Juventudes defensoras resistimos y nos organizamos frente a la guerra y la violencia.

Pronunciamiento realizado por integrantes de la 15 generación de la Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos en el marco del foro: Militarización y Juventudes

06 de mayo de 2017

Las juventudes nos oponemos al proceso de militarización que ha emprendido el Estado mexicano a lo largo de todo el territorio nacional, que aunque la incluye, no se limita únicamente a la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, pues pretende más bien avanzar en su instauración mediante la legalización de cualquier tipo de acción represiva por parte de las Fuerzas Armadas, basándose, en una necesidad prefabricada de su participación en las tareas de seguridad pública, tareas que son además ilegítimas e ilegales, y que se han venido ejerciendo desde hace más de una década.

La historia de los países latinoamericanos que ha estado fuertemente marcada por la presencia de las fuerzas armadas, como es el caso de las dictaduras militares, nos ha demostrado el rotundo fracaso en términos de seguridad y paz social de estos regímenes, pues han dejado como consecuencia un incontable número de personas asesinadas, desaparecidas y torturadas a manos del ejército.

La militarización ha sido un proceso que inició mucho antes que la supuesta guerra contra el narcotráfico y el crimen organiza do, y encubre el estado de guerra que se vive desde mediados de la década de los noventa, al mismo tiempo que invisibilizó el exterminio selectivo practicado desde la Guerra Sucia, en la creciente articulación de personas de la sociedad civil que se ve atravesada por la complicidad entre el crimen organizado y los agentes castrenses del Estado; esta realidad refleja una de las expresiones centrales de un sistema basado en la explotación, la violencia, la misoginia y la muerte. Como jóvenes con pensamiento crítico estamos en contra de repetir procesos históricos basados en la violencia y violación a los derechos humanos.

En el caso del Estado mexicano, existen numerosas evidencias que nos permiten afirmar que han ocurrido y se desarrollan hoy, procesos de militarización en varias regiones del país, superando los criterios de registro de los índices delictivos clásicos. Es decir, en nuestro contexto las aproximaciones tradicionales al ejercicio del poder, son insuficientes para describir la tendencia de las fuerzas armadas para controlar la agenda política e influenciar a las autoridades civiles; convirtiéndose así, en un riesgo para la sociedad en general. Además, recordemos que el ejército no está facultado para resolver los problemas de seguridad pública, pues estas funciones le competen únicamente al ámbito civil.

En ese sentido, en procesos formativos y críticos como la Escuela de para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos, que acompaña el Centro Vitoria, partimos de la idea de que la militarización es un proceso que trastoca a toda nuestra sociedad mediante una lógica belicista, nacionalista y patriarcal, mediante la cual se busca imponer una idea de paz en nombre del orden y no basada en la justicia.

Denunciamos la insistente intromisión de los militares para influir en los procesos de diseño y ejecución de la política de seguridad nacional y pública, así como para implantar sus lógicas, métodos y objetivos a sociedad civil.
Exigimos acciones que detengan la normalización de la presencia de las fuerzas armadas, su influencia, su sentido de control y códigos de conducta en la vida cotidiana, y nos sumamos a la exigencia social de que el ejército abandone las calles y vuelva a los cuarteles.
Denunciamos que a lo largo de la historia contemporánea y en medio de esa dinámica de intromisión y control por parte de las fuerzas armadas, se han criminalizado a las juventudes, a las comunidades en resistencia, y a las y los defensores de derechos humanos.
Denunciamos la reducción de las mujeres y de sus cuerpos a objetos y territorios que pueden ser violados, usados, colonizados, vendidos, intercambiados, rotos y asesinados.
Denunciamos la impunidad que gozan las fuerzas armadas, las corporaciones de seguridad civil y las autoridades que los respaldan, encubriendo las atrocidades que cometieron y cometen, contra las personas que habitamos y transitamos por el territorio mexicano.
Exigimos que a lxs jóvenes se nos reconozca como sujetxs de derechos, para participar en la toma de decisiones públicas respecto de la sociedad que queremos construir y en la que vivimos y viviremos. Y rechazamos rotundamente la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Firman

Colectividades
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P. A.C (Centro Vitoria), Colectivo Sohuame Tlatzonkime, Cooperativa de Consumo La Imposible, Incluye A.C., Colectivo de abogados “Abajo los Muros de las Prisiones”, Nuevo Movimiento de la Diversidad Sexual UAM Xochimilco.

Personas
Adrián García Cuéllar, Alejandra Fierro Jaramillo, Alejandro Barragán Sánchez, Aracely Jiménez Guzmán, Arenita Hernández, Beatriz Nayelly Rivero Martínez, Celeste Cruz Avilés, Christian Hernández Hernández, Edgar Ivan Garcia Garcia, Elena Jaloma Cruz, Francisca Urias Hermosillo, Gerardo María Alcocer Cetina, Ilse Elisa Parra Flores, Ilse Pavlova Vega Gallegos, Isabel Lucía Rubio Rufino, Ivonne Osorio Rodríguez, Ivonne Osorio Rodríguez, Jorge Luis Aguilar Pantoja, José Alberto Rosano López, Joyse Hernández Márquez, Layla Ahlam Vázquez Flandes, Leticia Carpio Cortes, Lorena Damaris Quintana Alonso, Marcela Meza Rodríguez, María Cristina Rosas Martínez, María del Carmen Méndez Trejo, María Fernanda, Arellanes Arellanes, Martín Sosa Priorio, Omar Adrián Flores Cortés, Omar Bernardo Ojeda López, Omar Escutia Girón, Pilar García Ramírez, Rodolfo Beltrán Moreno, Sayuri Herrera Román, Sofía Huerta Noguera, Vidal Emmanuel Méndez Cadena, Yussef Muñoz Mayorga, Zayra Rubí Jiménez, Zuleyma Edain Ramos Valdez.