Por Eduardo Espinosa
Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 29 de septiembre del 2016.
En México, la tortura a los presos es recurrente. A pesar de que nuestra constitución prohíbe la tortura y otros tratos crueles e inhumanos, y las confesiones obtenidas bajo estas prácticas no pueden considerarse válidas, esto ocurre seguido.
Según una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 57,2% de los detenidos en centros federales dijo haber sido golpeado durante la detención, y 34,6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión.
Es decir, en muchas ocasiones, los derechos que tenemos los mexicanos en caso de ser acusados por un delito, son letra muerta y violan el respeto al debido proceso. Y ¿qué es eso? En apretada síntesis, la aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana.
En diciembre de 2014 el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas, Juan E. Méndez, presentó un informe sobre la situación que vive México en este rubro, y dentro de sus conclusiones dijo:
La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad. Generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.
Ahí tenemos el caso de Héctor Casique Fernández en Quintana Roo. Su historia comenzó cuando el 16 de marzo de 2013 fue detenido por el delito de ultrajes a la autoridad al salir de un bar.
De acuerdo con su testimonio, el joven de 28 años fue presentado al Ministerio Público (MP) y sometido a 30 horas de tortura, donde le quemaron los testículos, lo violaron, le rompieron las costillas, le deformaron los dedos del pie y a consecuencia de los golpes perdió un ojo y un oído. Todo con la finalidad de que se confesara autor intelectual del homicidio de siete personas.
Como mencionaba antes, esta práctica ilegal es común en nuestro país, primero te detienen por un delito y al momento de hacer la presentación ante MP te imputan otro totalmente distinto; violan tus derechos humanos cuando hacen valer una confesión obtenida bajo tortura y por si fuera poco, te presentan ante los medios de comunicación como culpable.
FOTO: desinformemonos.org
Durante el proceso penal la Comisión Nacional de Derechos Humanos le practicó a Casique el Protocolo de Estambul (es un conjunto de pruebas que buscan conocer si una personas sufrió tortura u otros tratos crueles e inhumanos), al cual salió positivo, sin que esto significara que alcanzaría la libertad, incluso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lo reconoció como víctima del Estado.
De acuerdo con la defensa de Héctor Casique después de que se le dictara auto de formal libertad por falta de elementos para procesar, otro Juez le giró orden de aprensión por el mismo delito, a lo que la Procuraduría del Estado argumentó nuevas imputaciones de otros supuestos testigos. Parece ser que a las autoridades se les olvido que nadie puede ser juzgados dos veces por el mismo delito.
Después de tres años y seis meses de prisión en medio de un proceso plagado de irregularidades y desatenciones al interior del penal, Héctor Casique Fernández quedó libre por falta de elementos para procesar, sí otra vez, y sí en su segundo juicio por el mismo delito. A diferencia de muchos otros casos Héctor identifica a sus agresores como antiguos compañeros de la Policía Judicial, a quienes había entrenado en artes de defensa personal, por lo cual la familia ha manifestado que dará seguimiento a las denuncia contra los servidores públicos que cometieron los actos de tortura.
Juan E. Méndez señaló que la tortura “Se ha convertido en el método eficiente, supuestamente eficiente de resolver delitos, de producir resultados contra la inseguridad y contra el crimen” y por la gravedad de situación recomendó al Estado Mexicano “Reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal”.
A lo que José Antonio Meade, Secretario de Relaciones Exteriores en ese momento dijo “Esta valoración no corresponde a la realidad”, dejando muy claro que no reconocen el problema y por tanto no buscan solucionar desde este frente la grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país.
