Autor: Viridiana Ramírez

Por Animal Político

Los periodistas no son asesinados como resultado del azar, en el contexto de un asalto, por despojarlos de su vehículo o como consecuencia de un secuestro. A los periodistas los matan por dar un servicio a la sociedad.

La realidad del periodismo en México duele, la orfandad es evidente y las acciones para revertir las dinámicas violentas se perciben escasas o al menos limitadas. Las cifras son alarmantes, las historias de vida y las consecuencias irreparables. Artículo 19 documenta 103 periodistas asesinados y miles de agresiones en contra de periodistas del año 2000 a la fecha.

Hay voces que, sin dimensionar la relevancia del ejercicio periodístico para la consolidación de las democracias, cuestionan la atención que se le da a los asesinatos de periodistas en detrimento (piensan) de otros perfiles de población también violentados.

Es innegable que los índices de violencia se encuentran en niveles elevados y que muchas personas en el país están en riesgo, en situación de vulnerabilidad o han sido víctimas de las consecuencias de la inseguridad. Vale la pena insistir que las y los periodistas son violentados hasta la muerte por dar un servicio, por ser periodistas, al menos esta debe ser la premisa con la que nos aproximemos a esta realidad.

Hay indicios que nos permiten suponer que los periodistas no son asesinados como resultado del azar, en el contexto de un asalto, por despojarlos de su vehículo o como consecuencia de un secuestro. No, a los periodistas los agreden, amenazan o asesinan por investigar, por denunciar, por exhibir, por romper con el silencio, por demostrar complicidades. En resumen: a los periodistas los matan por dar un servicio a la sociedad.

Recuento de frustraciones

Por demanda social se creó en la Procuraduría General de la República la Fiscalía especializada en crímenes en contra de periodistas, que después acertadamente se transformó en la Fiscalía Especializada en la Protección del Derecho a la Libertad de Expresión (FEADLE), área especializada encargada de investigar y perseguir delitos contra la Libertad de Expresión. Atención, la FEADLE no solo debe atender aquellos delitos en contra de periodistas y comunicadores sociales, sino todos aquellos que violenten el marco de protección al derecho a la libertad de expresión.

Las procuradurías estatales, la PGR y su Fiscalía no cumplen con su mandato; no investigan y se han convertido en un espacio que, lejos de resolver, violenta institucionalmente a periodistas y sus familiares que aún confían y denuncian. Es urgente tener las certezas jurídicas que resultan de los procesos de investigación, solo así podremos combatir de manera efectiva la impunidad y trabajar en medidas de prevención desde el ámbito de la política pública.

Las cuentas que ha entregado la FEADLE son clara muestra de la indefensión; una inversión millonaria ante una necesidad urgente que ha conseguido, según información difundida por Animal Político, tres sentencias condenatorias entre julio de 2010 y diciembre de 2016. Periodo en el que el universo de casos ha sido de 798 denuncias, 47 de las cuales fueron por asesinato.

En junio de 2012 se publicó la Ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas mediante la cual se crea el Mecanismo de Protección. Espacio que es resultado de un proceso de exigencia al Estado Mexicano en los ámbitos nacional e internacional; construcción en el que organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos tuvieron una incidencia profunda.

El Mecanismo es “la instancia federal, adscrita a la Secretaría de Gobernación, que tiene la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor”. Para cumplir con este mandato la Ley configura un andamiaje institucional que a la fecha ha resultado insuficiente, limitado y profundamente condicionado.

Es pertinente tener la claridad de que aunque el Mecanismo tiene un mandato claro de protección esta acción es reactiva, es decir, es una acción que requiere de una solicitud previa de incorporación. Para el Mecanismo resulta complejo actuar “por oficio” y en todo caso esta actuación tendría limitantes por la naturaleza propia de la herramienta. Sí, el Mecanismo es una herramienta a la que se le debe dar uso.

Algunos de los problemas más robustos que enfrenta el Mecanismo también tienen que ver con el andamiaje institucional en el que opera, es decir, la eficacia de muchas de sus medidas depende de la voluntad y eficiencia de otras instancias de gobierno. Si éstas fallan –por incapacidad o indolencia— la operación del Mecanismo naufraga.

Tal ha sido el caso de gobiernos estatales que incumplen los convenios de cooperación y la incapacidad política para hacerlos cumplir; o de la PGR que no investiga o no esclarece los asesinatos y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas; o de las policías estatales que en el mejor de los casos son renuentes a implementar las medidas de protección y en el peor de los casos se presume que son actor protagónico de la amenaza o de la agresión misma.

Sí, el Mecanismo depende de la buena voluntad de la PGR, las procuradurías estatales, la CNDH, las policías municipales y federal, así como de los gobiernos municipales y estatales. El Mecanismo está condicionado por las mismas instituciones que por omisión o por acción contraria a su mandato configuraron un escenario de riesgo profundo para periodistas y defensores de derechos humanos. Algunas de estas instancias PGR, CNDH y Seguridad Pública forman parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo (órgano máximo de decisión en la institución). Paradójico responsabilizar de un espacio extraordinario a instancias que en el ámbito ordinario han fallado.

Así, en un contexto de debilidad institucional en distintas geografías del Estado, el Mecanismo está atado a las decisiones y acciones de otras instancias de gobierno, las cuales –las más de las veces— están permeadas por el burocratismo, la indiferencia, la ineficacia o la corrupción.

No hay mejor medida de protección que una investigación que sustente sanción a los responsables de un asesinato o de un ataque en contra de un periodista y la posterior reparación integral del daño que tenga como objetivo la transformación de realidades y dinámicas. Pero eso no está en manos del Mecanismo.

En ese sentido, resulta indispensable recordar que el Mecanismo nace como una medida extraordinaria ante una situación de emergencia… una situación igualmente extraordinaria. Una medida emergente ante la incapacidad de respuesta efectiva de las autoridades encargadas de investigar y sancionar en los ámbitos estatales y federal, la ineficiencia de las policías estatales, la indolencia de muchas comisiones estatales de derechos humanos y, sin duda, las consecuencias de la inseguridad y la impunidad.

En suma, el Mecanismo debe ser entendido como una medida extraordinaria y en un escenario ideal como una medida temporal en tanto se invierte en que el andamiaje ordinario de Estado cumpla con su mandato. Resulta obligado entender al Mecanismo como una pieza insertada artificialmente en el andamiaje institucional del Estado mexicano: debe existir en tanto se corrige la situación y el contexto que obligaron a crearlo. El Mecanismo será exitoso en la medida en que no exista.

Es posible y pertinente mejorar la Ley de protección, capacitar al personal del Mecanismo, realizar mejores evaluaciones de riesgo y aplicar correctamente las medidas de protección. Sin embargo, esto no garantiza que las y los periodistas realicen su labor sin riesgos. ¿Por qué?, pues porque el principal problema no es de diseño institucional o de gestión y cobertura, sino de que las instituciones ordinarias cumplan con su mandato, que el discurso oficial deje de descansar en el Mecanismo y comience a retratar cambios sustantivos en otros ámbitos, incluso de que el discurso de reclamo y rendición de cuentas de la sociedad civil se complemente y oriente en este sentido.

La aspiración del Mecanismo, en el que participé ad honorem desde su creación y hasta junio de 2015 como periodista elegido por el Consejo Consultivo para ser integrante de su Junta de Gobierno, debe ser sin duda el garantizar que periodistas, defensoras y defensores realicen su labor en las condiciones de seguridad óptimas, sin riesgo, sin amenazas. Esto paradójicamente será posible cuando comencemos a trabajar de manera simultánea en el fortalecimiento del Mecanismo y en generar las condiciones para que desaparezca.

A la fecha mucho se ha hecho para procurar que el Mecanismo funcione, pero no habrá recursos económicos y materiales suficientes, ni existirán medidas de protección pertinentes para acompañar a periodistas, mientras la política pública en la materia descanse totalmente en un espacio extraordinario y no en el andamiaje ordinario.

No alcanzamos a dimensionar las consecuencias de la indefensión en la que las y los periodistas realizan su ejercicio profesional. El periodismo es un servicio que documenta, su impacto se da en dos momentos: el primero es coyuntural, el segundo es a mediano y largo plazo al transformarse en huella documental de sucesos de relevancia social.

El contexto nacional de violaciones graves a los derechos humanos nos da la certeza de que llegará el día en que la exigencia de memoria, verdad y justicia se escuchará con fuerza en México. En ese momento la memoria periodística será pertinente e indispensable. La situación actual deberá ser analizada y una herramienta de análisis y de encuentro serán los productos periodísticos. El periodismo es memoria

Protejamos a las y los periodistas exigiendo que las instancias mandatadas para hacerlo cumplan, obligando a los medios de comunicación a que se involucren de manera efectiva en la coadyuvancia de esta protección.

Mientras tanto los periodistas seguiremos construyendo memoria en cada nota, tomaremos las calles, abonaremos desde nuestra profesión a la consolidación de la democracia, daremos voz a los silenciados y orientaremos luz a las zonas más obscuras. Entendiendo que el periodismo es un servicio, que con método y ética, construye mejores realidades para el colectivo.

* Jorge Israel Hernández es periodista. Maestro en derechos humanos. Especialista en libertad de expresión, comunicación estratégica y gestión de conflictos. Profesor en la @UNAM_MX y el @CIDE_MX.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 30 de marzo de 2017.

4 campesinos detenidos en las instalaciones de la PJGE-Chiapas, y 3 personas desaparecidas forzadamente, una de ellas es mujer.

Este Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa ( Comité Digna Ochoa) ha recibido información urgente de la OCEZ-RC en donde denuncian que el día miércoles 29 de marzo aproximadamente a las 8 de la mañana fueron reprimidos por el gobierno del Estado de Chiapas, quien ordenó que con diversos diversos cuerpos policiacos, pistoleros a sueldos y grupos paramilitares al mando de los terratenientes de la región, los desalojaron del predio El refugio con una superficie de 250 hectáreas

Denuncian que luego de 2 años en posesión en estos momentos mujeres ,niños y hombres se encuentran en total desamparo, ya que toda sus cosechas y pertenecías han sido quemadas y destruidas, y con gravedad señalan que 4 personas fueron detenidas y se encuentran en las instalaciones de la PGJE-Chiapas sus nombres son: Antonio Santis Montoya, Fredy Montoya Santis, Antonio Heredia Heredia y Roberto Escobar Sánchez.

Reportan a 3 miembros de la OCEZ-RC que hasta este momento se encuentran en condición de desaparición forzada, entre ellos María del Carmen Santis Montoya quien fue vista por última vez cuando los propietarios la tenían amarrada en el predio.

Los campesinos de la OCEZ-RC manifiestan que ante estos hechos violatorios de sus derechos humanos por parte del gobierno de Chiapas “nos encontramos preocupados e indignados por lo que han sufrido nuestros compañeros y por la descarada política anti campesina de Manuel Velasco Coello que está respaldando a terratenientes, grupos paramilitares para que actúen con la protección de las leyes y cuerpos policiacos…”

Campesinos de la OCEZ-RC señalan que luego de estos hechos represivos decidieron concentrarse a la altura del lugar conocido como El Cascajal de la carretera Pujiltic- Tuxtla Gutiérrez e instalar un campamento de familias desplazadas y cerrar el acceso a la carretera.

Resulta sumamente grave y delicado que el gobierno de Chiapas que encabeza el Sr. Manuel Velasco Coello, lejos de actuar contra grupos paramilitares que se denominan de autodefensa en el municipio de Venustiano Carranza, quienes se dieron a conocer a plena luz del día y fuertemente armados, desaloje y reprima con policías estatales y estos grupos paramilitares formado por propietarios a campesinos en posesión de tierras de la OCEZ-RC, aún a pesar de haberse comprometido en distintas minutas a que no serían desalojadas y que asumiría su responsabilidad para legalizar y comprar predios en posesión por distintos grupos de la OCEZ-RC.

En este momento, campesinos de la OCEZ-RC se encuentran concentrados y en alerta máxima ante el riesgo de sufrir una nueva agresión, por lo que hacemos responsable al gobernador Manuel Velasco Coello de lo pueda ocurrir en el municipio de Venustiano Carranza, y le exigimos la inmediata presentación con vida de las 3 personas desaparecidas forzadamente.