Reto, visibilizar a personas con discapacidad psicosocial: CNDH

Por Redacción/La Jornada

Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que las autoridades de todos los niveles de gobierno y la sociedad en su conjunto tienen que asumir el enorme reto de visibilizar, proteger de manera efectiva y redignificar a las personas con discapacidad psicosocial.

En un comunicado, el organismo nacional señaló que está consciente del enorme reto que enfrentan las instituciones que desean auxiliar a ese colectivo socialmente olvidado y poco atendido, al ser la discapacidad psicosocial una imposibilidad no tan visible como la física, la sensorial o la cognitivo-intelectual.

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ONG denuncia violación a protocolo sobre fosas en Jojutla

Por redacción/La Jornada

Cuernavaca, Mor. Los integrantes de la asociación civil “Regresando a casa Morelos” denunciaron que los peritos estatales y federales violaron el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Desaparición Forzada durante la exhumación de unos 65 cadáveres de dos fosas irregulares de Jojutla.

De una fosa se extrajeron 39 paquetes con 45 cuerpos, y de la otra 19 embalajes con al menos 20 cuerpos.

El colectivo sobre personas desaparecidas manifestó que no avalan los trabajos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la cual informó que sólo había 35 cuerpos, aunque al final se sacaron 45, además que debajo de éstos había otra fosa que contenía 19 bolsas con restos humanos. Advirtieron que no se descarta una tercera fosa, ya que siguen saliendo cadáveres.

“El colectivo Búsqueda de Familiares, Regresando a Casa Morelos, hace de su conocimiento lo siguiente: Que durante el proceso de la exhumación de los cuerpos de Jojutla ha sido violado el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, en particular, y todos los lineamientos para la Búsqueda de Personas Desaparecidas contenidos en el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense.

Asimismo, se incumplió con el manejo digno de los cuerpos exhumados de las Fosas de Jojutla”, dijo Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Morales Rodríguez, desaparecida en agosto de 2012.

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Pide CNDH a gobierno de BC que proteja al semanario ‘Zeta’

Por José Antonio Román/ La Jornada

Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Baja California implementar medidas cautelares en favor de los directivos, colaboradores e instalaciones del semanario Zeta, con sede en Tijuana, ante las presuntas amenazas de la delincuencia organizada.

En un comunicado, señaló tener conocimiento de diversas notas que refieren que un grupo de investigadores de México y Estados Unidos informaron que un presunto líder de la delincuencia organizada regresó a la ciudad de Tijuana con la intención de restablecer una organización criminal y “acabar con el semanario Zeta”, medio de comunicación con una amplia trayectoria y reconocimiento en esa ciudad fronteriza del estado de Baja California.

El organismo nacional destacó que ésta no es la primera ocasión en que el reconocido semanario de Tijuana recibe amenazas de la delincuencia organizada.

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Reserva PGR por cinco años informes sobre Odebrecht

Por Redacción/ La Jornada

Mientras en Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y otras naciones se ha difundido información de los funcionarios que recibieron sobornos de la compañía Odebrecht para conseguir contratos en obras de petroquímica, en México la Procuraduría General de la República (PGR) reservó hasta por un periodo de cinco años todos los informes, reportes y órdenes de investigación relacionados con este caso.

Este fue el resultado de una solicitud de información pública presentada por un particular, y de esa manera la dependencia negará cualquier documento relacionado que acredite el pago de sobornos a funcionarios mexicanos por el lapso de cinco años.

La petición se formuló en los siguientes términos: ‘‘Solicito conocer todos los reportes, actas, oficios, resoluciones, correspondencia, acuerdos, directrices, circulares, convenios o cualquier otra comunicación emitida y recibida por esta dependencia relacionada con la empresa Odebrecht, y su subsidaria Braskem, sobre la investigación de supuestos sobornos que habrían pagado a servidores públicos en México’’.

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La CNDH atrae el caso del homicidio

Por Redacción/ La Jornada

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso del homicidio de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua. Además, pidió al gobierno del estado implementar políticas públicas para evitar más agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos.

El director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH, Rodrigo Santiago Juárez, informó que el organismo nacional inició una queja de oficio por el asesinato de la comunicadora, ejecutada frente a su casa el pasado 23 de marzo, y que debido a las características del caso se decidió atraer el expediente que inicialmente abrió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua.

Informó que en días pasados se reunió con el secretario general de gobierno del estado de Chihuahua, César Jáuregui Robles, con quien abordó el caso de Breach Velducea y el incremento en el número de homicidios en contra de periodistas y defensores de derechos humanos en la entidad.

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Más de 120 ultimados y 20 desaparecidos

Por Redacción/La jornada

Aunque no hay consenso sobre las cifras definitivas, organismos nacionales e internacionales advierten que desde el año 2000 en México han sido asesinados más de cien periodistas y 20 están desaparecidos.

De acuerdo con estudios recientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el país han sido asesinados 123 comunicadores desde el año 2000, considerando el homicidio de Miroslava Breach Velducea, corresponsal en Chihuahua de esta casa editorial.

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Fuerzas armadas no violan derechos humanos: Sedena

Por Redacción/La Jornada

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rechazó las declaraciones ‘‘sin fundamento’’ de quienes acusan a militares de violar impunemente derechos humanos y retó a los ‘‘actores sociales’’ que tengan pruebas en contra de soldados que hayan vulnerado las garantías fundamentales a que las presenten para que sean investigadas, porque son ‘‘injurias y ofensas’’.

 

El director general de Derechos Humanos de la Sedena, general José Carlos Beltrán Benítez, fue el encargado de fijar la postura de la dependencia en aparente alusión a las recientes críticas del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a las fuerzas armadas de reprimir al pueblo.

 

‘‘Se han mencionado estas supuestas responsabilidades sin la más mínima evidencia, por hechos investigados no sólo por autoridades judiciales nacionales, sino por grupos de expertos que han presentado conclusiones que desvinculan al personal militar de los hechos delictivos que fueron materia de su análisis.

 

‘‘Inclusive se ha difamado sobre hechos represivos que ofenden al instituto armado y también a la sociedad. Ante esto, se responde que hemos dado muestras de tolerancia y prudencia en un sinnúmero de ocasiones, desde agresiones físicas a instalaciones militares, a integrantes del Ejército y Fuerza Aérea, hasta injurias y ofensas provocadas.’’

 

Ante estas descalificaciones, aseveró Beltrán Benítez, la Secretaría de la Defensa Nacional rechaza ‘‘enfática y contundentemente estos señalamientos de diferentes orígenes’’

 

Ayer, en conferencia de prensa citada de última hora, el director general de Derechos Humanos de la Sedena reivindicó el compromiso de los militares en el respeto a todas las garantías y su compromiso con la legalidad, días después de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, criticaron abiertamente a López Obrador por ‘‘atacar sin fundamento a las fuerzas armadas’’.

 

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La Corte discutirá hoy prohibición de sembrar soya transgénica en Quintana Roo

Ante la evidencia suficiente de que la siembra de soya transgénica puede tener un impacto significativo en la vida y entorno de las comunidades indígenas que habitan en los alrededores donde se desarrolla ésta, así como en el entorno y el equilibrio ecológico de la zona, debe mantenerse la prohibición de ese cultivo en los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, en el estado de Quintana Roo, hasta que se lleve a cabo una consulta pública luego de que las comunidades indígenas, con pleno respeto a sus usos y costumbres, reciban información traducida a su lengua natal y sin tecnicismos.

 

Una vez realizada, conforme a los parámetros nacionales e internacionales en materia de derecho de las comunidades indígenas, el gobierno mexicano estará en condiciones de adoptar una resolución sobre la siembra de soya transgénica, señala un proyecto elaborado por el ministro Fernando Franco González Salas que será discutido hoy por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

Franco González propone amparar a representantes de comunidades yucatecas asentadas en Quintana Roo en contra del permiso para la siembra de ese producto genéticamente modificado MON-04032-6, otorgado a la empresa Monsanto.

 

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