Ignoran advertencias de sociedad civil y amplían prisión preventiva

Redacción / Reforma

Foto: Diario MX

Tras seis horas de discusión la Cámara de Diputa dos aprobó ayer la reforma al artículo 19 constitucional que amplía a nueve delitos la prisión preventiva oficiosa.

 Con la aprobación se desecharon los cuestionamientos de expertos organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y legisladores quienes advirtieron que la ampliación de la medida cautelar no soluciona los problemas de impunidad criminaliza la pobreza y se presta a la persecución política de detractores del Gobierno en turno.

Con el apoyo de diputa dos del PAN el PRI y Movimiento Ciudadano que anunciaron votos diferenciados así como de los ocho legisladores que renunciaron al PRD Morena logró 377 votos con lo alcanzó la mayoría calificada El PAN aportó 36 votos los priistas 7 y Movimiento Ciudadano 13.

En la votación 96 diputados lo hicieron en contra y cinco se abstuvieron entre ellos la morenista Lorena Villavicencio.

Durante la sesión Morena y sus aliados rechaza ron las reservas presentadas por la Oposición y por integrantes de su bancada entre ellas la presentada por Villavicencio La única reserva aprobada fue la presentada por Morena para agregar al dictamen los seis delitos que los diputados habían eliminado de la minuta del Senado.

La reforma agrega al catálogo de delitos graves el robo de combustible e hidrocarburos, corrupción, uso electoral de programas sociales, feminicidio y abuso sexual a menores. Además adiciona a los que ya se contemplan en la Constitución el de desaparición forzada cometida por particulares, robo de transporte, robo a casa habitación y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército.

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Sufren desplazados olvido en Chiapas

Redacción / Agencia Reforma / El Zócalo

Foto: Facebook Frayba Derechos Humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que los tres niveles de gobierno incurrieron en omisiones para prevenir los actos de violencia que derivaron en el desplazamiento forzado de aproximadamente 5 mil 266 personas originarias de distintas comunidades de los Municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, en Chiapas.

El organismo concluyó que debido a que las autoridades no les garantizaron ayuda inmediata, el desplazamiento forzado obligó a las víctimas a refugiarse en 11 campamentos en los que se vulneraron sus derechos humanos, como el acceso a los servicios de salud, a la asistencia humanitaria y a la seguridad personal.

El desplazamiento forzado se enmarca en los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2017, cuando varias personas ingresaron al Municipio de Chalchihuitán con armas de fuego, dispararon contra la población y ocasionaron la muerte de una persona.

Tras estos hechos y en medio de un conflicto interno por la propiedad de las tierras, miles de habitantes de las comunidades de Canalumtic, Pom, Ch´enmut, Bololchojón, Bejeltón, Tulantic, Cruztón, Cruz Cacanam y Tzomoltón dejaron sus hogares y buscaron refugio en otras zonas.

De acuerdo con la Recomendación 87/2018 de la CNDH, los desplazados se refugiaron en condiciones precarias.

Por ejemplo, el campamento “Bejelton II”, ubicado al interior de la montaña y a 30 minutos de la cabecera municipal de Chalchihuitán, albergaba a 159 personas que dormían en el suelo bajo una carpa de 10 por 10 metros hecha con palos de manera y plástico negro, y dado que carecían de agua potable, baños o letrinas, realizaban sus necesidades fisiológicas en los alrededores.

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Urgen a Congreso Comisión de Víctimas

Redacción / Reforma

Ante el retraso en la integración de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad, organizaciones ciudadanas exigieron al Congreso iniciar con el proceso de selección de los candidatos para ocupar la titularidad.

El Observatorio Ciudadano Sobre Derechos de las Víctimas exhortó a las comisiones unidas de Derechos Humanos y Atención Especial del Congreso a avanzar en el tema.

La Ley General de Víctimas entró en vigor desde el 9 de enero de 2013 y se reformó el 3 de enero de 2017, sin embargo, la Comisión sigue pendiente.

“En tanto no tengamos la comisión las víctimas van a estar en el desamparo”, explicó en entrevista Jeremy Renaux, coordinador del Observatorio.

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Rechaza México la medida de retorno de migrantes

Redacción / Agencia Reforma 

Foto: Marco Ugarte/AP

Luego de que el Presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos retornará a México a quienes crucen ilegalmente la frontera, incluso a los solicitantes de asilo, el Gobierno mexicano aseguró que no aceptará el estatus de Tercer País Seguro.

De acuerdo con la Cancillería, un acuerdo migratorio de este tipo implicaría para México hacerse cargo de procesar las solicitudes de personas migrantes que buscan asilo en Estados Unidos y de retornar a sus países a aquellos a los que se les negaran la petición.

“El Acuerdo de Tercer País requiere de un compromiso bilateral y vinculante que México no aceptará”, indica la SRE en su cuenta de Twitter.

En tanto, considera como unilateral la medida de “retorno a territorio”, con la cual un migrante se trasladaría a México para esperar la fecha de audiencia en EU.

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En seguridad, mandan militares, aclara AMLO

Redacción/Reforma

Foto: lopezobrador.org.mx/

Cd. de México (18 diciembre 2018).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que en las Coordinaciones Regionales de Seguridad Pública serán militares quienes ejerzan el mando, por lo que las corporaciones civiles tendrán que subordinarse a ellos.

“Nada de que mandan todos, porque, entonces, no sirve. Manda uno, mando único, porque él va a tener el mando, todas las responsabilidades y todas las facultades.

“Entonces, en las coordinaciones: mandos del Ejército, y mandos de la Marina en las costas. Y que ese mando sea el que coordine a todos”, explicó, en un encuentro con militares y civiles de las 150 coordinaciones regionales.

Dicha medida, reconoció el Presidente, se tomará, a pesar de que aún no se aprueba la reforma Constitucional con la que se busca crear la Guardia Nacional, una rama del Ejército que será la encargada de tareas de seguridad pública.

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Concretan comisión para caso Iguala

Redacción / Reforma

Foto: Paola Ramos / Cencos

A cuatro años del asesinato y desaparición de estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, hoy se firmará la creación de una comisión especial para investigar los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

En una ceremonia programada a las 10:00 horas en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmará ante los padres de los jóvenes el Decreto para el Acceso a la Verdad en el caso Ayotzinapa.

Según la invitación entregada a representantes de los familiares de los desaparecidos, con la firma del decreto, el Presidente instará a las Secretarías y dependencias del Ejecutivo a favorecer el acceso a la verdad y la justicia en el caso.

El asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Vidulfo Rosales, aseguró ayer que los padres de los 43 normalistas desaparecidos no tienen altas expectativas de que el Gobierno de López Obrador cumpla con hacer justicia por lo sucedido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

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Revive CNDH ‘verdad histórica’ de Iguala

Redacción / Reforma

Foto: Viridiana Ramírez/Cencos

En la Recomendación 15VG/2018, por el caso Ayotzinapa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revivió la llamada “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam.

En una conferencia de prensa que ha durado más de 8 horas, la CNDH explicó que un grupo de normalistas sí fue llevado al basurero de Cocula la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Según su indagatoria, ese destino tuvieron entre 23 y 28 normalistas de Ayotzinapa, detenidos en el cruce de Juan N. Álvarez y Periférico, que antes fueron entregados por policías de Iguala y Cocula a integrantes de Guerreros Unidos en Loma de Coyotes, por orden de “El Patrón”.

El resto de los normalistas, detenidos en Puente del Chipote, habrían sido llevados a Huitzuco.

En enero de 2015, el entonces Procurador General de la República aseguró que la “verdad histórica” era que los 43 normalistas habían sido incinerados y sus restos esparcidos en el Río San Juan.

Aunque el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) aseguró que no había ocurrido un incendio en el basurero de Cocula aquella noche y madrugadas lluviosas, José Larrieta, titular de la Oficina del Caso Iguala de la CNDH, aseguró que sí hubo un fuego capaz de incinerar cuerpos humanos.

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Documenta CNDH caso de tortura de Ejército

Redacción / Reforma

Foto: commons.wikimedia.org/Miguel Sierra

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó un caso más de detención arbitraria y tortura cometida por elementos del Ejército y la Policía Federal.

Al informar sobre la emisión de la Recomendación 35/2018, dirigida a los titulares de ambas instituciones de seguridad, la CNDH explicó que conoció del caso gracias al aviso de un Juzgado de Distrito.

La víctima refirió que fue detenido en un retén militar cuando viajaba junto con su novia de Monterrey, Nuevo León, hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Supuestamente fue llevado a un cuartel militar, donde lo golpearon, le aplicaron descargas eléctricas y lo asfixiaron con una bolsa de plástico, tras lo cual fue trasladado a la Ciudad de México, donde el Ministerio Público federal le inició un proceso por delitos contra la salud y portación de armas exclusivas del Ejército.

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Señala PGR riesgos en caso Iguala

Redacción / Reforma

Foto: Especial

El criterio empleado por la justicia federal en el Caso Iguala, de desestimar acusaciones y testimonios con la simple presunción de tortura, sin un dictamen científico de por medio, complica el futuro del proceso contra los involucrados, reconoció Alfredo Higuera Bernal, Fiscal Especial en la materia.

En junio pasado, un juez federal dictó la libertad a 4 de los acusados por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en el mismo fallo anuló 46 testimonios por diversas irregularidades, 10 de ellos por indicios de tortura, sin estar plenamente comprobada.

“Podemos decir que complica enormemente (el juicio contra los acusados), lo complica naturalmente porque son decisiones que tienen un impacto sobre la situación jurídica de las personas que están en proceso”, consideró el Fiscal del Caso Iguala.

“Es sumamente importante esclarecer si la hubo (tortura) en un caso de esta importancia y que estos aspectos se diriman no por presunción; es decir, no por la ausencia de un dictamen establecer que pudo no haber sido emitido en un plazo, no por ello decir que necesariamente hay tortura”.

A Higuera se le cuestionó sobre uno de los argumentos que esgrimió el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas para ordenar la creación de la Comisión de la Verdad y que consiste en que la PGR no había agotado numerosas líneas de investigación.

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Ven prioridad en despenalizar aborto

Redacción / Reforma

Foto: Especial

Diputadas de Morena anunciaron como prioridad de su agenda legislativa la despenalización nacional del aborto.

Informaron que se realizarán foros y consultas en diversas partes del País, a fin de preparar una iniciativa de reformas al Código Penal Federal, donde se eliminen las penalidades por la interrupción del embarazo.

La futura presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño, indicó que se buscará ampliar a todo México el reconocimiento del derecho al aborto, tal como sucede en la Ciudad de México.

“En el marco del Día por la Despenalización del Aborto, queremos refrendar este compromiso que tenemos con las mujeres y con este derecho en todo el País.

“Para ejercer el mismo derecho que ya se ejerce aquí en la Ciudad de México pretendemos poner sobre la mesa esto, pero de la mano de las entidades de la República”, indicó la legisladora.

Señaló que se hará un llamado a los congresos locales de las 32 entidades para que se armonicen las leyes en pro del derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, siempre con una visión de progresividad de los derechos humanos.

Sobre el tema, la diputada Beatriz Rojas, que será secretaria de la misma comisión, dijo que el objetivo de la reforma será despenalizar el aborto en todo el país, porque hay tres mil mujeres en cárcel por este derecho a decidir.

“¿Qué queremos? que todas las mujeres tengan el derecho a nivel nacional, son tratados que se han firmado y que ha ratificado nuestro país”, explicó.

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