El Economista – Centro Nacional de Comunicación Social AC

2 abril, 2019

Medidas, ante crimen de activista

Redacción/El Economista

Tras el asesinato de la activista Eulolia Lilia Díaz Ortiz, integrante del Consejo Indígena del Trueque, la CNDH solicitó la implementación de medidas cautelares para proteger la vida e integridad de las personas ligadas a la luchadora social.

Tras el asesinato de la activista Eulolia Lilia Díaz Ortiz, integrante del Consejo Indígena del Trueque, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la implementación de medidas cautelares para proteger la vida e integridad de las personas ligadas a la luchadora social.

“Entre las personas para quienes se pidieron dichas medidas están el hijo y nuera de la lideresa indígena del Consejo Indígena del Trueque, en cuya presencia fue asesinada y a quienes expresa sus condolencias y solidaridad, así como otras personas que atestiguaron el homicidio, e integrantes de dicha organización, quienes contaban con medidas de protección proporcionadas por las autoridades correspondientes desde el 2018”, destacó en un comunicado.

Díaz Ortiz fue asesinada el pasado 25 de marzo en su domicilio, ubicado en el municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México, resultando herida en el ataque también su nuera.

La solicitud de medidas cautelares fue girada al secretario general de Gobierno, al secretario de Derechos Humanos y Justicia, al de Seguridad Pública y al fiscal general de Justicia, todas autoridades de esa entidad.

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27 marzo, 2019

Agresión a periodistas debe tener consecuencias

Redacción / El Economista

La falta de acceso a la justicia y los actos de impunidad que existen en el país dejan a los agresores de periodistas carta abierta para seguir cometiendo estos delitos, además de que enfrentan un bajo reconocimiento a su labor, señaló la directora regional de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas.

“En el 2015, en Artículo 19 contamos 397 agresiones (a periodistas); en el 2016 documentamos 497; en el 2017 fueron 507, y en el 2018 más de 540 agresiones.

“El incremento de la violencia sí es una constante y esto deriva en que la impunidad no ha cambiado en los últimos años ni tampoco en estos últimos meses. Es una consecuencia real que, al momento de que no haya castigo hacia los perpetradores, sin duda cada año vamos a continuar registrando más agresiones”, sentenció.

Entrevistada por El Economista, la representante de Artículo 19 agregó que, si bien el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuenta con medidas como botones de pánico y cámaras de vigilancia, es urgente implementar medidas de reconocimiento de la labor en un contexto de estigmatización y de violación de derechos a la prensa que se vive en la actualidad.

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21 marzo, 2019

Tendencia de agresiones a periodistas persiste

Redacción / El Economista

Mientras en la Cámara de Diputados se discute la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, en el país las agresiones contra la prensa no disminuyen y la cifra de asesinatos mantiene la tendencia de los sexenios anteriores.

Apenas el pasado viernes fue asesinado en su domicilio en San Luis Río Colorado, Sonora, Santiago Barroso Alfaro, locutor del programa Buenos Días San Luis de FM Río Digital, con lo que suman cuatro homicidios de comunicadores en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Ayer mismo, en Oaxaca, fue agredido otro comunicador.

Aún y cuando cada uno de los crímenes ha merecido la condena del gobierno federal y el compromiso del respeto a la libertad de expresión y el combate a la impunidad, lo cierto es que el escenario de violencia contra el gremio periodístico no se modifica.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el arranque del sexenio de López Obrador se perfila como el más violento contra los periodistas ya que a diferencia de sus antecesores la cifra supera a las administraciones anteriores.

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19 marzo, 2019

Periodistas demandan condiciones de seguridad

Redacción / El Economista

Luego del asesinato del periodista Santiago Barroso Alfaro, en San Luis Río Colorado, Sonora, comunicadores llamaron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a detener la ola de violencia en contra del gremio en la entidad.

Y es que con el homicidio del locutor del programa Buenos Días San Luis de FM Río Digital, suman dos periodistas asesinados en Sonora y cuatro en lo que va del 2019 en México.

“Alertamos a las autoridades a tomar acciones preventivas y punitivas para que Sonora y en general los estados de la frontera norte salgan del foco rojo en el que se están convirtiendo. Asimismo, rechazamos todo acto de intimidación por parte de funcionarios públicos que busque obstaculizar y acallar al periodismo crítico”, señalaron.

La inconformidad se extendió a Sinaloa, donde en Culiacán, trabajadores de los medios exigieron justicia para Barroso Alfaro y recordaron la impunidad que impera en el asesinato de Javier Valdez Cárdenas, asesinado en esta ciudad el 15 de mayo del 2017.

Barroso Alfaro fue atacado con arma de fuego en su domicilio el pasado 15 de marzo, a donde llegó un sujeto, quien después de tocar a la puerta disparó en contra del periodista.

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11 marzo, 2019

Fijar estrategia para periodistas, demandan

Periodistas de diversos medios de comunicación de la ciudad de Papantla, Veracruz, se manifestaron para exigir justicia por el asesinato del reportero Leobardo Vázquez Atzin, mediante una marcha por los alrededores del parque central, exigieron al gobernador del estado el esclarecimiento de los hechos.

Redacción / El Economista

A 100 días del inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, no se conoce “en papel” la estrategia que seguirá el gobierno federal para contrarrestar los ataques a la prensa, fortalecer la protección y abatir la impunidad en los crímenes contra periodistas.

En entrevista, Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, dijo que hay descalificaciones del mandatario a la prensa crítica a la cual señala de amarillista, fifí y mentirosa.

“No tenemos en concreto, sobre el papel, una política pública que nos diga hacia dónde va el gobierno en términos de protección, justicia y reparación del daño a las víctimas”, dijo.

En tanto, Jan Albert-Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés), indicó que la violencia es un escenario que López Obrador “heredó” de administraciones pasadas, sin embargo, el nuevo gobierno tiene que presentar su estrategia para fortalecer la protección al gremio y combatir la impunidad.

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6 febrero, 2019

Carencias para identificar los cuerpos, señalan candidatos a Comisión de Búsqueda

Redacción / El Economista

En el segundo día de entrevistas a candidatos para encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda, los aspirantes Juan Granados Altamirano, María Isabel Jiménez y Guillermo Gutiérrez Romero alertaron que es baja la capacidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno para cotejar las muestras genéticas con cuerpos de desaparecidos.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, fue el encargado de realizar estas entrevistas a tres de los 11 aspirantes, charlas que fueron difundidas a través de las redes sociales de la dependencia.

María Isabel Jiménez, maestra y doctora en Derecho por la UNAM y promotora de la donación de órganos, criticó la falta de agilidad de las autoridades para la identificación de los cuerpos. Expuso que tiene un plan para organizar la búsqueda por fecha de la desaparición. “Vamos a dividir por tiempo los casos más urgentes; por un lado los que llevan más años, las cruces rosas (Chihuahua), hasta los que llevan dos, tres, cuatro años”.

Aseguró que en el Instituto de Ciencias Forenses no hay capacidad de identificación y destacó que “hay mucho dolor, porque sumado a la desaparición, está la omisión del Estado (por no poder ofrecer resultados genéticos)”.

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15 enero, 2019

Elección de Fiscal general es acelerado: #FiscalíaQueSirva

Redacción / El Economista

Por considerar que la premura de nombrar a quien será el primer fiscal general de la República vía fast track no responde a los estándares internacionales implementados por el Senado y no se garantiza una participación ciudadana para auditar el proceso de designación, el colectivo #FiscalíaQueSirva determinó no participar en los “acelerados procedimientos de auscultación” de aspirantes.

El colectivo integrado por diversas organizaciones civiles y sociales informó que la propuesta ciudadana es crear una Fiscalía “autónoma, independiente, eficaz de garantizar las legítimas demandas de la sociedad que buscan consolidar un sistema de justicia en el que se pueda confiar”, sin embargo, consideraron que otorgar 10 a 15 minutos a los postulantes —en su comparecencia en el Congreso— no garantiza probidad. De acuerdo con #FiscalíaQueSirva, los estándares internacionales otorgan 45 minutos.

Asimismo, abogaron por que la auscultación se haga con “transparencia, publicidad, mérito, rendición de cuentas, participación ciudadana efectiva, en la cual los medios de comunicación cumplan un rol protagónico para garantizar transparencia y auditar el proceso de designación para detectar cualquier vínculo con grupos interesados en preservar la impunidad”.

Por tal motivo, comunicó a los integrantes del Senado de la República que consideraba “inadecuado” asistir a la reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia este lunes.

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15 enero, 2019

Buscan evitar otro portazo en la frontera

Redacción / El Economista

Ante la posible llegada de otra caravana migrante a la frontera sur de nuestro país, los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador son responsables, al igual que México, de evitar un portazo como el de octubre pasado en la frontera de Chiapas, señaló el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

Tras la primera Ceremonia de Izamiento y Honores a la Bandera en la Secretaría de Gobernación, Encinas informó que ya se reunieron con autoridades de Chiapas en Tapachula y mantienen comunicación permanente con los gobiernos de los tres países del triángulo norte.

Esto, indicó, “se está atendiendo desde su origen para evitar que tengamos conflictos, sobre una escena similar a la que se vivió cuando se dio el portazo en la frontera sur del país”.

Si bien el subsecretario no quiso “especular” sobre la cantidad de personas que llegarán en la caravana de migrantes, aseveró que la situación ya se está atendiendo y recalcó que “también los países de origen tienen responsabilidades, esperemos que cumplan”.

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14 enero, 2019

Alertan de feminicidios por crimen organizado

Redacción / El Economista

El Triángulo de Guanajuato se convirtió en el 2018 en la región con mayor número de feminicidios en el país, 298 asesinatos. La mayoría estuvieron relacionados con el crimen organizado, según María Salguero.

La activista explicó a El Economista que el Corredor Industrial de Guanajuato, en el que se encuentran ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha superado las cifras de feminicidios en el país, incluso con mayores registros que el Estado de México.

Explicó que las causas principales de feminicidios perpetrados en el Estado de México corresponden a violencia familiar, mientras que en Guanajuato se deben principalmente a la disputa del territorio entre cárteles.

Salguero indicó que el incremento de feminicidios en la entidad fue a partir de que el cártel Santa Rosa de Lima declaró abiertamente la guerra al cártel Jalisco Nueva Generación por el control del territorio.

“(La disputa) por la perforación de los ductos no es el total (de robo de hidrocarburos). Hay más, como el robo dentro de las pipas, el robo en altamar, pero (el huachicol) sí es el más violento y empezó a ser un área de oportunidad para los cárteles porque la inversión es mínima.

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4 enero, 2019

Demandan reforzar la lucha contra trata de personas

Redacción / El Economista

La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por su sigla en inglés) aseguró que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 no contempla atender a las víctimas de trata y explotación. / Entrevistada por El Economista, la directora regional de CATWLAC, Teresa Ulloa Ziáurriz, dijo que si bien se están otorgando recursos para combatir la violencia contra las mujeres, mismos que calificó como insuficientes ante una problemática reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como lo es el feminicidio, las víctimas de trata y explotación de diversas modalidades han quedado desprotegidas.

Ulloa Ziáurriz afirmó que la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfatizado la importancia de las mujeres en cargos de toma de decisiones, sin embargo indicó que se debe garantizar la igualdad de género en el acceso a la justicia y protección de víctimas.

“No basta que haya un Congreso paritario o un gabinete paritario. La igualdad se debe reflejar principalmente en el presupuesto, en políticas públicas y en la creación de programas que realmente atiendan los problemas de tráfico y explotación que enfrentan las mujeres, en especial las más pobres, las más excluidas y las que más necesitan ayuda y la protección del gobierno”, puntualizó.

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