparición forzada cuando se trasladaban en las inmediaciones de Cerro de Ortega, región que limita las entidades federativas de Michoacán y Colima, luego de haber participado en una asamblea comunitaria. Desde entonces no se sabe nada más de ellos y sus seres queridos continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.

Previo a su desaparición, Ricardo y Antonio sostenían la defensa legal de la comunidad de Aquila, exigían que se garantizara la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, perteneciente a la empresa Ternium, la cual, ha sido señalada como un factor de división y fragmentación del tejido social al interior de la comunidad. Meses atrás, Antonio Díaz y Ricardo Lagunes alertaron a las autoridades estatales y federales acerca de una serie de amenazas recibidas en su contra, así como de otros integrantes de la comunidad, solicitando su intervención para mediar los conflictos y evitar la escalada de la violencia en la región, sin embargo, fueron ignoradas por las autoridades.

La reacción de mecanismos internacionales, la respuesta del Estado y la propuesta de expertos independientes

La noticia sobre la desaparición de Ricardo y Antonio provocó una reacción inmediata por parte de organismos internacionales. El Comité contra las Desapariciones Forzada de Naciones Unidas (CED) emitió las Acciones Urgentes exigiendo una búsqueda e investigación integral, estratégica y coordinada. De la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en las que solicitó la búsqueda inmediata de Ricardo y Antonio. Además, los procedimientos especiales de Naciones Unidas emitieron un llamamiento urgente enviando comunicaciones no solo a México, sino además a la empresa Ternium, a los Estados de Luxemburgo y Argentina, remarcando el deber de debida diligencia que los estándares internacionales exigen en torno al desarrollo minero por empresas privadas.

Derivado de las medidas emitidas por el CED y la CIDH, se han convocado a numerosas reuniones con diversas autoridades, incluidas Mesas de Alto nivel en seguimiento a estas decisiones internacionales, celebradas en los meses de mayo y octubre, estando encabezadas por la Secretaría de Gobernación, con la presencia de distintas autoridades de investigación y búsqueda, y la mediación de la CIDH y Naciones Unidas. A pesar de ello, no se logró contar con una estrategia integral de búsqueda, ni con un análisis de contexto que permitiera el diseño de un plan integrado entre investigación y búsqueda para la localización inmediata y con vida de los defensores. Además, las familias continúan sin tener respuestas concretas respecto de los hallazgos forenses, por lo que  la obligación de buscar e investigar sigue pendiente de cumplimiento.

En el mes de noviembre de 2023 se llevó a cabo una reunión de trabajo en Washington DC, en donde las familias de Ricardo y Antonio propusieron establecer el Mecanismo Internacional de Recuperación Humanitaria para Antonio y Ricardo (MIRHAR), siguiendo las mejores prácticas en materia de desapariciones. Sin embargo, la posibilidad de diálogo sobre el tema se ha visto frenado por los recientes cambios ocurridos al interior de la Secretaría de Gobernación, la CNB y el Mecanismo de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, sin que a la fecha se haya convocado nuevamente a la Mesa de Alto Nivel para revisión de los acuerdos pendientes de cumplir.

De las investigaciones y la necesidad de agotar todas las líneas de investigación

Derivado de las investigaciones, actualmente dos personas se encuentran detenidas, a la espera de juicio por su presunta participación en el delito de desaparición cometida por particulares en contra de Ricardo y Antonio. A lo largo de la investigación, se han detectado una serie de irregularidades y situaciones de las cuales se pudiera presumir la complicidad y responsabilidad de servidores públicos de algunas instituciones, por lo que es necesario exhortar a las autoridades encargadas de la investigación de agotar todas y cada una de las líneas de investigación, especialmente aquellas que involucren la participación y responsabilidad de actores económicos, así como la complicidad de elementos del Estado y  las fiscalías locales.

Caso emblemático, solidaridad nacional e internacional e indiferencia de actores con intereses económicos

La desaparición de Ricardo y Antonio fue catalogada como emblemática por el CED y es representativa del contexto de violencia contra personas defensoras de derechos humanos en México, generando diversas acciones solidarias exigiendo su aparición con vida por parte de organizaciones de sociedad civil, colectivos y la academia en distintos estados de la república como Colima, Michoacán, Chiapas, Veracruz y Ciudad de México, así como de otros países como Estados Unidos, Luxemburgo y Europa.  Asimismo, personas legisladoras en México, se pronunciaron exigiendo su búsqueda y presentación con vida. Inclusive los gobiernos de Estados Unidos, Luxemburgo y parlamentarios europeos se unieron al llamado de verdad y justicia, siguiendo de cerca este caso. 

La desaparición de Ricardo y Antonio no es aislada, pues en los últimos 15 años han desaparecido más de 93 personas defensoras ambientales en México, 62 de ellas por defender el territorio indígena ante proyectos de minería y de tala clandestina de madera. Además, en la región en el último año se han registrado la desaparición de líderes sociales de comunidades indígenas y defensores de derechos humanos en circunstancias similares; en un contexto fuertemente marcado por la injerencia de la empresa Ternium y la presencia del crimen organizado.

Ante las múltiples exigencias de colaboración con la empresa, la respuesta de todos los actores fue continuar las negociaciones económicas dejando en segundo plano las desapariciones y sin fortalecer las estrategias de búsqueda y localización. Tanto el gobierno de Michoacán como el gobierno federal aceleraron los acuerdos con la empresa Ternium, para reactivar la operación de la mina e incidieron en actores locales para que respaldaran esta decisión, aprovechando la gran dependencia económica que la mina históricamente ha generado en la comunidad.

A un año de la desaparición de Ricardo y Antonio, las familias de los defensores han vivido en carne propia la realidad que miles de buscadores y buscadoras de desaparecidos en México encuentran como respuesta: simulación, superficialidad en los compromisos de búsqueda e investigación y  revictimización desde todas las esferas gubernamentales. Por ello, las organizaciones firmantes, familiares, amigos y amigas de Ricardo y Antonio, exigimos al Presidente de la República, a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a la Fiscalía General de la República (FGR), al Subsecretario de Derechos Humanos, a los Gobernadores de Michoacán y Colima y en particular a la Fiscalías de Colima y Michoacán, como a las demás instituciones,  que busquen y encuentren a Ricardo y Antonio e  investiguen y sancionen a todos los responsables de su desaparición.

Ver comunicado

Publicado en

Celebra el Frayba 30 años del levantamiento zapatista y el «camino que ha logrado impactar en el curso del mundo y de la historia»

Imagen tomada de Desinformémonos

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) festejó el 30 aniversario del levantamiento zapatista en Chiapas y se unió a la celebración «por el camino que ha logrado impactar en el curso del mundo y de la historia» desde el inicio de la «guerra contra el olvido».

«Recordamos que la guerra del Estado y del sistema contra los pueblos comenzó hace mucho más de treinta años y que aún no se ha agotado en su nefasto afán de eliminar todo aquello que no se acopla al sistema de mercado», aseguró el Frayba en un comunicado.

El Centro también recalcó que a 30 años del levantamiento zapatista no se olvida «la política criminal de contrainsurgencia desplegada por el Estado mexicano, quien prefirió masacrar al pueblo antes que atender sus legítimas demandas».

Añadió que actualmente los pueblos en Chiapas siguen siendo víctimas de la violencia y de la «extendida y profunda crisis de derechos humanos» que provoca asesinatos, desapariciones, feminicidios, tortura, despojo del territorio, saqueo de recursos naturales y desplazamiento forzado, así como la criminalización de quienes se oponen a los megaproyectos, la división de las comunidades y la militarización, como el base de apoyo zapatista José Díaz Gómez, hoy preso político en la entidad.

Ver nota completa 

Publicado en

Militarización, impunidad y violencia agravan la crisis de los derechos humanos: Informe EPU Oaxaca

Foto tomada de Desinformémonos

 

Educa Oaxaca/Desinformémonos

“Desde hace 15 años advertimos a la ONU que la situación en materia de derechos humanos se agudizaría debido a problemas estructurales: la política de militarización, la legislación neoliberal, el machismo que permea las estructuras del Estado, la falta de reconocimiento de derechos hacia pueblos indígenas, mujeres e infancias, la impunidad, las violencias en contra de quienes defienden derechos humanos y libertad de expresión y la falta de voluntad política han conducido a una crisis sistemática en materia de derechos humanos”.

Es en ese contexto que organizaciones y colectivos de Oaxaca presentaron por cuarta ocasión un informe sobre la situación de los derechos humanos en Oaxaca. En este último periodo, desde el 2018, existió una alternancia política a nivel federal y el último año a nivel estatal con la llegada de Salomón Jara a la gubernatura, sin embargo, señalan las organizaciones “pese a la retórica de Estado se han profundizado las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca”. Afirmaron: “Encontramos continuidad entre las administraciones priistas y morenistas caracterizadas por retrocesos, simulación, omisión, negligencia, corrupción, falta de autonomía de los poderes y desinterés en cuanto a los derechos humanos”.

“Existe una grave falta de transparencia y de priorización de los derechos humanos en la asignación presupuestaria. Encontramos una profunda discordancia entre el discurso oficial y la asignación real, es efectivamente imposible saber en qué acciones se ejecutan los montos asignados, por ejemplo, a la política transversal de igualdad de género”.

Ver nota completa

Publicado en

Día de las Personas Defensoras: el clamor por una Política Pública Integral de Protección en México

Espacio OSC

México, 09 de diciembre, 2023

En el Día de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, reconocemos y celebramos la  valiente labor de personas, comunidades y organizaciones comprometidas con la promoción y protección de los derechos humanos en México. Su esfuerzo incansable por acompañar a las víctimas y generar propuestas para contrarrestar la violencia merece nuestro más profundo respeto y apoyo.

Es crucial resaltar que, a pesar de su labor fundamental, persiste una preocupante ola de violencia contra quienes defienden los derechos humanos en el país. Según datos de la ONU-DH México, entre enero de 2019 y noviembre de 2023, se reportaron al menos 93 asesinatos y ocho desapariciones de personas defensoras. Con base en Article 19, en ese mismo periodo de tiempo han sido asesinadas 42 personas periodistas, y cinco se encuentran desaparecidas. Además, se han registrado acciones de criminalización, desplazamiento, hostigamiento y agresiones físicas, psicológicas y digitales, muchas de ellas con un marcado sesgo de género. Estas acciones se dirigen especialmente en contra de comunidades indígenas que reclaman sus derechos a la tierra, al territorio y a la libre determinación.

La situación en estados como Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Estado de México, Colima, Veracruz, Guerrero y Sonora es alarmante debido a las constantes amenazas y ataques a personas defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, la reciente desaparición y posterior asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz en Jalisco, ocurrida el pasado 24 de noviembre, a pesar de contar con medidas de seguridad del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Así como el caso de la desaparición del Abogado defensor de Derechos humanos Ricardo Lagunes y el líder comunitario Antonio Díaz Valencia en hechos sucedidos en Cerro de Ortega-Colima el 15 de enero de 2023.

También, la criminalización que persiste en casos como el de Pablo López Alavez, en Oaxaca, quien ha sido privado injustamente de la libertad por más de 13 años, a pesar de la opinión de expertos de la ONU. Además, se han registrado asesinatos y desapariciones en esa misma entidad federativa contra defensoras de derechos humanos. Es el caso del homicidio de Bety Cariño Trujillo, en 2010, y las desapariciones, en 2021, de Irma Galindo Barrios y Claudia Uruchurtu Cruz, activistas en la región. Estos casos tienen como un común denominador que es la impunidad.

En Guerrero, el caso de Arnulfo Cerón Soriano, defensor desaparecido en 2019 y hallado sin vida, refleja la lucha de sus compañeros/as por la justicia. Tras cuatro años de ocurridos los hechos, aún enfrentan obstáculos y riesgos para quienes luchan por la verdad y la búsqueda de justicia en su caso, lo que evidencia la falta de transparencia en el proceso y la impunidad estatal. En Michoacán, este año, el aumento de agresiones a personas defensoras del territorio se constata en el asesinato de Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes, Rolando Magno Zambrano y Lorenzo Froylán de la Cruz, originarios de la comunidad de Ostula. Por último, en Guanajuato se encuentran el caso de Catalina Vargas y Teresa Magueyal, mujeres asesinadas en 2023 y que hacían labores de rastreo para localizar a sus hijos. 

Estos casos son una muestra dolorosa de la grave situación que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión. 

Por lo expuesto anteriormente, en el marco del Día de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y conmemorando los 25 años de la Declaración sobre el derecho y el deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, hacemos un llamado enfático a las instancias gubernamentales para:

  • Reforzar acciones interestatales que garanticen el respeto, la prevención y la protección de la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Esto acompañado de un análisis diferenciado, interseccional e intercultural profundo que contemple los riesgos y las diversas formas de violencia que persisten y se agravan, especialmente en contextos electorales.
  • Establecer e implementar un plan de persecución penal a nivel nacional y en las entidades federativas, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, para investigar y sancionar de manera diligente y expedita las agresiones y delitos perpetrados contra quienes defienden los derechos humanos.
  • Mantener un diálogo continuo entre instancias de gobierno y la sociedad civil a través del Grupo de Trabajo para el fortalecimiento del Mecanismo, siguiendo las recomendaciones del diagnóstico emitido por la ONU-DH y las propuestas de rutas de implementación elaboradas por el Espacio OSC. Es imperativo impulsar el cumplimiento de las recomendaciones y rutas aprobadas y priorizadas, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, instancias gubernamentales y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
  • Brindar medidas específicas de protección a las personas defensoras del medio ambiente, conforme a la obligación establecida en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú. 

Además, instamos a todas las instancias gubernamentales, sin importar su nivel, a respetar y garantizar la labor de las personas defensoras, y a no permitir ni respaldar ningún intento de agresión o limitación de su trabajo por parte de personas funcionarias públicas o particulares.

#DerechoADefender #DíaDeLosDerechosHumanos

Contacto para medios:

+52 444 4340797 – Espacioosc@gmail.com @EspacioOsc

Ver comunicado

Creado con WordPress