Promueven estereotipos y son opacos: Las fallas en los Centros de Justicia para Mujeres
Animal Político
Publicado 13 julio, 2017
Foto: Animal Político
Por Redacción/Animal Político
La organización Equis Justicia para las Mujeres reveló una serie de irregularidades en el funcionamiento de los 31 centros encargados de brindar apoyo y atención a mujeres que han sufrido violencia.
Nombramientos de titulares sin criterios claros, promoción de estereotipos, distribución desigual de recursos y falta de transparencia. Esas son algunas de las irregularidades en el funcionamiento de los 31 Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM), de acuerdo con un informe de la organización Equis Justicia para las Mujeres.
Los CEJUM son las instancias oficiales conformadas para brindar alojamiento, talleres y atención psicológica, jurídica y médica a mujeres que han sufrido violencia.
De acuerdo con el informe de Equis Justicia para las Mujeres, la organización ha encontrado documentos en los que se muestra que, desde sus conformaciones, estos centros de justicia promueven estereotipos de género, como el señalar “a las mujeres como la base de la familia sólida y de la unidad familiar”.
“Lo anterior muestra una falta de perspectiva de género, al promover estereotipos y roles tradicionales de las mujeres; reiterando su pertenencia a una familia, de la que muchas veces tiene que huir para salvaguardar su vida”, indica el informe.
Además, la organización detectó que, en algunos casos, los centros de justicia operan con un modelo punitivo (penal) de acceso a la justicia, centrándose sólo en la persecución de delitos y no en su prevención.
“Esto contraviene con el modelo integral de los centros, que incorporan la atención médica y psicológica, el empoderamiento económico y social como elementos para fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres”, señala el documento.
Otro foco rojo detectado por Equis Justicia para las Mujeres es el relacionado con los nombramientos de las personas que dirigen y trabajan en los CEJUM. Se detectó que 11 centros de justicia no contaron con criterios para elegir a sus titulares y los 20 que si los tuvieron no incluyeron formación académica o experiencia laboral en perspectiva de género, derechos humanos o atención especializada de violencia.
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