En la foto: Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor
La NOM 199 responde a intereses de las grandes corporaciones tequileras que buscan desaparecer a los pequeños productores de mezcal.
Dicha NOM violentaría compromisos internacionales que el Estado mexicano ha adquirido relacionados al respeto a la equidad de derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas y otras poblaciones vulnerables.
Ciudad de México, a 29 de marzo de 2016.- Asociaciones civiles, académicos, productores y comercializadores de bebidas de agave y ciudadanos entregaron una carta urgiendo a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) a detener el proyecto de Norma Oficial Mexicana 199 por representar un acto de discriminación contra miles los productores campesinos e indígenas de destilados de agave en gran parte del país.
El proyecto de norma prohíbe a los productores de destilados de agave que se encuentran fuera de la arbitraria Denominación de Origen de Mezcal (DOM) usar el término agave, señalar que su producto ha sido elaborado con agave y les prohíbe también llamarlos “Destilados de Agave”.
La propia DOM representó una violación a los derechos de las comunidades que ancestralmente han producido mezcal, al prohibirles usar ese término; ésta se elaboró de manera totalmente arbitraria. Por esta razón, decenas de miles de productores de mezcal ya no pueden usar este término y deben llamar a su producto “Destilado de Agave”. Ahora se les quiere prohibir usar el término agave y obligarlos a referirse a su bebida como “Komil”. De esta forma ni el productor podría informar al consumidor, ni el consumidor recibir información, sobre la materia prima utilizada para elaborar esta bebida.
En la carta dirigida a Alexandra Haas Paciuc, presidenta de CONAPRED, se señala: “de aprobarse la NOM 199, el Estado violentaría el derecho a la igualdad real de oportunidades, y limitaría la plena participación de sectores vulnerables de la población, incluidos pueblos indígenas, en la vida económica, social y cultural del país. Además, debido a que el mezcal como bien comercial descansa en los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales, así como en su trabajo de conservación y manejo de la biodiversidad; impediría el pleno ejercicio de los derechos de propiedad, administración y disposición de los bienes de propiedad intelectual de estos actores, por lo que se violarían las disposiciones presentes en los Artículos 1, 2 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación”.
La misiva agrega: “Además de esto, se violentarían otros compromisos internacionales que el Estado mexicano ha adquirido relacionados al respeto a la equidad de derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas y otras poblaciones vulnerables. Particularmente, el artículo 8 del Convenio de Diversidad Biológica, por el cual México se compromete a fomentar “que los beneficios derivados de la utilización de [los] conocimientos, innovaciones y prácticas [sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica] se compartan equitativamente”. Dada la gravedad y urgencia del asunto y con base en la Ley vigente, consideramos que la Presidencia de este Consejo debería iniciar esta investigación y pronunciarse a la brevedad al respecto”.
La alianza de organizaciones, académicos, productores y comercializadores de destilados de agave y ciudadanos que firmaron la carta dirigida a la presidenta de CONAPRED, expusieron: “La consulta pública que forma parte del proceso de discusión del proyecto de norma culmina el 29 de abril de 2016. Por ello, una de las principales preocupaciones de las organizaciones firmantes es apelar a la CONAPRED para que se inicie de oficio una queja en relación al proyecto de norma y emita un comentario ante la COFEMER, y cualquier otra instancia correspondiente, antes del fin de este plazo, toda vez que está dentro de sus facultades eliminar los obstáculos que limiten el ejercicio de derechos e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país; recordamos que se ha facultado a este Consejo para involucrar en estas tareas de erradicación de la discriminación a las autoridades de todos los órdenes y niveles de Gobierno así como a grupos particulares.
Asimismo, esperamos que este proceso dé como resultado el establecimiento de garantías de no repetición y con apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Sabemos que el tema de la plena inclusión de los sectores vulnerables en la vida económica es una agenda pendiente en este país; por ello, solicitamos informe a la sociedad sobre las medidas que el Consejo está realizando o realizará al respecto”.
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