Aprobar “al vapor” la Ley de Seguridad Interior agravaría la crisis de inseguridad en el país: MUD

Por Redacción/Proceso

La organización México Unido contra la Delincuencia (MUD) exigió detener el proceso de “aprobación al vapor” de la Ley de Seguridad Interior, ya que de no hacerlo se estaría optando por una falsa salida a los problemas que padecen los mexicanos.

En un comunicado, señaló que las múltiples y graves modificaciones propuestas a una serie de instrumentos corren el riesgo de revertir lo logrado con el establecimiento del nuevo sistema penal acusatorio y que en su conjunto se denominan la “Miscelánea Penal”.

Pese a las advertencias de académicos y expertos, así como de organismos nacionales e internacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “los legisladores quieren dar paso a iniciativas que tienen el potencial de agravar la crisis de inseguridad, las violaciones a los derechos humanos, el deterioro del Estado de Derecho y el incremento sin control de la violencia en México”, subrayó.

Las presiones para aprobar a la brevedad estas leyes –agregó– parecen, desde la sociedad civil, un juego de intercambios entre partidos que obedecen a la lógica de la temporada preelectoral.

“Apresurar estos procesos no hace más que sembrar desconfianza entre la ciudadanía, lo que a su vez mina las posibilidades de encontrar soluciones de fondo y duraderas”, refiere el documento.

De acuerdo con MUD, el más reciente dictamen de Ley de Seguridad Interior pretende dar a las fuerzas armadas un salvoconducto para permanecer en las calles en tareas que no les corresponden constitucionalmente y para las que, según su propio dicho, no están capacitadas.

Además, contiene cláusulas preocupantes por la amplitud de facultades concedidas y por la poca claridad de los límites que pretende establecer.

Peor aún, sostuvo, la continuada participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en sí misma, con independencia de los problemas específicos de las iniciativas a discusión, implica un deterioro institucional –“desnaturalización” en palabras del general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional– muy grave y preocupante.

Según el comunicado, el cúmulo de evidencia apunta a que la militarización masiva de la seguridad pública desde hace diez años ha sido una medida contraproducente que ha exacerbado la violencia en vez de disminuirla.

“Con la apurada aprobación de la Ley de Seguridad Interior se estaría optando por una falsa salida a nuestros problemas: en lugar de entrarle a los problemas de fondo de un enfermedad cada vez más grave en materia de seguridad pública y procuración de justicia, se pretende administrar indefinidamente la ‘medicina’ que tantos daños ha causado y que ninguna mejoría ha ofrecido. La ruta actual es irresponsable y ligera”, subrayó MUD.

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Integran seis denuncias más contra exfuncionarios de Borge

Por Redacción/Proceso

La Fiscalía General del Estado (FGE) integró otras seis denuncias contra funcionarios de la administración del exgobernador Roberto Borge, las cuales están relacionadas con el despojo de terrenos, hoteles y departamentos en Cancún y la Riviera Maya, incluido Tulum.

“La semana pasada, adicionalmente a lo que originalmente presentamos, se han incluido seis nuevas, que tienen que ver con todos los desvíos, desfalcos, falsificaciones que se realizaron en la Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto en Cancún como en Playa del Carmen”, dijo el titular de la FGE, Miguel Angel Pech Cen, entrevistado en Playa del Carmen.

El funcionario estatal indicó que las investigaciones sobre estos despojos ilegales se han llevado en coordinación entre la FGE y la Secretaría Estatal de Trabajo y Previsión Social (SETPS).

En días pasados, el fiscal precisó que suman 17 denuncias contra exfuncionarios públicos, no solo del gobierno del estado, sino también de los municipios de Solidaridad (Playa del Carmen), Isla Mujeres y de Benito Juárez (Cancún).

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CNDH crea la “alerta migratoria rápida” ante ola de violencia en Veracruz

Por Redacción/ Proceso

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció la creación de una “alerta migratoria rápida” en el corredor Coatzacoalcos-Acayucan, en Veracruz, ante hechos de violencia contra migrantes centroamericanos, como secuestro, extorsión y lesiones, reportadas desde octubre del año pasado.

En un comunicado, el organismo informó que derivado de un encuentro convocado por el quinto visitador Edgar Corzo Sosa para dar seguimiento al secuestro de siete personas de origen hondureño, de las cuales seis fueron lesionadas y extorsionadas, y una más escapó, se logró la coordinación de autoridades federales, estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil.

Entre los acuerdos a los que se llegó, se establece “un mecanismo de alerta migratoria rápida ante posibles actos delictivos contra personas migrantes, que generará reacción inmediata de la autoridad, mediante el apoyo del contacto telefónico con altos mandos regionales de seguridad pública. En caso de detenciones de personas migrantes, los servidores públicos deberán evitar conductas incorrectas”.

De acuerdo con la información difundida por el organismo público, “se construirán canales de comunicación con instancias de la Fiscalía del estado para colaborar en la identificación de personas migrantes que pudieran estar entre los restos localizados en fosas clandestinas”.

Asimismo, se acordó que personal de la CNDH y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH) den cursos de capacitación a integrantes de la Fiscalía de Migrantes, dependiente de la Fiscalía General de Veracruz, con el objetivo de “fortalecer la sensibilidad” al trato a migrantes, y se “crearán canales de acercamiento de las organizaciones de la sociedad civil con dicha Fiscalía”.

El encuentro encabezado por Corzo, se llevó a cabo en la Oficina Foránea de la CNDH en el puerto de Veracruz, donde participaron el director general del Programa de Protección a Personas Migrantes de la CNDH, Jesús Quintana Roldán, representantes del Secretaría de Seguridad Pública, del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal, de la Fiscalía Regional de Veracruz, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Policía Estatal, así como la Dirección General de Atención a Migrantes del Estado.

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SCT debe revelar datos sobre el pago de predios para el Tren Interurbano

Por Redacción/ Proceso

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) deberá dar a conocer el listado de personas beneficiadas con el pago de adquisición de predios destinados a la construcción y operación del Tren Interurbano México-Toluca, en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, en la delegación Cuajimalpa.

Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tras analizar un recurso de revisión interpuesto por un particular a quien la SCT respondió que la información estaba clasificada como confidencial.

En alegatos, la SCT reiteró la clasificación de los datos; sin embargo, en el análisis del caso a cargo de la ponencia del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, se determinó que la información es de carácter público, dijo el INAI en un comunicado.

“No cabe de ninguna manera reconocer la confidencialidad de los nombres de estas personas derivado que trataron con el Estado un asunto que les hizo tener una condición de beneficiarios o receptores del dinero que, en contraprestación, el Estado, a través de la SCT, les hizo”, argumentó el comisionado Acuña al presentar el caso ante el Pleno.

En el proyecto de resolución se planteó que, de acuerdo con la Ley de Transparencia, los sujetos obligados deben transparentar el listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos.

En ese sentido, se concluyó que el nombre de los beneficiarios y los montos que recibieron constituyen información de naturaleza pública, cuya difusión favorece la rendición de cuentas y la transparencia de la gestión gubernamental.

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Vázquez Mota reportó ingresos por más de 12 mdp en 2016; tiene 20 mdp en propiedades y 1.2 en joyas

Por Redacción/Proceso

Por primera vez en su carrera política y ante la presión social, Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno del Estado de México, hizo pública su declaración patrimonial y reveló ser dueña de una casa, dos departamentos y un terreno con valor total de 20 millones de pesos e ingresos por 12 millones 236 mil pesos durante el año pasado.

La casa de la panista se ubica en Huixquilucan y el terreno en Ocoyoacac, municipios del Estado de México, mientras que los dos departamentos se ubican en la Ciudad de México, uno de los cuales, con valor de 7 millones 750 mil pesos y con superficie de 209 metros cuadrados, le fue donado por su padre, sujeto a investigación por lavado de dinero por la Procuraduría General de la República (PGR).

Vázquez Mota también declaró ser propietaria de dos vehículos (General Motors modelo 2000 y Chrysler 2006, con valor de 365 mil y 331 mil pesos, respectivamente), joyas por un millón 200 mil, obras de arte por 200 mil y menaje de casa por 2 millones 800 mil pesos.

Según su declaración patrimonial, que corresponde a 2016, Vázquez Mota obtuvo ingresos por servicios profesionales por 2 millones 61 mil pesos y “por otras actividades” por 2 millones 703 mil pesos, para un promedio de 397 mil pesos mensuales.

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Sedena debe dar a conocer el número de autodefensas que existen en el país: INAI

Por Redacción/Proceso

“Se trata de cifras agregadas que pueden servir a la Sedena para demostrar que controla efectivamente a estos cuerpos de seguridad y que recurre a ellos sólo en caso de excepción. Es tiempo que la información pública permita y fomente la rendición de cuentas sobre las políticas en materia de seguridad y, sobre todo, sea uno de los insumos para construir comunidades más seguras con la colaboración de la población y las autoridades”, expresó el comisionado ponente Joel Salas Suárez.

En un comunicado, el INAI precisó que mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, un particular solicitó el número y ubicación de los elementos de cuerpos de defensa rural existentes en el país de 2006 a 2016, desglosados por año, así como el número global de elementos que las integran con su respectivo desglose por año.

En respuesta, la Sedena dio a conocer que los datos requeridos se encuentran clasificados como reservados, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señala que se podrá clasificar información como reservada cuando se comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional.

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“Que ya le pare…” y “cuidado putito periodista vendido”, las amenazas que Maximinio recibió, revela Artículo 19

Por Redacción/ Proceso

Al menos dos amenazas recibió en los últimos meses el periodista Maximinio Rodríguez, asesinado ayer mientras estacionaba su automóvil en una plaza comercial de Baja California Sur, reveló Artículo 19.

De acuerdo con información recabada por el medio, Rodríguez recibió una amenaza que quedó registrada durante una entrevista que el medio CULCO Cultura y Comuniación BCS le realizó y que se publicó el 6 de diciembre de 2016.

A pregunta expresa, el reportero respondió: “Sí me hablaron por teléfono que ‘ya le pare, que no lo haga, que va a cargar…’ cosas así”.

En otro hecho reciente, derivado de su columna “Es mi opinión”, de fecha 11 de abril de este año, en la que abordó información sobre una “célula criminal” llamada “Los Colores” –en donde incluso señala el nombre de la persona que la dirige– y menciona dos ejecuciones recientes cometidas contra elementos de las policías ministerial y estatal, se lee en uno de los comentarios de ese mismo día, a una persona que bajo el nombre de “Pájaro Inquieto” expresa:

“Cuidado putito periodista vendido chayote ro corruptos ya están matando agentes ministeriales, policías estatales Lic. Del m.p. Ahora no más faltan que empiezen a matar periodista chayoteros corruptos que agarran bando pinche max aguas”.

Por su parte, Cuauhtémoc Morgan, director del medio Colectivo Pericú, refirió que el asesinato de Maximino Rodríguez “es un golpe devastador”, además mencionó que “este caso lo tiene que atraer la Fiscalía Especial (de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión -FEADLE-) y que no quede impune.

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Sindicato independiente denuncia acoso laboral de Sagarpa y sus afiliados

Por Redacción/Proceso

El expresidente de la sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Sagarpa, Uriel Jiménez Lugo, denunció que está siendo objeto de acoso laboral por parte de la dependencia y de los líderes de ese sindicato, como Ignacio Castillo, debido a que formó un sindicato independiente.

Jiménez Lugo duró nueve años en el cargo, el cuál terminaría en noviembre próximo, pero ante su intención de formar el Sindicato Independiente de Integración de Trabajadores de la Sagarpa fue, junto con sus militantes, auditado y destituido del cargo “sin pruebas”.

En entrevista con Apro, se quejó de que a los trabajadores afiliados al nuevo sindicato independiente les cancelaron las licencias sindicales y los acusaron de un “supuesto desfalco” en octubre de 2015.

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CNDH convocará a fiscalías especializadas a un encuentro sobre libertad de expresión

Por Redacción/ Proceso

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que en los próximos días convocará a las fiscalías o unidades especializadas en libertad de expresión a un encuentro para conocer e intercambiar buenas prácticas tendentes a abatir la impunidad en las agresiones contra periodistas.

En un comunicado, precisó que la convocatoria se planea en coordinación con la Subprocuraduría de Protección de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), con el objetivo de buscar uniformidad para hacer efectivo el derecho humano a la procuración de justicia.

El organismo que preside Luis Raúl González Pérez señaló que dará a conocer a esas instancias un protocolo de actuación rápida para que los agentes del Ministerio Público encargados de la investigación de agresiones a periodistas cuenten con mejores herramientas en este tipo de asuntos.

También para que las fiscalías o unidades especializadas trabajen en la detección de riesgos, de conformidad con el contexto en que desarrollan su labor profesional los comunicadores, además de impulsar campañas de denuncia, para que las y los periodistas agraviados recurran a las autoridades de procuración de justicia.

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Asesinan a activista opositor a la minería y las altas tarifas de luz, en Oaxaca

Por Redacción/Proceso

OAXACA, Oax. (apro).- El representante común de la resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica en Chahuites, José Alberto Toledo Villalobos, fue asesinado el pasado fin de semana, denunció la organización Articulación de Pueblos Originarios del Istmo de Tehuantepec (Apoyo).

El defensor de los derechos humanos y también de la tierra y territorio contra las altas tarifas y minería en la localidad de San Pedro Tapanatepec, fue agredido a golpes el pasado sábado 8 de abril, alrededor de las 20:00 horas en el tramo carretero entre la colonia San José y la gasolinera de Tapanatepec y falleció un día después en el Hospital de Juchitán.

Integrantes de Apoyo denunciaron que Toledo Villalobos, quien pertenecía a la Red Nacional de Resistencia Civil, llegó a recibir amenazas de muerte y advertencias de que dejará de exigir bajas tarifas de energía eléctrica.

Según versiones, el defensor fue atacado por varias personas hasta dejarlo en estado de gravedad, razón por la que ingresó al hospital básico comunitario de Tapanatepec, sin que se le brindara la atención médica adecuada y finalmente lo trasladaron al Hospital General de Juchitán donde falleció.

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