Reportero que cubría crimen fue asesinado en México

Por Redacción/ Committee to Protect Journalist

Las autoridades mexicanas deben investigar en forma creíble y oportuna el asesinato del periodista de la fuente policíaca Maximino Rodríguez, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) afirmó hoy. Atacantes no identificados asesinaron a Rodríguez a balazos el 14 de abril en la ciudad norteña de La Paz, según su empleador.

Rodríguez, de 73 años de edad, realizaba trabajos informativos sobre crimen y seguridad para Colectivo Pericú, un blog que cubre actualidad en el estado norteño de Baja California Sur y que permite que los lectores denuncien crimen, corrupción y otros temas. El periodista escribía en forma regular una columna para el sitio Web Es Mi Opinión, en la que efectuaba comentarios sobre crimen, política, corrupción y otras cuestiones.

“El asesinato de otro periodista mexicano es un recordatorio nefasto de que México figura entre los países más letales del mundo para la prensa”, afirmó Carlos Lauría, coordinador sénior del programa de las Américas del CPJ desde Nueva York. “Instamos a las autoridades federales mexicanas a quebrar el ciclo de impunidad a través del enjuiciamiento de los autores del crimen”.

Un informe inicial de Colectivo Pericú indicó que Rodríguez fue atacado alrededor del mediodía luego de que él y su esposa ingresaran a su vehículo en un estacionamiento. Un número no establecido de atacantes abrieron fuego desde cerca contra la víctima desde una SUV blanca, indicó el sitio Web, agregando que las armas utilizadas fueron “supuestamente de alto calibre”, un término comúnmente usado en México para rifles de asalto. Rodríguez murió en el acto. Su esposa no resultó herida.

Solamente en marzo, los periodistas mexicanos Miroslava Breach Velducea y Cecilio Pineda Birto fueron asesinados en represalia directa por su labor. CPJ continúa investigando los motivos del asesinato ocurrido el 19 de marzo del reportero Ricardo Monlui Cabrera. Un cuarto periodista, Armando Arrieta sobrevivió un ataque a balazos el 29 de marzo, pero fue severamente herido.

En un comunicado, publicado en su sitio Web, el procurador de Baja California Sur indicó que había identificado una de las armas utilizadas en el asesinato de Rodríguez como la misma usada el 5 de abril en el ataque a balazos contra un policía en La Paz. Varios intentos del CPJ para comunicarse con la procuraduría estatal por teléfono resultaron infructuosos.

De acuerdo al mismo comunicado, autoridades estatales están colaborando con el fiscal especial para atención de delitos contra la libertad de expresión (FEADLE), que investiga ataques contra periodistas, por pedido del Gobernador Carlos Mendoza Davis. Nahum Pedro Zárate, director adjunto de la FEADLE, confirmó al CPJ esta mañana que las autoridades estaban considerando el trabajo de periodista de la víctima como un motivo posible.

En su columna del 11 de abril, Rodríguez comentó sobre operativos policiales contra una banda criminal en La Paz. En el artículo, se refirió a la banda y a su supuesto líder, a quienes acusó de utilizar la violencia para difundir pánico entre la población de la ciudad.

El artículo provocó la reacción de enojo de un comentarista usando un pseudónimo, que incluyó una amenaza de muerte a Rodríguez y lo acusó de estar al servicio de una banda criminal rival.

Rodríguez recibió otras amenazas en el pasado, según afirmó en una entrevista del 6 de diciembre de 2016, con el sitio Web de noticias Culco, agregando que no tenía miedo de continuar con su labor informativa.

Rodríguez era un veterano periodista y sus colegas en la región hablaron muy bien sobre su persona en diálogo con el CPJ. Había trabajado como periodista para una serie de medios nacionales y regionales, incluyendo una tarea de corresponsal cubriendo las guerras en El Salvador y Honduras en los años ochenta, antes de trabajar como vocero de la procuraduría de Baja California Sur y de la Corte Suprema. Empezó a trabajar cubriendo crimen para Colectivo Pericú en noviembre de 2014 luego de su retiro como trabajador a tiempo completo.

“Hablaba con él casi todos los días”, afirmó el cofundador del sitio Web, Cuauthémoc Morgan, en diálogo con el CPJ. “Max cubría los crímenes de alto impacto en La Paz y debido a que el estado está sufriendo una ola de violencia desde el verano de 2014, publicaba sus artículos de manera regular”.

Morgan también indicó que en noviembre, individuos no identificados dejaron una manta con una amenaza contra el sitio Web y sus oficinas en Los Cabos, al sur de La Paz. Agregó que él y otros involucrados en Colectivo Pericú están considerando solicitar medidas de seguridad al mecanismo federal de protección.

Clima de extrema y preocupante tensión en Tila, Chiapas y violaciones de derechos humanos graves en contra de ejidatarios y pobladores en ejido Tila que puede generar enfrentamientos y una tragedia mayor y derramamiento de sangre.

Este Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa ha recibido información preocupante de ejidatarios, pobladores y maestros de varios ejidos del municipio de Tila en donde denuncian el aumento de un preocupante clima de tensión y violaciones de Derechos Humanos y manifiestan el temor de que haya una agresión paramilitar, policíaca y militar por lo que temen por su vida, seguridad e integridad personal; esta situación ha escalado a partir de la quema del edificio de la presidencia municipal de Tila y la declaración de autonomía por parte del comisariado ejidal del ejido Tila ocurrida en el mes de diciembre del año 2015 y la declaración de “autonomía” por parte de dicha autoridad.

Distintos testimonios que piden se mantenga en secreto su identidad manifiestan que a partir de que las autoridades del ejido Tila se han declarado en autonomía se han escalado violaciones graves de derechos humanos en el ejido que consisten en prohibir el derecho de reunión y organización, se está señalando a “supuestos opositores” pertenecientes a otras organizaciones e incluso ejidos como enemigos del CNI-EZLN en la asamblea del ejido Tila, se están realizando detenciones arbitrarias y despojo de tierras a quienes se considera no comparte la posición del comisariado ejidal de Tila, se está agrediendo a ejidatarios y personas con el pretexto de impidir el ingreso de obras municipales y del gobierno; manifestando que por el temor y el miedo que se ha impuesto en el ejido se tiene el temor a denunciar públicamente y que esta lucha se está llevando en confrontarse entre indígenas y ya no es contra el mal gobierno, por lo que existe un gran descontento ante estos hechos que consideran autoritarios y un abuso de poder.

Esta situación se ha agudizado a partir de un enfrentamiento que fue provocado por las autoridades ejidales el día 26 de marzo de este año en el anexo Misija´ del Ejido de Tila en donde a partir de un enfrentamiento cae muerto un ejidatario y como respuesta el comisariado ha detenido al presunto responsable y lo han llevado a la cárcel del ejido sentenciándolo a 90 años de prisión y se negaron a que el ministerio público levantara el cuerpo, realizara los peritajes de ley y que integrara una carpeta de investigación y consignación del presunto responsable ante una autoridad competente. De estos lamentables hechos se ha guardado un silencio inexplicable y se pretendió acallar esta situación argumentando que son autónomos y que se arregla internamente.

Ejidatarios y pobladores del Ejido Tila y sus anexos, así como ejidatarios pertenecientes a otros ejidos en el municipio de Tila expresan que ha incrementado su preocupación porque algo les suceda, porque sus nombres se están integrando en una lista por parte del Comisariado Ejidal y por el anuncio realizado por esta autoridad el día 5 de abril de 2017 en donde se manifiesta que a partir de ese día se expulsará a todas las instituciones gubernamentales, incluyendo las escuelas de todos los niveles, desaparición y cierre de rutas de transporte concesionadas, y se anuncia la expulsión de pobladores que no se ajusten y apoyen al comisariado ejidal.

En semana santa se ha reportado agresiones y abusos de autoridad de gente cercana al Comisariado Ejidal en contra de peregrinos y visitantes que acudieron a la parroquia de San Mateo y apenas el 14 de abril detuvieron arbitrariamente a una mujer, la sacaron de su vivienda con engaños para que se presentara ante el juez ejidal para resolver su problema y se encuentra detenida en la cárcel ejidal mezclada entre hombres, y se denuncia que en el fondo lo que se pretende es despojarla de su casa y tierras. Todos estos hechos han circulado en redes sociales y por whatsapp.

Ha sido del conocimiento de este Comité Digna Ochoa, que Juan Sánchez Vázquez que usa el alías de Nicolás del ejido de Nueva Esperanza, quien señalan fue expulsado de la organización Laklumal Ixim por mal manejo de los recursos y por colaborar con el gobierno, y es identificado por ejidatarios y pobladores como colaborador del PVEM y ahora de manera inexplicable es parte del CNI-EZLN ha proporcionado una lista de nombres que se ha leído en asamblea del ejido Tila, de integrantes de la organización Laklumal Ixim-Norte Selva y de monitoras y el abogado de nuestro Comité Digna Ochoa al Comisariado Ejidal de Tila y se han anunciado como “enemigos” y “traidores” por lo que tememos por su vida e integridad personal. Y tenemos que señalar como responsable lamentablemente al Comisariado Ejidal de Tila, quien se ha excedido en las facultades que le otorga la ley agraria vigente, violenta derechos constitucionales e instrumentos internacionales de derechos humanos como el mismo Convenio 169 de la OIT en el que fundamenta sus actos y acciones.

Lamentamos que un grupo de asesores entre ellos un exmiembro del frayba y el mismo Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas que ahora conforman un espacio y se autodenominan Red de amigos del CNI-EZLN se están sumando y azuzan al Comisariado Ejidal para detener y señalar a organizaciones, ejidatarios y defensores que consideran no comparten su posición y su adhesión al CNI-EZLN; a lo que preguntamos esta es la nueva forma de hacer política que tanto presumen, esta es la forma en que se busca reconstituir a los pueblos.

Recordamos que el día 15 de marzo denunciamos las graves calumnias y señalamientos que hizo un miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas en una reunión en la casa ejidal del Ejido Tila en donde señaló que no somos de derechos humanos y descalificó a procesos y comunidades en resistencia en el municipio de Tila con las que trabajamos y acompañamos con mucho esfuerzo.

Queremos preguntar públicamente a los compañeros y compañeras del CNI-EZLN si avalan las formas y acciones violatorias de los Derechos Humanos y Constitucionales que se están viviendo en Tila con el intento de obligar a los ejidatarios y personas a sumarse a la propuesta del CNI-EZLN, si están de acuerdo en que con agresiones y confrontando a pueblos indígenas será el camino para que se respeten los derechos de los pueblos y su reconstitución.

Estos hechos que hemos narrado analizamos están proporcionando el escenario ideal para que el gobierno de Chiapas efectúe una intervención policiaca y militar en el municipio de Tila y le sirva para reprimir y realizar detenciones de activistas, defensores de derechos humanos y ejidatarios opositores y que le son incómodos, además de que tenemos información que ante estos hechos se está dando el pretexto ideal para que paramilitares de Paz y Justicia nuevamente se reactiven, existe información preocupante de que sujetos pertenecientes al grupo paramilitar Paz y Justicia del PVEM se están organizando y están acopiando armamento. No podemos soslayar que el municipio de Tila es un territorio estratégico y rico en recursos como minerales, petróleo, agua y selvas y que por ello desde 1994 es y sigue siendo un laboratorio de la contrainsurgencia.

Tampoco podemos dejar de señalar la enorme responsabilidad que tiene el gobernador Manuel Velasco Coello y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la grave situación que se vive en el municipio de Tila, ya que desde el gobierno de Chiapas hubo oposición y obstaculizaron que se cumpliera la resolución de un juez federal que le otorgaba la razón en el acto reclamado que consistía en la devolución de tierras ejidales que el Ayuntamiento de Tila se apropió ilegalmente, y la SCJN al negarse a emitir una resolución sobre el incidente de inejecución de sentencia presentado por el Ejido Tila. Por lo que los señalamos como los principales responsables de ocurrir una tragedia de violencia y sangre anunciada en Tila.

Siete claves del caso fabricado por PGR al abogado que denunció corrupción en OHL

Por Redacción/ Animal Político

Una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) fabricó pruebas para detener ilegalmente y mantener bajo una investigación por año y medio a un abogado que antes de esos hechos, había denunciado presuntos actos de corrupción en concesiones carreteras entregadas a la empresa OHL.

Los hallazgos de esta investigación que forman parte de la Recomendación 13/2017 dirigida por el organismo a la PGR, confirman que al menos 15 funcionarios de la Procuraduría violaron los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, libertad personal, debido proceso y presunción de inocencia del abogado Paulo Díez.

A continuación Animal Político detalla cuales fueron las claves de esta investigación que llevaron a la CNDH a confirmar que Paulo Díez “fue detenido de forma arbitraria” y que todo se trató de un engaño cuya finalidad debe indagar ahora la propia Procuraduría.

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