Abrir archivos de la Sedena, “deuda” del Estado

Redacción / Milenio

Foto: Especial

Félix Lucio Hernández Gamundi, entonces estudiante de la carrera de Comunicaciones Electrónicas en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y quien el 2 de octubre del 68 se encontraba en el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua, afirma que el Estado mexicano tiene una gran deuda con las víctimas de esta tragedia: sacar a luz los archivos ocultos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena):

“Es muy importante recordar que aquí, en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968 se cometió un grave delito de lesa humanidad, un genocidio en contra de un grupo de jóvenes. A 50 años de distancia, aún no sabemos cuántas personas murieron ahí realmente”.

Por eso, en entrevista con MILENIO, destaca que el tema de los acervos en el Archivo General de la Nación es fundamental, ya que desde 2002 el Comité del 68 ha exigido que se abran los expedientes de la Defensa Nacional.

“¿Qué es lo que debe haber en la Defensa Nacional? Se sabe que aquí en Tlatelolco intervinieron 10 mil soldados con armas de repetición de alto poder; por eso, las preguntas son: ¿cuántos soldados intervinieron?, ¿qué tipo de armas traían?, ¿cuántas balas dispararon? Ningún ejército del mundo se mueve mediante órdenes verbales, lo hacen por órdenes escritas y siempre hay un oficial de alto rango responsable que firma la orden para que la tropa se mueva”.

Dice que esos archivos contienen información sobre quienes limpiaron el campo y recogieron los cadáveres y los heridos.

“Estamos seguros que fue una compañía del ejército, de manera que deben tener el reporte de cuántas personas levantaron y en qué condiciones, su sexo edad, porque ahí había gente de todas las edades: personas mayores, hombres, mujeres, jóvenes, niños y bebés”.

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Mujer halla a su hijo entre los cadáveres de Jalisco

Redacción / Milenio

Foto: Ulises Ruiz

María del Tránsito Zamora carga sobre su espalda dos penas: el asesinato de su hijo José Guadalupe Cruz Zamora, el único de los 322 cuerpos identificados que permanecen en conservación en dos tráileres refrigerados y la desaparición de su nieto Daniel Alejandro Cruz, de 18 años.

El pasado sábado 21 de septiembre, María depositó los restos de su hijo en la gaveta identificada con el número 1 del panteón de Guadalajara.

Al pie de la tumba, María le juró a José Guadalupe que encontraría a su hijo. José Guadalupe Cruz Zamora y su hijo Daniel Alejandro Macías desaparecieron juntos la mañana del pasado 20 de mayo, en el municipio de El Salto.

“La última llamada que me dio fue el domingo 20 a las 9 de la mañana porque yo estaba enferma, me dijo ‘mañana voy a ir para llevarte con el doctor’, y me dijo ‘dame tu bendición’”, narró María.

Diecisiete días después de la desaparición de José y Daniel, se enteró del hallazgo de una fosa clandestina en la colonia Lomas del Aeropuerto, en El Salto. “Cuando salió lo de la fosa fue cuando mi corazón me decía que eran ellos, me fui al Semefo, pero me dijeron que todavía no los estudiaban” (a los cuerpos), señaló. 

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Corte desecha tres recursos de PGR contra la comisión de la verdad de caso Iguala

Redacción / Milenio

Foto: Especial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó tres recursos de reclamación que interpuso la Procuraduría General de la República, que impugnó las decisiones que tomó en su contra el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, órgano que ordenó crear la comisión de la verdad del caso Iguala. 

La PGR reclamó que los magistrados del tribunal desecharon tres recursos de revisión extraordinaria que se promovieron contra la sentencia del colegiado.

En las solicitudes de ejercicio de facultad de atracción, la PGR menciona que en estos asuntos, como terceros interesados, están Gildardo López Astudillo, El Gil, presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, personaje que la dependencia federal acusó de haber ordenado levantar a los 43 normalistas de Ayotzinapa para asesinarlos el 26 y 27 de septiembre de 2014. Otros interesados son Daniela Aguirre Luna y Mario César González Contreras, representantes de padres y madres de víctimas. 

La Suprema Corte aún tiene pendiente por revisar cuatro recursos más, entre ellos, un recurso de inconformidad presentado por los padres de los 43 normalistas. En agosto pasado, el alto tribunal admitió a trámite una petición de la PGR, dependencia que solicitó que se conozca el recurso de inconformidad promovido por los padres de los 43, quienes impugnaron la declaratoria de un tribunal federal que concluyó que sí existe imposibilidad jurídica para crear la comisión de la verdad del caso Igual.

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CIDH sospecha de reunión en C4 antes de la desaparición de los 43

Foto: Serapaz

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sospecha de una reunión realizada en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) en Guerrero, horas antes de los ataques en el municipio de Iguala, que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014.

La CIDH, en compañía del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, y el ombudsman nacional, Luis Raúl González, presentó hoy su informe del Mecanismo Especial de Seguimiento a familiares de los estudiantes desaparecidos en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. 

El comisionado Luis Ernesto Vargas dijo que entregaron 112 preguntas al estado mexicano en torno al caso Ayotzinapa para que conteste cada una de ellas, y que ayer la CIDH aprobó otras 35 que tienen que ver con tres aspectos: la búsqueda, la investigación criminal y la visitaduría de la PGR. 

Vargas dijo que entre las preguntas están: “¿Por qué hubo reuniones en el C4 poco antes de que ocurrieran los hechos por la noche del 26 de septiembre? ¿Funcionó ahí un centro de coordinación que era el que coordinaba desde el C4?”, cuestionó.

Otro de los planteamientos es “¿Por qué la policía estatal cuidaba la entrada del basurero de Cocula desde el 5 de septiembre, si éste se descubrió en una llamada anónima el 26 de octubre?, es decir, 21 días antes de la llamada anónima ya estaba la policía cuidando”, preguntó.

También dijo que el estado debe tener certeza de quiénes son los delincuentes identificados como El Patrón y El Caminante, ya que podrían tener un papel importante en la desaparición. Además, aún no se cuenta con un registro de hornos y crematorios de la región, para conocer quiénes los han usado, cuándo; el consumo de gas y así descartar esta línea de investigación.

La CIDH ratificó su rechazo a la “verdad histórica” sobre el caso Iguala, exigió al estado mexicano una investigación imparcial, respaldó la creación de una comisión de la verdad y confió en que la llegada de un nuevo gobierno en el país abrirá la posibilidad de que las víctimas y sus familias puedan acceder a la justicia.

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“Ayotzinapa, prioridad, luego los demás casos”: Encinas

Redacción / Milenio

Este 26 de agosto, cientos marcharon para reclamar la aparición con vida de normalistas de Ayotzinapa a 47 meses de su desaparición. Foto: Paola Ramos / Cencos

Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, perfiló la ruta para investigar los delitos de desaparición de personas en el país. Detalló que la comisión de investigación y de la verdad formará parte de la fiscalía general, para darle toda la fuerza legal que le permita investigar y fincar responsabilidades desde el comienzo del sexenio, en principio para Ayotzinapa y después “caso por caso”, pues no solo se han encontrado fosas comunes, sino de exterminio.

Informó que además de que se reabrirá el caso Ayotzinapa “para dar con la verdad real, no la histórica que inventaron”, se iniciarán procesos penales contra quienes sembraron pruebas y torturaron, sin descartarse el caso de Tomás Zerón.

Confirmó que se pedirá el regreso del GIEI, que si bien no puede interrogar a los militares, sí tendrá acceso a sus declaraciones ministeriales, pues “ellos no tienen facultades de interrogar a nadie, pero sí pueden hacer seguimiento de todo el proceso de investigación y conocer todo el expediente”

—¿Abrir cuarteles nuevamente?

—Si se considera necesario, no creo que deba haber limitación. Debe revisarse con detenimiento, no veo por qué no; se hace una demanda desde un principio.

Dijo que inicialmente esa comisión de investigación y de la verdad será para indagar lo que pasó en Ayotzinapa, pero después verá caso por caso, porque en estos días los familiares de víctimas han revelado la existencia de más fosas clandestinas y hasta de exterminio, como la del penal de Piedras Negras, Coahuila, y hay la idea de que la cifra negra de 38 mil desparecidos puede ser mayor.

Agregó que aunque hay 80 controversias promovidas por el gobierno federal y distintas dependencias, la resolución de un tribunal de Tamaulipas que ordena la creación de la comisión es firme, inatacable y debe atenderse, junto con el reclamo de los padres para invitar otra vez al GIEI y tener presencia de distintas agencias de la ONU.

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Culmina búsqueda de desaparecidos en bases militares

Redacción / Milenio

Foto: Cencos

Con un cansancio físico y emocional, crisis nerviosas y expectativas divididas concluyeron los tres días de visitas de los familiares de personas desaparecidas a las bases de operaciones de la Secretaría de Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Nuevo León.

Acompañados por representantes de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), un grupo de 12 familiares presenciaron las últimas diligencias en la base localizada en el kilómetro 7 de la carretera Nuevo Laredo- Monterrey, como parte de la investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) por la desaparición de 36 personas entre enero y mayo de este año.

Tras cuatro meses de la mayoría de las desapariciones, para algunos familiares las visitas fueron infructuosas, a otros les dio un poco más de certeza sobre las indagatorias, pero para todos fue enfrentarse una vez más a los dolorosos recuerdos.

“Entrar ahí me estresó mucho, sentí algo en la boca del estómago, como coraje al pensar en lo que sintió mi hijo cuando se lo llevaron, se me vinieron muchas cosas a la cabeza y me puse mal, simplemente lloré ahí en el patio”, relató Gregoria Ochoa, madre de Édgar Treviño Ochoa. 

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Inconstitucional, no otorgar la visa humanitaria a quien busca refugio

Redacción / Milenio

Foto: Reuters

El juez Ricardo Gallardo Vara, del decimosexto distrito en materia administrativa de Ciudad de México, determinó que la práctica del Instituto Nacional de Migración de no otorgar visa por razones humanitarias a solicitantes de la condición de refugiado es inconstitucional, informó la Comisión Mexicana de Promoción de los Derechos Humanos.

La organización dio a conocer que el INM le negó la tarjeta de visitante por razones humanitarias a un colombiano, a pesar de haber solicitado protección internacional, y le otorgó el documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas.

La comisión difundió ayer la sentencia emitida por el juez Gallardo Vara el pasado 30 de julio, en la que se establece que ese documento provisional “no corresponde a la solicitud y situación migratoria del promovente, por lo que resulta contrario a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución mexicana y, por tanto, es fundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso”. 

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Luchadora por ríos Ameca y Mascota, amenazada

Por Redacción/Milenio

La señora Blanca Ortiz, ejidataria de Ixtapa, tiene catorce años en lucha contra el poder de las empresas cribadoras que explotan sin control el material geológico de los ríos Ameca y Mascota, y que alimentan a la enorme industria de la construcción del corredor turístico Puerto Vallarta-Bahía de Banderas.

Un empresario afectado habría contratado a un secuestrador para que la “levante” y la quite de en medio, denuncia el asesor de la campesina, miembro del Instituto de Derecho Ambiental, Pedro León Corrales.

La ejidataria, que no ha dejado de poner el dedo en el renglón de los daños ambientales y económicos que ocasionan el mal manejo de sus ríos, se mantiene en la zona para que el negocio de los materiales tenga libre flujo.

“Por eso vamos a pedir su incorporación al programa de protección de activistas y periodistas de la Secretaría de Gobernación, para lo cual debemos visibilizarla y hacer que las autoridades asuman la responsabilidad por su integridad”, destacó León Corrales.
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CNDH: penal de Cd. Victoria, sin condiciones de seguridad

Por Redacción/Milenio

A tres días de los hechos violentos en el penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, aún no hay condiciones de seguridad para garantizar la integridad de los reos y sus familias, aseguró la tercera visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ruth Villanueva.

“No hay condiciones de seguridad actualmente dentro del centro. Ayer ingresaron familias, pero con mucho cuidado”, dijo Villanueva en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

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Familiares de desaparecidos bloquean Fiscalía de Veracruz

Por redacción/Milenio

Veracruz. Integrantes del Colectivo por la Paz de Familiares de desaparecidos en Xalapa bloquearon los accesos a la Fiscalía de Veracruz para exigir que los escuchen y den resultados, de lo contrario tomarán otras medidas para presionar a las autoridades.

Los inconformes reclamaron al titular de la Fiscalía, Jorge Winckler Ortiz, la falta de atención y sobre todo de resultados.

A 6 meses de ocupar el cargo, Winckler no ha tenido acercamientos con los colectivos de familiares de desaparecidos, pues solo acude cuando Roberto Campa Cifrián va a Veracruz y después de eso ni caso les hace, afirmaron.

Los manifestantes colocaron lonas con rostros sin nombres de sus desaparecidos en las escaleras y puertas de la Fiscalía.

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