La mañana del lunes 31 de julio miembros de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Salud y la Seguridad Social denunciaron públicamente que Rebeca Ku Méndez, trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cancún, fue agredida por funcionarios del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) luego de negarse a reconocer una falta que no cometió y a aceptar una sanción que no le correspondía.
Ku Méndez dijo que la represión en su contra lleva más de 18 años, pero que en esta ocasión fue más allá de una sanción laboral. En conferencia de prensa, Rebeca narró que el 10 de junio de este año fue citada para comparecer ante funcionarios sindicales, acusada falsamente de haber atacado a una persona.
Al iniciar la comparecencia, fue encerrada con llave y presionada para firmar un acta prefabricada en la que aceptaba su responsabilidad por los hechos que le imputaban; al negarse y tomar los documentos para salir de la oficina, las cuatro personas con las que se encontraba –dos hombres y dos mujeres– la agredieron físicamente; los dos hombres la agredieron sexualmente con el objetivo de que dejara los documentos.
Con la ayuda de un médico que la esperaba afuera de la oficina, Rebeca pudo escapar e interponer ante el Ministerio Público una demanda por abuso sexual y otra por privación ilegal de la libertad. La agresión, de acuerdo con la Coordinadora, se dio como consecuencia de su asistencia a una plática para jubilados sobre la recuperación de las AFORE.
“Quiero declarar todo y que sea público, a nivel nacional, porque hay muchos compañeros que viven esto y la mayoría se somete porque ellos (los funcionarios) tienen el poder: tienen cómo amenazarnos, tienen el poder de quintarnos nuestro trabajo… que mi voz sea la de los compañeros reprimidos y sancionados”, dijo.
Foto: Erik Salinas/Cencos
Según Ricardo Magallón, también integrante de la Coordinadora, la experiencia que vivió su compañera es una constante para los trabajadores de la salud y se ha convertido en un mecanismo de control, en el que de forma irregular el sindicato impone sanciones laborales a los trabajadores disidentes, sin comprobar la legalidad de las mismas. En muchas ocasiones, aseguró, las sanciones tienen el objetivo de evitar que los trabajadores participen en procesos electorales del sindicato.
Efraín Ortiz, jubilado del IMSS, denunció que en Oaxaca la enfermera Patricia Méndez Jiménez y el doctor Arturo Villalobos Ordoñez se encuentran prácticamente encarcelados como consecuencia de su actividad política.
Los miembros de la Coordinadora aseguraron que estos hechos, inconstitucionales, son cometidos por dirigentes nacionales y seccionales del SNTSS con la participación de funcionarios del IMSS en todos los niveles, incluso del director general del instituto, Mikel Arriola, y los delegados en los estados.
También denunciaron la precariedad del sistema de Salud en México, y aseguraron que en el contexto de lo que sucede se encuentra “la destrucción del régimen de jubilaciones y pensiones”, para lo cual se busca intimidar a los trabajadores que se opongan.
Finalmente, los integrantes de la Coordinadora hicieron un llamado a los trabajadores de la salud en México a unirse contra las agresiones y la represión, a la cual calificaron como una “política nacional”, y en defensa de la salud y la seguridad social.
La madrugada del miércoles 26 de julio fue baleado un autobús en el que viajaban miembros del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de Junio Nochixtlán (Covic) y profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes se dirigían a la Ciudad de México para participar en la marcha por los 34 meses de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
De acuerdo con el presidente del Covic, Santiago Ambrosio, la comisión que participaría en la marcha viajaba en un autobús comercial. Cuando viajaban en la supercarretera Oaxaca-México, a la altura de Monteverde, un auto –al cual no pudieron identificar– comenzó a disparar hacia la parte media del autobús, que era donde se encontraban los integrantes de la comisión. Los tiros, aseguró, iban dirigidos a las ventanas y asientos de los pasajeros. De acuerdo con Ambrosio, la agresión duró unos 15 minutos, mientras el autobús continuaba avanzando.
Al llegar a la primera caseta, los integrantes de la comisión decidieron cancelar su participación en la marcha de la Ciudad de México y dieron aviso de lo sucedido a sus compañeros, quienes los recogieron en taxis.
Ambrosio informó que se interpuso una demanda por lo sucedido y que ninguno de los pasajeros salió herido, salvo por el chofer del autobús, a quien un tiro le rozó la frente y le provocó un rasguño. Después de la agresión, los integrantes del comité no tuvieron ningún acercamiento con la línea de transporte a la que pertenecía el autobús.
La agresión al autobús se da en un momento en el que el Covic y la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Oaxaca desarrollan un proyecto de seguridad en Nochixtlán.
Ciudad de México | Desinformémonos. Un grupo de activistas y ciudadanos se organizaron para conformar la Asamblea Popular Chihuahua en Resistencia ante la escalada de violencia en la entidad que “se encuentra en desenfreno”, por lo que convocaron a la sociedad en general a unirse y buscar alternativas para combatir la inseguridad y las agresiones.
“No podemos permitir que se naturalice en nuestras conciencias, el crimen, la injusticia y la arrogancia de los que se sienten dueños del poder”, señalaron al presentar la Asamblea y referir que la cultura de muerte ha sido promocionada desde arriba no sólo en la entidad, sino en todo el país.
“La escalada de violencia se encuentra en desenfreno; los lenguajes se endurecen; la convivencia cruza la senda de la ruptura. Junio fue el más trágico desde que se tiene registro en el país, con 2 mil 234 homicidios dolosos”, indicaron.
Entre algunas de las manifestaciones de la violencia, los integrantes de la Asamblea destacaron los feminicidios, la invasión y despojo de los pueblos y comunidades indígenas, las organizaciones criminales y las agresiones a migrantes.
Explicaron que las diferentes caras de la violencia responden al afán de lucro, al racismo y discriminación, al control de poblaciones y a la liquidación de la oposición política.
Aseguraron que no hay un sólo sector social que no haya sido víctima de alguna manifestación de violencia, lo que pone en riesgo los lazos comunitarios y genera en la población angustia, miedo, ansiedad e incluso depresión colectiva.
Con el objetivo de conmemorar el centenario del nacimiento de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el próximo 15 de agosto, diferentes instituciones de la sociedad civil y de la iglesia, convocaron la mañana de este 25 de julio a participar en una jornada de actividades culturales, políticas y ecuménicas, la cual dio inicio el martes.
En conferencia de prensa, representantes del comité promotor del aniversario anunciaron que la jornada termina el 15 de agosto con un encuentro y velada cultural que tendrán lugar en la Casa de la Solidaridad Sergio Méndez Arceo, ubicada en la Colonia del Valle de la Ciudad de México.
El propósito de la jornada es, según los organizadores, rescatar y promover el legado y compromiso con los derechos humanos de Óscar Romero, quien fuera arzobispo de El Salvador en tiempos de la dictadura militar.
José Antonio Domínguez, Cónsul general de la República de El Salvador en México, aseguró que Romero fue una inspiración en la gestión pública de ese país, sobre todo en lo que respecta al tema de migración salvadoreña. “Si Mons. Romero estuviera hoy estaría a la par de los migrantes, con las causas de todo el mundo en relación con la violación de los derechos humanos”, dijo.
De acuerdo con el cónsul, la muerte misma de Óscar Romero –asesinado en el 24 de marzo de 1980– es una grave violación a los derechos humanos.
Foto: Erik Salinas/Cencos
De acuerdo con Maricarmen Montes, miembro del comité organizador e integrante del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina (Sicsal), Romero vivió comprometido con la búsqueda de la justicia, la dignidad y la verdad; por eso, en el centenario de su nacimiento se busca resaltar la vigencia de su legado, sobre todo en un país como México, en el que las violaciones a los derechos humanos se han convertido en una constante.
Montes llamó a las iglesias, cristianos y no cristianos a retomar el compromiso de Romero con la defensa de los derechos humanos. El centenario de su nacimiento, dijo, es una oportunidad para invitar a las iglesias a despertar, ver y denunciar lo que está pasando en México y Latinoamérica, para que se comprometan con los que sufren, como en su momento lo hizo el ahora beato Óscar Romero.
Los organizadores de la jornada aseguraron que la figura de Romero sigue vigente, porque las causas por las que luchó están más presentes que nunca. La pobreza, la violencia, el desplazamiento de miles de personas, el saqueo realizado por trasnacionales son comunes en la región, en donde los pueblos continúan resistiendo para defender su tierra y dignidad.
El Comité Promotor de la jornada está integrado, entre otros, por el Sicsal-México, el Observatorio Eclesial, Iglesias por la Paz, el Centro de Derechos Humanos “Francisco de Vitoria” y Serapaz.
Pobladores de la localidad de Alpuyeca, ubicada en Xochitepec, Morelos, denunciaron la mañana de este 19 de julio que la Planta Valorizadora de Residuos Sólidos –puesta en marcha en febrero de 2017– es una imposición del gobierno del estado que representa una amenaza para la salud y el medio ambiente.
En conferencia de prensa, Yeymi Peña, habitante de Alpuyeca, aseguró que los niños son los más afectados por las sustancias tóxicas que genera la planta. Enfermedades de la piel, leucemia y otros tipos de cáncer y malformaciones físicas son algunos de los problemas de salud que se han detectado en la niñez de Alpuyeca. Denunció también que ni siquiera el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense ha podido dar un seguimiento adecuado a estas enfermedades.
Los ríos de Apatlaco y Colotepec representan otro riesgo, pues ahí desembocan líquidos que genera la basura y con ellos se riegan los campos, en donde se producen alimentos. “Nuestras tierras ya no son fértiles gracias a los proyectos del gobierno, que son a medias y sin sustentabilidad para ser instalados dentro de algún pueblo”, aseguró Yeymi.
La Planta Valorizadora de Residuos Sólidos forma parte de la Estrategia de Gestión Integral de Residuos Sólidos Morelos (Egirem), implementada por el gobernador Graco Ramírez e incluye otras plantas. El objetivo, según se lee en el sitio del gobierno de Morelos, es “eliminar los rellenos sanitarios y cambiarlos por plantas de valorización, donde los residuos que aún cuenten con valor monetario o energético serán separados para aprovecharlos”.
Foto: Sur Digital Medios
Sin embargo, para la comunidad de Alpuyeca el proyecto se traduce en un basurero más que no resuelve el problema de los residuos y que además afecta sus territorios.
A pesar de que los pobladores han solicitado información sobre el proyecto –como la Manifestación de impacto ambiental o los documentos de propiedad de los terrenos, los cuales en un inicio eran ejido de la comunidad– se han encontrado con la negativa de las autoridades.
“No se han presentado los permisos de operación del basurero por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y los permisos de licitación no han sido públicos”, aseguraron los pobladores, quienes afirman que las irregularidades en el proyecto están presentes desde el inicio, pues no se les informó que se construiría una planta para tratar residuos sólidos.
Otro de los pobladores afectados, Celerino Castañeda, denunció que al manifestarse en contra de la planta han sido objeto de dos agresiones. La más reciente fue el 30 de junio, cuando protestaban frente al palacio de gobierno y en un operativo policiaco golpearon a los pobladores –entre los cuales había adultos mayores– y periodistas, además de que detuvieron a cuatro personas. En este mismo evento, una joven fue agredida por ocho policías y continúa en el hospital; la denuncia que se interpuso, aseguró Yeymi Peña, se encuentra detenida.
Castañeda agregó que algunos de los pobladores son constantemente vigilados por autoridades locales.
Ante la falta de respuesta de los gobiernos estatal y local, la comunidad de Alpuyeca solicita la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para resolver este problema.
Los pobladores aseguraron que están cansados de ser un basurero por más de 60 años, esto después de que lograron cerrar el basurero de Milpillas en 2006. “El gobierno del estado quedó con una deuda ambiental y a 11 años no ha cumplido, ahora nos viene a implementar un centro de transferencia a cielo abierto y la planta de revalorización, en medio de dos ríos y de un ojo de agua”.
De izquierda a derecha: Julia Escalante, Guadalupe Ramos, Dapthne Cuevas y Lizbeth Ortiz | Foto: Cencos
María Guadalupe Ramos Ponce, investigadora y defensora de los derechos humanos, presentó hoy en la Ciudad de México su candidatura para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), cargo que será votado por el Congreso del estado el próximo 27 de julio.
En conferencia de prensa, Ramos Ponce aseguró que en Jalisco es necesario “recuperar la dignidad de quienes defienden los derechos humanos desde el ámbito institucional” para así restaurar la confianza en la CEDHJ, que se ha convertido en una institución “anquilosada”.
La candidata denunció que en la administración de los últimos 10 años el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, impulsó la defensa de vínculos políticos, relaciones e intereses personales, y omitió atender graves violaciones a derechos humanos, como en los casos de desaparición de personas.
Lo anterior, explicó, ha creado conflictos por el espacio público y el territorio, así como una crisis del medio ambiente alentada por modelos de desarrollo no sustentable, y agresiones e incluso homicidios a defensores de derechos y periodistas.
La candidata, una de las 29 personas que buscan convertirse en ombudsman de Jalisco, acusó que del total del presupuesto que tiene asignado, la CEDHJ destina 98.54 por ciento al pago de nómina y salarios, lo que la hace una institución inoperante.
“Lo que tenemos en Jalisco es un engranaje burocrático de atención y resolución de quejas que año con año proporciona un informe de gestión y no muestra un diagnóstico claro de la situación de los derechos humanos en el estado”, mencionó.
En la conferencia de prensa la candidata estuvo acompañada por Dapthne Cuevas, directora ejecutiva del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Julia Escalante, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer; y Lizbeth Ortiz, responsable del Observatorio Ciudadano del Ombudsman de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos.
Además de respaldar la candidatura de Guadalupe Ramos Ponce, exhortaron al Congreso de Jalisco a transparentar el proceso de elección del ombudsman y evitar prácticas de procesos anteriores, en los cuales hubo acuerdos políticos, no se evaluaron los perfiles y trayectorias de los candidatos y no fue tomada en cuenta la sociedad civil.
En la vigésimo octava edición de la Caravana de Amistad EEUU-Cuba, los Pastores por la Paz viajarán hacia La Habana el jueves 13 de julio con el objetivo de llevar ayuda humanitaria y de manifestar su oposición al bloqueo en contra de la isla.
En conferencia de prensa, Gail Walker, directora ejecutiva de Pastores por la Paz, afirmó que la solidaridad con el pueblo cubano es más importante que nunca, sobre todo ante la política agresiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En ese contexto, los integrantes de la Caravana de Amistad exigen que se mantengan los avances de la pasada administración en lo que respecta a la relación entre ambos países. También piden que termine la política que impide a los ciudadanos estadounidenses viajar libremente a Cuba.
En este sentido, el viaje de los Pastores por la Paz vuelve a ser un “desafío al gobierno norteamericano”, ya que viajan a Cuba sin permiso del Departamento del Tesoro, con el riesgo de recibir sanciones y multas.
La Caravana de Amistad, que se encuentra ahora en México, está integrada por 28 luchadores sociales y líderes religiosos, estadounidenses, mexicanos y europeos.
Antes de viajar a México, los Pastores por la Paz visitaron más de 50 ciudades en Estados Unidos, con el objetivo de dar a la sociedad información sobre la realidad cubana, y de dialogar con miembros del Congreso norteamericano para exigir el fin del bloqueo y la devolución de la base naval de Guantánamo.
“La mayoría de estadounidenses está en contra del bloqueo, nosotros viajamos representándola”, expresó Walker.
Además, en esta edición se hará a Cuba una donación simbólica de medicamentos de primera urgencia.
Con nuestro viaje a Cuba “desafiamos las políticas injustas de Trump y afirmamos nuestra solidaridad con Cuba”, expresó el director de Pastores por la Paz, Luis Barrios.
Simitrio conoció la cárcel en 1978. La estancia en aquella ocasión fue breve, pero ya anunciaba lo que Rubén Sarabia, nombre real del líder fundador de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA) en Puebla, tendría que enfrentar en una vida al frente de la organización.
En julio de 1989 sería apresado por segunda ocasión. En aquel entonces, Rubén Sarabia se había convertido en una figura molesta para el gobierno de Mariano Piña Olaya, acusado por la organización de no cumplir acuerdos y desalojar vendedores ambulantes del centro histórico de la capital del estado.
Cuando las manifestaciones de vendedores iban en aumento, Simitrio fue acusado de asociación delictuosa, daños en a propiedad ajena, robo y posesión de armas y estupefacientes. En sus primeros años en prisión, la 28 de Octubre pasó de tener más de 10 mil miembros, a apenas superar los 3 mil. El golpe del gobierno había sido efectivo.
En 2001 Simitrio obtuvo su libertad pero fue aprehendido nuevamente en diciembre de 2014, durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, quien a principios de ese año exigió a Simitrio subordinación, con el objetivo de controlar a la organización. El dirigente se negó y fue entonces que se recrudeció la persecución política contra él, su familia y la UPVA.
Hoy en día, debido a problemas de salud, Sarabia cumple su condena en prisión domiciliaria, pero lejos de tener algo de tranquilidad, sigue soportando ver a miembros de su familia y organización ser amenazados, agredidos, torturados, encadenados y asesinados.
El último golpe ha sido el más duro.
La mañana del 29 de junio su hija mayor, Meztli Sarabia, fue asesinada en el corazón de la organización: el Mercado Hidalgo. Dos tiros le quitaron la vida.
“El comando sometió con sus armas a todos, los tiró al piso y, tras preguntar a Meztli si ella era mi hija, le dio un balazo en el abdomen y el tiro de gracia en la cabeza”, narraba, horas más tarde el mismo Simitrio.
Simitrio Sarabia | Foto: Agencia Enfoque
Su muerte no es sólo un nuevo escalón –el más cruel, el más cobarde– en la persecución contra la familia de Simitrio y los miembros de la 28 de Octubre. Es también el anuncio de que esto no para aquí. Junto al cuerpo de Meztli, los asesinos dejaron un mensaje escrito en una cartulina: el que sigue es Simitrio, y la misma suerte les espera a quienes lo apoyan.
Cobarde. Artero. Así describió Tonatiuh Sarabia el asesinato de su hermana. En entrevista para Cencos, también habló de la indefensión en la que se encuentra su familia y la inacción de las autoridades. En abril de 2016 unos hombres levantaron a Meztli y a un compañero cuando ella se dirigía a su casa. Dijeron ser policías ministeriales. “A ella la pusieron boca abajo y la amenazaron con una pistola; les dijeron que ya habían valido madre, que la familia de Simitrio ya había valido madre, y que la 28 también”, narró Tonatiuh.
A raíz de este hecho Meztli levantó una denuncia, pero al día de hoy ninguno de sus familiares tiene información sobre el curso de la investigación. También puso una queja en la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH Puebla), sin embargo, el presidente de este organismo, Adolfo López Badillo, declaró que Meztli no aportó pruebas suficientes para corroborar que había sido agredida por autoridades.
Además, en 2014 Meztli solicitó medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) luego de que su casa fuera cateada en noviembre. Según Tonatiuh, las medidas que se ordenaron desde el estado de Puebla fueron para protegerla dentro del Cereso de Cholula, pero ella no estaba presa.
Ahora, después de la muerte de Meztli, la CDH Puebla solicitó a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal medidas cautelares para personas afines a la UPVA y para la familia de Rubén Sarabia, con el objetivo de garantizar su integridad física y psicológica.
Sin embargo, exactamente una semana después del asesinato de Meztli una nueva amenaza llegó, esta vez dirigida a la esposa de Simitrio, Rita Amador. “Dile a Rita que así como matamos a la hija de Simitrio, vamos a matar a uno de sus hijos”, se escuchó en una llamada telefónica que respondió Tonatiuh Sarabia.
Rita Amador | Foto: Alejandro Muñoz
Rita Amador es también dirigente de la UPVA de Puebla. Esta no es la primera vez que se enfrenta, como otros miembros, a los ataques de los que es objeto la 28 de Octubre. En otras ocasiones la han amenazado con agredir a sus nietos y ella misma enfrenta un proceso penal acusada de ataques a las vías de comunicación luego de encabezar, junto con María de la Luz Gálvez –esposa de Xihuel Sarabia, hijo de Simitrio– una marcha en agosto de 2015.
Contando a Rita Amador, la 28 de Octubre tiene a cuatro miembros procesados en libertad. Cinco presos políticos: Simitrio, sus dos hijos –Atl Tonatiuh Sarabia y Xihuel Sarabia–, Luis Fernando Alonso Rodríguez y José Muñoz Villegas. Según Tonatiuh Sarabia, también asesor legal de la 28 de Octubre, más de 130 averiguaciones previas han sido abiertas contra miembros de la organización y las detenciones y procesos penales han estado plagados de irregularidades.
De acuerdo con el Comité para la Libertad de los Presos Políticos, en Puebla se han documentado 366 casos de personas que han sido perseguidas, encarceladas o procesadas durante el gobierno de Rafael Moreno Valle por haberse manifestado contra las políticas estatales. El caso más grave es el que protagonizan Simitrio y su familia.
“En Puebla de los Ángeles el diablo anda suelto”
Después de la muerte de Meztli Sarabia, su familia está aturdida, no sólo por su pérdida sino porque, según Tonatiuh, este tipo de crímenes no ocurrían en la capital del estado desde hace mucho tiempo: “En Puebla de los Ángeles el diablo anda suelto, y esto puede agravarse si se vuelve recurrente el asesinato político como mecanismo de control social”.
Por eso, la familia de Simitrio y la UPVA no piensa parar en su lucha contra la represión y el hostigamiento, que ahora se dan también por otros frentes: Tonatiuh denunció públicamente que el día en que Meztli fue asesinada hubo una campaña en Twitter y Whatsapp para criminalizarla y para infundir miedo en la sociedad respecto del actuar de los miembros de la 28 de Octubre.
Dijo también que ese día identificaron a al menos tres sujetos infiltrados entre miembros de la UPVA : dos en la escena del crimen y uno en una manifestación frente a la Secretaría General del Gobierno de Puebla (SSG Puebla). Los primeros dos, un hombre y una mujer, tenían credenciales de la SSG Puebla e incluso estaban entrevistando a los testigos; mientras que el tercer infiltrado tenía credenciales de la SSG Puebla y de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), ambas con un nombre distinto.
Con más fuerza que antes, la familia de Meztli y miembros de la organización han pedido la liberación inmediata de los presos políticos, el cese a la represión y garantías mínimas de seguridad. Esta vez se suma la exigencia de esclarecer el crimen de Meztli, de encontrar y castigar a los responsables –materiales e intelectuales– de su muerte, a pesar de la poca confianza en las autoridades.
Conferencia en Cencos asesinato de Meztli | Foto: Erik Salinas
“La muerte de mi hija, la muerte de nuestra compañera, la muerte de Meztli, no será en vano: habrá de abonar la tierra, nuestra madre tierra, que florecerá en libertad, en bienestar para todos y en el poder popular”, dijo Simitrio durante el entierro de su hija.
Tonatiuh asegura que él y su familia tienen las mismas medidas de protección que el resto de los miembros de la organización: “Desafortunadamente, quien nos está persiguiendo es una parte del Estado, el gobierno de Puebla… cuando ellos quieran ir por alguno de nosotros, donde estemos lo van a hacer”.
“No le vemos caso a escondernos, porque no debemos nada. No le vemos caso a huir, porque estamos seguros de que nuestro trabajo está contribuyendo al desarrollo de nuestro estado. Vamos a seguir en lo que estamos, defendiendo los derechos del trabajo, de la libertad de expresión, solidarizándonos con las luchas justas y democráticas”.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX) informó que “Itzel”, la adolescente de 15 años que el 1 de junio fue atacada sexualmente en la delegación Coyoacán, no tiene responsabilidad sobre la muerte del hombre que la agredió, ya que “bajo un mecanismo de defensa, logró liberarse de su agresor, quien la sometió con un arma punzocortante”.
La PGJ capitalina dio a conocer esta información un par de horas después de que los padres y abogados de Itzel denunciaran, en conferencia de prensa, que a días de cumplirse un mes del suceso la Procuraduría mantenía abierta una carpeta de homicidio y se encontraba investigando a Itzel y a su familia. Los abogados David Peña y Micheel Salas, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, exigieron conocer el rumbo de esa carpeta de investigación, ya que hasta el momento de la rueda de prensa no habían tenido acceso a la investigación ni habían sido notificados sobre la situación jurídica exacta de la adolescente.
“Esperamos que si eventualmente la Procuraduría intenta vincular a proceso a Itzel, ningún juez de control especializado lo permita”, dijo Micheel Salas.
María de la Luz Hernández, madre de Itzel, denunció también que la adolescente no recibió de forma inmediata atención médica especializada y que durante los días que han transcurrido la familia ha recibido amenazas vía telefónica.
Después de conocer la información de la PGJ CDMX, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social publicó en su página de Facebook: “Con mucho gusto les comunicamos que Itzel, quien fue atacada sexualmente y #EnDefensaPropia hirió mortalmente a su agresor, quedó libre del cargo por homicidio. Es un gran logro no sólo para nosotros, sino para la sociedad. Poco a poco avanzamos, las leyes deben proteger a las víctimas”.
El 1 de junio Itzel fue privada de la libertad por más de dos horas y abusada sexualmente en repetidas ocasiones por un hombre identificado como Miguel Pérez Alvarado. Después de que él la amenazó de muerte con un cuchillo, forcejearon y él resultó lesionado. Dos días después Itzel se enteró de que su agresor había muerto.
“La menor de edad, víctima de abuso sexual actuó en legítima defensa para librarse de su agresor”, concluyó la PGJ CDMX, por lo que “se elaboró la propuesta de no ejercicio de la acción penal respecto al actuar de la menor de edad”.
La CNPA MN denuncia la agresión que desde el pasado viernes 12 de mayo realizan grupos de choque contra el poblado denominado “Doctor Rafael Pascasio Gamboa” del municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, colindante con el estado de Tabasco.
Dicha comunidad, conformada por 49 familias miembros de la organización MOCRI-CNPA MN, solicita el traspaso del derecho de propiedad del presunto terreno nacional. Lo cual abrió un expediente en la Secretaria de desarrollo agrario Territorial y Urbano (SEDATU) con lo cual se buscaba resolver por este medio dicho problema, lo que generó cierta inestabilidad social ya que a la par que el grupo solicita el traspaso de dicho terreno, también lo reclama un grupo de terratenientes locales de Teapa, Tabasco, entre ellos José Raymundo Cano Brindis.
Denunciaron que en enero del 2014 se generaron disturbios como robos y atracos por un grupo liderado por Víctor Muñoz Montejo, donde fueron detenidos 5 de los miembros del CNPA MN por la policía de Tabasco en acuerdo con el estado de Chiapas.
En el pasado mes de enero la SEDATU dio a conocer el Dictamen técnico, con lo que se provocó un nuevo hostigamiento provocado por dicho grupo amenazando con ingresar a las tierras que la comunidad dice tener en posesión.
El pasado viernes 12 de mayo, un grupo de aproximadamente 50 personas provenientes de distintos municipios presuntamente lideradas de igual forma por Víctor Muñoz Montejo, con quien se decía estar en coordinación con Guadalupe Rodríguez de la Cruz, agredieron al poblado en cuestión intentando ingresar a las tierras de manera violenta con la intención de apoderarse de ellas.
Se menciona que desde hace décadas existe un poblado conformado por un poco más de una decena de familias en el extremo norte del predio colindante con la ranchería Allende de Teapa, Tabasco, lugar donde se encuentra localizado el domicilio de Víctor Muñoz Montejo y que fue la zona por donde ingresó el grupo conflictivo.
La CNPA MN afirma que existe una clara complicidad entre supuestos propietarios y grupos de choque agresores con el fin de tomar dichas tierras, respaldados y alentados por el expresidente municipal Guadalupe Reyes Osorio y la actual presidenta, Josefa Silva Serra. Afirman también que los agresores se encuentran coludidos con la delegación de SEDATU con el fin de beneficiar a José Raymundo Cano Brindis.
Con dicho comunicado la CNPA hace un llamado al gobierno a intervenir con el fin de evitar el escalamiento de un conflicto social tanto del estado de Chiapas como del estado de Tabasco.
