Decálogo para atender la impunidad y la violencia contra la prensa. Dirigido al Gobierno mexicano

Propuesta Cívica

Imagen: Propuesta Cívica

México vive una situación de extrema violencia, un clima de impunidad casi absoluta, corrupción por parte de funcionarios públicos de todos los niveles y una narcopolítica instaurada en diversas entidades federativas.

En esta espiral las y los periodistas han sido duramente afectados, al grado de colocarnos como el país más violento y de alto riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión y el trabajo periodístico.

Frente a esto, los tres niveles de gobierno (Federal, estatal, municipal), de los tres órdenes de poder (ejecutivo, legislativo y judicial) en México deben trabajar de manera responsable y articulada en acciones inmediatas y específicas que generen, en el corto y mediano plazo, las condiciones para una mejora en seguridad y justicia para el ejercicio de la libertad de expresión en el país:

Exigencias a los Gobiernos de todos los niveles:

1.- Las y los gobernantes a nivel federal, estatal y municipal, deben reconocer públicamente el papel fundamental que desempeñan periodistas para la sociedad mexicana y condenar en todo momento las violaciones cometidas en su contra, y evitar los discursos de estigmatización.

2.- Crear un modelo de coordinación efectiva entre las autoridades de nivel federal y local, para investigar y sancionar las agresiones contra periodistas, priorizando los casos de asesinato y desaparición.

3.- Garantizar los recursos presupuestarios suficientes para el correcto y efectivo funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

• ***Frente a la eliminación del Fideicomiso del Mecanismo de Protección, dar respuestas inmediatas y específicas de cómo se desarrollará el modelo de protección para periodistas y cómo se asegurarán los recursos económicos y humanos que se requieren para brindar protección integral a todas las personas beneficiarias y las que lleguen a necesitarlo.
• Creación de un Sistema de coordinación entre el Mecanismo Federal y las autoridades estatales que garantice la protección integral y atienda de manera efectiva el desplazamiento forzado de periodistas y su retorno seguro.

4.- Tanto la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), como las fiscalías locales, deben desarrollar planes de investigación con perspectiva en libertad de expresión, que permitan investigaciones eficaces y la identificación de los responsables materiales e intelectuales de los delitos, así como crear un mecanismo de rendición de cuentas que permita conocer y supervisar los avances en las investigaciones abiertas por ataques a periodistas.

5.- Capacitar a todos los jueces en normas y estándares internacionales de derechos humanos sobre libertad de expresión; así como con un enfoque de género al atender a mujeres periodistas.

6.- Sancionar de manera oportuna a todos los funcionarios públicos que obstaculicen la investigación o juzgamiento de los responsables que han agredido a periodistas.

7.- Ordenar y fortalecer a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que cumpla su mandato de garantizar una asistencia legal y psicosocial integral a periodistas víctimas y sus familiares.

8.- Crear disposiciones legales que corrijan las condiciones laborales precarias en las que laboran cientos de periodistas en México y que en gran medida agudizan su vulnerabilidad.

9.- Abrogar la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917 y derogar de los códigos penales los delitos que criminalizan la libertad de expresión; en los códigos civiles garantizar la protección del honor a través de procedimientos civiles conforme a los estándares internacionales, a fin de que las demandas por “daño moral” no se conviertan en mecanismo de agresión contra la libertad de expresión.

10.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador debe retomar la comunicación presentada por Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras, en marzo de 2019, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad contra periodistas durante los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Antes de ser asesinado por investigar e informar Javier Valdez sostuvo que en México

“El gran pecado, el imperdonable delito: es escribir sobre dolorosos acontecimientos que sacuden al país…

El gran error: vivir en México y ser periodista”

¡Esta realidad debe cambiar ya!