Feminicidios se incrementan en Yucatán. Amenazan a la madre de Gabriela Molina, asesinada recientemente

Por Redacción/ DesInformémonos

En Yucatán el feminicidio también se incrementa. En México, el feminicidio se extiende de forma alarmante. Cuando hace algunos años, la situación crítica se ubicaba en Ciudad Juárez, ahora alcanza a varias entidades del territorio nacional en las que, inclusive se ha tenido que activar la alerta de género.

En 19 estados se han activado Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para implementar acciones que permitan disminuir el fenómeno y mejorar la atención a las víctimas. Algunos de los estados son: Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Colima, Baja California, Sonora, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Puebla, Tabasco, Guerrero, Nayarit, Nuevo León y Tlaxcala. En Veracruz, la alerta se ha declarado dos veces, una por violencia feminicida y otra por agravio comparado.

El Diario La Verdad de Yucatán reporta que solo en 2016 se contabilizaron cinco casos de feminicidio en el estado. En los primeros meses de 2017, los casos ya son dos más. El 7 de febrero fue asesinada Daniela del Rosario Núñez Rosado de 31 años y el 27 de marzo, hace unos días, asesinaron a Gabriela Molina Canto.

En el caso de Rosario, el marido, Daniel Chuc Cuxim, en Peto, interceptó a la que era su esposa al salir de la casa de su madre donde ya vivía para hacerle reclamos y luego agredirla a machetazos hasta dejarla sin vida. A pesar de que Rosario intentó huir y una vecina quiso ayudarla, la saña de Daniel acabó con ella. Chuc Cuxim casi fue linchado por los habitantes de la comisaría Xpechil perteneciente a Peto.

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Comunidades buscan levantar decreto de veda en Oaxaca y exigen derecho de consulta

Por Redacción/ DesInformémonos

La Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA) exigió a los organismos nacionales en Oaxaca que respeten el protocolo de derecho de consulta a 16 comunidades zapotecas a través de presentarse este 29 de marzo a la reunión para dar seguimiento a la propuesta indígena sobre levantar el decreto de veda, el cual les prohíbe el acceso al agua para el uso agrícola si no cuentan con la autorización emitida por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

De acuerdo con las comunidades zapotecas, el título de concesión sólo les permite “medianamente” beneficiarse de los programas federales y estatales destinados al campo, lo que violenta “todos los derechos del campesino, en especial el derecho al agua, a la tierra y el territorio”, denunció la COPUDA.

Por ello, durante más de diez años las comunidades han mantenido su organización en la Coordinadora para revitalizar el acuífero mediante prácticas comunitarias y a la par llevar un proceso de consulta indígena. El día 8 de abril de 2013 el tribunal superior de justicia fiscal y administrativa ordenó a la CONAGUA realizar una consulta indígena a los pueblos y comunidades zapotecas de los distritos de Ocotlán de Morelos y Zimatlán de Álvarez, misma que da respuesta a una demanda interpuesta por las comunidades que conforman la COPUDA, explicó.

Cuatro años después, el pasado 8 de febrero, inició la etapa consultiva con las 16 comunidades y se entregó una propuesta de uso y cuidado comunitario del agua Xinizaa (Nuestra Agua). Luego de esto, “CONAGUA recibió la propuesta y quedó formalmente en dar una respuesta el día 29 de marzo del 2017”.

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Golpean y detienen ilegalmente a indígenas zapotecos defensores de su territorio

Por Redacción/Desinformémonos

El día 27 de marzo, cerca de las 9:30 horas, Juan López, Juan Jarquín López, Jesús Luis López y David Hernández Salazar, indígenas zapotecos que defienden su territorio contra la explotación minera del Cerro Igúu, fueron agredidos violentamente y detenidos por agentes de la policía municipal de San Blas Atempa. Se sabe que Jesús Luis López está herido de gravedad y requiere atención médica profesional inmediata. No se sabe acerca de su paradero, no se ha recibido comunicación alguna por lo que se teme por su vida.

En la comunidad de San Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec, la afectación al territorio se ha generalizado con la devastación del Cerro Igúu, del cual extraen ilegalmente material para la construcción de un nuevo aeropuerto en Ixtepec y un parque eólico más por parte de la empresa Tradeco, vinculada a personajes del panismo.

La agresión y detención de los cuatro indígenas zapotecos de la comunidad de San Blas Atempa y sus agencias municipales Rancho Llano y Puente Madera, se produce cuando fueron a verificar la situación en el Cerro Igúu, que se ubica en tierras comunales y donde la explotación se realiza de forma ilegal porque no cuenta con la autorización de las comunidades afectadas ni de la asamblea de comuneros.

El 25 de marzo, junto varias decenas personas de la comunidad, los cuatro comuneros defensores del territorio fueron a expresar su inconformidad contra la explotación minera ilegal del Cerro Igúu por parte de la empresa privada mexicana Tradeco. Esta empresa explota el cerro para la extracción de material para la construcción del aeropuerto en Ixtepec, de la subestación de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y del parque eólico de esta misma institución del Estado. Es importante mencionar que la empresa Tradeco trabaja para Vestas, empresa danesa, y Gamesa Eólica, empresa española, para la construcción de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, incluido el que se está haciendo para la SEDENA informa Istmopress.

Ni estos trabajos de explotación y extracción de materiales del cerro Igúu, ni la construcción de la subestación en territorio zapoteco, en San Blas, cuentan con autorización alguna. El cerro se encuentra en territorio de comuneros y comuneras indígenas zapotecos y a las personas impactadas por dichos trabajos no se les ha informado, ni han dado su consentimiento libre, previo o informado como lo ordena el derecho mexicano en el artículo 2 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas.

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Trump intenta sabotear organismos como la CIDH: organizaciones

Por Redacción/Desinformémonos

Ante la negativa del presidente Donald Trump de enviar representantes de Estados Unidos a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), donde hubo una reunión para discutir el impacto de sus políticas, organizaciones de la sociedad civil concluyeron que esa decisión demuestra su intento “de sabotear a los organismos internacionales encargados de pedir cuentas a los gobiernos en materia de derechos humanos”.

 

De acuerdo con las organizaciones, dicha actitud “refleja las prácticas de regímenes autoritarios” que se caracterizan no sólo por el ataque contra los derechos humanos, sino también por tratar de sabotear a los responsables de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, como explicó el director del programa de Derechos Humanos de la Universidad de Saint Louis, Jimmy Dacquoire.

 

Este martes, al introducir la audiencia sobre las políticas restrictivas del derecho al asilo, la comisionada Margareth May Macaulay expresó:

 

“Observarán que la mesa para el Estado está vacía. Supimos ayer que Estados Unidos no estará presente hoy en ninguna de las audiencias. No tenemos ninguna explicación de por qué. Es una lástima”.

 

Por otra parte, quienes sí asistieron a las tres audiencias de la CIDH en Washington, DC, fueron defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y representantes de comunidades indígenas que se oponen a la imposición de proyectos que afectan sus territorios y lugares sagrados y ancestrales.

 

 

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