Ciudad de México, 11 de junio de 2026.- A unas horas de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cientos de madres buscadoras, familiares de personas desaparecidas y colectivos provenientes de distintos estados del país marcharon sobre la calzada de Tlalpan con la intención de llegar al Estadio Azteca y visibilizar la crisis de más de 133 mil personas desaparecidas en México. Convocadas a una velada pacífica la noche del 10 de junio, las familias caminaron entre velas, fotografías y consignas para exigir justicia y búsqueda efectiva de sus seres queridos, en un contexto donde la celebración mundialista contrastó con una de las crisis humanitarias más profundas del país.
A su paso por Aguascalientes y Morelia, la XV Caravana de Madres Centroamericanas en búsqueda de sus hijos desaparecidos en México exigió a las Comisiones de Búsqueda (nacional y estatales) incluyan en sus acciones y discursos a los migrantes desaparecidos, ya que hasta ahora éstos están totalmente invisibilizados por las instancias que también están obligadas a buscarlos.
De la misma manera solicitaron a los colectivos de familiares de desaparecidos en México que también éstos se sumen a esta petición, pues ambos casos (mexicanos y migrantes) son desaparecidos por la colusión que tiene el crimen organizado con diversas autoridades federales, estatales y municipales.
“Este es un holocausto migrante”, denuncia la señora Ana Celaya, madre de Rafael Alberto Rolín Celaya, quien fue desaparecido en México en 2002.
Cuando toca hablar frente a los medios o en actos políticos, sus compañeras de búsqueda la eligen porque Anita -como le dicen dentro de la XV Caravana de Madres Centroamericanas en búsqueda de sus hijos desaparecidos en México– no sólo tiene facilidad de palabra sino también la valentía para señalar que las autoridades mexicanas no están haciendo absolutamente nada por buscar a los migrantes desaparecidos.
“¿Cuántos migrantes tienen que morir para que las naciones entiendan que tienen que ofrecer condiciones de vida y tránsito digno?”, nos preguntó a todos los presentes en la rueda de prensa que se organizó a las afueras de La Casa Migrante Camino a la Vida, ubicada en Aguascalientes. Hasta ahí llegaron las madres buscando pistas de sus seres queridos a quienes la violencia que azota México, los desapareció cuando pretendían llegar a través de nuestro país a los Estados Unidos.
Ciudad de México, 02 de septiembre de 2019. La Organización Familia Pasta de Conchos y el Centro Prodh saludaron el anuncio hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que durante la lectura de su informe señaló que expertos internacionales dictaminaron que el rescate en Pasta de Conchos es viable y que los trabajos iniciarán pronto.
El 19 de febrero de 2006, la mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos, en Coahuila, sufrió una explosión agravada por las condiciones deplorables de seguridad; 65 de los 73 obreros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados. El lugar tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000; sin embargo, las autoridades omitieron supervisar que se subsanaran.
Las labores de rescate quedaron a cargo de Grupo México, empresa dueña de la mina. El 4 de abril del año 2007, después de rescatar únicamente dos cuerpos y en una decisión sin precedentes en el resto del mundo, la poderosa minera decidió suspender el rescate argumentando que se ponía en riesgo a los rescatistas. Para las familias y sus organizaciones acompañantes, la razón de esta suspensión sería que, de ser rescatados los cuerpos, se evidenciarían las pésimas condiciones de trabajo en la mina y esto acarrearía sanciones penales, económicas e incluso el retiro de las concesiones de la empresa.
Desde entonces, las familias han luchado contra la corriente exigiendo el rescate de sus familiares y el esclarecimiento de lo sucedido. A la fecha no existe una investigación activa ni se había demostrado voluntad política para hacer el rescate. Ello obligó a las familias a acudir en 2010 a la CIDH, acompañadas por el Centro Prodh, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y la Organización Familia Pasta de Conchos.
Tras pasar haber pasado más de 4 meses en huelga de hambre para exigir su liberación, los reos fueron notificados de que aumentaron su condena el doble de años.
La Voz Verdadera del Amate, organización integrada por presos que realizaron una huelga de hambre con la exigencia de justicia y contra la impunidad, condenó la sentencia de 50 años hacia presos del Centro de Reinserción Social No. 5 en San Cristóbal de las Casas, ya que demuestra violencias y hostigamiento hacia pobres e indígenas.
Germán López Montejo y Abraham López Montejo, relataron por medio de una carta, que el día 20 de agosto del presente, la familia fue a preguntar con el juez sobre la sentencia de su caso, quien afirmó que todo iba bien. Sin embargo, a las 17 horas de ese mismo día fueron notificados de que pasarán 50 años en prisión.
“El actuario del CERSS 5 de San Cristóbal de las Casas notificándonos que la sentencia ha llegado en contra de nosotros, nos puso 50 años de prisión, porque no le ofrecimos dinero pero si fuéramos dado dinero fuéramos salido inocentes como no le dimos por eso lo subió otros 25 años más a la sentencia” describieron.
Los hermanos López Montejo, junto a 4 presos más pasaron más de 130 días en huelga de hambre, tal acción con el fin de pedir su libertad, ya que por su proceso de detención fue con tortura con el fin de que se autoinculparan por delitos que no cometieron, seguido de un juicio con graves violaciones al debido proceso.
Ciudad de México, 22 de agosto, 2019.- Ante el nuevo proyecto eólico “Parque eólico Gunaa Sicarú” impulsado por la empresa trasnacional Eólica de Oaxaca, de Electricité de France (EDF), mujeres de la Unión Hidalgo, comunidad Zapoteca, se organizan para defender la vida y su territorio.
Mientras que han sido calificadas como rebeldes y opositoras al desarrollo, ellas se han manifestado como el colectivo “Mujeres gubiñas en defensa de la vida”, que llevan a cabo visitas domiciliarias para conseguir aliadas, motivar su lucha y reforzar su quehacer. Electricité de France (EDF) contaría con 96 aerogeneradores con una producción anual estimada de 825.7 gigawatts/hora por un tiempo aproximado de 30 años.
“hace doce años llegó a Unión Hidalgo una empresa eólica, que es Demex, en ese entonces nadie nos consultó nada, ni nos preguntaron si queríamos que esas gigantescas torres eólicas invadieran los cultivos, a veces aunque no nos guste, los dueños de las tierras son los que decidieron, pero en esta ocasión no queremos que se repita lo mismo” manifestaron, a través de la página de la organización no gubernamental EDUCA.
Dado lo anterior, tanto el Comité de Resistencia y la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, enviaron una carta dirigida al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, denunciando el desconocimiento del carácter comunal de las tierras por parte de la empresa EDF-Energies Nouvelles, al instalar el proyecto eólico Gunaa Sicarú sin realizar algún proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitó a las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo a reunirse en Palacio Nacional este próximo lunes 12 de agosto a las 19:00 horas, para escuchar a los habitantes de estas tres comunidades que luchan desde hace más de 14 años contra la presa El Zapotillo en Jalisco.
La reunión se realizará una hora después de que AMLO se reúna con el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, principales promotores del megaproyecto.
En la reunión, los pobladores de las comunidades darán a conocer su postura que mantienen, desde hace 14 años, contra la presa El Zapotillo; así como las irregularidades y gastos excesivos que se han invertido en el megaproyecto que se encuentra detenido desde hace cinco años, por la controversia constitucional 93/2012, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que la cortina de la presa no debía rebasar los 80 metros de altura.
En diversas ocasiones, las comunidades han denunciado la inversión millonaria que se le ha invertido al megaproyecto que hasta el momento asciende a 37 mil millones de pesos y según el Instituto Méxicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), de terminarse la obra, la inversión se elevaría a más de 70 mil millones de pesos.
EL ESTADO MEXICANO ES RESPONSABLE DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS QUE CUENTAN CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES ESTATALES SUPUESTAMENTE VINCULADAS A GRUPOS DE CRIMEN ORGANIZADO, SEGÚN EXPERTOS DE LA ONU EN DERECHOS HUMANOS.
El Comité de Derechos Humanos, integrado por un grupo de 18 expertos internacionales, emitió un dictamen en el que asegura que “México debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias de una desaparición forzada en Veracruz en 2010”.
El dictamen se produjo después de recibir una denuncia de familiares de un desaparecido.
La víctima conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica, en el estado de Veracruz, en octubre de 2010, cuando dos patrullas de policía lo detuvieron y le obligaron a subir a punta de pistola a una de ellas. Su compañera, que presenció los hechos, no pudo encontrarlo después en ninguna comisaría.
Ella y los familiares de la víctima presentaron varias denuncias y se logró identificar a tres policías entre los responsables de la desaparición, pero su participación en los hechos fue descartada por sus superiores.
De acuerdo con información al alcance de ambos organismos, al menos 10 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas durante este periodo; tres de ellos sucedieron en Chiapas, 9 hombres y una mujer, una cifra cercana a los al menos 13 casos documentados durante todo el año 2018, lo cual supone un significativo aumento de la violencia.
Así el 3 de enero se produjo en Arriaga, Chiapas, el asesinato del defensor de derechos humanos Sinar Corzo quien formaba parte del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos «El Coloso de Piedra» y que en 2013 fue víctima de detención arbitraria en el marco de su participación en actividades de defensa del derecho al agua.
El 17 de enero fueron víctimas de desaparición los defensores de derechos humanos Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez cuando participaban en un plantón frente al Palacio Municipal de Amatán, Chiapas, y sus cuerpos sin vida fueron localizados el 18 de enero. Cabe señalar, Noé Jiménez era beneficiario del Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Más de un centenar de pobladores de la comunidad indígena de San Juan Bautista de la Laguna en Lagos de Moreno, Jalisco, instalaron un campamento la mañana de este martes 28 de mayo frente a la casa de la señora Isidra Facio, como medida urgente para evitar que la empresa Gas Natural del Noroeste continue con la instalación de un gasoducto que pasa a un metro de su casa.
Con el apoyo de lonas y carpas, los habitantes de la comunidad decidieron instalar el campamento indefinidamente en apoyo de sus vecinos afectados después de que la empresa redoblara sus jornadas laborales.
En entrevista, los habitantes denunciaron que desde el lunes 27 de mayo, la presencia de policías estatales y municipales en la zona donde se realizan las obras se duplicó, lo que alertó a la comunidad, razón por la que solicitaron la presencia de José Mavio Ramírez Trejo, visitador regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), quien los citó en su oficina, pues argumentó: “si yo también acudo es provocar a la misma autoridad, yo los atiendo”.
Los pobladores detallaron que el campamento no se quitará del lugar hasta que las autoridades acaten el amparo 113/2019 que ordena al Ayuntamiento de Lagos de Moreno a suspender provisionalmente la instalación del gasoducto hasta que la empresa Gas Natural del Noroeste presente los permisos otorgados por la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una medida cautelar dirigida a autoridades federales y estatales de Chiapas para que amplíen sus medidas a favor de personas migrantes, ya que en su tránsito por la frontera sur de México viven condiciones de hacinamiento, debido a sobrepoblación en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), así como lentitud de trámites.
El organismo nacional detectó situaciones contrarias al respeto a los derechos humanos de las personas extranjeras ubicadas en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en el Puente Internacional Rodolfo Robles, en la Estación Migratoria Siglo XXI (EMSXXI) y en el albergue instalado en el Municipio de Mapastepec, en dicha entidad.
Ya que se cumplen los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño, por lo que procede la solicitud de tales medidas y la ampliación de las emitidas previamente. Por lo que se solicitaron al INM proporcionar atención y asistencia urgente a las personas alojadas en la EMSXXI para garantizarles estancia digna con pleno respeto a sus derechos humanos, estableciendo criterios operativos rápidos y ágiles, acordes con su capacidad de alojamiento, y con los servicios y atención que otorga, que sean aplicados también en las entradas y salidas de personas detenidas y en aquellas ya resueltas en sus procedimientos migratorios.
