El Gobierno mexicano fracasa en su intento de proteger a periodistas y activistas

Foto: EFE

Por Redacción/El País

El mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas creado a mediados de 2012 con el fin de proteger a quienes por el desempeño de su labor estuviesen en riesgo, no ha logrado frenar las agresiones y sigue presentando fallas en su implementación, según las acusaciones periodistas y activistas acogidos a los distintos métodos de seguridad. Las fallas técnicas en algunos de los equipos como teléfonos y botones de pánico y la burocracia para acceder a alguna de las medidas proporcionadas por el Gobierno mexicano son las quejas principales que continúan prevaleciendo a cinco años de su implementación.

Un ejemplo de las fallas presentadas es el caso de Gabriel (nombre ficticio por cuestiones de seguridad), un reportero del norte del país que fue sacado de su Estado ante las amenazas de un grupo del crimen organizado. Después de tres meses de exilio se realizó una nueva valoración de su caso y se decidió que podía regresar a su lugar de origen. Se le brindó un teléfono para que se comunicara a un número en caso de emergencia. “Un día hombres armados comenzaron a darle vueltas a mi casa, estaban mis hijos y mi esposa ahí, y llamé al número que me dieron, pero me tuvieron esperando en la línea, que no sabían de qué mecanismo les hablaba, que marcara otra extensión… en fin, la policía llegó una hora después cuando estos sujetos ya se habían ido, fue una hora de terror para mi mujer y mis niños”, según cuenta a este diario.

El 25 de junio de 2012 se creó la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que obligaba al Gobierno mexicano a crear un mecanismo que contemplara medidas urgentes con el fin de resguardar la integridad de las personas adscritas al programa. También preveía acciones preventivas para evitar la consumación de las agresiones. Actualmente hay alrededor de 500 personas acogidas a algunas de las medidas que consisten en escoltas, teléfonos, botones de pánico, atención psicológica, curso de autoprotección, rondines, resguardo de inmuebles, reubicación temporal y apoyo para alimentación, entre otras.

Pilar Tavera Gómez, integrante del consejo consultivo del mecanismo, dice que entre los problemas que refieren los beneficiarios son los relativos a las fallas técnicas de los aparatos. “Las cámaras de video vigilancia y el botón de emergencia no funcionan bien. También hay mucha desconfianza: mucha gente que dice yo no quiero entrar al mecanismo porque no confío”, cuenta. Hay otros problemas de fondo, donde la protección no es suficiente porque los recursos del agresor superan la protección que puede dar el mecanismo, sobre todo en casos relacionados al crimen organizado, abunda. “Hay otros temas estructurales donde el problema no se resuelve desde una oficina de Gobierno, porque debe pasar por el acceso a la justicia y que no haya impunidad, agrega.

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