Por Eduardo Espinosa
@espinosamx
Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 2 de febrero de 2017.
El inicio de año ha sido adverso para el país, con el gasolinazo, las acciones del presidente Trump y la ineficiencia de nuestras autoridades para dar respuesta a estos grandes problemas, la incertidumbre ha cercado la economía nacional. Sin embargo, para este 2017 los planes para el “desarrollo económico” de la administración de Enrique Peña Nieto continúan.
Foto: Red Política
En junio del año pasado se publicó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, la cual plantea 3 regiones (Puerto Lázaro Cárdenas, Corredor del Istmo de Tehuantepec, Puerto Chiapas) a las que se les otorgará beneficios fiscales y laborales, un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, una infraestructura de primer nivel, programas de apoyo (capital humano, financiamiento, innovación), así como estímulos y condiciones preferenciales, con el objetivo de incentivar la productividad y dotar de las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar a los habitantes de estas demarcaciones.
El tema viene a colación por dos motivos, el primero es el inicio de la guerra comercial con Estados Unidos, la cual ha dejado en claro nuestra dependencia económica, misma que según diversos sectores de la sociedad, se debe atacar consumiendo la producción nacional y diversificando las alianzas comerciales internacionales.
Justo en este contexto la implementación de estas zonas suena bastante congruente, pues por su posición geográfica podrían ser enlaces para la implementación de nuevas relaciones económicas con América Latina, Asia y Europa, cosa con la que coincido.
Pero no hay que olvidar el concepto de desarrollo que tiene esta administración, el cual sobrepone los negocios frente los derechos humanos. Aquí viene mi segundo motivo, desde el Centro Nacional de Comunicación Social hemos documentado la relación entre las comunidades indígenas y/o pueblos originarios con actores que están detrás de megaproyectos (autoridades y empresas), como una constante encontramos graves violaciones a los derechos fundamentales.
Estas violaciones van desde la aplicación de consultas previas que no cumplen los estándares internacionales, hasta la fabricación de delitos graves a los principales opositores a los proyectos, por ello, la implementación de estas zonas especiales nos pone alerta, aun cuando la misma ley manifiesta que “atenderán los principios de sostenibilidad, progresividad y respeto de los derechos humanos”, pero siguiendo esta lógica no concibo que esta vez será diferente.
La incertidumbre y el difícil contexto económico se presta para forzar la implementación de las zonas especiales, y con la experiencia de los megaproyectos se vuelve necesario estar pendientes del desarrollo de esta política pública. Aun en tiempos difíciles hay prioridades y sobre las económicas está el respeto de los derechos.
