¡NO SÓLO ES DUARTE!
El negocio de la opacidad
Por Eduardo Espinosa
Vivimos en un país donde el gasto público es poco transparente y la corrupción abunda, por eso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tiene un papel crucial. Es una de las pocas instituciones destinadas a la rendición de cuentas y recientemente ha manifestado su preocupación por las grandes afectaciones al erario nacional.
Dentro de las tareas que realiza la ASF, tiene como mandato fiscalizar de manera externa, el uso de los recursos públicos federales en los tres poderes de la unión; los órganos constitucionales autónomos (ejemplos: IFE, Banco de México, UNAM); los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.
En febrero de 2017, la ASF publicó su informe de la revisión a la cuenta pública 2015, en la que informó que realizó 1,059 auditorías a entidades federativas y municipios; 599 al poder ejecutivo; 18 a órganos constitucionalmente autónomos; cuatro al poder judicial y tres al poder legislativo, arrojando un total de 2,133.
Como resultado de estas auditorías se realizaron las siguientes acciones:
3,956 recomendaciones, cuyo propósito es mejorar el desempeño, los procesos administrativos y sistemas de control de las entidades auditadas.
392 solicitudes de aclaración, en las que se requiere documentación adicional para soportar las operaciones y los montos observados no justificados o no comprobados durante la revisión.
Ante el SAT: 73 acciones de comprobación fiscal.
Ante las contralorías internas (ejemplo: contralorías municipales): 2,405 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
La finalidad es conocer en dónde quedaron 165 mil millones de pesos que reportó el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal Martínez, como un presunto daño al erario por irregularidades y opacidad en el gasto de los recursos. Para tener una claridad del enorme problema que esto representa para el país haremos las siguientes comparaciones:
La UNAM en 2017 recibió casi 41 mil millones, es decir, con el dinero que hace falta se podría financiar 4 veces la universidad pública más grande del país.
El rubro de cultura este 2017 recibió 12 mil millones (después de un recorte del 20% en relación con el 2016), es decir, se podría financiar 13 veces.
En materia de salud para este año se presupuestó un gasto de 535 mil millones, con los recursos faltantes se podría solventar un tercio, siendo este rubro uno de los presupuestos más altos.
En este sentido, el informe menciona los motivos que generan la perdida de estos recursos, en lo que encontramos afectaciones directas al erario (robo y/o desvió), inconsistencia entre resultados esperados y obtenidos, discrecionalidad en la toma de decisiones, archivos públicos deficientes (son los derivan de la prestación de un servicio público por entidades privadas), información financiera inadecuada (ejemplos: mala contabilidad, falta de comprobantes) y vulnerabilidad en las finanzas públicas (falta de controles internos).
En relación con lo anterior, una de las problemáticas recurrentes y en la que más dinero deja de ser auditable son las asociaciones público privadas, pues se ha observado que este esquema no permite verificar la determinación de precios ofertados (que los costos sean conforme al mercado), así como cuantificar o desagregar los elementos que integran el costo total de los proyectos.
De igual forma, cuando se encuentran operando el pago del mantenimiento y la operación de los inmuebles, tampoco son susceptibles de medirse, ni es posible cerciorarse que los trabajos efectuados sean los requeridos. En otras palabras, este esquema es un caldo de cultivo para la corrupción.
Una vez teniendo claro el panorama sobre los problemas que corre el erario, es necesario plantear algunas aclaraciones en relación a lo que puede hacer la ASF ya que tiene conocimiento de estas irregularidades. En principio da oportunidad a los entes auditados de aclarar su situación, sin embargo, una vez finalizado estos procesos y en el caso de que no se puedan aclarar, la auditoria superior denuncia los hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) con la finalidad de fincar responsabilidades y buscar la reintegración de los recursos en el momento oportuno.
En la tabla encontramos el número de denuncias iniciadas hasta 2014 y el monto que representa la suma de todas que es de $41,977,919,408.35, y casi de forma irrisoria las devoluciones según el portal de la ASF ascienden $1,897,202.4, es decir, un monto simbólico.
Realizando un análisis de las condiciones en las que opera la auditoria, podemos concluir que la falta de resultados reside en que su acción más “eficaz” está relacionada con la PGR, institución que está en proceso de transición a fiscalía general y que ha demostrado en diversos casos como Ayotzinapa y Tlatlaya, la nula capacidad en sus actuaciones, además, cabe señalar que el procurador es nombrado por el presidente y ratificado por pleno de la cámara de senadores, personas e instituciones que formar parte de los entes auditados.
El esfuerzo que realiza la ASF debe ser considerado para el combate contra la corrupción y no sólo dejarse plasmado en sus informes que documentan la debilidad de los controles fiscales y ponen el dedo en la llaga sobre los principales defectos y afectaciones que corre el dinero de todos los mexicanos.
Reforma energética: avalar el despojo
Por Ixchel Cisneros
Con la declaratoria de utilidad pública y la figura de “servidumbre legal”, la recientemente aprobada reforma energética abre la posibilidad de violar los derechos humanos de los habitantes de las comunidades donde empresas y gobierno extraigan hidrocarburos, según organizaciones de la Sociedad Civil como Fundar Centro de Análisis e Investigación, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace.
Aseguran que la Ley de Hidrocarburos da preferencia a la explotación de recursos naturales sobre los intereses y afectaciones de los habitantes o dueños del territorio. En su artículo 96 se lee: “las actividades de exploración y extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”.
“Si una petrolera quiere llegar a un territorio, tiene primacía el interés económico que ello puede generar por encima de los derechos de las comunidades que están reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. La ley simula que va a respetar los derechos humanos, pero en realidad tiene artículos muy específicos que implican que estas actividades (económicas) serán preferenciales”, asegura Edmundo del Pozo, investigador de Fundar.
Con respecto a la “servidumbre legal”, ésta implica que el Estado podrá imponer limitaciones a las facultades que un particular tiene sobre su propiedad si en ésta existe un bien de uso público. Dicha figura se aplica, por ejemplo, cuando una refinería requiere pasar ductos por terrenos de particulares. La ley permite hacerlo aun cuando esto afecte los derechos y patrimonio de los ciudadanos.
Para el caso de los hidrocarburos, los especialistas de las organizaciones antes mencionadas señalan que, con base en esta figura, las compañías petroleras tendrán derecho a que su personal, maquinaria y “bienes de todo tipo” puedan transitar por terrenos de las comunidades; e incluso les daría el derecho a construir y mantener infraestructura en ellos y realizar obras y trabajos necesarios para el desarrollo y vigilancia de las actividades de esta industria.
Además, el Artículo 106 de la misma ley menciona que de no existir acuerdo entre una empresa y los dueños de la tierra, los primeros podrán “promover ante el juez de distrito en materia civil o Tribunal Unitario Agrario la constitución de la servidumbre legal de hidrocarburos”, lo cual podría darles las herramientas para restringir los derechos de los pobladores.
“El alcance de las servidumbres legales previstas en la reforma energética es equiparable a la de una expropiación, ya que se restringe el derecho de propiedad a los poseedores y propietarios y no hay opción de negarse a ceder o limitar su derecho”, dice un informe del Cemda titulado Posibles Impactos Ambientales y Sociales de la Reforma Energética, publicado en 2015.
La aprobación de la reforma energética y las leyes secundarias implica “avalar el despojo”, asegura Del Pozo.
Sobre las comunidades indígenas, el informe del Cemda asegura que las leyes secundarias tienen el “potencial de afectar los recursos, territorios y derechos en general de las comunidades y pueblos indígenas”. Sostiene que éstos no fueron consultados durante el diseño, elaboración y posterior aprobación de esta reforma. Afirma incluso que los derechos de estas comunidades a la propiedad, posesión y acceso preferente a los recursos naturales se verán afectados. En suma, perjudicará sus derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.
Según el Artículo 121, antes de realizar la obra los gobiernos y/o empresas están obligados a presentar una evaluación “que deberá contener la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales que podrían derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación y los planes de gestión social”. También deberán presentar una autorización de impacto ambiental realizada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).
“En principio deben hacer una evaluación de impacto ambiental y otra social, además de la consulta (a las comunidades), pero sabemos la facilidad con que se aprueban estos proyectos sin tomar en cuenta las afectaciones reales”, asegura Del Pozo.
La ley de la ASEA, en vigor desde agosto de 2014, menciona que ésta es un órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat, con autonomía técnica y de gestión. Su objetivo: regular y supervisar la seguridad industrial y operativa y la protección del medio ambiente en las actividades del sector hidrocarburos. De acuerdo en dicha ley, su director ejecutivo será “designado y removido libremente” por el titular del Ejecutivo Federal.
“Le quitaron a Semarnat la facultad de realizar la evaluación ambiental de manera directa y crearon una agencia especial que se subordina directamente al presidente (de la República)”, finaliza el investigador de Fundar.
Violencia de género en México: la crisis invisible
En México, las cifras cuando se habla sobre violencia de género sorprenden, alarman y preocupan. Entre 2013 y 2014, diariamente fueron asesinados 7 mujeres en el país. Estudios señalan que 63% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia, 47% por parte de sus parejas.
Se registran alrededor de 15 mil denuncias por abuso sexual al año, es decir, 40 mujeres por día; sólo en una de cada cinco ocasiones el agresor recibe una sentencia. Cuando entre 1997 y 2004 se lograba un sentencia condenatoria en el 80% de los casos, en 2012 (en el último estudio disponible) el porcentaje se redujo al 15.4%. Las cifras no pueden ser más contundentes: en México, 85% de los agresores sexuales no reciben castigo; en México, 85% de las mujeres abusadas sexualmente ven como su caso permanece impune.
Preocupa, incluso más, que a pesar de estadísticas tan abrumadoras, la violencia de género continúe siendo un problema permanentemente minimizado en el país. Desde las acciones gubernamentales hasta la percepción de una gran parte de la población. Los altos índices de impunidad, la revictimización hacia las denunciantes, la renuencia de autoridades a utilizar la clasificación de feminicidio, el acoso y agresión a quienes deciden hacer públicas sus denuncias. El sistema no ayudar a resolver la problemática.
Podemos tomar casos en específico, que ejemplifican de forma precisa este tipo de conductas.
El 8 de marzo de este año, Andrea Noel, periodista norteamericana, sufrió una agresión sexual a plena luz del día en la colonia Condesa, precisamente en el Día Internacional de la Mujer. Poco después de hacerlo público a través de sus redes sociales, recibió apoyo y solidaridad, pero también incontables ataques tanto por parte de hombres como de mujeres. Fue culpada de la agresión y llamada “puta” por utilizar un vestido, acusada de fabricar un montaje en busca de fama, amenazada en redes sociales e incluso acosada en su domicilio.
Los ataques continuaron también a través de algunos medios, como SDP Noticias, que en una editorial firmada por Einer Juárez, insinuara que la periodista había planeado su propia agresióny cerrará con frases como “Algo seguro es que, con una actitud como el feminismo, que es el equivalente en mujer al machismo, y pretender exigir que incluso hasta los piropos sean criminalizados (…) es simplemente ponerse en una postura peor que los machistas”.
Aunque poco después el director de ese medio, Federico Arreola, anunciara el término de la relación laboral con Einer Juárez, el columnista continuó con ataques desde sus redes sociales, calificando a la periodista como “machorra feminazi”. Las palabras de un columnista poco leído con apenas unos cuantos seguidores en Twitter no resultarían relevantes sino fueran un reflejo de la postura adoptada por un amplio sector de la sociedad -más amplio del que nos gustaría pensar-.
Este año, también, ha sido ampliamente cubierto por medios de comunicación nacionales e internacionales el caso de Daphne Fernández, víctima de abuso sexual por parte de 4 jóvenes hijos de empresarios y políticos del estado de Veracruz, Enrique Capitaine, Diego Cruz Alonso, Jorge Cotaita y Gerardo Rodríguez, mejor conocidos como los “Porkys”.
A pesar de que Jorge Fernández, padre de la menor, grabó una confesión en video de los involucrados, éstos comenzaron una campaña de desprestigio en contra de la chica, lo que llevó a la familia de Daphne a hacer pública la grabación.
La denuncia pública dio inicio a una campaña de apoyo hacia la víctima y exigencia de justicia, pero también otra de cuestionamiento, de descalificación. “Si sales a esos lugares a tomar tú te lo buscas”, “Si una chica se va con jóvenes borrachos sabe a qué atenerse”, o “Si se subió a al coche con ellos no puede quejarse de lo que le pasó”, fueron tan sólo algunos de los comentarios que se podían leer en las notas al respecto.
Al día de hoy, sólo Enrique Capitaine y Diego Cruz han sido capturados, y el caso nuevamente pone de manifiesto la problemática para quién se atreve a denunciar: vergüenza, escarnio público, poca efectividad de las autoridades.
El 24 de abril se llevó a cabo una movilización en 30 estados de la república mexicana exigiendo un alto a la violencia de género y la criminalización de las víctimas, además de un protocolo adecuado para el tratamiento de estos casos. En su mayoría mujeres, marcharon con las consignas “Ni una más” y “Vivas nos queremos”. La más concurrida fue la de la Ciudad de México, reportada con saldo blanco por la Secretaría de Seguridad Pública, pero no por ello libre de controversia.
Aunque desde su origen estuvo contemplada como una movilización de mujeres y para las mujeres, hubo contingentes mixtos. Algunos reporteros, sin embargo, denunciaron haber sido agredidos con empujones y bofetadas. Tal es el caso de Carlos Mendoza, reportero gráfico, que a través de un texto titulado “La vez que fui agredido por feministas extremistas” dio cuenta se vio invadido por el miedo al verse rodeado de seis mujeres. “Mi error…”, señala en su texto, “tener pene”.
Más allá de reportes de provocación de su parte, y sin excusar algún tipo de agresión, lo cuestionable es por qué invadir un contingente cerrado en esta ocasión, si es algo que no ocurre, por ejemplo, con el continente de padres de los normalistas de Ayotzinapa, que cada 26 marchan por las calles de la ciudad. ¿Por qué cubrir de forma distinta una marcha feminista?
La movilización no tuvo respuesta alguna en el Estado de México, particularmente en Ecatepec, el que mayor índice de feminicidios registra en el país. Por parte del gobierno de la Ciudad de México, semanas después se anunció como medida la distribución de silbatos, para que fueran utilizados por las mujeres que sufrieran de acoso en el transporte público.
Y es que más allá de los problemas de fondo que desembocan en esta problemática, digamos de educación, civilidad o incluso sentido común, la respuesta de las autoridades continúa siendo ineficiente.
Melissa Soto, activista por los derechos de la mujer, apunta a una omisión de la problemática por parte de las autoridades. Más allá de los altos índices de impunidad en denuncias sobre violencia de género, apunta la falta de transparencia en los datos y protocolos de atención, vacíos en estadísticas e información, en las legislaciones locales de los estados y políticas formuladas de forma parcial y unilateral por parte de las instituciones, sin perspectiva de género, sin ir a las causas y a las raíces del problema.
Las formas de operar de las autoridades que muchas veces también transfiere la responsabilidad del delito a la víctima, se traducen en desconfianza por parte de la población vulnerable,que ha sido históricamente discriminada institucionalmente, lo que mantiene un bajo índice de denuncias de violencia de género.
El 28 de julio del 2015, la Secretaría de Gobernación emitió por primera vez una alerta de género; fue en 11 municipios del Estado de México: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco. Sin embargo, a pesar de la medida, organizaciones como Crimen en México y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, indican que no ha habido avances en la entidad.
Diversas organizaciones civiles han exigido que la alerta se extienda a los 125 municipios de la entidad, se informe sobre las acciones emprendidas desde que se decretó en los primeros 11 y lleve a cabo una evaluación de los resultados.
A pesar de la poca eficacia evidenciada hasta ahora, el golpe político que representa y la utilización del término feminicidio, siguen siendo un motivo para que autoridades busquen minimizar la crisis de violencia de género.
A finales del año pasado, incluso cuando 7 mujeres fueron asesinadas en Quintana Roo en un periodo de 3 semanas, el gobernador Roberto Borge rechazó emitir una alerta de género; por el contrario, minimizó las cifras y pidió no politizar las muertes. “Los que hablan de feminicidios y promueven que se emita esta alerta sólo buscan atentar contra el éxito de Quintana Roo, frenar el desarrollo y crecimiento sostenido en turismo”, señalaría en un comunicado desde Londres, Inglaterra.