Seguridad para periodistas en México, una necesidad lejana a la realidad

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Erika Díaz/Cencos

Es bien sabido que México es uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer la labor periodística, sin embargo, muchas personas aún desconocen la existencia de un mecanismo creado para su protección, el cual a 11 años de haber sido creado, sigue contando con fallas que no han permitido que cumpla plenamente su propósito. Con el propósito de esclarecer algunas dudas, hablaremos más sobre ello a continuación.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas surgió en el año 2012 como resultado de la situación de riesgo y vulnerabilidad vivida por personas defensoras y periodistas en México, a partir de la promulgación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Cabe mencionar que ambos fueron resultado de la iniciativa y el trabajo continuo de varias organizaciones de derechos humanos y periodistas que se unieron para formar el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC).

Dicho mecanismo se creó con la misión de “proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor1”, y por lo tanto sus objetivos también son garantizar la vida, la seguridad y la integridad personal de las personas que se integren a él por cuestiones de seguridad y protección2.

Sin embargo, a pesar de su existencia, éste cuenta con fallas, además de que no responde a realidades locales y resulta insuficiente como única medida de protección para periodistas a nivel federal.

En cuanto a las fallas del Mecanismo, en 2019, a solicitud de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó el “Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo”, del cual se desprenden 104 recomendaciones para su fortalecimiento. Entre ellas se encuentran las siguientes3:

  • Insuficiencia de recursos humanos y económicos para cubrir los requisitos legales y las necesidades reales de protección y se prevé que esa insuficiencia se agudice por la creciente tendencia de solicitudes de incorporación. Habría que mencionar que este hecho impacta sobre la capacidad para proteger eficazmente.
  • Falta de participación activa de las autoridades que componen la Junta de Gobierno. Sin la existencia de protección integral y la participación de las autoridades pertinentes, las personas beneficiarias reciben una protección limitada ante la situación de riesgo que enfrentan.
  • Falta de herramientas y capacitaciones necesarias para realizar sus funciones con la eficacia requerida.
  • Un gran número de medidas no se implementan de manera adecuada o en su totalidad.
  • No hay un mensaje claro de priorización política que garantice su función principal de coordinar las acciones de la Federación y de las entidades federativas para la protección de las personas afectadas. Esta situación provoca mayores retos al momento de asegurar la necesaria coordinación y corresponsabilidad de las autoridades federales y estatales.
  • Carece de criterios de actuación adecuados para condenar públicamente cualquier ataque por parte de servidores públicos, así como para dar vista a la fiscalía correspondiente para que se inicie una investigación criminal y para iniciar el procedimiento correspondiente de control y sanción administrativa.

A cuatro años del diagnóstico, continúan las deficiencias del Mecanismo, llevando a que sean las organizaciones de derechos humanos las que continúen dando visibilidad tanto al Mecanismo para exponer sus fallas y dar un llamado a las autoridades para que se involucren, como a la importancia de la protección de personas defensoras y periodistas en México.

Un ejemplo de ello es que recientemente se llevó a cabo el “Seminario Internacional de Políticas de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” por parte del Espacio OSC, en el cual especialistas recalcaron la importancia de contar con políticas públicas de protección que incidan en la existencia de entornos seguros para el ejercicio de la libertad de expresión y la labor de defensa tanto en México como en los demás países de América Latina.

Acerca del Mecanismo de Protección, Sara Mendiola, directora ejecutiva de la organización Propuesta Cívica, comentó que hasta el momento no ha logrado dar los resultados para los cuales fue creado, además de que ha fallado en incorporar el efecto preventivo, así como el enfoque de género y el interseccional. De igual forma, habló sobre la importancia de posicionar en un primer lugar la política pública criminal para atender delitos contra periodistas, la cual “tiene que arropar, tiene que integrar el modelo de protección porque no habrá mecanismo que alcance ni recurso suficiente que lo haga sostenible si los agresores siguen en las calles porque las fiscalías no hacen su trabajo. De hecho, si las fiscalías hicieran su trabajo, no habría necesidad de tener un Mecanismo4.”

Por su parte, Lucía Lagunes, directora del Centro de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y miembro del Consejo Consultivo del Mecanismo, hizo hincapié en la importancia que tiene la sociedad civil en el fortalecimiento y monitoreo de las políticas de protección. “La fuerza que tenemos las propias organizaciones se respalda con los hechos. […] Hemos aprendido que hay que romper los muros de una institución y colocar la institucionalidad del Estado mexicano a favor de una política de protección integral que garantice efectivamente que la vida y la libertad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas esté protegida, y que hacer la tarea que tenemos que hacer por el compromiso que tenemos se puede hacer en libertad y sin que eso implique que perdamos la vida5.”

Finalmente, resulta lamentable que las personas estén siendo asesinadas por motivo de su labor informativa y que tanto el mecanismo designado a proteger periodistas y personas defensoras como el Estado minimicen la situación de violencia que viven y no tengan respuesta alguna frente a las fallas ya mencionadas. Pareciera ser como si las más de mil personas incorporadas actualmente al Mecanismo fueran pocas, cuando realmente no debería haber ni una sola persona incorporada.

Hasta ahora, el gobierno mexicano ha fallado en cumplir su obligación de garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, de proveer un entorno seguro y respetar los derechos humanos de periodistas, así como en generar las condiciones propicias para un periodismo libre de violencia en el país, y con ello convirtiendo la seguridad de periodistas y personas defensoras en una necesidad lejana a la realidad.

 

1 Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

2 Para conocer el funcionamiento del Mecanismo, recomendamos leer la publicación Mecanismo de Protección: ¿Qué es, cómo funciona y cómo ser beneficiario?, de Artículo 19: https://bit.ly/43oQn1Q

3 Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo, 2019

4 Sara Mendiola, Seminario Internacional de Políticas de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 2023

5 Lucía Lagunes, Seminario Internacional de Políticas de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 2023

Congreso de Hidalgo aprueba interrupción del embarazo antes de las 12 semanas

Imagen: Twitter @MxMareaVerde
Redacción/Animal Político

Con un quórum de 28 diputados – de un total de 30 – alrededor de las 11:00 horas inició la lectura del dictamen, y una hora después fue aprobado, con 16 votos a favor y una abstención.

El Congreso de Hidalgo aprobó esta tarde la iniciativa para reformar el Código Penal estatal y la Ley de Salud, y permitir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a las 12 semanas de gestación.

Entre gritos e interrupciones, el diputado Ricardo Raúl Baptista González, anunció como aprobado el dictamen, con 16 votos a favor y una abstención.

El dictamen fue propuesto por Roxana Montealegre, diputada de Morena, y posteriormente aprobado en comisiones el pasado martes 29 de enero, con 17 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención para ser añadido a la orden del día miércoles.

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Asesinaron al activista Soto Caraveo en la Tarahumara

Jesús Estrada/La Jornada

Foto: La Jornada

Chihuahua, Chih. El activista Cruz Soto Caraveo, integrante del colectivo de familias desplazadas por el crimen organizado en el municipio de Guazapares, fue encontrado sin vida, con impactos de bala, en el camino que comunica los poblados de Témoris a Bahuichivo, en la Sierra Tarahumara, informó Gabino Gómez Escárcega, coordinador de casos de personas desaparecidas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm).

Soto Caraveo permanecía en calidad de desaparecido desde el pasado 13 de octubre, cuando tres sujetos lo privaron de la libertad luego de acudir a una reunión en Témoris, municipio de Guazapares, para recibir un apoyo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal (Sader).

El sábado circuló la versión extraoficial del hallazgo del cadáver de Cruz Soto, pero la Fiscalía General del Estado no confirmó la información; finalmente, el domingo familiares del activista y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres constataron su deceso.

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Acción urgente: Desaparición de Cruz Soto Caraveo

Desaparición de Cruz Soto Caraveo, integrante del colectivo de familias desplazadas forzadamente de la Sierra Tarahumara, mismo que acompañan el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. y Consultoría Técnica Comunitaria A.C., en Chihuahua.

Cruz Soto exponiendo la situación de su comunidad a Relatora sobre Desplazamiento Forzado Interno de de ONU en septiembre de 2018 | Foto: cedehm

El domingo 13 de octubre Cruz Soto se encontraba en una reunión con personal de la Secretaría de Desarrollo Rural en Temóris, cabecera municipal de Guazapares. Al concluir la reunión, Cruz Soto y otra persona se dirigieron a la comunidad de Los Llanos. En el camino, fueron forzados a detenerse por unos sujetos desconocidos que no se identificaron, quienes le ordenaron que descendiera del vehículo, lo esposaron y se lo llevaron, sin que hasta el momento se tenga información de su paradero.

Ante la gravedad de los hechos descritos, que ponen en riesgo la vida de CRUZ SOTO CARAVEO, les solicitamos atentamente:

Escribir de forma urgente a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del Estado de Chihuahua demandando la inmediata localización de #CruzSoto y que se otorguen las medidas de protección necesarias para su familia y demás integrantes de la comunidad que se encuentran desplazados forzadamente en Chihuahua.

Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila
Secretaria de Gobernación
Twitter: @M_OlgaSCordero
E-mail: secretario@segob.gob.mx

Alejandro Encinas
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
Twitter: @A_Encinas_R
E-mail: ajencinas@segob.gob.mx

Javier Corral
Gobernador del Estado de Chihuahua
Twitter: @Javier_Corral
E-mail: despachodelejecutivo@chihuahua.gob.mx

César Augusto Peniche Espejel
Fiscal General del Estado de Chihuahua
Twitter: @PenicheCesar
E-mail: cesar.peniche@chihuahua.gob.mx

Joel Guillermo Bustillos Ramírez
Presidente Municipal de Guazapares
E-mail: mpioguaz.1821@gmail.com

Cruz Soto junto con su familia y otras personas integrantes de la comunidad de Monterde, en el municipio de Guazapares, en el estado de Chihuahua, México, se encuentran desplazados forzadamente desde el 2013 luego de que recibieran amenazas de muerte por integrantes del crimen organizado que controlan la zona y que se apoderaron de sus tierras para la siembre de drogas.

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Comunicado de prensa: Impunidad, factor principal que obstaculiza el derecho de las mujeres a una libre de violencia

  • El hartazgo social: consecuencia de falta de acceso a la justicia, violencia y dilación de las autoridades.

Ciudad de México a 19 de agosto de 2019

Hoy por hoy, la realidad nos indica que las acciones emprendidas en todos los niveles de gobierno para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia son insuficientes, para la dimensión del problema que cada día impacta negativamente en la vida de las mujeres. 

De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a junio de 2019 fueron asesinadas 1,812 mujeres en México, es decir, un promedio de 10 mujeres por día. A ello se suman las denuncias por violación sexual. En 2018 se registraron un total de 15,322 denuncias por violación sexual  a nivel nacional.

De igual forma, la vida de las mujeres se desarrolla en un contexto de militarización de la seguridad pública que lejos de garantizar su integridad física y libertad, atenta contra ella.

Como organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres que acompañamos y visibilizamos casos de violencia feminicida, hemos documentado una ruta de impunidad y patrones que responsabilizan a las mujeres de las agresiones y violaciones en su contra; la reproducción de los estereotipos de género por parte de las propias autoridades, y lo que ello implica para ellas y sus familias.

Ante ello, es indispensable señalar que no basta abrir las carpetas de investigación por los delitos que ponen en riesgo la vida de las mujeres, sino que es urgente y necesario que realmente se garantice el acceso a la justicia de una manera pronta y efectiva.

Las organizaciones firmantes reivindicamos que la impunidad y la falta de respuestas eficaces por parte de las autoridades en todo el país, agudiza la indignación y acrecienta el hartazgo social que necesita ser atendido sin descalificaciones, sino como el pulso que nos permite sentir y reconocer el nivel de afectación que hay en el tejido social, por la ausencia de una política pública integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que sufren las mujeres del país.  

En este sentido, desde Justicia Pro Persona A.C; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), red conformada por 43 organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 23 estados de la República, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República, nos sumamos a las exigencias de colectivas, víctimas, familiares de víctimas y defensoras de los derechos de las mujeres, y  exigimos que a la brevedad el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales, atiendan las siguientes recomendaciones:

1.-Ante la negativa de la CONAVIM para  declarar la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, solicitamos que la Jefa de Gobierno realice dicha declaratoria, retomando las recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo y la propia CONAVIM, en el marco de la solicitud realizada desde el 7 de septiembre de 2017 por las organizaciones: Justicia Pro Persona A.C.; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. con el acompañamiento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (RED TDT) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

2.-Se realicen investigaciones con perspectiva de género, que den con el conocimiento de la verdad y el esclarecimiento de los hechos ocurridos de violencia sexual perpetrados por integrantes de cuerpos de seguridad pública.

3.-Se sancione a las autoridades responsables de la filtración de información, violentando el debido proceso y la seguridad de las víctimas y sus familias.

4.-Se conformen cuerpos de policías de género, formados específicamente para atender las problemáticas que ponen en riesgo a las mujeres.

5.-Se realicen acciones inmediatas para la reparación del daño a las víctimas y se den garantías de no repetición.

6.-Se realice la actualización de protocolos de actuación para las y los funcionarios públicos, a fin de garantizar su implementación con perspectiva de género, derechos humanos y la debida diligencia.

7.-Acciones y políticas públicas firmes, coherentes, sostenibles y basadas en el respeto y la garantía de los derechos humanos. 

8.-Participación social y política de las mujeres en el desarrollo e implementación de las estrategias que garanticen el derecho a una vida libre de violencia.

9.-Los gobiernos eviten la criminalización de la protesta social contra las mujeres, niñas y adolescentes que de manera legítima ejercen el derecho a defender sus derechos, por el contrario, facilitar canales efectivos de diálogo directo con las víctimas, las organizaciones, y colectivas de mujeres.

10.-Se generen los marcos legales para sancionar a las autoridades que desde el Gobierno Federal, Estatal y Municipal por su acción u omisión violenten los derechos de las mujeres. 

En el caso específico de la Ciudad de México, saludamos la postura del Gobierno de la Ciudad de México de no criminalizar a las mujeres que se han manifestado, y consideramos  que  es indispensable que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum  genere el espacio y canal de comunicación que permita dar seguimiento a las mesas de trabajo y acciones emprendidas, hasta ver materializadas las propuestas de acción, iniciativas y políticas públicas que emprenderán para la atención dicha problemática.

Estamos convencidas, que lo que sucede en la Ciudad de México, es un indicador de lo que pasa en otros estados de nuestro país, por lo que, las acciones desde la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), y los gobiernos de las entidades deben realizarse sin dilación, con eficacia y respetando las manifestaciones de indignación y repudio, consecuencia de la ausencia de una política integral que proteja a las mujeres de México.

Hacemos un llamado al movimiento de mujeres, al movimiento feminista, a defensoras de los derechos de las mujeres, a las organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general, a continuar buscando y fomentando los canales de diálogo con las autoridades para construir de manera conjunta las acciones que puedan erradicar la violencia contra las mujeres y nos permita vivir de manera plena, libre y seguras.

Atentamente,

Organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México: Justicia Pro Persona A.C; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), conformado por: Aguascalientes: Observatorio de Violencia Social y de Género Aguascalientes; Baja California: Mujeres Unidas: Olympia de Gauges; Campeche: Observatorio de Violencia Social y de Género  Chiapas: Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas AC-COLEM; Chihuahua: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Mujeres por México en Chihuahua; Nuestras Hijas de Regreso a Casa; Justicia para Nuestras Hijas; Red Mesa de Mujeres de Juárez; Colima: Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental; Distrito Federal: Católicas por el Derecho a Decidir; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Red Mujer Siglo XXI; Justicia, Derechos Humano y Género; Justicia Pro Persona; Cátedra Unesco de la UNAM; Estado de México: Familiares en Búsqueda de Justicia; Red de promotoras de Ecatepec; Hidalgo; Servicios de Inclusión Integral AC SEIINAC; Guanajuato: Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”; Guerrero: OBVIO Guerrero AC; Jalisco: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-México); Morelos: Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C.; Nuevo León: ARTHEMISAS por la Equidad, A.C.; Oaxaca: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi; Colectivo Bolivariano;  Centro de Derechos Humanos YURENI A.C. Puebla: Programa de Género y VIH Dirección del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J; Quintana Roo: Maya sin Fronteras; Sinaloa: Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.; Frente Cívico sinaloense; Sonora: OCNF Sonora; Tabasco: Asociación Ecológica Santo Tomás; Comité de Derechos Humanos de Tabasco; Tlaxcala: Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local; Colectivo Mujer y Utopía, A.C.;  Veracruz: Red Nacional de Periodistas; Yucatán: Ciencia Social Alternativa, Red Por Nuestros Derechos Mujeres en Red y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana: Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

— 

Para mayor información

Atziri Ávila 

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

Cel.9512536082  

ocnf@observatoriofeminicidiomexico.org

@OCNF  | FB: OCNFeminicidio México  |

www.observatoriofeminicidiomexico.org

Comunicado: ¡Exigimos el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos!

Comunicado de Otros Mundos en solidaridad a nuestros compañeros y compañeras de lucha del Gobierno Comunitario de Chilón y del Centro de Derechos Indígenas A.C (CEDIAC)- A 14 de agosto de 2019

Twitter: @OtrosMundosChia

Al Gobierno Federal

Al Gobierno Estatal

Al Gobierno Municipal

Al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas

Al Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en México

A las Comisión Nacional de Derechos Humanos

A la Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

A los Medios de comunicación

A la Población en General

Otros mundos Chiapas A.C. nos solidarizamos y manifestamos nuestra preocupación con nuestros compañeros de lucha del Gobierno Comunitario de Chilón y del Centro de Derechos Indígenas A.C (CEDIAC), por las confrontaciones por parte de servidores públicos del ayuntamiento de Chilón con la intención de impedir el avance del estudio cultural para lograr el reconocimiento de su libre determinación y respeto a su sistemas normativos internos, que ya hace algunos años están reivindicando sus derechos como pueblos originarios a la libre autodeterminación de los pueblos, cuyo derecho está consagrado en el artículo segundo de la Constitución Federal así como de algunos Tratados Internacionales en que el Estado mexicano es parte.

El 25 de junio de 2018 el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana emitió un acuerdo general que daba respuesta a las solicitudes presentadas por las comisiones de Gobierno Comunitario de los municipios de Chilón y Sitalá de ejercer sus derechos a la libre determinación, transitando de un sistema de elección de partidos políticos a un régimen de usos y costumbres. Para lo que establece como condición la realización de un estudio cultural y una consulta.

Este 8 de agosto los antropólogos sostuvieron una reunión a puerta cerrada con el ayuntamiento municipal de Chilón, para dar inicio al recorrido por las comunidades para entrevistar a la ciudadanía. Sin embargo el día sábado 10 de agosto dos camionetas pick up conducidas por personas de Chilón interceptaron la camioneta que trasportaba a los antropólogos para impedir su llegada a Bachajón para realizar las entrevistas.

El día 11 de agosto a la entrada de la comunidad de Guadalupe Paxilá un grupo de personas liderada por funcionarios municipales de Chilón entre ellos Santiago Pérez, Regidor del Ayuntamiento y Pedro Hernández Ruiz, Delegado Municipal, intentaron sabotear el trabajo del estudio cultural.

El día de ayer 12 de agosto hubo un bloqueo por el grupo de choque a la altura de las canchas, que se encuentra de camino de Ocosingo a Temo, camino por el que deben pasar los antropólogos para ir a la comunidad y continuar con el estudio cultural, logrando retenerlos.

Pedimos que se garantice la seguridad personal para las compañeras y los compañeros del Gobierno Comunitario y del Centro de Derechos Indígenas A.C (CEDIAC) y que se pongan las condiciones de seguridad para continuar el proceso de consulta.

Exigimos el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, respeto a los defensores de derechos originarios y denunciamos cualquier acto que atente contra la integridad personal de las y los compañeros.

¡POR LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS!

¡Y EL RESPETO A SUS SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS!

Firma

OTROS MUNDOS A.C.

Comunicado Urgente de Chilón: Por la lucha de nuestra libre determinación como pueblos originarios

Gobierno de Chilón viola el derecho de los pueblos a la libre determinación: CEDIAC

Organizaciones internacionales piden urgente intervención para detener ataques a defensores en Chilón

¡Por la autodeterminación de los Pueblos!

 

Descargar comunicado en pdf

Ver el comunicado en otrosmundoschiapas.org

 

Diálogo para atender la crisis de seguridad de personas defensoras de derechos humanos y periodistas

DIP. ROCÍO BARRERA BADILLO

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN,

DIP. RUIZ LUSTRE HUGO RAFAEL

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS,

MTRO. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ

PRESIDENTE COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS,

DR. EDGAR CORZO SOSA

QUINTA VISITADURÍA GENERAL COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS,

MTRO. SERGIO JAIME ROCHÍN DEL RINCÓN

COMISIONADO EJECUTIVO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS,

LIC. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ

SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,

LIC. AARÓN MASTACHE MONDRAGÓN

TITULAR MECANISMO DE PROTECCIÓN PERSONAS DEFENSORAS Y PERIODISTAS.

PRESENTE(1)

El Espacio de Organizaciones para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, integrado por 20 organizaciones nacionales e internacionales, nos dirigimos a ustedes a fin de coadyuvar y participar en un proceso de diálogo entre personas defensoras de derechos humanos, periodistas, entre otros actores relevantes, para la construcción de un marco normativo adecuado y eficiente para proteger, investigar, sancionar y reparar los delitos cometidos contra personas defensoras y periodistas, por medio de la creación de foros estatales de discusión y/o regionales, que culmine en la realización de un foro nacional que puedan llevarse en un lapso de tiempo suficiente.

Tal como lo anunció la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Señora Michelle Bachelet el día 9 de abril en la Conferencia de Prensa producto de su visita oficial a México, la actual política de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el país, es tan solo un paliativo que debe ir acompañada de acciones de respeto, prevención e investigación dirigidas a combatir las causas del riesgo que viven ambas poblaciones.

Parte de esos retos, como lo anunció el 25 de marzo el Subsecretario de Derechos Humanos Lic. Alejandro Encinas, es la necesidad de contar con un marco normativo idóneo que garantice estabilidad, y establezca las responsabilidades en todos los niveles de gobierno con una debida coordinación interinstitucional, que atienda a las obligaciones de respeto, prevención, protección, investigación, sanción y reparación de delitos cometidos contra personas defensoras y periodistas. Desde el 1 de diciembre hasta la fecha, han sido asesinadas 11 personas defensoras de derechos humanos y 6 periodistas en todo el país, siendo dos personas beneficiarias de la actual política de protección.

Debido a la trascendencia de la materia que se pretende regular y en seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Relator Especial de la ONU sobre la situación de defensores de derechos humanos y Libertad de Expresión, así como la iniciativa actualmente en construcción en la Secretaría de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, es necesario generar un diálogo amplio e incluyente, con las condiciones idóneas que involucren al mayor número de estas personas defensores y periodistas, así como de organizaciones de la sociedad civil del país.

Los resultados e insumos de cada uno de estos espacios de discusión serán presentados a las secretarías técnicas de las comisiones de Gobernación y Población y Derechos humanos para el enriquecimiento del contenido del actual proceso legislativo en las mesas de trabajo técnicas, que permitirá generar las condiciones idóneas para llevar a cabo una discusión con participación de: personas defensoras de derechos humanos y periodistas, personas Beneficiarias del Mecanismo Federal de Protección, personas peticionarias al Mecanismo Federal y que fueron rechazadas, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos y de libertad de expresión de todas las entidades federativas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y personas expertas en la materia.

A su vez, será fundamental integrar, a la Secretaría de Gobernación, la Coordinación Ejecutiva Nacional, todas las dependencias que forman parte de la junta de gobierno del actual Mecanismo Federal, representantes de mecanismos y unidades de protección a periodistas a nivel estatal, Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas, operadores de la ley y todas aquellas personas que manifiesten interés en participar en la construcción de un marco normativo idóneo que abone hacia la construcción de una política pública integral de protección.

Por todo lo anterior solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Subsecretaría de Derechos Humanos y Comisión Estatal de Víctimas, coadyuven en conjunto con la Comisión de Gobernación y Población y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para generar un diálogo amplio e incluyente, en el marco de un parlamento abierto, con las condiciones idóneas que involucren al mayor número de estas personas a través de la realización de Foros estatales y/o regionales.

Los resultados e insumos de estos procesos nacionales de discusión son necesarios para cualquier iniciativa de ley que tenga en el centro a la persona defensora y periodista como sujeto de derechos, siendo esta una oportunidad para ampliar el nivel de socialización, discusión y reglamentación suficiente para lograr un marco normativo idóneo y garantista necesario para el derecho a defender el derecho humanos y el ejercicio de la libertad de expresión en este país.

Quedamos a la espera de una pronta y propositiva respuesta.

Organizaciones Firmantes:

Espacio OSC: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comité Cerezo México; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México

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  1. cc. Jan Jarab – Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Francisco Eguiguren – Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – CIDH, Edison Lanza – Relator Especial sobre Libertad De Expresión – CIDH.

Ver texto original

Conferencia de prensa: CNPA-MN informará sobre amparo contra proyecto hidroeléctrico en Puebla

Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

 

  • La Coordinadora Plan de Ayala Movimiento Nacional informará sobre la resolución de amparo ante tribunales federales para frenar el Sistema Hidroeléctrico de Huitzilath, en el municipio de Coyomeapan, Puebla,  debido a que no hubo una consulta previa y también porque aseguran que la mitad de la comunidad será reubicada.
  • Asegura que la empresa ganadora de la concesión, denominada Proyectos Hidroeléctricos de Puebla, ha usado la intimidación para desplazar a la gente que vive a la orilla del río, en dónde se va a edificar un embalse.

Participan: 

  • Jesús Gutiérrez Valencia, vocero de CNPA MN
  • Amanda Rivero Espinosa, abogada
  • Violeta Valdez Alicántara, del Centro Derechos Humanos “Antonio Esteban”

 Convoca:

  • Coordinador Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional y Centro Derechos Humanos “Antonio Esteban” 

La cita: Lunes 1 de Abril  de 2019 a las 10:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.

Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104

Pasaron 12 años en prisión siendo inocentes: así ha sido la vuelta a casa de defensores del agua en Edomex

Redacción/Animal Político

“Cuando te meten así a prisión, siendo inocente, la familia también lo padece mucho. No solo yo viví la cárcel, mis familiares la vivieron mucho más que yo”, relata uno de los defensores del agua que estuvo preso.

Imagen: captura de video ONUDHMexico

Dominga González, Lorenzo Sánchez y Marco Antonio Pérez están aprendiendo a usar el celular. Por ahora no tienen uno. Ese objeto que no era parte de la vida cuando ellos entraron en prisión les es todavía ajeno, propio de otros, de los que se quedaron libres.

Muchas personas de su alrededor también les son extrañas: vecinos con años demás a quienes no reconocen; sobrinos y nietos nuevos en la familia, a quienes apenas están conociendo. Sus propios hijos les son extraños, no los han visto crecer.

Cuando se regresa a casa después de 12 años de estar preso en Almoloya de Juárezcada despertar es raro. A todo hay que volver a adaptarse. “Muchas mañanas abro los ojos y me quedo pensando dónde estoy. Si solo soñé que estoy de nuevo en casa o es cierto que ya estoy aquí”, dice Lorenzo Sánchez.

A los tres los detuvieron en 2007. Estuvieron huyendo durante tres años, después de que, en 2003, los acusaron del asesinato de un empresario floricultor del municipio vecino al suyo. Los tres estaban dando la batalla porque no le quitaran a su pueblo, San Pedro Tlanixco, en Tenango Del Valle, Estado de México, el derecho de usar el agua del río Texcaltenco.

Para la comunidad de Tlanixco ese río era suyo. Habían crecido alrededor de él y usaban su agua para las actividades cotidianas; hasta 1989 cuando el gobierno mexicano la concesionó a los floricultores de Villa Guerrero, el municipio líder en todo el país en cultivo y exportación de flores.

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